La liberación de los rehenes urbanísticos

Gerardo M. Vázquez

AUAN

➤ Hasta hace escasos días, la Junta de Andalucía consideraba que no cabía el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO) para las viviendas irregulares en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. En la práctica, a estas viviendas se las tenía como “rehenes” hasta que fuesen legalizadas en el supuesto nuevo planeamiento (que nunca llegaba). Había una opinión extendida de que no se debería premiar a estas viviendas reconociéndolas. Se consideraba que si se les permitía a estas viviendas acudir a la figura del AFO no pagarían los costes y cargas de urbanización, es decir, se les aplicaba una especie de “castigo” no previsto en la ley. Al no permitir a estas viviendas acceder al AFO, tampoco se les permitía tener servicios. Así en Chiclana, Carmona y Córdoba miles de viviendas llevan décadas sin agua potable.

De izquierda a derecha: Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía (José María Morente del Monte), el Secretario General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta (Andrés Gutiérrez Istria), Juan de Dios Sánchez López, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Portavoz en la Comisión de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la Consejera de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Marifrán Carazo Villalonga), portavoz y Abogado de Abusos Urbanísticos Andalucía – No  (Gerardo Manuel Vazquez Nuñez), Presidenta de Abusos Urbanísticos Andalucía – No  (Maura Hillen),  Diputado del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y Portavoz en la Comisión de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio (Juan Francisco Bueno Navarro).

Se olvidaban de la responsabilidad de la Administración en todo esto, dado que las 300.000 viviendas irregulares, que se estima hay en Andalucía, no salen de la nada, de un día para otro, y si no se pueden tirar no queda remedio sino regularizarlas en la medida posible. De hecho, ante tal cantidad de viviendas, el problema se ha convertido en un problema más bien social que urbanístico. Muchas de estas estas viviendas llevan habitadas décadas, lo que tiene implicaciones en cuanto a los derechos básicos a la vivienda, al domicilio y a la propiedad.

Tratar de resolver el problema de las casas irregulares con más planeamiento, cuando es el mismo planeamiento el que ha fracasado, es una ilusión

Por ello, tratar de resolver el problema de las casas irregulares con más planeamiento, cuando es el mismo planeamiento el que ha fracasado, es una ilusión. La gran cantidad de dinero tirado a la basura con planes rimbombantes pero condenados al fracaso es testigo de ello, por ejemplo, en Chiclana. Tampoco es de recibo empeorar el impacto de estas viviendas envolviéndolas en más suelo a desarrollar, más servicios, más infraestructuras. Asimismo, mientras se persigue esta quimera, no se aplican controles medioambientales a estas casas, y se permite que sus aguas sucias se viertan sin control adecuado, afectando a la los acuíferos y creando un problema de salud pública.

Ante este panorama desértico y desolado, con el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, llegamos al oasis de las palabras de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio, Marifrán Carazo, en Sevilla, en su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz el día 29 de mayo de 2019, cuando declaró: “Este nuevo Gobierno … tiene las ideas muy claras, y sobre todo, una firme y decidida voluntad política para arreglar, para resolver esta situación y no vamos a mirar hacia otro lado.” Añadiendo: “esta situación es importante, urgente y que no puede esperar, no puede esperar a buscar soluciones y alcanzar soluciones, a la aprobación de una nueva ley de urbanismo y suelo. De manera inmediata, señorías, esta misma semana se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración y el reconocimiento de AFO en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable …”.

La evidencia de esta nueva voluntad política, de coger el toro por los cuernos, es que, efectivamente, el 31 de mayo 2019,en el seno de la Consejería se dicta la Instrucción anunciada. Obviamente una instrucción no cambia la Ley y serán necesarios pasos adicionales, incluyendo un Decreto Ley que también ha anunciado la consejera, pero la Instrucción da una nueva interpretación de la Ley existente, más acorde con la misma. La Instrucción es la Instrucción 6/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre aplicación del régimen de asimilado a fuera de ordenación (AFO) en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Según el apartado 2.1 de dicha Instrucción “Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido los plazos establecidos en la LOUA, quedarán en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. (apartado 1 del artículo 53 del RDUA).”.

Añade a continuación: “Lo anterior se entiende cualquiera que sea la clase y categoría de suelo (urbano, urbanizable o no urbanizable) sobre el que se sitúen. De hecho, ni el artículo 34 de la LOUA ni el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía se refieren, en exclusiva, a la clase de suelo no urbanizable. El suelo no urbanizable ha sido objeto de una regulación específica”.  En el apartado 2.3.3. se declara “Otorgado el reconocimiento es posible acceder a los servicios básicos. En efecto, según el apartado 3 del artículo 175 de la LOUA, expresamente aplicable a estos supuestos, la contratación de los servicios se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, que será título suficiente para la prestación de los servicios autorizados por el mismo””. Obviamente los servicios tienen que estar accesibles.

