El cupo de tomate, predicar y dar trigo

Antonio Lao 

Director de Diario de Almería 

 

Antes incluso de que se firmara el acuerdo agrícola de la Unión Europea con Marruecos, los sindicatos avisaban de la incapacidad, por omisión, de los responsables comunitarios de controlar la entrada de tomate del país norteafricano. La realidad les ha venido a dar la razón a las primeras de cambio. En el primer año de aplicación del nuevo convenio, la agricultura marroquí está incumpliendo el cupo de entrada de tomate, sin que nadie o casi nadie de los que de verdad tienen capacidad para hacerlo, sean capaces de poner coto al coladero en el que se han convertido las fronteras comunitarias.

Coag ha cifrado las pérdidas para los agricultores de esta provincia en cuatro millones de euros semanales, que se pueden convertir en 200 al final de campaña. Al margen de cifras -exageradas, cortas o realistas- lo cierto es que como ya ocurría con el Gobierno de Rodríguez Zapatero nadie o casi nadie está moviendo un dedo por evitar el descalabro.

Y es que la realidad es que a nadie en Europa le interesa poner coto, porque se ha conseguido bajar el precio del kilo de tomate. Los consumidores europeos tan contentos y los agricultores de Almería fastidiados. ¿A quién le importan unos miles de trabajadores del campo de una provincia española, Murcia y Canarias, cuando los beneficiados por los bajos precios son millones de europeros? A casi nadie. No le importó a los ministros del ramo de PSOE y tampoco parece que el actual, Miguel Arias Cañete, le de más trascendencia de la necersaria.

En su visita a Bruselas y leyendo sus declaraciones, más bien parece que ha tratado de poner morritos y que apenas se le oiga en su defensa de los intereses españoles, en vez de dar un puñetazo en la mesa y obligar a las instituciones comunitarias a respetar a pies juntillas el cupo. Es lo firmado ¿no? Y es que cuando estaban en la oposición la beligerancia popular era extrema contra nuestro vecino del sur y contra el gobierno socialista y ahora, cuando las tornas han cambiado, parece que aquellos lodos se han convertido en simples barros de poca mancha. Y es que ya saben que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Increíble: falta un mes y medio para el concierto de Bisbal en Sevilla… y no quedan entradas

Emilio Ruiz 

www.emilioruiz.es  

Como diría el propio Bisbal, esto es in-creíble: falta un mes y medio para que el almeriense ofrezca su concierto en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), y ya están agotadas todas las entradas. La promotora del concierto, Universal Music, se ha llevado una gran sorpresa, pues no es habitual una demanda con tanta antelación.

David Bisbal

¿Y a qué se debe esta fiebre probisbalera? La gira triunfal por Londres y Nueva York ha elevado notablemente el atractivo de David Bisbal. Si a ello añadimos que su nueva compañera es una sevillana, Raquel Jiménez, muy querida en su tierra, y que el almeriense tendrá como compañera de actuación a otra gran cantante, la almeriense-cordobesa India Martínez, los ingredientes son propicios para conducir el acto hacia el éxito.

David Bisbal se presentará en enero en Sevilla tras dejar atrás una enorme estela de éxitos. El auditorio Fibes de Sevilla se inauguró el pasado 12 de septiembre con el espectáculo 'Camarón, 20 años'. Los últimos conciertos han sido los de Vanesa Martín, Raphael y Fito & Fitipaldis.

El recorte que nos faltaba

Federico Muela 

Presidente de Fadeco 

 

En situaciones de hambruna generalizada, el objetivo consiste en lograr, y en lo posible asegurar, la supervivencia de los afectados, sin atender a una alimentación equilibrada, a la disminución del colesterol o a controlar la diabetes. Con ser muy importante la salud de las personas, lo urgente e inaplazable es evitar la muerte por inanición, lo que resulta más ardua tarea cuando escasean alimentos y medios materiales para la atención.

 

Costa de Almería

La crisis que viene devastando a España desde hace varios años, muy acusada en Andalucía, se está ensañando con el empleo y además mina cualquier iniciativa que impulse, aunque sea tímidamente, la actividad económica. En este contexto desolador en el que las empresas que aún no han echado el cierre intentan como pueden mantenerse a flote, la Junta de Andalucía no solamente no pone medios de auxilio, sino que impide que los afectados se aferren a los salvavidas para no ahogarse.

El Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, que el Ejecutivo autonómico acaba de aprobar, por sorpresa, sin consulta ni comunicación previa alguna, frena toda iniciativa de actividad en curso o en ciernes que podría aliviar mínimamente el gravísimo, si no agonizante, estado del sector de la construcción en nuestra comunidad, el cual ha sido desde hace decenios principalísimo motor de actividad económica y creación de empleo. Pero la Administración regional, no contenta con los ingentes, continuados y crecientes incumplimientos de sus obligaciones y compromisos con el sector (Plan Ola, Plan de Vivienda, impagos de certificaciones de obras...) que lo asfixian, ha decidido acortar su agonía, impidiendo el inicio o prosecución de las pocas actuaciones inmobiliarias ejecutables conforme a la legalidad en los municipios costeros.

Poco importa si con esta decisión entran en liquidación empresas y se eliminan puestos de trabajo; lo relevante es dar satisfacción a no se sabe qué o quiénes, y efectuar una demostración de poder y resistencia frente a resoluciones de otras administraciones, como la del Estado, por cierto principal competente en materia de costas. La desatención a las administraciones locales, a sus compromisos, intereses y aspiraciones, no puede siquiera considerarse una preterición u olvido más o menos culposo, ya que constituye una práctica ampliamente consolidada a lo largo de lustros sea cual sea el signo político del consistorio.

Para ello se invoca una urgente necesidad que, por desgracia, nunca puede ser tal en un momento de recesión e inactividad, y se crea una figura -la denominada protección del Corredor Litoral- sin precedente ni encaje en la normativa actual, especialmente en la Ley de Costas, que comporta una serie de modificaciones legislativas en cadena, forzadamente y sin un estudio previo conjunto y detenido.

El urbanismo y, más aún, la ordenación del territorio, materias imbricadas y de enorme trascendencia económica y social en las que confluyen las más diversas competencias, se han convertido no en un asunto merecedor de la participación de todos, administraciones y ciudadanos, digno de la adopción de medidas objetivas que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que atienda al interés general, a lo que solamente habría de orientarse, sino en un campo en el que desplegar potentes instrumentos reglamentarios capaces de impulsar proyectos dinamizadores, pero también, en muchas ocasiones, cercenar legítimos propósitos o doblegar planificaciones y diseños del adversario apelando a los más variados motivos o a supuestos valores prevalentes.

Estos últimos son escalafonalmente permanentes, ma non troppo, de lo que es exponente el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se produjo una regularización muy generalizada de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en Andalucía, y en el que los valores medioambientales pasaban a un segundo nivel. Ahora se nos dice lo contrario.

Pero lo verdaderamente relevante y lacerante para la mortecina actividad económica andaluza estriba en que, en ese juego de poder y lucha política, las víctimas inmediatas van a ser otras, empresas, trabajadores, ciudadanos de a pie, municipios costeros sin desarrollo, ayuntamientos al borde de la quiebra…, por el momento, pues en plazo no muy largo el perjuicio no tendrá coto.

Tiempo habrá para -sin duda- censurar más concretamente las determinaciones de la nueva normativa y, en su caso, ejercitar los instrumentos legales que pudieran utilizarse frente a su aplicación, pero, superando la primera sensación de estupor e incredulidad, es momento ahora para denunciar por vía de urgencia -aquí sí- la decisión política de la Administración autonómica de Andalucía que, en lugar de efectuar transfusiones al enfermo (pagos debidos) y torniquetes para impedir las hemorragias (pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas), opta por aplicar lazos estrangulantes a su garganta.

El ladrillazo de la derecha

José Luis Sánchez Teruel 

Secretario General del PSOE de Almería 

 

Las primeras figuras del PP de Almería se han dedicado esta semana a la innoble tarea de despotricar contra todo lo que no lleve la firma de su partido, sin preocuparse de si lo aprobado beneficia o no al interés general. La polémica ha venido a cuento, esta vez, de la decisión que tomó el Gobierno andaluz, el pasado martes, de aprobar un decreto-ley de medidas urgentes para proteger los espacios no urbanizados del litoral. Este decreto prevé, entre otras cosas, la elaboración de un Plan de Protección del Corredor Litoral.

