La conocida como ‘Operación Deluxe’, rebautizada posteriormente como
‘Operación Luna’, entra en una fase decisiva casi una década después del inicio
de las investigaciones. La Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la
causa contra David Valldeperas y otros extrabajadores del programa Sálvame,
al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación
penal.
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| David Valldeperas / Mediaset |
El procedimiento judicial, que durante años ha centrado la atención
mediática por su alcance en el mundo del entretenimiento, se encuentra ahora en
un punto de inflexión. El Ministerio Público ha presentado un escrito ante los
juzgados de Madrid en el que pide el sobreseimiento para Valldeperas, quien
fuera director del popular formato televisivo de Telecinco, así como para
Miguel Menaut, Isaac Pulido y María Victoria Laseca. A ellos se suma una quinta
persona, María Pasqual, también sin acusación formal.
Esta petición se alinea con la evolución del caso, que ha ido perdiendo
peso a medida que avanzaban las diligencias. El magistrado encargado de la
instrucción, Marcelino Sexmero, ya había ido descartando distintas líneas de
investigación para centrar el foco en un presunto delito de revelación de
secretos, dejando atrás otras hipótesis iniciales como el cohecho.
Cabe recordar que el auto judicial situaba inicialmente en el centro de la
causa a las productoras La Fábrica de la Tele y Mediaset, junto a varias
personas físicas, entre ellas el policía Ángel Jesús Fernández Hita y el
paparazzi Gustavo González. Según las investigaciones, el agente habría
facilitado documentación policial confidencial —incluyendo atestados y fichas—
que posteriormente habría sido utilizada con fines informativos en televisión.
La defensa de Valldeperas ha mantenido desde el principio que su
implicación carecía de fundamento. En su recurso, presentado en 2025, su
abogado argumentó que el nombre “David” que aparecía en conversaciones
intervenidas no hacía referencia a su cliente, quien —según sostuvo— es
habitualmente identificado por su apellido en el ámbito profesional.
La causa, que llegó a contar con más de un centenar de famosos afectados,
ha visto también reducir significativamente el número de acusaciones
particulares. Entre quienes se personaron en el procedimiento figuraban nombres
conocidos como Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Omar Montes, aunque la dimensión
inicial del caso se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.
El origen de la investigación se remonta a abril de 2017, cuando la Unidad
de Asuntos Internos de la Policía detectó una supuesta trama iniciada años
antes, en 2009. Desde entonces, el caso ha atravesado diversas fases y
redefiniciones, en un proceso judicial complejo que ahora podría resolverse
parcialmente con el archivo de varias imputaciones.
A la espera de la decisión judicial definitiva, la petición de la Fiscalía supone un giro relevante en una de las causas más mediáticas de los últimos años en el ámbito televisivo español.
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