Queda por hacer, quedan por rematar flequillos, y por ver como los Ayuntamientos aplicarán esta Instrucción. También queda por permitir AFOs en asentamientos irregulares en suelo no urbanizable que no sean parcelaciones, una distinción bizantina introducida en el cambio normativo del 2016, que extendió la figura de AFO para algunos grupos de viviendas, detrayendo otros grupos de esa posibilidad. La regularización de estos asentamientos en suelo no urbanizable, y la aplicación de medidas medioambientales correctoras sobre los mismos, se va a permitir en un próximo Real Decreto Ley del Parlamento andaluz. El Decreto Ley requerirá su ratificación por el pleno del Parlamento, pero creemos que hay consenso general de los partidos políticos de poner fin a este problema de una vez por todas.

No es el fin del camino, es el principio del fin. Serán necesarias estas otras medidas que ha prometido la consejera, pero se ha empezado a actuar y parece que existe una clara voluntad política de resolver la lacra de las viviendas irregulares andaluzas de una vez por todas. Ante ello, esperamos que por fin puedan ser liberados los rehenes.

Un soplo de aire fresco en el Urbanismo

Maura Hillen

Presidenta de AUAN

➤ Cuando miro a los ojos de los afectados por las casas ilegales, la gran mayoría cercanos a los 80 años, pienso que ya está bien, que hay que poner fin a este inútil sufrimiento. Pienso asimismo que las leyes bizantinas, engorrosas, que no sirven, hay que descartarlas, y cuanto antes mejor.

"El urbanismo andaluz ha fracasado"

Es evidente que el urbanismo andaluz ha fracasado, prueba de ello son las 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía, un problema que podría afectar a un millón de personas, y que podría representar una inversión de decenas de miles de millones de Euros. Para cualquier persona sensata también es evidente que es inútil tirar estas viviendas, como tanto es inútil e injusto tirar sólo algunas, salvo casos de riesgo evidente. Lo que hay que hacer es prevenir y obviamente la prevención ha fallado. Que haya fallado no es culpa de los afectados, es de la administración. Y lo que no se puede hacer es mantener a unos pobres jubilados como una especie de rehenes urbanísticos hasta que actúe el planeamiento, un planeamiento que no actúa.

Muchos de los afectados en Chiclana y Carmona tienen el servicio de agua a pie de la parcela o de la urbanización, y nuevamente, como si de rehenes se tratase, no se les permite conectar

Los 16.000 afectados en Chiclana en Cádiz llevando esperando 30 años que actúe el planeamiento, los de Carmona en Sevilla igual, los que están en asentamientos en el Valle del Almanzora en Almería más de una de una década. Ya esta bien. Muchos de los afectados en Chiclana y Carmona tienen el servicio de agua a pie de la parcela o de la urbanización, y nuevamente, como si de rehenes se tratase, no se les permite conectar, puramente por razones de dogma urbanístico, para no “premiarles” se les dice. La verdad es que los “premiados” están tomando el sol en la playa mientras los afectados viven inadecuadamente y sin seguridad jurídica.

Es desafortunado que el urbanismo se haya convertido en una religión, o más bien en una secta, y esto no puede ser.Lo que hace falta es una nueva filosofía urbanística, una que vaya de la mano con los ciudadanos y sus necesidades; una nueva filosofíaque resuelva sus problemas y que no sólo mire la paja en el ojo ajeno.

Por ello, los anuncios del nuevo gobierno andaluz de que van a tomar rápidas medidas son un soplo de aire fresco para decenas de miles personas. Son declaraciones que dan esperanza a los afectados. Ya no se les dice “todo es muy complicado” y “hay que estudiarlo”. Se les dice “vamos a resolverlo”, “vamos a tomar medidas”, y “vamos a trabajar con los ciudadanos”.

Los afectados no sólo se encuentran esperanzados, sino que esperan que este nuevo espíritu resolutivo se extienda, no sólo al resto de los partidos políticos, sino también a otras ramas de la Administración y del Estado. Creo que ya está bien de demoler las casas de unas pobres familias, echando gente humilde a la calle, y ya está bien de tener a las personas sin servicios básicos y sin seguridad jurídica. De hecho, yaestá bien de dañar el medioambiente por no querer regular estas casas, cómo ya está bien de tratar de resolver un problema por planeamiento, a vecescomo coartada para construir más casas.

Agradecemos al PP el hecho de que vaya a empezar a cumplir con lo que habían prometido y estoy segura de que van a empezar a tomar medidas rápidamente

Por ello, agradecemos al PP el hecho de que vaya a empezar a cumplir con lo que habían prometido y estoy segura de que van a empezar a tomar medidas rápidamente. Esperamos que cuenten con el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas. Desde luego voy a luchar por ello a nivel personal y como Presidenta de AUAN. Lucharé con un espíritu constructivo y conciliador, pues los ciudadanos merecen que los políticos se concentren en resolver sus problemas en vez de malgastar tanta energía luchando entre ellos. Mientras mis fuerzas aguanten aquí me tendréis luchando para avanzar en el camino de la sensatez urbanística, un camino que me alegra ver que se empieza a despejar.

