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Varapalo a la Junta

José Aguilar
Periodista

Las actas de los 480 consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrados desde 2001 van a dar más vueltas que el baúl de la Piquer. La juez Alaya, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ordenó que se las enviaran, la Audiencia le mandó a ella devolverlas mientras se dirimía el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta y ayer el Tribunal Supremo puso el punto final al periplo decretando que deben ser remitidas a la instructora.

La resolución del Supremo (más exactamente, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción integrado por magistrados del TS y consejeros de Estado) constituye un nuevo varapalo al Gobierno andaluz. Cierto que reprocha a Alaya que tardase tanto en tramitar el conflicto jurisdiccional que le presentó la Junta, pero sobre el fondo de la cuestión su dictamen es rotundo: las actas de las reuniones oficiales del Ejecutivo autonómico son públicas y no tienen carácter reservado. Todo lo más, si existe alguna documentación declarada secreta, se puede hacer una excepción aportando al tribunal que las pide una exposición razonada de esa reserva concreta. Pero esta posibilidad ya la había contemplado la juez en uno de sus autos.

Así pues, Mercedes Alaya está legitimada y avalada por la más alta instancia judicial para acceder a todas las actas e investigar a través de ellas si el Gobierno andaluz fue consciente en algún momento de la existencia de una trama dedicada a favorecer a familiares y amigos del poder socialista incluyéndolos -los famosos intrusos- en expedientes de regulación de empleo financiados con dinero público para empresas en las que nunca habían trabajado.

Esto tiene una enorme significación desde el punto de vista político, porque no es lo mismo que la red presuntamente corrupta terminase en el ex director general de Trabajo de la Junta o que fuera conocida, al menos, por los dos consejeros de Empleo que lo tuvieron a sus órdenes, y no digamos si se puede demostrar la connivencia de todo el Gobierno andaluz alertado por la Intervención General de las prácticas irregulares que se estuvieron desarrollando con los fondos destinados a ayudar a empresas en dificultades. El nivel de los imputados en el caso subiría bastante, y el grado del escándalo público, más aún.

Siempre pensé que la petición de la juez Alaya apuntaba a una especie de causa general contra el socialismo gobernante y que parecía más lógico que su demanda de actas se limitase al ámbito investigado (por ejemplo, los acuerdos relativos a los ERE o, incluso, todas las resoluciones procedentes de la Consejería de Empleo). Pero, bueno, el Supremo tenía la última palabra, y ayer la pronunció con claridad y sin ambages: todas las actas para la juez.
(Diario de Sevilla)

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