Titulares maliciosos con estadísticas irrelevantes

Francisco

Sánchez

Sorprende que, en tiempos de clickbait, cuando los titulares suelen ocultar la esencia de la noticia para rascar visitas a costa de la ambigüedad, aparezcan algunos deliberadamente explícitos. Me refiero a una noticia publicada en Diario de Almería, la pasada semana, cuyo titular decía Almería: la población extranjera es responsable de casi el 40% de las condenas. A simple vista, parece una alerta inequívoca sobre criminalidad extranjera. Sin embargo, el dato encierra más sesgos de los que revela y, sobre todo, se presta a interpretaciones racistas si no se contextualiza.

Cuando se ordena cualquier dato por magnitud, siempre habrá un primer y un último puesto. Si clasificamos las provincias españolas por el tamaño medio de la nariz de sus habitantes, una encabezará la lista y otra la cerrará. Nadie sensato buscaría explicaciones étnicas, culturales o morales a esa “desigualdad”. Con los delitos y la inmigración, muchos caen en esa trampa lógica. El orden numérico no demuestra una causa subyacente. En estadística, el orden no es explicación, solo describe una distribución.

Toda distribución social o criminal presenta, inevitablemente, sobrerrepresentaciones e infrarrepresentaciones. En casi todos los delitos violentos los hombres están sobrerrepresentados respecto a las mujeres, pero a nadie se le ocurre expulsar a los varones de la sociedad. En cambio, en infanticidios y envenenamientos aparecen más mujeres y tampoco por eso se estigmatiza a todas. Los hurtos y el vandalismo concentran jóvenes; los fraudes fiscales, adultos con poder económico. Del mismo modo, en España ciertos grupos, como los gitanos, han estado sobrerrepresentados en estadísticas de hurtos o drogas por desigualdades históricas y marginación, no por una supuesta predisposición biológica al delito.

El uso selectivo de categorías para generar alarma es evidente. Si clasificamos las provincias por tasa de violaciones per cápita, una tendrá que ser la “peor”. ¿Propondríamos expulsar a sus habitantes? Sin embargo, cuando se usa “extranjeros” como etiqueta, el titular sugiere que la nacionalidad es la causa, omitiendo factores sociales, económicos e incluso legales, como mayor exposición a controles policiales o menor acceso a defensa jurídica. Además, no distingue entre europeos comunitarios y extracomunitarios, latinos, asiáticos, magrebíes o subsaharianos; tampoco entre hombres y mujeres. Las mujeres —también entre inmigrantes— delinquen menos que los hombres. ¿Deberíamos expulsar a “extranjeros” y dejar a “extranjeras”? La agrupación indiscriminada invita al lector a rellenar el vacío con prejuicios, sugiriendo subliminalmente que el problema es “musulmanes o africanos”, cuando el dato podría incluir mayorías de otras latitudes.

Esta manipulación de la percepción se agrava por un doble rasero. Sobrerrepresentaciones que no incomodan, como la de los hombres en asesinatos o la de españoles en delitos de corrupción, pasan desapercibidas. Lo mismo con las personas mayores en estafas piramidales. En cambio, cuando un grupo ya estigmatizado aparece en un dato parcial, la alarma se dispara. Esa asimetría revela más sobre nuestros prejuicios que sobre la realidad.

La criminología y la estadística social advierten que los delitos se relacionan con desigualdades estructurales, marginación y factores socioeconómicos, no con rasgos innatos de un grupo. Usar cifras parciales para avivar miedos es estadística maliciosa. Igual que un ranking de narices no prueba teorías biológicas, un porcentaje aislado no prueba la culpabilidad de una comunidad. Cada vez que un titular destaca a un grupo como “sobrerrepresentado” en el crimen, conviene preguntarse: ¿hay contexto? ¿hay comparación justa? ¿o solo se usa la estadística para apuntalar prejuicios? La responsabilidad social exige mirar los números críticamente y no convertirlos en armas de exclusión.

Los periodistas son los primeros que deberían tener claro que, en un Estado de derecho la responsabilidad penal es individual. Un delito no “pertenece” a un sexo, una nacionalidad o una etnia; lo comete una persona concreta y solo ella responde. Señalar a una comunidad por los actos de algunos de sus miembros es incurrir en falacia ecológica (atribuir al conjunto lo que observas en una parte) y vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la presunción de inocencia (art. 24 CE). Además, esa generalización distorsiona la estadística: cuando agrupas por etiquetas amplias (“extranjeros”, “gitanos”, “jóvenes”) mezclas realidades sociales muy distintas y confundes correlaciones con causas, alimentando estigmas que empeoran la integración y, paradójicamente, pueden aumentar el riesgo delictivo. Como dijo Macarena Olona en otro contexto, no viola “un hombre”, viola un violador; del mismo modo, no delinque “un extranjero”, delinque un delincuente. La política pública sensata se centra en personas y situaciones concretas (factores de riesgo, oportunidades delictivas, apoyo social y control efectivo), no en castigos o sospechas colectivas que solo sirven para fabricar chivos expiatorios.