El cambio de actitud del PSOE ante las viviendas 'alegales'

Maura Hillen

Presidente de Abusos Urbanísticos Almanzora No

➤➤➤Al conocido escritor irlandés George Bernard Shaw se le conoce la frase “El progreso es imposible sin cambio, y los que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada”. A esto quisiera añadir que, para cambiar algo, también viene bien la capacidad de moverse, de ayudar, de contribuir. Durante varios años el PSOE, y especialmente la ejecutiva provincial, se movió, ayudó y contribuyó a plasmar soluciones encaminadas a resolver el problema del urbanismo irregular que asola nuestra comunidad autónoma. Pero entonces algo pasó y el PSOE provincial ya no parece estar dispuesto a cambiar nada más. Pese a ello, sigo siendo optimista y estoy convencido de que la mayoría de los miembros del PSOE almeriense quieren seguir avanzando en soluciones, pero que hay algo que les detiene. No sé lo que es, pero sospecho que tiene que ver con lo que yo cariñosamente llamo el “bunker medioambiental” de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Reunion de AUAN con el Partido Popular

Pensándolo bien, quizás la palabra bunker sea errónea. Quizás sea mejor hablar de la “torre de marfil”. Creo que tiene que ser una torre de marfil, pues la gente de la torre siempre está hablando de “sostenibilidad”, a modo de una especie de mantra colectiva; y el problema es que la torre no termina dando soluciones sostenibles, básicas, prácticas y ágiles a este problema social y medioambiental. Sí es cierto que de vez en cuando insiste en una que otra demolición, lamentablemente a veces de personas que compraron de buena fe.

De hecho, eso de restauración del medioambiente con demoliciones me hace gracia, e invito a mis lectores a que visiten los lugares donde se han demolido viviendas para ver los escombros que se dejan, los cimientos, a veces la piscina, las terrazas y las explanadas. Casas muchas veces rodeadas por muchas otras casas, también irregulares, pero que, seguramente por el azar del destino, no se pueden demoler. No se las puede demoler pero que tampoco se les da solución. ¡Miles de viviendas irregulares que siguen sin medidas correctoras medioambientales, afectando a los acuíferos, etc.! ¡Menudo proceder y menuda restauración del medioambiente!

Tras la LOUA, ha venido la LUSA, una nueva Ley que no da solución al problema de las viviendas irregulares, pero que por lo menos nos va a tener entretenidos durante varios años, tratando de interpretarla

Y ahora la torre de marfil ha emitido una nueva versión de la LOUA, la LUSA.  Una nueva Ley que no da solución satisfactoria alguna al problema de las viviendas irregulares, pero que por lo menos nos va a tener entretenidos durante varios años, tratando de interpretarla, rascándonos la cabeza para ver cómo afecta al planeamiento y a las leyes existentes. En fin, mucho me temo que será una costra adicional a una herida urbanística que no va a dejar de supurar. Ahora sí, se podrán dar muchas charlas y ponencias que no llevarán a ninguna parte, y al final nos daremos cuenta que solo hemos añadido más confusión a la maraña urbanística andaluza y que la herida se está gangrenando. Todo ello se debe a la incapacidad de la torre de marfil de cambiar sus opiniones ante una realidad abrumadora. 

Mientras tanto, en Cantoria entendemos que el PSOE ha cuestionado por qué salimos en una foto con un miembro del PP condenado por un delito urbanístico. Somos conscientes y conocemos muy bien esta condena; ahora sí, consideramos que la gente tiene derecho a cambiar y que no se puede condenar para siempre al que ha cometido errores. De esta forma si esa persona ha cumplido con su condena, reconoce su error, y quiere ayudar de forma convencida y energética a la solución de estos problemas urbanísticos, como nos está mostrando, pues bienvenido sea. A nosotros nos gustan los hechos; no estamos en la lucha política general, y solo queremos que este problema se resuelva, así como lo quiere la sociedad andaluza.

De hecho, los partidos deben concentrarse más en dar soluciones, en gestionar bien los intereses de los ciudadanos; que en luchar entre ellos. Es lo que pedimos, así como pedimos un poco más de sensatez y de humanidad, para lograr soluciones rápidas y duraderas que de verdad resuelvan el problema medioambiental de estas viviendas. Dicho de otra forma, ¡ojalá que en Sevilla se bajen de su torre de marfil!