 

Costa de Almería

El objetivo de este Plan no es otro que garantizar la protección medioambiental de la franja más próxima a la costa, los primeros 500 metros, pero también su puesta en valor, manteniendo libres de urbanización los espacios que no estén edificados y que no sean necesarios para la normal expansión de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Es decir, al objetivo medioambiental de evitar la pérdida de ecosistemas, hay que sumarle un clarísimo objetivo económico, puesto que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo de primera magnitud para la competitividad de Andalucía.

La creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad, y cerrar los ojos a esta realidad, como pretenden hacer los alcaldes almerienses del PP, no puede interpretarse sino como una evidente muestra de irresponsabilidad al querer volver al modelo del ladrillazo, a ese modelo que ya sabemos a dónde nos ha llevado: a una crisis sin precedentes, de la que no saldremos a lomos de especuladores sin escrúpulos, y que están pagando todos y cada uno de los ciudadanos con más impuestos y recortes de derechos.

El PP se equivoca cuando pretende construir a toda costa. Y, además, falta a la verdad cuando da a entender que la Junta de Andalucía está cambiando, de repente, las normas de juego. El nuevo decreto-ley no suspende ni paraliza el crecimiento de los municipios, como se ha dicho, sino que establece, simplemente, la obligación de que los ayuntamientos adapten sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Por lo tanto, serán únicamente los municipios restantes los que tendrán que esperar seis meses para poder tramitar los suelos urbanizables de su litoral, hasta que se elabore el Plan de Protección del Litoral y se garantice que los desarrollos urbanísticos que quieran acometer cumplen con la ley. Además, la nueva norma facilita y acorta el tiempo en la tramitación por parte de los ayuntamientos de los informes sectoriales necesarios para llevar a cabo estas adaptaciones. ¿Dónde está el problema entonces? Es fácil de adivinar: En el ladrillo y en el cemento con los que tantos negocios ha hecho la derecha y que se resiste a abandonar.

Los plenos de Diputación, un telediario de segunda

Teleprensa 

Editorial 

O se esmeran un poquito más o difícilmente los políticos locales van a lograr enmendar esa desafección que tiene la ciudadanía hacia la política, o más bien, hacia quienes la representan en las instituciones. El pleno de la Diputación de Almería del mes de noviembre, en el que se han aprobado los presupuestos para 2013, ha tenido más tintes de reproducción de telediario que de debate local. Los diputados provinciales parecen emplear más tiempo en memorizar con más o menos éxito las intervenciones de sus compañeros en las Cámaras que en prepararse un discurso propio y, sobre todo, centrado en el ámbito en el que tienen capacidad de acción.

Una vez más, un porcentaje importante de las intervenciones han sido dedicadas a lo que hacen el PSOE y el PP cuando tienen el Gobierno del Estado, quién es más o menos culpable de la crisis, quién 'inventó' el pago de la deuda de los bancos y, sobre todo, quién tiene capacidad moral para enjuiciar al otro cuando y bla, bla, bla... Lo más que acercan el discurso es para comparar las políticas del PP con las que realiza la Junta -aquí, como nunca han gobernado los populares, no pueden retrotaerse a otros tiempos-, así que las administraciones locales tienen que afrontar todos los 'agujeros' y 'lagunas' que deja la administración autonómica, ahora gobernada por PSOE e IU, 'marcada' por el escándalo de los Ere, etc.

Lo triste es que no sólo reproducen el discurso nacional o autonómico, según el caso, sino que además lo hacen con peor verbo y menos gracia, y en muchas ocasiones, lamentablemente, con un tono muy despreciativo hacia el contrincante, cuando no barriobajero. Al final, no es de extrañar que uno se pregunte para qué sirven los debates de los plenos y si son muy necesarias para nuestras vidas algunas instituciones. Hoy ya tenemos un nuevo argumento para una próxima cita: Rajoy no ha cumplido con su promesa de compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación.