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8 días de abril

Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería

Jueves 18 de abril. Detención del abogado del Estado en Almería. Amanece radiante. Uno de esos días límpidos y cristalinos de Almería cuando no hace viento. Pero el vendaval se está formando y muy pocos lo saben. Antes de que las cafeterías del Paseo y Nuevos Ministerios empiecen a llenarse de funcionarios y empleados de oficinas para el cafelito y la tostada de media mañana, un puñado de personas (muy pocas) en puestos clave reciben un aviso absolutamente confidencial. La Guardia Civil ha detenido al abogado del Estado Demetrio Carmona del Barco, 54 años, hijo de una numerosa familia bien de Loja (Granada), letrado que ha hecho carrera en la Administración como abogado jefe del Estado, es un personaje tan familiar en los círculos políticos, empresariales, judiciales y sociales almerienses como esquivo en imagen mediática. Bien plantado, exquisito en las formas y de trato agradable, emparentado por matrimonio durante más de una década con uno de los apellidos de más lustre de la ciudad. Un tipo con todo a favor. No es ningún secreto su conocida afición a los negocios, que le llevó a unirse en sociedad a un conocido empresario del Almanzora, con el que acabó tarifando.

Ultimamente, la estrella de Demetrio Carmona había empezado a declinar. En 2008 fue apartado de la Comisión Provincial de Urbanismo, aunque se evitó presentarlo como un cese. En enero de este año, en medio de un complicado divorcio, es cesado como jefe de los servicios jurídicos del Estado en la provincia tras 25 años en el cargo, y se le destina a Granada. No se dio ninguna publicidad a este cambio, y cuando la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha tenido que hablar de él lo ha hecho en términos que no ocultan una pérdida de confianza.

El jueves 18 de abril, Carmona pasa varias horas en la Comandancia de la Guardia Civil, donde le interrogan por un asunto que –se empezará a conocer y sólo superficialmente días después- a los ojos de la gente corriente se antoja algo turbio y rocambolesco. Una historia truculenta relacionada con unos presuntos activos iraquíes, unos falsos agentes del CNI y un empresario que denuncia. Un asunto feo. No es el único detenido. Otros tres hombres, entre ellos su abogado y amigo Rogelio Vargas, el roquetero José Abad y el mojaquero José I. Flores también son arrestados.  En Madrid hay otras dos detenciones (uno es José A. Mateo, almeriense residente en la capital) y una más en Málaga. La operación se bautiza como Tres Reyes.

Los protagonistas
A mediodía, todavía la noticia se mantiene en círculos muy reducidos. El secreto es máximo. A las nueve de la noche, LA VOZ DE ALMERÍA adelanta la información en su edición digital. A esa hora, Demetrio Carmona y Rogelio Vargas ya están fuera de la Comandancia, en libertad a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.  No así los otros detenidos en Almería, que declararán dos días después, el sábado 20, ante la magistrada [para Abad y Mateo habrá auto de prisión sin fianza. Para Flores, prisión con fianza].

Al final de la noche, LA VOZ contacta telefónicamente con Carmona. Responde, aunque se le nota enfadado: “Es muy grave lo que ha pasado. Solo se ha filtrado mi nombre. Aquí el perjudicado soy yo”. ¿Quién está detrás de todo esto?”, inquiere, vehemente.  Todavía, a día de hoy, no ha declarado en el Juzgado, aunque es previsible que lo haga en breve.

Martes, 23 de abril. Condena al exalcalde de Zurgena. Era cuestión de tiempo que los lances judiciales del exalcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), empezaran a tener desenlace. El nombre de Trabalón, y del que era su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, están asociados desde 2008 al nombre de Costurero, como fue bautizada la operación de la Guardia Civil que desencadenó su detención en abril. Justo cinco años después, el Juzgado de lo Penal número 2 dicta la primera sentencia de los varios procesos contra Trabalón por permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable a sabiendas de que eran ilegales.

Cerca del mediodía de este pasado martes, la información llegaba a todas las redacciones: una condena de 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por una promoción de 21 casas en Los Carasoles. Al ser de menos de dos años, el exalcalde no tendría que entrar en prisión. Otra cosa es la inhabilitación. Porque Trabalón ejerce actualmente como concejal de Urbanismo en Zurgena y el apoyo de su partido permite al PP gobernar en ese municipio.

