¡Por fin! Llega la cordura.
Llega el orden. Llega el sentido común de toda la vida. Valencia fue el ensayo
general. Con el torero en Cultura, no hizo falta cláusula: se quitó la
subvención al animalista para dársela al toro, se retiró el libro LGTBI de la
biblioteca, se censuró la obra ya programada. Once meses bastaron para enseñar
el método.
Pero Castilla y León ha
perfeccionado la fórmula. Ya no hace falta censurar a mano. Basta con cambiar
la base de la convocatoria y exigir «objetividad». Allí, con la complacencia
del PP, la Consejería de Vox ha tenido una iluminación mística: el cine adoctrina.
Qué hallazgo. Después de cien años de películas, resulta que una cámara podía
pensar y nadie nos había avisado.
Y no es una interpretación
maliciosa: está escrito en una orden oficial. La Orden de 7 de octubre de 2026,
firmada por el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, de Vox, y
publicada en el BOCyL el día 9, establece que las ayudas no podrán destinarse a
obras que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo
expreso a opciones políticas concretas». La orden no explica quién decide qué
significa eso.
Su traducción en andaluz
castizo sería: hazme una peli que no me incomode, que no hable de mujeres
explotadas, de inmigrantes sin papeles, de memoria, de miseria y de nada que
huela a verdad.
Es decir, todo lo que incomode
al relato oficial, fuera. Una maniobra ideológica, vieja y rancia, que ni
Berlanga ni Azcona habrían imaginado tan explícita.
Extremadura ya ensaya a lo
grande. Andalucía hace lo propio. Subvenciones alineadas con su Ley de
Concordia. ¿Concordia? Qué palabra tan limpia, tan blanca, tan dulcemente
franquista. En Andalucía, Moreno Bonilla no necesita prohibir prohibir ninguna
película porque ya ha prohibido el mundo
que esa película querría contar.
Ahí está truco. No es que no
quieran ideología, es que quieren una cultura lavada con su detergente, esa que
huele a censura previa con sello oficial.
Imaginemos ahora ese invento
trasladado a un hipotético Gobierno de España. El Ministerio de Cultura
convertido en Tribunal de Orden Público y, al fondo de un pasillo, un señor en
un despacho grande tachando a una película LGTB y sustituyéndola por una narrativa
de toros, banderas y familias numerosas subvencionadas. Todo en 4K. Y silencio.
El silencio que queda cuando nadie se atreve a rodar lo que piensa por miedo a
perder la subvención al cine.
Se vende como libertad, pero es censura. El censor ya no lleva el fajín de los altos cargos del régimen franquista, lleva el Boletín Oficial bajo el brazo. Un funcionario decidirá si tu guion es propaganda o cultura. Te lo venderán como neutralidad, pero es intolerancia rancia. Es volver a la España en blanco y negro de la niñez, esa que creía enterrada y que ahora regresa pidiendo aplausos.
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