¿Por qué jugará el Castilla la fase de ascenso a 2ª y no el Pontevedra?

Juan Folío

@opinionalmeria

La última jornada del grupo 1 de Primera Federación dejó uno de los desenlaces más extraños y polémicos de los últimos años. El Pontevedra celebró sobre el césped de Pasarón su clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División tras empatar en el tiempo añadido ante el Avilés. Sin embargo, horas después, la Real Federación Española de Fútbol confirmó que quien disputará finalmente la promoción será el Real Madrid Castilla.

¿La razón? Un triple empate, distintas interpretaciones del reglamento y una norma federativa que terminó decidiendo la clasificación.

El triple empate que provocó el conflicto

Castilla, Pontevedra y Barakaldo terminaron la liga regular empatados a puntos en la pelea por la quinta plaza, la última que daba acceso al playoff de ascenso.

En un primer momento se entendió que el Pontevedra era el clasificado porque presentaba mejor diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre los tres equipos implicados:

• Pontevedra: +2
• Castilla: +1
• Barakaldo: -3

Con esa interpretación, el conjunto gallego ocupaba la quinta posición y así lo celebró tanto la plantilla como la afición.

La clave: el artículo 29 del reglamento

El problema apareció al aplicarse el artículo 29 del Reglamento General de la RFEF, que establece que los empates múltiples deben resolverse “con carácter excluyente”.

¿Qué significa eso? Que el desempate no se resuelve teniendo en cuenta simultáneamente a los tres equipos hasta el final, sino eliminando primero al peor clasificado de esa mini liga y recalculando después el desempate entre los dos restantes.

En esa clasificación parcial, el Barakaldo quedaba por detrás y salía de la ecuación. A partir de ahí, el desempate pasaba a decidirse únicamente entre Castilla y Pontevedra.

Y en el cara a cara entre ambos, el filial madridista tenía ventaja:

• Castilla 1-0 Pontevedra
• Pontevedra 0-0 Castilla

Es decir, una victoria y un empate para el equipo blanco.

Horas de confusión

La situación provocó un enorme desconcierto durante varias horas. Mientras el Pontevedra celebraba su clasificación, desde distintos ámbitos federativos se analizaba qué criterio debía prevalecer. Incluso hubo cambios y rectificaciones en clasificaciones provisionales antes de conocerse la resolución definitiva.

Finalmente, Competición confirmó que el criterio válido era el recogido en el Reglamento General de la Federación, por encima de las bases particulares de la categoría. Eso dejaba al Castilla como quinto clasificado y equipo con derecho a disputar el playoff de ascenso.

Un desenlace muy polémico

La decisión ha generado malestar en Pontevedra, donde consideran que existían argumentos para interpretar el desempate de otra forma. La sensación en el club gallego es que el ascenso se les escapó en los despachos después de haberlo celebrado sobre el césped.

Así, el Real Madrid Castilla jugará la fase de ascenso a Segunda División en uno de los finales de temporada más polémicos que se recuerdan en Primera Federación.

¿Cierra o no cierra 'Fórmula TV'?

Alba Haro

@opinionalmeria

El pasado marzo, el anuncio cayó como una pequeña bomba en el ecosistema de los medios digitales españoles: la empresa editora de Fórmula TV entraba en concurso de acreedores y distintas informaciones daban prácticamente por amortizada una de las cabeceras históricas de la información televisiva en Internet. El relato parecía claro. Otro medio digital que no había resistido la tormenta de un sector cada vez más precario, más dependiente del clic y más castigado por la caída de la publicidad.

Fórmula TV

Sin embargo, semanas después, cualquiera que entre en la web de Fórmula TV comprobará algo desconcertante: el portal sigue funcionando. Y no de manera testimonial. Continúa publicando noticias, audiencias, entrevistas, vídeos y contenidos sobre televisión y plataformas con una apariencia de absoluta normalidad. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cerró realmente Fórmula TV o no?

Lo primero que conviene aclarar es que un concurso de acreedores no implica necesariamente una desaparición inmediata. Muchas empresas continúan operando mientras intentan renegociar deudas, reducir costes o buscar una salida empresarial. Jurídicamente, por tanto, no hay contradicción. Lo extraño aquí es otra cosa: el enorme contraste entre el dramatismo del anuncio inicial y la continuidad práctica del producto informativo. Porque para el lector común la sensación es desconcertante. Se anuncia el colapso de una empresa, se habla de despidos y final de actividad, y poco después la web sigue viva, actualizada y aparentemente intacta.

Ese fenómeno abre preguntas legítimas sobre el modelo actual de los medios digitales. Preguntas incómodas, pero necesarias. Diversas voces en redes sociales y en el propio sector sostienen que parte de la estructura editorial de Fórmula TV habría seguido funcionando bajo una fórmula más reducida, apoyada en colaboradores externos o antiguos responsables de la publicación. No existe, al menos públicamente, una explicación detallada sobre cómo se articula hoy esa continuidad ni cuál es exactamente la estructura laboral que sostiene el portal.