El urbanismo andaluz premia a los infractores

Maura Hillen

Presidenta de Abusos Urbanísticos Almanzora – NO (AUAN)

Tras los últimos dos años de lucha para tratar de terminar de regularizar las viviendas que fueron construidas ilegalmente y posteriormente vendidas a inocentes compradores, sitas en el Valle del Almanzora, he llegado al convencimiento de que la Administración autonómica no tiene voluntad para terminar de resolver este problema a corto plazo y de manera eficaz, pese a los pasos importantes que dio inicialmente.

No castigar a las víctimas

El problema es que en la reforma de la LOUA de 2016 se dejó fuera de la regularización a miles de viviendas en el Valle del Almanzora, y quizás a cientos de miles de viviendas en Andalucía. Ya advertimos de ello en su momento. En esta reforma se permitió a viviendas irregulares en parcelaciones, es decir grupos de viviendas, a acceder a servicios y a escrituración, pero se creó una subespecie de parcelación que fue llamada “asentamiento”, que quedó fuera de la reforma. A estas viviendas en asentamientos se las condena a una travesía por el planeamiento municipal, pues según la Administración autonómica, estas viviendas tienen que ser convertidas en suelo urbano en el plan general.

Se dice que no hay que premiar a los infractores, y que éstos tienen que contribuir a las cargas urbanísticas de planeamiento, y que estas casas tienen que integrarse en la malla urbana del núcleo municipal. Sonará bien para el no iniciado, pero en la práctica esta actitud resulta lesiva. Por este sistema, el promotor que ha construido y vendido las viviendas irregulares a terceros, y que se ha quedado con suelo en el asentamiento (algo habitual), resulta agraciado con nuevo suelo urbano, multiplicándose el valor este suelo.

Los compradores de estas viviendas se ven abocados a tener que pagar un gran parte de los costes de urbanización que debería haber pagado el promotor

No solo eso, sino que los compradores de estas viviendas se ven abocados a tener que pagar un gran parte de los costes de urbanización que debería haber pagado el promotor. Es más, al integrarse el asentamiento en la malla urbana, el suelo entre el asentamiento y el núcleo municipal se ve habitualmente reclasificado en suelo urbanizable, posiblemente premiando nuevamente al promotor si resulta ser el dueño de este suelo. Todo ello aparte del hecho de que algún constructor tendrá que construir los sistemas generales y ser pagado por ello…

En contraste, lo único que propugnamos nosotros es un mínimo de sensatez, no una amnistía, pues los que amnistían a los infractores son otros. Nosotros solamente pedimos un mínimo de reconocimiento para las viviendas irregulares que la Administración ha permitido que se construyan y se vendiesen a terceros inocentes, para que puedan acceder a servicios y a escrituración mediante lo que se llama un AFO. Al fin y al cabo, lo que se ha permitido y ya no se puede tirar hay que regularizarlo, minimizando su impacto medioambiental, y lo antes posible. Esto de la misma forma que ya ocurre con parcelaciones, pues no hay real diferencia entre unas casas y otras.

Y no se dejen llevar a engaño, un AFO no es una legalización, no es ni mucho menos una licencia de primera ocupación. Darles un AFO a estas viviendas no es ningún privilegio, pues, entre otras cosas, tienen que pasar un filtro medioambiental en el proceso de concesión del AFO, y tendrán que pagar los costes y tasas necesarias para acceder al AFO.  En contraste el efecto del sistema ideado por la Administración imperante, y que quiere mantener, es el de multiplicar el efecto de la irregularidad sobre el medioambiente, con nuevo suelo y nuevas casas, y premiar a los infractores a los que se le permitió construir estas casas, lo que es poco sensato, y nada justo.

Atrapados en España

Gerardo Vázquez

Abogado

Miré a los ojos a la Sra. Smythe [nombre ficticio] y vi cómo luchaba para no deshacerse en lágrimas. Estaba en mi despacho con su marido y habían venido para que les explicase la situación urbanística actual de su vivienda. Les había dicho que, tras 10 años, su casa ahora estaba en suelo urbano no consolidado, lo cual era bueno, pero que pese a ello no podían escriturar y corrían el riesgo de ver su vivienda subastada por las deudas del promotor que gravaban la finca.

El problema afecta a miles de británicos del Almanzora

Como a miles de otros británicos en el Valle del Almanzora, a los Sres. Smythese les habían engatusado para que viniesen a España a vivir su sueño al calor del sol del Mediterráneo. Eso fue durante la locura urbanística que asoló la zona a principios de este siglo, cuando todo parecía lícito y, si no lo era, muchas veces parecía correrse un tupido velo. Habían adquirido una vivienda de buena fe en contrato privado, pensando que todo estaba en orden y que la escritura vendría pronto y de la forma habitual. El problema es que nunca llegó dicha escritura ni tiene visos de llegar.

