Ninguno de los dos alcaldes que ha tenido el Ayuntamiento en estos últimos años de mandatos del PP se ha molestado en explicar que, tarde o temprano, llegaría el momento en que tendría que ejecutarse el acuerdo firmado en su día para la entrada de la Alta Velocidad en la ciudad. Sólo hace unas semanas escuchamos al actual mandatario popular quejarse de la participación económica del Ayuntamiento.
Para descubrir las claves de lo que está sucediendo hay que remontarse al año 2008, cuando el entonces alcalde de Almería suscribió el protocolo de actuación para el soterramiento del ferrocarril con el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dos años más tarde, el Ayuntamiento de Almería, también bajo mandato del PP, rubricó el convenio del colaboración, ratificando dicho protocolo.
En ese momento, el alcalde se comprometió a aportar 30 millones de euros, de los 244,16 en los que se valoró el proyecto, quedando para el Gobierno 97,47 millones, para la Junta de Andalucía 18 millones y el resto a cuenta de los aprovechamientos urbanísticos generados. Y ello, siempre bajo la hipótesis más optimista de inversión y teniendo en cuenta que, si el proyecto, al discurrir de los años, se encarecía, la aportación de cada una de las partes integradas en ‘Almería Alta Velocidad’ también subiría.
Pero los tiempos cambian y los costes suben. El PP ha mareado tanto la perdiz con el AVE que, en la actualidad, ninguna de las dos alternativas que se barajan, con sus correspondientes dos opciones cada una para llevar a cabo el soterramiento, se ajustan a esa cifra y van, desde la más barata de 323 millones hasta la más ambiciosa de 443 millones. Es decir, ni la opción más sencilla se ajusta a la previsión económica inicial, lo que confirma que nuestra aportación al soterramiento será superior a la esperada.
En su momento se acordó aliviar su aportación económica incorporando los recursos generados por la construcción de varios bloques de edificios sobre los terrenos que quedarían liberados. No en vano, en dicho convenio se estableció que Ayuntamiento y Junta tramitaran y aprobaran un Plan Especial de Sistemas Generales, de acuerdo al PGOU, para proporcionar a esos terrenos una edificabilidad mínima de 125.638 metros cuadrados, como así se hizo.
Teniendo en cuenta que ésa era la edificabilidad mínima, nos preguntamos cuántas torres más será preciso construir para pagar esta patata caliente que recibió el alcalde de su predecesor popular. Incluso en el propio Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Rajoy, vigente hasta 2024, quedó reflejado que los soterramientos “son obras de carácter urbanístico, por lo que deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales y Autonómicas”. No hay escapatoria.
A ello debemos sumar la realidad económica de nuestro Ayuntamiento, a consecuencia de años de mala gestión, hasta el punto de que, mientras otros ayuntamientos de España han utilizado sus remanentes de tesorería para hacer frente al COVID, en Almería el alcalde ha tenido que destinarlos a pagar condenas.
La realidad es que estos años de mandatos del PP han sido lesivos para los intereses de los almerienses. Negociaron para la ciudad un soterramiento que ahora no pueden asumir, con la ilusa idea de que nunca llegaría a materializarse, llegando incluso a asegurar que no se haría “ni en Almería ni en Vladivostok”. Nunca creyeron en ello y ahora, que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha impulsado como nunca las obras del Corredor Mediterráneo y que el soterramiento en El Puche está casi terminado, acaban de descubrir que era cierto.
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