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Al Algarrobico se le cae la i de ilegal

Iván Gómez
Redactor-Jefe de Diario de Almería

La pregunta que hasta ayer mismo era cuándo se podrá demoler el hotel del Algarrobico, en función de los impedimentos jurídicos de lo que parecía la crónica de una muerte anunciada, ha cambiado a si se podrá o no derribar esta mole de 22 plantas y 411 habitaciones que la promotora Azata comenzó a construir con el beneplácito de las administraciones públicas a principios de 2003 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Al Algarrobico se le ha caído la i de ilegal
Después de más de una docena de varapalos judiciales en los últimos años que han puesto en evidencia los incumplimientos de la Ley de Costas y la protección ambiental, en lo que va de 2014 han llegado dos fallos favorables al hotel que han cambiado por completo tanto el escenario como la dinámica de una causa que ha eternizado en el tiempo abriendo posibilidades de defensa sólidas al Ayuntamiento de Carboneras y a la mercantil Azata del Sol.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contra la denegación de la licencia municipal de obras que presentaron tanto la promotora como el consistorio contra el fallo del juez Jesús Rivera, que en 2008 ordenó la revisión de oficio dos años después de la paralización de los trabajos del hotel. El tribunal andaluz entiende que el permiso es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores ambientales del parque natural.

A juicio de los magistrados del TSJA, el motivo de la revocación es que el fallo dictado por el que entonces fuera titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, "causa indefensión" a las partes demandadas (Azata del Sol y Ayuntamiento de Carboneras) al "no haber resuelto de forma congruente y motivada sus argumentos contra la revisión de oficio".

La sentencia decide el fondo del asunto y, resolviendo sobre las distintas demandas contra la licencia de obras otorgada el 13 de enero de 2003, el TSJA acuerda declarar inadmisibles los recursos interpuestos por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, quienes ya han anunciado querellas contra los tres magistrados que el martes dictaron el fallo contrario a sus intereses. De hecho, llevan meses de recusaciones, denuncias y todo tipo de sospechas desde que el 25 de marzo la Sección Segunda diera un vuelco a la causa sentenciando que los terrenos sobre los que fue construido el inmueble de más de 65.000 metros cúbicos de hormigón son urbanizables.

El director de Azata, José Rodríguez, mostró ayer su satisfacción ante un nuevo paso hacia la salvación del hotel, si bien quiso ser prudente -habló de "alegría moderada"- al entender que la odisea jurídica no ha llegado a su fin. "Si bien nosotros hemos sufrido mucho, lo que más se ha perjudicado ha sido la seguridad en las inversiones", argumentó el portavoz de la mercantil madrileña.

Según el fallo del alto tribunal andaluz, la sentencia firme, que se aviene al recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento y Azata contra el fallo del magistrado Jesús Rivera que declaraba nula la licencia de obras, también desestima los motivos por los que la Junta solicitó la revisión de oficio al entender que la licencia municipal fue otorgada "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable" porque había sido aprobado por la propia administración andaluza con informes previos y favorables del Estado, que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente aunque años después fue el Tribunal Supremo el que fallara en tres ocasiones, al igual que hizo la Audiencia Nacional, que el hotel invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, lamentó ayer "profundamente" la sentencia del TSJA, si bien explicó que se trata de una decisión que respetan pero no comparten. "No lo comprendemos y no sabemos las razones que habrán llevado al TSJA a dictar esta sentencia", pataleó ayer la consejera, que no quiso desvelar si interpondrán un nuevo recurso, una cuestión que ya estudia el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

La sentencia de la Sección Tercera, según indica ha argumentado el alto tribunal andaluz en un comunicado, sostiene que el ordenamiento jurídico "debe articular los medios para que los planes urbanísticos sean coherentes con la legislación ambiental y de costas", pero matiza que, una vez aprobados, su aplicación y la concesión de las licencias de obras previstos en dichos planes es obligatoria para el Ayuntamiento. "Solo se puede pedir su revisión de oficio por defectos de nulidad de las propias licencias y no de los planes o reglamentos que definen las condiciones para otorgarlas".

El Supremo se enfrenta ahora a un considerable dilema porque a principios de año el TSJA rechazó los recursos planteados por Azata y el consistorio carbonero confirmando que la propietaria era la administración andaluza tras ejercer del derecho de retracto por una cuantía aproximada de 2,3 millones de euros atendiendo a una especial protección que desde el fallo de finales de marzo no tiene el paraje del Algarrobico.

La Junta ya anunció el pasado mes que no haría efectiva la compra de las fincas sobre las que se asienta el hotel y solicitó que no admitiera a trámite el incidente de ejecución planteado por la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata. Ahora que los terrenos son urbanizables y la licencia de obras conforme a derecho, el retracto de la administración andaluza carece de sentido y más que probable que sea revocado en el Supremo.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, instó ayer a las partes implicadas (las tres administraciones y la promotora) a sentarse para "encontrar una salida satisfactoria para el hotel en el menor tiempo posible".

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