La
realidad se impone: el termómetro de la política española ya no se mide
exclusivamente en el Parlamento, sino en el terreno judicial. No es un fenómeno
nuevo, pero pocas veces se había asistido a un asedio tan sostenido contra un
presidente del Gobierno. La política española ha abandonado el debate de ideas
para instalarse en el ecosistema de la erosión. Ya no se busca convencer al
elector, sino inhabilitar al adversario mediante un ruido procesal que actúa
como un disolvente de la legitimidad democrática. Es una estrategia de asedio
donde el objetivo no es la sentencia, sino el desgaste anímico y reputacional.
La
táctica es de desgaste progresivo, un proceso de asedio que se desarrolla por
etapas hasta alcanzar el punto de máxima vulnerabilidad. Primero fue el entorno
íntimo del presidente —su esposa y su hermano—, convertido en diana anímica.
Después, el cerco institucional al Fiscal General y a figuras políticas como
Zapatero. Cada citación actúa como un impacto calculado en una ofensiva
diseñada para prolongarse indefinidamente: si no puedes batirlo, debilita su
entorno.
No
hace falta un director de orquesta para que todos toquen la misma melodía. Por
pura inercia, ciertos medios, sectores económicos y siglas ideológicas arriman
el ascua a su sardina. El circuito funciona con precisión de relojero: una
filtración parcial o un informe descontextualizado salta a la portada;
organizaciones como Vox o Manos Limpias lo transforman en querella y el
juzgado, casi por inercia administrativa, abre diligencias. Para cuando el juez
decide archivar la causa meses después, el titular ya ha cumplido su función:
dejar una mancha indeleble en el currículo del señalado. En este espectáculo
judicial, ya hay ciertos magistrados con más presencia televisiva que los
propios ministros: la fotografía parece preceder al fallo.
Sánchez
resiste. Ha demostrado una capacidad de aguante que desconcierta a sus
detractores, haciendo de la resistencia su bandera. Sin embargo, el
atrincheramiento no basta cuando las dudas llegan al entorno más íntimo. En
este escenario, la mejor defensa contra el asedio judicial no es solo aguantar
la embestida, sino ofrecer una transparencia radical que desmonte, con hechos y
explicaciones públicas, la estrategia de quienes han hecho del juzgado su
principal sede electoral. El próximo 9 de junio, la comparecencia de su esposa
volverá a situar el foco sobre el juez Peinado. Para los estrategas del
desgaste, ese paseo hacia los juzgados de Plaza Castilla ya es una victoria; el
juicio político, en la era de la inmediatez, siempre se gana antes que la sentencia
penal.
El peligro real de esta situación no es solo el destino político de un presidente. Lo que está en juego es la integridad de nuestras instituciones. Si los tribunales se perciben como herramientas de parte y la política como un simple ajuste de cuentas judicial, el ciudadano acabará por desconectarse del sistema. Una democracia con las instituciones bajo sospecha es una democracia que camina hacia el vacío.
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