La Diputación, el 'empleador' de los partidos

Joaquín Navarro Imberlón

Exalcalde de Adra por el PSOE

➤ Albert Rivera, de Ciudadanos (Cs), decía que había que suprimir las Diputaciones, que costaban no sé cuántos miles de millones de los impuestos de los españoles y no servían para casi nada. Ahora, que ya tiene poder en esas Diputaciones, cuando le preguntan por esa promesa, mira hacia arriba y silba.

Diputación de Almería (Loa)

Antes de escribir sobre esta Administración provincial quiero dejar muy claro que yo no creo que haya que suprimirla. De lo que sí estoy convencido es que hay que cambiarla, en especial en lo que respecta al modo sobre cómo se eligen su representantes y alguna que otra incoherencia que a continuación les voy a contar.

Desde hace tiempo los escaños de los diputados provinciales son ocupados por concejales que no han conseguido sueldo en sus Ayuntamientos y en la Diputación sí lo obtienen

Desde hace tiempo los escaños de los diputados provinciales son ocupados por concejales que no han conseguido sueldo en sus Ayuntamientos y en la Diputación sí lo obtienen. Es la Administración provincial como segundo plato.

La Ley de Diputaciones dice de las tareas de éstas: la cobertura de insuficiencias y deficiencias de las Entidades locales, preferentemente con población inferior a 20.000 habitantes. Es decir, que se deben “emplear” en los municipios pequeños. ¿No parece incoherente que los presidentes de la Diputación de Almería, todos, han sido concejales del Ayuntamiento de la capital o de Roquetas, los los dos municipios de mayor población de la provincia? Los partidos políticos, ese preferentemente no lo tienen muy en cuenta.

Otra incoherencia: los próximos diputados provinciales del PSOE (cito los de mi partido que es el que conozco) de la comarca del Poniente son concejales de Roquetas, de Vícar y de Adra; los tres, de municipios de más de 20.000 habitantes. Lo coherente, con lo que dice la Ley, debería ser que algunos fueran de Berja, Dalías, Balanegra, La Mojonera, Enix o Felix, que son municipios de menos de 20.000 habitantes, a los que la Ley considera preferentes.

¿Alguien me puede decir cuál es el programa electoral con el que los partidos concurren a Diputación?

Una pregunta sobre otra incoherencia: ¿alguien me puede decir cuál es el programa electoral con el que los partidos concurren a Diputación? Yo nunca he visto ninguno. Tampoco he visto nunca un cartel electoral del candidato a la Presidencia de Diputación. Es más, hasta que no se constituyen los Ayuntamientos no se sabe quién va a ser el candidato. Estas dos últimas circunstancias, al menos para mí, no son cuestiones menores y creo que para los partidos tampoco debería de serlo.

Les pongo un último ejemplo de esa incoherencia, aunque hay más: he visto con más frecuencia de la que quisiera inversiones de la Diputación en municipios grandes de nuestra provincia que, si se las dijera (no lo digo para no molestar a esos municipios), se sorprenderían y estoy seguro que, como a mí me ocurre, también se enfadarían al comprobar el destino de esa inversión y en qué se gasta el dinero de los contribuyentes una Administración a la que se le supone y sobre la que la Ley le dice que preferentemente deben atender las necesidades básicas y sociales en los municipios pequeños (menos de 20.000 habitantes).

Creo que las Diputaciones deben de estar gestionadas, al menos en una mayoría, por representantes de los pueblos en los que tienen realizar sus tareas, o sea, los menores de 20.000 habitantes

Como les decía al principio, las Diputaciones las veo necesarias, pero, como dice la Ley, para aquellos municipios pequeños en los que la economía de escala es fundamental para poder prestar los servicios básicos y para aquellas inversiones que sin la Diputación serían inasumibles económicamente por los exiguos presupuestos de esos Ayuntamientos. Por ello creo que las Diputaciones deben de estar gestionadas, al menos en una mayoría, por representantes de los pueblos en los que tienen realizar sus tareas. Lo que requeriría una elección directa, donde se puedan ver las caras de los aspirantes a diputados antes de votar y los programas que los distintos partidos políticos tengan para la provincia.

Esto sería muy fácil de hacer solamente colocando una urna más en las mesas electorales de las elecciones municipales. Así que no se incrementarían los gastos electorales y la Diputación dejaría de ser el segundo plato y el empleador de lo que sobra en los Ayuntamientos, respetando aquellas honrosas excepciones que siempre pueda haber.

La provincia

Julio Llamazares

Escritor y periodista / El País

Se lo escuché a Joaquín Sabina en una entrevista televisiva que le hizo Fernando Sánchez Dragó. Contó el cantante ubetense que, cuando se murió su padre, un antiguo comisario policial, él pasó los últimos días acompañándolo y que, justo antes de morir, su padre recuperó la conciencia brevemente, como suele ocurrir con los moribundos, y le hizo un gesto para que se aproximara a él. Pensé —contaba Joaquín Sabina a Dragó— que me iba a decir esa frase que cierra toda una vida, ese consejo postrero que todos hemos oído en el cine o leído en las novelas, del tipo “hijo, nunca te fíes de una pelirroja” o “júrame que serás feliz”, y, efectivamente, el padre de Sabina así lo hizo, sólo que su última frase, sin duda inducida por la medicación, no pudo ser más desconcertante: “Digo yo que de dónde sacarán el dinero las Diputaciones”.

