Gana la banca, pierden las personas

Emiliano Domene Fernández

Consejo Provincial de IU Almería

El pasado 9 de mayo se publicó la sentencia del Tribunal Supremo, declarando la nulidad de las cláusulas suelo hipotecarias de tres entidades bancarias, con especial repercusión en Almería al ser una de éstas Cajamar, cuya cartera representa más del 50 % de las hipotecas de nuestra provincia -las otras son BBVA y NGC-, por no cumplir con los especiales requisitos de transparencia que deben de regir este tipo de operaciones.

Una vez más se demostraba cómo la banca había actuado de mala fe en la comercialización de un producto con especial importancia al tratarse de contratos  prácticamente de por vida. Lo aberrante del caso es que la misma sentencia declaraba la irretroactividad de sus efectos, impidiendo por lo tanto la recuperación de las cantidades abonadas por los ciudadanos como consecuencia de una clausula declarada nula. Según establece, la recuperación del dinero cobrado indebidamente  generaría  “el  riesgo  de  trastornos  graves  con trascendencia al orden público económico”.

Indefensión. El caso de las cláusulas suelo en las hipotecas se ha convertido en un ejemplo claro de la situación de indefensión en la que estamos los ciudadanos en este país por varios motivos. Los consumidores llevábamos años reclamando a los bancos su anulación, precisamente esgrimiendo y demostrando que hubo falta de transparencia y estos negándolo sistemáticamente. Y resulta paradójico que cuando al fin se demuestra precisamente aquello que reclamábamos, cuando queda demostrado y sentenciado que han actuado de mala fe, como premio se quedan con  todo ese dinero conseguido de forma fraudulenta directamente de los bolsillos de los ciudadanos.

Qué mayor trastorno en el orden público económico puede existir que miles de familias perdiendo su hogar y su futuro, con las triste  consecuencias que desgraciadamente conocemos.

Mala fe. Queda claro que la ley no es igual para todos. Este hecho contraviene entre otros el artículo 1303 de nuestro Código Civil, que establece que, como  consecuencia de la nulidad declarada, deben de restituirse las prestaciones derivadas de la nulidad de la cláusula, más aun teniendo en cuenta que a las entidades condenadas se les atribuye haber actuado de mala fe.

Tampoco encontramos amparo en los poderes públicos, esos que deberían estar al servicio de los ciudadanos. El Gobierno prefiere mirar hacia otro lado y el Banco de España decide no tomar medidas para que se retire la cláusula suelo, pese a las miles de resoluciones “no vinculantes” que emite anualmente en las que declara que la banca ha actuado de forma contraria a las buenas prácticas financieras y con falta de transparencia.

Defensa de los consumidores. Se inhiben de sus responsabilidades y su razón de ser. “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”, dice el articulo 51.1 de la Constitución española.

Con esta forma de proceder se está dando un peligroso mensaje: la banca está por encima de la ley y de los legítimos intereses de los ciudadanos, pueden seguir saqueando la economía de millones de familias, camino que han elegido el resto de entidades que aún no han sido condenadas. A fin de cuentas lo máximo que puede pasarles es que tengan que cesar en sus actos. No tendrán que responder por ellos ni devolver lo ilícitamente cobrado.

Las consecuencias. ¿Quién asumirá las consecuencias de aquellos desahucios generados por la aplicación de esta cláusula ilegal?  Eso sí, banca rescatada con dinero público, dinero de todos,  de los mismos a los que aprieta, y luego ¿alguien se extraña de que haya aumentado la conflictividad social en nuestro país? ¿Lo único que puede hacer el gobierno es promulgar una nueva ley de seguridad ciudadana?

Ataquemos los problemas en su origen. Nosotros y solo nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. ¡Despertemos!