Hay votaciones que duran
segundos y problemas que no esperan a que termine la legislatura. El viernes,
el Congreso rechazó dos decretos de vivienda del Gobierno.
A mi juicio, eran dos parches
de emergencia y su exposición normativa parecía una soflama ideológica de los
80. Uno prorrogaba la protección frente a determinados desahucios de hogares
vulnerables sin alternativa; el otro, la renovación automática de ciertos
alquileres. Aunque el rechazo fue más amplio, en Almería los populares Maribel
Sánchez Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, y Rocío de Meer, de
Vox, votaron NO.
El PP y Vox defienden
construir más casas, pero rechazaron estos dos decretos. Construir más es
necesario ante el desequilibrio entre oferta y demanda que señala el Banco de
España. Pero, mientras llegan las nuevas casas, los alquileres vencen cada mes.
El PP presentó en Níjar en
enero sus 15 medidas de choque: un millón de viviendas en cuatro años, IVA al
4% y fórmulas para facilitar el ahorro. La cifra impresiona, pero deja
preguntas esenciales sin respuesta: dónde se construirán, cómo se financiarán y
cuándo estarán listas. Sin respuestas, el plan queda en una declaración de
intenciones, un brindis al sol.
Después del caso Maricarmen,
símbolo de la crisis de la vivienda, el Gobierno llega con el extintor cuando
el fuego ya se ha extendido. Pero criticar al Gobierno no exime a las demás
administraciones: el Ejecutivo no puede convertir la urgencia en coartada
eterna, ni la Junta y el Ayuntamiento eludir la suya.
A los cuatro diputados
almerienses que votaron en contra no hay que pedirles principios, sino una
alternativa verificable. Si construir es la solución, que expliquen a qué
precio: el Ayuntamiento, vía Almería XXI, vende 74 pisos en La Vega de Acá por
239.273 euros. Datos del registro municipal confirman que el 75% de los
agraciados por sorteo acaba renunciando, según se expresó en el pleno del
pasado 12 de junio de 2026.
No renuncian porque los pisos
sean feos ni por falta de calidad -son modernos y bien terminados-, sino porque
cuestan como en el mercado libre. Exigen reunir unos 60.000 euros para la
entrada de una hipoteca. Una utopía en una provincia con un salario medio bruto
anual de 22.300 euros, según la
información publicada por Teleprensa, por boca del concejal Raúl Enríquez.
¿A quién dicen sus señorías que protege la vivienda protegida?
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