Llevan así más de diez años, esperando a que alguien les sacase del embrollo en el que con tan mala fortuna se habían metido

Llevan así más de diez años, esperando a que alguien les sacase del embrollo en el que con tan mala fortuna se habían metido. Tras los años, vino la reforma del Decreto de regularización de 2012. Agarrándose al Decreto con desesperación preguntaron si les beneficiaba, y como parecía no poder ser de otra forma, la respuesta era que no, pues el Decreto sólo beneficiaba a un reducido número de casas, y dejaba fuera viviendas en grupos, es decir, lo que el Decreto llamaba “parcelaciones”. Nosotros, desde la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) ya habíamos advertido de ello infructuosamente.

Pasaron los años y una labor incesante de los afectados y vino una nueva reforma en el año 2016, esta vez permitiendo la regularización de parcelaciones. El problema es que por alguna razón en esa reforma se añadió una coletilla, creando una nueva subespecie jurídica de parcelación que fue llamada “asentamiento”, que quedaba fuera de la reforma. Es un poco como decir que la gente puede tener gatos en casa, pero no gatos con pintas, y el problema que tenemos es que la mayoría de los gatos tienen pintas. Nuevamente AUAN advirtió de ello en diversas ocasiones antes de la reforma.

Las viviendas en asentamientos sin escritura normalmente tienen que cumplir una serie de laboriosos e inciertos pasos de difícil consecución para que su parcela pueda ser segregada

Y aquí estamos, la Sra. Smythe llorando en mi despacho en presencia de su marido y en la mía, diciéndome que les habían prometido hace años a sus hijos que cuando tuviesen nietos irían a Inglaterra a cuidarlos, lo que no pueden cumplir, ya que, aunque la ley permite a las casas en parcelaciones obtener su escritura de segregación de la parcela a través de un permiso “AFO” (similar a una licencia de segregación), para poder ser posteriormente vendidas, este no es el caso en asentamientos. De lo contrario, las viviendas en asentamientos sin escritura normalmente tienen que cumplir una serie de laboriosos e inciertos pasos de difícil consecución para que su parcela pueda ser segregada.

Por eso, desde AUAN pedimos de corazón a los partidos políticos que tomen las medidas oportunas de manera inmediata para evitar esta laguna que está afectando tan lamentablemente a miles de familias, no sólo británicas, sino también españolas. Y pedimos celeridad pues muchos de estos compradores de buena fe vinieron a España tras su jubilación, ahora tienen 10 años más y algunos ya han fallecido,atrapados en España, sin poder escriturar y vender su casa.

Las viviendas ilegales

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

El pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el pasado miércoles la modificación de tres artículos de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) para permitir la regularización de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Votaron afirmativamente PSOE, PP y Ciudadanos, mientras se abstuvieron Podemos e Izquierda Unida, que no dijeron ni sí ni no sino todo lo contrario, una posición que para las dos formaciones de izquierdas, ahora asociadas, empieza a ser demasiado habitual. Es la única manera de no equivocarse, pensarán. Y de mostrarse irrelevantes, pienso. Fueron testigos de excepción del momento los miembros de diversas asociaciones de afectados, entre ellos la presidenta de Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Maura Hillen, y el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones por Justicia en el Urbanismo, Gerardo Vázquez.

Foto de familia almeriense en el Parlamento de Andalucía

La nueva normativa no es una amnistía que convierte en legal todo lo que es ilegal. Solamente se aplicará a las edificaciones aisladas construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable que tengan al menos seis años de antigüedad. Quedan fuera de la modificación legislativa las viviendas que están sobre suelo de especial protección o inundable y las que estén afectadas por expedientes administrativos. Las viviendas reparceladas que formen parte de un conjunto diseminado tendrán que regularizarse incorporándose en el PGOU de sus municipios.

¿Satisface esta modificación legislativa las demandas almerienses? Desde AUAN la satisfacción es plena porque deja abiertas muchas vías para la legalización. Se calcula que en todo el territorio andaluz se hay en tono a 250.000 viviendas fuera de ordenación. Según los cálculos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en torno a 25.000 de estas viviendas podrían pasar del limbo en el que ahora se encuentran (para unos son ilegales, para otros alegales) a ser inmuebles totalmente legales. Almería puede ser precisamente la provincia que mejor aproveche el cambio normativo. En nuestra provincia, principalmente en el Almanzora y en el Levante, se cuentan por miles las viviendas que se encuentran sin regularizar y cuya legalización no supone ningún atentado paisajístico o urbanístico. Además, aquí contamos con la ventaja de que los perjudicados por esta situación están bastante bien organizados

Por extraño que parezca, no se conoce el número exacto de viviendas irregulares que hay en todos y cada uno de los términos municipales de la provincia de Almería. Hay varios censos elaborados, pero ninguno es exacto. A grosso modo podríamos hablar de entre 12.000 y 15.000 viviendas. Si se saben aprovechar las posibilidades que abre la modificación legislativa aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado miércoles, al menos 10.000 de estas viviendas pueden superar la frontera de la ilegalidad. El primer paso, que es poder dotarles de agua y electricidad y poder inscribirlas en el Registro de la Propiedad, ya está dado.