Diputación de Almería

La frase del padre de Joaquín Sabina (éste se reía al contarla, asegurando que le habría gustado, por supuesto, decir que su padre antes de morir había dicho una frase más memorable, pero que la que dijo fue esa) bastaría por sí sola para que se conservaran las Diputaciones, pero es que además esas instituciones que se crearon en la Constitución de 1836 y cuya financiación yo tampoco alcanzo a entender deberían mantenerse porque son las únicas que se ocupan de unas circunscripciones que cada vez más se parecen a lo que su etimología sugiere: las provincias, del latín pro vinci (para los vencidos).

Cierto que muchas de esas Diputaciones se han convertido en estos últimos tiempos en nidos de corrupción, pero eso ha ocurrido también con los Ayuntamientos y con las autonomías, y que por su estructura se prestan al caciquismo y al tráfico de influencias (¿quién no recuerda a Baltar y a Cacharro, los expresidentes de las Diputaciones de Ourense y Lugo, respectivamente, que ejercían de auténticos padrinos en sus territorios), pero también hay que tener en cuenta que son las únicas instituciones que se ocupan de los problemas del mundo rural, ése tan olvidado por el Estado central y las comunidades autónomas, volcados casi exclusivamente en atender a las grandes áreas urbanas por su mayor rentabilidad política y económica, y de unas circunscripciones, las provincias, que con su desaparición lo único que harían es aumentar la marginación y abandono de sus habitantes, alejados cada vez más de los centros de decisión política.

Que el promotor de la medida sea un partido que se llama Ciudadanos (según el diccionario de la RAE, vecinos de las ciudades) no es casual, como tampoco lo es que las que más les apoyan en su propósito sean las comunidades autónomas, que verían aumentar su poder todavía más.

Las Diputaciones y el PSOE

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

Los militantes del Partido Socialista ratificaron ayer el pacto suscrito con Ciudadanos “para conformar un Gobierno progresista y reformista”. Al no ser una consulta vinculante, será mañana el Comité Federal quien adopte la decisión de dar vía libre o no a esos acuerdos. Es obvio que no se pondrá objeción alguna a lo decidido por la militancia, si bien no faltarán quienes denuncien lo que muchos afiliados consideran como una consulta innecesaria por su ambigüedad e inconsistencia.

El documento suscrito entre el PSOE y Ciudadanos consta de 66 páginas que afectan a cuestiones tan importantes como la democratización de los partidos políticos, la despolitización de las altas instituciones del Estado, la reforma de la Ley Electoral, la transparencia en los contratos públicos, los delitos de corrupción, la limitación de mandatos y la protección de la sanidad y la educación. A pesar de la importancia de esos temas, el mayor espacio del debate, dentro y fuera del PSOE, lo ha ocupado el acuerdo de extinción de las Diputaciones.

 

Diputación de Almería

En el PSOE nunca se ha celebrado un debate en profundidad sobre las Diputaciones. Todas las decisiones que se adoptan en este sentido se hacen de forma improvisada. En la sección de ‘Actualidad’ de la página web del partido aún permanece colgada esta información de agosto de 2011: “Rubalcaba propone sustituir las Diputaciones por Consejos de Alcaldes”. En las elecciones generales de 2015, en cambio, esa cuestión desapareció. Felipe González, el icono ideológico de los socialistas, se ha configurado como el mayor valedor de esa extinción. “Son Administraciones redundantes”, dijo en enero de 2011. “Que las supriman de una vez”, clamaba seis meses más tarde ante los micrófonos de la Ser, “porque no da para eso el país".  Y, en octubre de 2015, en el Foro Económico de Caja Rural del Sur, celebrado en Sevilla, se preguntaba sobre el hecho de contar con cuatro niveles de Administración "cuando en otros países hay tres".

Creo que los españoles hemos sido víctimas de un engaño histórico. Si en su día nos hubieran dicho que la división territorial del Estado en comunidades autónomas iba a ser a costa de suprimir las provincias, posiblemente hubiéramos dicho que no. Si desaparece el organismo que gobierna la provincia, lo que está de más es la propia provincia. Y tengo la impresión de que no es ese el deseo de quienes vivimos alejados del centro de toma de decisiones políticas regionales. Cuestión distinta es la necesidad de reformar las Diputaciones. Es incongruente, por ejemplo, que en su composición directiva tengan más presencia los representantes de grandes municipios cuando son instituciones pensadas para defender los intereses de los pequeños municipios.

