Lo que está ocurriendo en la Diputación de Almería no es solo un escándalo judicial. Es un escándalo político. Lo que hemos conocido a través de la investigación del caso ‘Mascarillas’ pone en cuestión la ética de quienes han tenido responsabilidades directas en la gestión de fondos públicos en nuestra provincia durante uno de los momentos más duros de nuestra historia reciente: la pandemia. Que la Guardia Civil sospeche que un vicepresidente provincial del Partido Popular, Fernando Giménez, pudo ser uno de los beneficiarios de una comisión del 10 % -en un contrato de más de dos millones de euros para comprar mascarillas y guantes- es algo que debería hacer reaccionar de inmediato al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Y, sin embargo, lo que tenemos es silencio. Un silencio atronador, vergonzoso e indigno de una institución que representa a todos los municipios de esta provincia.
Durante el estado de alarma, los almerienses confiamos en que se estaba actuando con responsabilidad, con eficacia y con honestidad. Ahora descubrimos que en un chat llamado “Naranjito” algunos de los máximos responsables de la Diputación gestionaban decisiones críticas y que, en conversaciones privadas, hablaban con un lenguaje velado de “tallas” o “guantes”, que los agentes interpretan como claves para hablar de comisiones ilegales. Es simplemente intolerable. Y lo más grave es que el presidente de la Diputación no puede alegar desconocimiento. No solo formaba parte de ese grupo de WhatsApp, sino que es quien designó a esas personas para estar al frente de las compras.
Él tiene que asumir su parte de responsabilidad. No puede esperar a que los tribunales dicten sentencia para actuar políticamente. Porque la justicia puede tardar, pero la política exige respuestas inmediatas. Desde el PSOE de Almería exigimos explicaciones claras. ¿Sabía Javier Aureliano lo que se estaba cocinando en su equipo durante la pandemia? ¿Por qué se adjudicó directamente un contrato con evidentes sobrecostes? ¿Cómo es posible que, después de las primeras irregularidades, se mantuviera a los implicados en sus cargos? No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a exigir responsabilidades en todos los niveles. Porque esto no va de siglas, va de dignidad institucional. Va de respeto a las personas que sufrieron, que perdieron seres queridos, que confiaron en sus gobernantes. Va de proteger el buen nombre de nuestras instituciones. Y eso, señor García, empieza por hablar claro y asumir responsabilidades.
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