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Cohetes en Carboneras por el Algarrobico

Iván Gómez
Redactor-Jefe de Diario de Almería

Un pueblo de 8.000 habitantes ha ganado una batalla, de las más decisivas, al gigante ecologista, un lobby integrado por millones de personas en España que, a lo largo de los últimos ocho años, los que llevan paralizadas las obras del hotel del Algarrobico, han ido sumando adeptos a su causa última: la demolición de la mole de una veintena de plantas y 411 habitaciones en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El juez Rivera
Gobierno y Junta, al igual que los grandes partidos, al menos fuera de la provincia, se posicionaron claramente en contra del hotel de Azata y los varapalos judiciales que se han ido sucediendo, sobre todo en los tres últimos años, les hicieron sellar un protocolo de actuaciones el 15 de noviembre de 2011 para la recuperación de la playa del Algarrobico. El cerco carbonero se fue estrechando, sólo los vecinos y empresarios de la comarca decidieron plantarle cara al empeño conservacionista y el giro radical que este año ha experimentado la odisea jurídica del hotel, el de las dos últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ha creado un nuevo escenario en el que la mercantil y el pueblo han visto colmadas sus aspiraciones si bien, como dejó claro el actual alcalde Salvador Hernández, en esta contienda no hay ni vencedores ni vencidos.

Nada más conocerse el fallo del alto tribunal andaluz sonaron los cohetes en el municipio, las redes sociales eran un festejo virtual de una voluntad popular y algunos incluso se veían trabajando para la empresa en el establecimiento más polémico del litoral. Azata, desde la “alegría moderada”, ha hecho una llamada al consenso con las administraciones para abrir el hotel compatibilizando “los medios de vida con la protección del entorno”.

Y es que en Carboneras dicen, desde hace ya años, que la primera especie a proteger en el parque natural es la humana y argumentan que la previsión inicial de la mercantil pasaba por crear 600 puestos de trabajo, directos e indirectos, en temporada alta.  La promotora ya estudia jurídicamente si puede continuar con las obras, que se paralizaron en febrero de 2006 cuando la apertura del negocio estaba prevista para la Semana Santa, y deja la puerta abierta a introducir modificaciones en el proyecto turístico que durante dos décadas recibió la bendición de todas las administraciones.

El director de Azata del Sol, José Rodríguez, asegura que si bien se  convirtieron el Algarrobico en un símbolo de la destrucción de la costa podría pasar a ser también lo contrario, un referente de la protección del medio ambiente. Sin embargo, la odisea jurídica no ha terminado. La voladura que anunció el exministro Arias Cañete está más lejos que nunca, pero el hotel indestructible sigue teniendo en contra sentencias de peso, como las tres del Supremo y dos de la Audiencia Nacional en las que se determina que invade los cien metros establecidos por la Ley de Costas. La empresa, que llegó a plantearles a Gobierno y Junta una indemnización de 200 millones de euros para renunciar al emprendimiento, ha querido recordar que el fallo del tribunal andaluz expone que no se viola la Ley de Costas, si bien estarían dispuestos, en función de futuras resoluciones, a perder esa parte inferior de la infraestructura que ocupara la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Los ocho años de odisea jurídica han permitido a las partes implicadas en el litigio dibujar diferentes escenarios para el hotel del Algarrobico. El primero y el que cobró más fuerza tras la paralización de las obras y durante la sucesión de varapalos judiciales en contra de los intereses de la promotora Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras fue el del derribo. Así lo han plasmaron simbólicamente los colectivos ecologistas, sobre todo Greenpeace, al ocupar las instalaciones en una decena de ocasiones.

Un segundo decorado llegó con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba urbanizable los terrenos, si bien seguía invadiendo la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas y obligada a demoler la mitad inferior del hotel, 14 de las 22 plantas. El último fallo del TSJA asegura que no viola la normativa de Costas y, por tanto, el nuevo marco es el de una apertura en su totalidad. Pero antes hay muchas otras incógnitas por despejar. La del retracto, por ejemplo, será determinante.

La Consejería de Medio Ambiente lo ejerció en 2006, bajo el mandado todavía de Manuel Chaves, y la justicia le  concedió la titularidad del suelo sobre el que se asienta el hotel. Sin embargo, la administración andaluza no ha querido inscribir la finca en el registro haciendo efectiva una compra que se tasó en 2,3 millones. Las sentencias últimas del TSJA lo han vaciado de contenido y el recurso tendrá que resolverse en el Supremo.