Un justo reconocimiento para Maura Hillen

Gerardo Manuel Vazquez

Portavoz de AUAN y de la Coordinadora

de Asociaciones por Justicia en el Urbanismo

Como es conocido, Maura Hillen es la presidenta de AUAN, una asociación que lucha para resolver el problema de las casas ilegales. Durante el boom inmobiliario miles de británicos y de otras nacionalidades decidieron comprar una casa y establecer su hogar en España, desconociendo que lo que estaban adquiriendo en muchos casos era un gran problema que les iba a afectar varios años, si es que no morían antes, por la ilegalidad de las casa.

Maura Hillen ha sido galardonada por el Gobierno británico

Maura Hillen es una persona con evidente tenacidad, y lleva luchando ya alrededor de una década para traer normalidad al mercado inmobiliario español, luchando día a día, poco a poco. Su empeño ha saltado los límites del Valle del Almanzora, al juntarse AUAN con otras asociaciones, primero en Andalucía con SOHA y CALU, y después en el resto de España con AMA en Cantabría, AUN en Valencia y AGADE en Galicia, pues estos problemas no solo afectan a residentes europeos sino también a españoles en diversas partes de España.

Inicialmente tuvo que presenciar la destrucción de varios hogares adquiridos de buena fe hasta que poco a poco se fue imponiendo la sensatez moral y humana y cesó la destrucción de viviendas adquiridas por inocentes compradores. Al principio, ni los gobiernos autonómicos ni el estatal parecían ser muy conscientes de la realidad social del problema y de los efectos devastadores de estas demoliciones, no sólo en la vida de las personas que los padecieron, sino también en todo el tejido social y económico de este país.

Pero hace unos dos años por fortuna las cosas empezaron a cambiar. Con la inteligente labor nacida en la ejecutiva provincial del PSOE de Almería, y con la posterior adhesión del PP y IU, se lograron reformas en el Código Penal y en la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y este año se va a cambiar la LOUA, también mediante un amplio consenso político y social, que ahora incluye Ciudadanos y Podemos.

En todo ello AUAN ha sido un ejemplo de por qué la sociedad civil, es decir, los ciudadanos, se deben implicar en los asuntos que les conciernen, haciéndole saber a los gobernantes cuáles son los problemas reales que sufren día a día y a pie de calle. Es precisamente por ayudar a la comunidad, sea de la nacionalidad que sea, por lo que Maura Hillen ha recibido un premio del Gobierno Británico, en  la forma de lo que se llama un “MBE”.

Según rezan las normas para la concesión de estos premios, se dan “por logros significativos” o “servicio destacable hacia la comunidad” y también por “actuar de una forma práctica ejemplificante”, y es destacable que el premio, concedido por el gobierno británico y la Reina de Inglaterra, se haya dado a alguien que no sea británico. Enhorabuena, Maura. Te mereces este premio, y más. Ojalá continúes así, pues aun queda por hacer.

El Sr. y la Sra. Prior

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

El Sr. y la Sra. Prior forman una pareja de jubilados británicos que a principios de esta década se desprendieron de sus pertenencias en el Reino Unido para establecer su residencia en nuestra provincia. Primero residieron de alquiler en Mojácar y después decidieron hacerse su propia casa en Vera. Actuaron como cualquier buen ciudadano: hicieron su proyecto, que mandaron visar al Colegio de Arquitectos; solicitaron y obtuvieron la licencia municipal, realizaron la obra con sujeción a la legislación de seguridad y buena construcción, solicitaron y obtuvieron la licencia de primera ocupación, dieron de alta la nueva edificación en el Catastro y en el Registro de la Propiedad… Finalmente, Helen y Leonard ocuparon su nueva casa, de la que, durante varios años, disfrutaron sin objeción alguna.

El caso de los Prior ha llegado hasta el mismo Senado. Todos les dan la razón, pero ellos
continúan sin cobrar. Aquí les vemos en la cámara alta con Maura Hillen y y Gerardo Vázquez,
presidenta y abogado de AUAN

Pero un día la mala suerte se les presentó en su casa. Un policía autonómico les comunicó que aquella vivienda era ilegal. “No puede, señor, mire usted toda la documentación en regla, y todas las tasas e impuestos pagados; debe ser una confusión”, manifestaron con incredulidad. Aquel primer calvario que se inició para el Sr. y la Sra. Prior culminó el 9 de enero de 2008 –maldito regalo de Reyes- con una ‘Caterpillar’ demoliendo la vivienda. Se cobijaron en el garaje, que con la piscina quedó indemne. Allí permanecen hasta hoy.

Fue entonces cuando el matrimonio inició su segundo calvario, el de las acciones judiciales. Como cualquier mente razonable podía vaticinar, este segundo episodio se ha resuelto favorablemente, si bien la justicia ha sido un poco rácana a la hora de valorar los daños morales: 1.750 euros para la Sra. Prior y 7.500 para el Sr. Prior. Por daños materiales, la indemnización es de 425.000 euros.

