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El que calla, otorga

Adriana Valverde
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería

Ante el escándalo de la entrada de la Guardia Civil en Diputación, ¿debe dimitir su presidente? La pregunta está en el aire. El “Caso Mascarillas” ha puesto en evidencia la forma que tiene el Partido Popular en Almería de gobernar y viene a sumarse a esa sombra de sospecha que sobrevuela desde hace años a los dirigentes populares. 

Sobre el presidente de Diputación, también concejal del Ayuntamiento de Almería, recae el deber de vigilar qué y cómo gestiona su equipo de Gobierno los recursos públicos. Su firma ha ratificado esta gestión con Azor Corporate, una empresa que tiene sede social en Barcelona y presencia en un pueblo de nuestra provincia gobernado por el Partido Popular, y cuyo alcalde es tío, cuñado y padre de tres investigados y enviados a prisión provisional en la “Operación Lúa”. 

El servicio de la policía judicial de la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil investiga supuestas mordidas en el contrato de la compra de material sanitario para hacer frente a la COVID19. Un contrato hecho por “emergencia” para la adquisición de material sanitario por parte de la Diputación. Mientras los almerienses estábamos encerrados en casa o saliendo a trabajar en unas condiciones muy difíciles, miembros del PP supuestamente se enriquecían a costa de nuestra salud.

Pero mucho nos tememos que esto no quede aquí: según las primeras investigaciones, este empresa fue beneficiaria de otros contratos con Diputación. Las pesquisas han puesto la lupa sobre el principal sospechoso, el exvicepresidente provincial, al que le han encontrado 150.000 € en sobres. Nos preguntamos, ¿cuál era el destino de esos sobres? 

En torno a este grave suceso hay un silencio sepulcral en el Partido Popular. Solo el presidente de la institución provincial ha hablado en público a instancias del grupo socialista en Diputación. El resto de los mandatarios del Partido Popular en Almería se mantienen en el mutismo. 

Sorpresas nos da la vida: la entrada de la UCO en Diputación y de la UDEF hace unos meses en el Ayuntamiento de Almería, ambas instituciones gobernadas por el PP, es otra muestra más de la opacidad y sospecha de la mala gestión del dinero de todos los almerienses.  

Este no es el primer caso de corrupción que sobrevuela al Partido Popular. Aún recordamos el escándalo en el que se vio envuelto el actual presidente de la Diputación de Almería por el supuesto pago de viajes a cargo de un constructora que después se vio beneficiada, supuestamente, por contrataciones municipales. El Partido Popular ha intentado convencernos a los almerienses que el “Caso Mascarillas” es un caso aislado, que el exvicepresidente de la Diputación es una “manzana podrida”, pero conviene no olvidar que se está investigando un entramado de empresas y relaciones con los cargos del Partido Popular. Solo es cuestión de tiempo que conozcamos la verdad que salga desde los juzgados de Barcelona.  

A los socialistas nos preocupa las relaciones que pueda tener el Ayuntamiento de Almería con esta trama. La entrada de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en el consistorio en dos ocasiones en los últimos tres años nos pone sobre aviso de lo que puede venir. Desde el Partido Socialista llevamos mucho tiempo denunciando la falta de trasparencia del alcalde en la gestión de las contrataciones municipales.  

El Partido Popular encara su próximo congreso provincial con su número uno y número dos gobernando instituciones bajo la sombra de la corrupción. Desde luego, no es el mejor aval para presentarse ante la opinión pública.

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