“Gobierno y Junta dicen lo contrario de lo que piensan”
(Cristóbal Fernández, exalcalde)

Después de media vida en política, 28 años y siete legislaturas que sólo interrumpió para cumplir una inhabilitación a la que fue condenado por el Supremo por un delito electoral del que posteriormente indultado por el Gobierno de Zapatero, Cristóbal Fernández dejó la política en mayo de 2011 con la frustración de no haber podido demostrar que su ayuntamiento, el de Carboneras, actuó conforme a la legalidad al autorizar y promover las obras del Algarrobico.

Cristóbal Fernández
En plena cascada de varapalos de la justicia a los intereses del hotel, fue considerado por los ecologistas enemigo público número uno del medio ambiente en España y el padre político de una criatura de la que todos renegaban. Gobierno y Junta no querían saber nada de sus argumentaciones y denuncias contra el derribo que planificaban de esta mole de 65.000 metros cúbicos de hormigón y su partido en la provincia, al menos de cara a la galería, optó por hacerle el vacío siempre que el entonces alcalde de Carboneras defendía los intereses de su pueblo.

A raíz de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictamina que la licencia de obras que concedió su equipo de gobierno se ajusta a derecho y no viola la Ley de Costas, Cristóbal Fernández ha querido valorar la actuación de todos los actores implicados en una historia interminable, la odisea jurídica del Algarrobico.

Ocho años después de la orden de paralización de los trabajos de juez almeriense Jesús Rivera, el exregidor sigue pensando que lo hizo atendiendo “a un momento laboral en el que necesitaba salir a la palestra como adalid de la defensa del medio ambiente” en Almería. Entiende que el magistrado cometió un error y echa mano a la última sentencia del TSJA para avalar su tesis. “Por sus sentencias los conoceréis”, añade en alusión a otros fallos de Rivera, como el del Gran Plaza, en el que sí atendió al interés de los vecinos de Roquetas, cuestión que no tuvo en cuenta en Carboneras.

Fernández recibió ayer cientos de llamadas con felicitaciones de personas que forman parte de las  administraciones que trabajan -o así lo manifiestan- por el derribo. “Dicen lo contrario de lo que piensan, sólo buscan el rédito político”, asegura sin ningún reparo. No se pronuncia sobre las declaraciones de consejeros y presidenta de la Junta, pero les recuerda, como ya hizo ante el juez, que “fueron ellos los que lo promovieron y pusieron en marcha con la bendición del resto de las administraciones, incluyendo a la de Costas”.

No se olvida tampoco de la que fuera su amiga íntima, Cristina Narbona, una de las que más trabajó por la demolición del Algarrobico en una brutal campaña cuando era ministra de Medio Ambiente. “Fue contra el hotel por intereses personales, nada más, se reunió con los ecologistas en su despacho y les prometió algo que debía decidir la justicia”.

Es más, recuerda que el expresidente Manuel Chaves tuvo que mediar para que lo recibiera en el Congreso, otro encuentro en el que Fernández le reprochó a la ahora consejera del Consejo del Seguridad Nuclear todo lo que tanto él como otros socialistas hicieron por ella cuando era diputada por la provincia de Almería. Los ecologistas, y sobre todo Greenpeace, fueron sus principales detractores durante años, lo pusieron al frente de la lista negra de alcaldes del país.

Ahora lamenta el marketing y otras prácticas por las que “hicieron del Algarrobico un icono de la destrucción del litoral para seguir mamando de la teta del medio ambiente”. Entre los apoyos políticos al hotel y su apertura destaca, sobre todo el de Gabriel Amat, líder del PP de Almería, quien no ha dudado en enfrentarse a la dirección regional y estatal de su partido apostando por una apertura sostenible del hotel.

“Gabriel siempre ha estado por encima de las siglas, es lo que hacemos los alcaldes que nunca dejamos de servir a los intereses de los ciudadanos”. Después de años recibiendo ataques, el exalcalde asegura que el tiempo le ha dado la razón. “Hemos trabajado de manera honrada, defendiendo siempre lo mismo, mientras que los demás se cambiaron de chaqueta”. Con cierta resignación se pregunta ahora con más motivo que nunca: “¿quién paga el daño a la promotora y al pueblo?”.

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