Las repercusiones políticas estaban servidas. El secretario provincial del PP, Javier Aureliano García, desvincula el pacto de las personas, y no está dispuesto a romper la alianza. Trabalón dice que recurre y que no dejará su cargo. Todavía le espera una petición de 180 años de cárcel y 10 de inhabilitación por Costurero.

Miércoles, 24 de abril. Estalla el caso de los cheques de Medio Ambiente. El mismo martes, mientras la atención política y mediática vive acaparada por la condena al exalcalde de Zurgena, otro asunto peliagudo está a punto de ver la luz. Algunos periodistas reciben un `pitazo`: la Junta de Andalucía ha presentado una denuncia en los juzgados por el presunto robo de unos 300.000 euros en cheques al portador, extraídos de una cuenta en la que aún tenía firma el que fuera delegado de Medio Ambiente entre julio de 2008 y julio de 2010, Clemente García Valera. LA VOZ abre su edición del miércoles con esa impactante noticia.

A las diez de la mañana, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, es preguntada por el asunto en una convocatoria pública. Confirma que ha sido el propio delegado de Medio Ambiente actual, José Manuel Ortiz, quien ha presentado la denuncia ante los tribunales y que se trataba de una cuenta no fiscalizada por la Intervención. La investigación interna y la decisión de actuar fueron rápidas: en apenas una semana, ya se había hecho un informe y se había puesto el asunto en manos de los juzgados. Fue entre finales de enero y principios de febrero, aunque se ha sabido ahora.

En los pasillos de las delegaciones de la Junta, sobre todo la de Medio Ambiente, no se habla de otra cosa. El asunto se convierte en tema de conversación (y lo será para varios días). Durante casi cuatro años, una cuenta que nadie controlaba, en la que se ingresaban las tasas por aprovechamientos de recursos públicos forestales, había sido sometida a continuas retiradas de dinero, no se sabe con qué destino, con la firma de un exdelegado (llamado a declarar ya como imputado), un exsecretario (Augusto Segura) y un funcionario (Miguel Gallardo).

Había talonarios que se habían quedado firmados y más de un centenar de cheques al portador habían sido cobrados de manera regular. Todos, por cantidades inferiores a 3.000 euros, para eludir la identificación del portador. Todos, menos dos. Uno de ellos, de más de 40.000 euros, destinado a un pago a una empresa de Almería. El asunto lo usa el PP como munición política. Los populares lo tildan de “escándalo” y el PSOE hace valer el argumento de la rapidez en la actuación como ejemplo de transparencia.

Jueves, 25 de abril. Las facturas falsas del Patronato de Turismo. La ‘tormenta’ por el caso de los cheques se mezcla en cuestión de horas con otra de no menores dimensiones. Cuando, en la rueda de prensa semanal, el vicepresidente de Diputación Javier Aureliano García (PP) anuncia que la Fiscalía ha decidido pedir la imputación a su antecesor en el cargo, Luis Pérez Montoya (PSOE), por delitos continuados de malversación y falsedad en documento público, sabe -a buen seguro- la polvareda que va a desencadenar. El motivo: la existencia de facturas falsas de gastos por viajes no realizados o correspondientes a otros conceptos en el Patronato de Turismo, mientras Pérez Montoya era el responsable de ese organismo. La denuncia había partido del propio PP, unos meses antes. En el ‘lote’ iba también el exgerente de la entidad, para el que la Fiscalía pide igualmente la imputación.

Viernes, 26 de abril. PSOE y PP se enzarzan en la guerra política. Todos los casos sometidos a investigación judicial se convierten en carnaza política, para unos y otros. El pasado viernes fue un día muy largo y muy movido en los despachos de los dirigentes provinciales de PP y PSOE.

Hay quien intenta llevar el tema de la operación Tres Reyes desde el ámbito estrictamente judicial al político y refieren los presuntos contactos de Demetrio Carmona y otros protagonistas del caso con destacados dirigentes del Partido Popular de Almería, con su presidente, Gabriel Amat, como principal nombre. El secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, le pide explicaciones. También se las pide Izquierda Unida. Amat reacciona con indignación, como pocas veces se le escucha: “Sánchez Teruel debería tener más vergüenza política”, espeta.

Mientras, su ‘mano derecha’, el secretario general del PP y vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, se enfrentaba al exgerente del Patronato, Francisco Iglesias, quien le acusaba de haber callado durante año y medio el asunto de las facturas por interés político.

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