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La afiliación masiva al PSOE de la capital puede terminar en los juzgados

Simón Ruiz
La Voz

La polémica por las afiliaciones masivas en el PSOE de la capital en plenas primarias para elegir al candidato o candidata a la Presidencia de la Junta podría derivarse en una batalla de carácter orgánico y también judicial. Después de conocerse que cerca de 200 militantes socialistas se han inscrito en el censo oficial coincidiendo con ese proceso de primarias, el caso ha llegado hasta la Comisión Regional de Garantías Electorales, del PSOE de Andalucía, que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas internas.

Indalecio Gutiérrez

Al cierre de esta edición, la Comisión no había emitido dictamen alguno al respecto, mientras que el secretario de Organización de los socialistas en la capital, el diputado Indalecio Gutiérrez, sostiene que la inscripción de decenas de militantes se ha hecho conforma a estatutos “en tiempo legal”. 

Gutiérrez Salinas explicó ayer a este periódico que las solicitudes de afiliación se enviaron antes de la convocatoria formal de las primarias, aunque no quedaran registradas de forma oficial hasta días más tarde. El secretario de Organización de la Agrupación Municipal del PSOE dijo estar en posesión de un informe del Departamento Federal de Atención al Militante (DAMYC) que valida sus declaraciones.

Reconoce que desde la Ejecutiva Municipal se tramitaron de golpe 146 altas y 3 traslados de militancia “de forma legal” y 35 fichas desde la Ejecutiva Provincial, “también dentro del plazo fijado” en el proceso de elecciones primarias. Así las cosas, la polémica pasa ahora por conocer la resolución de la Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía. 

No tiene este órgano la última palabra en el conflicto interno en la agrupación socialista más numerosa de la provincia, sino que pueden interponerse recursos ante la dirección federal, en este caso ‘controlada’ por la corriente sanchista. Fuentes cercanas a la dirección provincial han terciado en la polémica y han subrayado que existen pruebas de modificación de fechas de inscripción de los nuevos militantes. 

Si los órganos correspondientes no corrigieran el censo actual (más de 1.000 militantes frente a poco más de 800 antes de las primarias), el siguiente paso sería acudir “a la justicia ordinaria”, pues se considera que las presuntas irregularidades tienen base como para que se les dé la razón a quienes han alegado por el “censo irregular”. 

A lo largo del día de ayer no hubo pronunciamientos al respecto ni por parte de la dirección regional (la actual secretaria general es Susana Díaz), ni por la federal, que tiene como referente a José Luis Ábalos como secretario de Organización. 

El Departamento de Atención a la Militancia (DAMYC) ya tuvo que intevenir en una controversia muy similar a la de ahora en la primavera de 2018, cuando el censo de la Agrupación Municipal de Almería capital también se ‘infló’ de manera considerable. 

En aquella ocasión se reconocieron abiertamente irregularidades y hubo que anular inscripciones en el censo. Entonces, los protagonistas de las primarias eran también de dos facciones: la susanista (Juan Carlos Pérez Navas) y la sanchista (Adriana Valverde Tamayo).

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