Helen y Leonard tienen 72 años. El Ayuntamiento de Vera, que es quien debe asumir la indemnización, tiene el riesgo asegurado. Pero la aseguradora ya ha manifestado su intención de apelar. Considera que el Ayuntamiento ha actuado dentro de la ley y que el atropello corresponde a la Junta de Andalucía. Sean los culpables unos u otros, los Prior volverán a ganar y verán incrementada la indemnización con intereses de demora, pero es posible que la compensación, cuando llegue, lo haga demasiado tarde. No se vive eternamente, y menos con la tensión de tanto pleito.

El matrimonio está amparado por un grupo de ciudadanos unidos en la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-NO'. Este jueves se manifiestan para pedir el fin del despropósito. El Estado español, con sus resoluciones administrativas, lleva diez años jodiendo a esta familia. ¿Y no es la hora de poner fin al atropello?

La tragedia de los Prior

Lenox Napier

Un mojaquero británico

Mucho se escribirá esta semana acerca de Leonard y Helen Prior, que sin quererlo se convirtieron, por las circunstancias, en unos de ser los británicos más famosos que viven en España. La pareja es dueña de la casa que fue demolida en un error de cálculo cobarde y estúpida en Vera (Almería) en enero de 2008. Los Prior vivían tranquilamente en una casa que no estaba en una llanura de inundación. Su casa tampoco estaba en un lugar de belleza singular, ni ubicada en la playa, ni cerca de la carretera o la vía del tren. No estaba en ningún plan de expropiación. Los Prior eran -y son- una simple pareja británica que se había retirado a España, después de una vida profesional en Inglaterra, para disfrutar de sus últimos años con un vaso de vino rosado mientras que veían como el sol se hundía cada noche sobre las colinas ante ellos.

La casa de los Prior, en un momento de su demolición

No está claro por qué su casa fue elegida por los vándalos y no una de las otras que había en la misma zona. Tal vez por ser extranjeros, que desaparecerían, pasados los hechos,  marchándose de nuevo al extranjero. Pero no lo hicieron. Se instalaron en el garaje, haciendo una casa en un pequeño espacio, con agua de manguera  y un generador de electricidad, como tantos otros extranjeros jubilados se han visto obligados a hacer en Andalucía.

Aparecieron en la televisión británica, en repetidas ocasiones. Estaban en todos los periódicos británicos, en repetidas ocasiones. Salieron grabados en la BBC y en otros medios europeos, en repetidas ocasiones. Millones de personas han leído lo que se había hecho a una pareja inocente en los últimos años de una vida.

Ahora, una vez más, Leonard y Helen Prior están en los noticiarios. Esta vez, incluso en los informativos españoles. Por un feliz acontecimiento: el sistema judicial aquí ha culpado al Ayuntamiento de la ciudad. No a los autores materiales del asalto, pero sí a las autoridades locales, que dieron el permiso para el hogar que se construyeron.

El Ayuntamiento tiene que pagar alrededor de la mitad del dinero reclamado por la pareja. Los Prior van a ser indemnizados con lo suficiente como para comprar una casa más pequeña en alguna otra parte.

Andalucía puede sentirse orgullosa de sus 300.000 viviendas 'ilegales', como si nadie supiera de estas casas construidas principalmente para la especulación. Muchos de los constructores estaban ocultos, como sucede a menudo aquí, detrás de simples empresas de 3.000 euros de capital social. Muchos compradores se vieron atrapados por estas trampas. ¿Cómo la Junta de Andalucía (que sabe poner microchips en todos los animales de la región, hasta las cabras), dejó de notar la construcción de 300.000 viviendas, muchos incluso en urbanizaciones ilegales? ¡Un número similar de viviendas a la ciudad entera de Málaga!

Andalucía, una zona con la mayor tasa de desempleo en Europa, un área sin mucha agricultura o  industria, es perfecta como un lugar para retirarse. Una respuesta europea a la Florida americana. ¿Qué hay de mal en eso? Recuérdese que el sur de la Florida tiene un índice de desempleo alrededor del 5 %.

Hoy estamos todos de enhorabuena

Gerardo Vázquez

Asesor Jurídico a AUAN

Hoy estamos todos de enhorabuena por una resolución judicial que puede afectar a miles de viviendas en manos de terceros de buena fe con licencias impugnadas en los tribunales, un buen número de ellas aquí en Almería, que corren el riesgo de verse demolidas esta vez por la vía de lo contencioso-administrativo. Una vez más hay que alegrase y agradecer que ha ganado la sensatez, la justicia, y lo que es correcto y socialmente aceptable.