Prohibido salirse de Andalucía

Juan Miguel Galdeano Manzano

Portavoz de la Plataforma por Andalucía Oriental

Cerrar el mapa regional y hacerlo irreversible suprimiendo las Diputaciones. Este ha sido el jarro de agua fría que nos ha echado encima Albert Rivera al presentar la propuesta de reforma constitucional de Ciudadanos, dejando de nuevo como huérfanos políticos a ese 40 % de españoles que consideran que el problema está en las todopoderosas comunidades autónomas, sobre todo aquellos que vivimos en provincias cada vez más arrinconadas a mayor gloria de las nuevas capitales autonómicas.

Quiere suprimir las Diputaciones

Al enumerar las 17 comunidades en la Constitución y derogar los procesos para acceder a la autonomía recogidos en artículos como el 143 o el 151, nos condena a continuar sine die con este mapa autonómico, como si las regiones perviviesen siglos y milenios hasta el final de los tiempos. Esto sumado a la manía de liquidar las Diputaciones deja a nuestras provincias maniatadas, resumidas a la inexistencia y encadenadas a Sevilla para siempre.

"Ciudadanos pretende fosilizar todos los desvaríos, inventos y patadas a la Constitución que se realizaron durante la Transición"

No vendría mal ahora recordar otros modelos constitucionales que existieron en España. Por un lado la Constitución de 1812, tan aclamada por Albert Rivera, a quien convendría recordarle que incluía a las Diputaciones por primera vez en nuestra historia, con unas competencias que en su mayoría hoy se encuentran acaparadas por la Junta de Andalucía. Por otro la de la Segunda República, que en su artículo 22 contemplaba la posibilidad de que cualquier provincia pudiese desligarse de su autonomía y volver al poder central si así lo deseaba.

Ciudadanos pretende con estas medidas fosilizar todos los desvaríos, inventos y patadas a la Constitución que se realizaron durante la Transición. En definitiva nos encontraríamos sin Diputaciones, traspasando sus funciones y recursos a las CCAA, más lejanas e ineficientes, sin forma legal de escapar del centralismo sevillano y con unas autonomías marcadas a fuego en la Constitución. Qué fácil fue meternos en este monstruo autonómico de Andalucía y qué difícil va a resultar escapar de él.

¿Pervivirán las diputaciones provinciales?

Ginés Valera

Técnico en Administración Local

 

A propósito de la publicación de la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de Veguerías, en desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña (que estructura la organización territorial básica en Municipios y Veguerías y elimina las cuatro Provincias y Diputaciones) y con independencia de la suerte que corra el más que probable recurso de inconstitucionalidad, se empieza a cuestionar la necesidad de las Diputaciones ante la dinámica expansionista de las Comunidades Autónomas, el adelgazamiento burocrático para reducir déficit mediante la "comarcalización" territorial y la tendencia demográfica, que apunta, a medio plazo, a que la población se concentre en Municipios de gran población o en áreas metropolitanas.

Surgidas en 1812 para "promover la prosperidad" de las 31 Provincias en que se dividió el territorio español, esta institución llega hasta nuestra Constitución, que las blinda jurídicamente al afirmar el Tribunal Constitucional que las Provincias como entes locales, junto con las comunidades autónomas y Municipios, "son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional", De este modo la Constitución proclama que el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Provincias (como agrupación de Municipios y división territorial) y comunidades autónomas, gozando todas entidades de autonomía para la gestión de sus intereses. A mayor abundamiento, la Ley estatal de Bases de Régimen Local de 1985 insistirá también en que tienen personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Añadiendo que son fines propios de la Provincia (cuya gobernanza y administración autónoma corresponde a la Diputación) garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, asegurando la prestación integral y adecuada en la Provincia de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración Local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Enumerando, además, entre sus competencias propias (y las que les deleguen o transfieran), las que les atribuyan las Leyes, coordinando los servicios municipales entre sí para la garantía su prestación, la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica de los Municipios, especialmente los de menor población y capacidad económica y de gestión, la prestación de los servicios públicos de carácter supra municipal o supra comarcal, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás AA.PP. Además de aprobar anualmente un plan provincial de cooperación de obras y servicios, la Diputación deberá asegurarla eficacia, la economía y el acceso de toda la población al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal.

De aquí que desde el Libro Blanco del Comité de las Regiones se impulse la necesidad de contar con la colaboración de los Entes regionales y locales para llevar a cabo la denominada "gobernanza nivel", garantizando los principios de apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

Adelantar, para cerrar este breve comentario, que el legislador andaluz ha puesto la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal (que resulta fortalecida) en la Ley 5/2010, de 11 de junio, pues con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, se garantizan a las Diputaciones las competencias de asistencia que la Provincia presta a los Municipios, por sí o asociados, asignándole competencias "propias", como la gestión de las funciones de la coordinación municipal, la asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios y planes, formación (como el Máster en Derecho y Administración Local que ha puesto en marcha el Instituto de Derecho Local Almeriense) y apoyo tecnológico; asistencia económica y material para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.

La asistencia provincial podrá ser obligatoria, cuando la Provincia deba prestarla a solicitud del Municipio, o concertada. Por último, tendrán también competencia material en carreteras y archivos, museos e instituciones culturales (v.gr Instituto de Estudios Almerienses) de interés provincial.

(elalmeria.es)