Y ahí aparece otro elemento inevitable del debate contemporáneo: la inteligencia artificial. No se trata de acusar gratuitamente a nadie de sustituir periodistas por máquinas. No hay pruebas públicas que permitan afirmar algo así en el caso concreto de Fórmula TV. Pero sí es evidente que el desarrollo de herramientas de generación automática de texto está cambiando profundamente el funcionamiento de muchos medios digitales, especialmente aquellos basados en grandes volúmenes de contenido rápido, optimizado para buscadores y producido a bajo coste.

La cuestión ya no es futurista. Está ocurriendo. Cada vez resulta más difícil para el lector distinguir qué parte de determinados contenidos responde a trabajo periodístico tradicional y qué parte puede proceder de automatizaciones, reescrituras o herramientas asistidas por IA. Y en un contexto de crisis empresarial permanente, la tentación de reducir plantillas mientras se mantiene la producción es evidente en todo el sector.

A Mediaset le crecen los enanos

Nuria Torrente

@opinionalmeria

No corren buenos tiempos para Mediaset España. El grupo audiovisual de Fuencarral, antaño máquina imbatible de fabricar audiencia y rentabilidad, atraviesa una tormenta perfecta en la que se mezclan el desgaste de su modelo televisivo, la caída de Telecinco y una sentencia judicial que puede marcar un antes y un después en la historia reciente de la televisión privada en España.

Mediaset España

La crisis de audiencia de Telecinco ya no admite maquillaje. La cadena principal del grupo lleva años perdiendo terreno frente a Antena 3 y, más recientemente, frente a una TVE revitalizada por sus apuestas de entretenimiento y retransmisiones deportivas. Lo más preocupante para Mediaset no es solo el descenso puntual de espectadores, sino la sensación de agotamiento estructural de una fórmula que durante décadas convirtió a Telecinco en líder indiscutible de la televisión comercial.

Los datos son elocuentes. Telecinco cerró mayo de 2025 con un 9,8% de cuota de pantalla, muy lejos de los registros de dos dígitos holgados que durante años sostuvo la cadena. Incluso en sus propias comunicaciones corporativas, Mediaset se ve obligada a vender como un éxito porcentajes que hace apenas una década habrían sido considerados un fracaso.

La situación no mejora si se observan las cuentas del negocio televisivo tradicional. La fragmentación de las audiencias, el auge de las plataformas y la fuga de inversión publicitaria hacia el entorno digital están erosionando el modelo económico de las cadenas generalistas. Distintos análisis del sector apuntan ya a una caída de ingresos publicitarios más acusada en Mediaset que en sus principales competidores.

Por si fuera poco, la compañía acaba de recibir otro golpe monumental en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Mediaset a pagar 73,2 millones de euros por emitir Pasapalabra sin autorización entre 2012 y 2019. Se trata de una de las mayores indemnizaciones dictadas en España en materia de propiedad intelectual audiovisual. El tribunal considera acreditado el beneficio ilícito obtenido por el grupo gracias no solo a la explotación del concurso, sino también al llamado “efecto arrastre” que generaba sobre los programas posteriores y los ingresos publicitarios asociados.

La paradoja es que, entre tanta noticia negativa, Mediaset encontró recientemente un pequeño balón de oxígeno. Alessandro Salem, consejero delegado del grupo, se aseguró hace algo más de año y medio los derechos de explotación de El Rosco, la prueba más icónica de Pasapalabra. La operación, eso sí, estaba condicionada a una resolución favorable de los tribunales en la batalla judicial por los derechos del formato. Y esa resolución acabó llegando.

Sin embargo, la victoria podría tener más valor simbólico que práctico. Según el portal especializado VerTele, en Telecinco “no se está preparando ningún formato, de momento, para incluir El Rosco”. La frase retrata perfectamente el desconcierto estratégico que parece vivir actualmente la cadena: tiene la llave de uno de los mecanismos televisivos más populares de la televisión española… pero no sabe todavía dónde colocarla.

“El futuro será determinante para conocer de qué manera se explota esta mecánica tan conocida y tan respaldada entre los espectadores”, añaden desde el citado portal. Y probablemente tengan razón. Porque la cuestión ya no es únicamente recuperar El Rosco, sino recuperar la conexión con un público que hace tiempo empezó a cambiar de canal… y de hábitos.

A Mediaset, definitivamente, le crecen los enanos.

Exigiremos al Gobierno que no margine al campo almeriense

María del Mar Vázquez

Alcaldesa de Almería

Proteger y facilitar la labor del sector agrícola almeriense es un gesto que va mucho más allá de la política. Asegurar y establecer un marco de estabilidad económica y sanitaria para El Alquián, La Cañada, San Vicente o Venta Gaspar, en definitiva, para toda la Vega de Almería, es algo que no solo afecta a la economía local, sino que también toca el corazón de nuestra identidad como provincia agrícola. 

La reciente orden del Gobierno que modifica los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF, ha generado una profunda preocupación en el sector agrícola almeriense, y por eso es necesario alzar la voz para defender a quienes sostienen y mantienen el motor económico de nuestra ciudad y del resto de la provincia. La Cooperativa CASI ha expresado de manera clara y contundente su inquietud por la exclusión de cultivos propios de Almería de las reducciones fiscales contempladas en esta orden. Esta omisión es injustificable y perjudica a miles de familias que dependen de estos productos para su sustento. 

El tomate, el pimiento y el pepino, entre otros, no son solo productos agrícolas, sino que son uno de los pilares históricos de nuestra economía, social y comercial. En Almería, su cultivo ha sido fundamental, y es imperativo que reconozcamos su valor y que pongamos en marcha todas las medidas posibles para protegerlo. Es inaceptable que mientras en otras zonas se reconocen los problemas de otros cultivos y se otorgan las reducciones fiscales necesarias, los agricultores de Almería capital queden excluidos de dichas medidas. 

Esta disparidad es un agravio que no podemos permitir. Los agricultores almerienses están enfrentando una serie de desafíos que han mermado su capacidad productiva: el aumento de costes, problemas fitosanitarios, y la devastadora incidencia del virus del rugoso del tomate, entre otros. Las zonas excluidas de la reducción fiscal no son marginales; son el corazón del modelo hortícola intensivo de nuestra provincia. Ignorar estas áreas es negar la realidad económica que enfrentan nuestros agricultores. 

La ayuda por pérdida de renta agraria vinculada a fenómenos meteorológicos es importante, pero no debe ser un sustituto de la corrección fiscal adecuada que nuestros agricultores necesitan. Por ello, desde el Ayuntamiento, presentaremos una moción en el próximo Pleno exigiendo que se revisen y amplíen estas medidas para evitar la discriminación de los agricultores de Almería. Es fundamental que el gobierno de Pedro Sánchez escuche nuestras demandas y actúe en consecuencia. 

La agricultura almeriense necesita seguridad jurídica, sensibilidad fiscal y un reconocimiento real de sus circunstancias. Nuestros agricultores no están pidiendo un trato privilegiado; simplemente buscan que se reconozca su esfuerzo y la realidad objetiva que enfrentan. Desde el Ayuntamiento seguiremos luchando por nuestros agricultores y trabajando conjuntamente con las organizaciones agrarias y el sector productor. Juntos, podemos asegurar que nuestras voces sean escuchadas y que se tomen las medidas necesarias para proteger y fortalecer nuestra agricultura. 

Almería necesita un compromiso firme y decidido por parte de todos sus representantes. La defensa del campo es una cuestión de justicia y de reconocimiento de la realidad productiva que enfrentan nuestros agricultores. Seguimos trabajando.

Contra la especulación, vivienda pública

José María Martín

Subdelegado del Gobierno en Almería

Secretario General del PSOE de Almería

La vivienda se ha convertido en los últimos años en un bien con el que especular y obtener una alta rentabilidad mientras decenas de miles de jóvenes retrasan su emancipación y familias enteras destinan la mayor parte de su sueldo al pago del alquiler o la hipoteca. Frente a ese bucle infinito del que resulta tan difícil salir, el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a dar pasos decisivos para abordar este problema aprobando la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia y situando este derecho en el centro de las políticas públicas. 

El nacimiento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana respondió precisamente a ese objetivo: que la vivienda se convirtiera en el quinto pilar del Estado del Bienestar, de manera que, si nadie cuestiona hoy la sanidad o la educación pública, tampoco debería cuestionarse el derecho de cualquier persona a acceder a una vivienda digna y asequible. Ese cambio de modelo empieza ahora a tomar forma con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará 7.000 millones de euros en todo el país, de los que cerca de 1.200 millones se destinarán a Andalucía, la comunidad autónoma que más fondos recibe. Se trata de una inversión histórica que triplica los recursos del anterior plan y que tiene como objetivo ampliar el parque público de vivienda protegida y asequible para frenar la voracidad del mercado y garantizar que la vivienda cumpla la función social que recoge nuestra Constitución. 

El Plan Estatal, acordado con todas las comunidades autónomas, persigue aumentar la vivienda pública, protegida y asequible; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda y revertir la situación de las zonas tensionadas. La principal novedad reside, además, en su firme apuesta contra la especulación, ya que ni un solo euro público irá destinado a viviendas que en el futuro puedan privatizarse. Es decir, las viviendas construidas con dinero público seguirán siendo públicas para siempre. 

Con este nuevo modelo, el Estado deja de limitarse a transferir fondos, que en ocasiones ni siquiera se han utilizado de manera eficiente, y pasa a asumir un papel activo en la dirección y coordinación de la política de vivienda, exigiendo también corresponsabilidad a las comunidades autónomas, porque el problema de la vivienda ya no admite ni una excusa más ni tampoco una sola medida menos.