En el municipio pontevedrés de Bueu, en apenas dos días hábiles, iban a echar a la calle a unas 19 humildes familias, incluyendo a personas con un muy alto grado de invalidez. A estas familias les iban a quitar la fachada de su edificio por incumplir la normativa en unos escasos centímetros. Sólo la fachada, dejando el resto intacto, con la salvedad de que, obviamente, las viviendas a la intemperie son difícilmente habitables – especialmente en el Norte de España y espacialmente en otoño y de cara al invierno. ¿Y las otras viviendas de atrás? Pues quedarían intactas, aunque en un edificio sin servicios (electricidad,  agua, telecomunicaciones)– al cortar la fachada se cortarían los servicios. ¿Una aberración moral y jurídica? Pues que cada uno forme su opinión, yo la mía la tengo clara.

Manifestación contra derribos
Foto: Joly

¿Importaba algo que estos Sres. fuesen terceros de buena fe? Pues no parecía importar -siempre podían seguir litigando mientras estaban a la intemperie – supongo que el frio agudiza el ingenio; como los Prior, que llevan litigando siete años mientras viven en su garaje.

No importaba que las víctimas hubiesen comprado hace una gran multitud de años (más de dos décadas) sin rastro de problema alguno en el Registro de la Propiedad. Ni que las viviendas eran VPO, ni que pagaban el IBI, ni que miles de personas pedían sensatez y que no se tirase la fachada. Parecía que había que sacrificar todo ante el altar de la supuesta restauración del medioambiente. Daba igual que el edificio estuviese en el medio de un pueblo en pleno casco urbano, rodeado de otros similares edificios.

Algunos podrían pensar que hay que dar ejemplo y que el fin justifica los medios. Pues permítanme que discrepe, yo creo que el fin no siempre los justifica. Para que los medios sean justificados tienen que ser proporcionados. Creo que todos estarán conmigo en que se tiene que preservar el medioambiente pero no a cualquier coste, y desde luego no al coste de los derechos humanos de la persona a una vivienda digna, a la inviolabilidad del domicilio y al derecho a la propiedad. Considero que no se pueden dejar estos derechos básicos sin contenido, en aras a la preservación del medioambiente. Y en el caso de Bueu, quitar la fachada de un edificio dejando el resto intacto, privando a sus moradores de su hogar, en la calle, a la intemperie, sin indemnización alguna, es algo difícilmente justificable para preservar al medioambiente.

Menos mal que, gracias a una iniciativa nacida en Andalucía y Cantabria, y gracias en gran medida al empeño de políticos almerienses, se ha podido dar solución a estas injusticias. Y por ello me alegra enormemente decir que hoy estamos todos de enhorabuena, porque un Juzgado en Pontevedra ha dictaminado, un par de días antes del fatídico momento de la demolición, que se suspende la misma al no estar garantizada la indemnización a los terceros de buena fe afectados. Gracias a una iniciativa introducida en el Senado por el PSOE, después apoyada casi por unanimidad de dicha Alta Cámara Legislativa, con la adhesión significativa del PP, se ha cambiado la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ahora al tercero de buena fe se le tiene que indemnizar antes de tirar su casa.

"El Juzgado ha reconocido lo expuesto por las víctimas del edificio que se iba a demoler en cuanto a “los evidentes perjuicios que se causan a los demandantes en esa ejecución"

Por ello el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra ha reconocido lo expuesto por las víctimas del edificio que se iba a demoler parcialmente en cuanto a “los evidentes perjuicios que se causan a los demandantes en esa ejecución, tratándose además de viviendas familiares que llevan años ocupadas, y respecto a los cuales es de justicia que se obtengan las indemnizaciones precisas por quienes resulten responsables (particulares o Administraciones Públicas)”; así como ha reconocido “la existencia de un cambio de circunstancias, consistente en el cambio legislativo producido, al haber entrado en vigor la nueva redacción del artículo 108 LJCA, tras LO 7/2015, y del que se deriva la procedencia de la suspensión, al existir terceros de buena fe, en tanto no se garantice a los mismos las indemnizaciones debidas".

Ante estas consideraciones, el Juzgado ha dictaminado, ya in extremis, que “ha de estimarse la solicitud y suspender la ejecutividad de la orden de desalojo recurrida, al no constar que haya una situación de peligro inminente que requiriese la inmediata actuación de demolición, y considerándose que, como ya se indicaba en el auto dictado el 31 de julio pasado, cabe apreciar la existencia de terceros de buena fe con derecho a ser resarcidos de los daños y perjuicios causados, y cuyo cobro ha de ser garantizado ahora, de acuerdo con la ley, con carácter previo a que se materialice la demolición, tal y como fue instado ante el tribunal que conoce de la ejecución”,

Me alegra mucho que hoy unas humildes familias puedan dormir con un poco más de tranquilidad, gracias al esfuerzo de los que han ayudado a erradicar esta injusticia, a los que en el nombre de los afectados me permito darles las gracias.