José Herrera Plaza
Investigador
⏩⏩⏩ El Gobierno de España acaba de responder a
la CE que no está obligado a preparar un informe sobre los progresos en la
descontaminación pendiente de
Palomares y término municipal de Vera. Lo ha hecho en un documento
anónimo, sin timbrar, sin remite, sin firma e incluso sin fecha; al estilo de
casi todo lo relacionado con Palomares. Algo inaudito.
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| Fraga, en Palomares |
La actitud de nuestros políticos de Madrid
con los problemas de la periferia no sorprende. En este tema no importan los
partidos, ni las ideologías, ni dictadura o democracia. Son 54 años de suma y
sigue; de engaños, de dejarlos convivir con unos cuantos kilogramos de
plutonio, de experimentación con seres humanos, de ser tratados como seres de
segunda clase, de respirar altos niveles de polvo radiactivo en 1966-71 y
1984-86 y luego pontificar el Consejo de Seguridad Nuclear y el CIEMAT que no
ha habido consecuencias para la salud. Sin estudio epidemiológico, sin
evidencia científica alguna. Si algunos osados investigadores lo han intentado,
todo han sido trabas y negativas.
Hace 10 años la CE ya instó a España a desarrollar el Plan de Rehabilitación (PRP). Ni el CSN, ni los ejecutivos de Zapatero, de Mariano Rajoy o el actual han hecho algo en esa dirección
Hace 10 años la CE ya instó a España a
desarrollar el Plan de Rehabilitación (PRP). Ni el CSN, ni los ejecutivos de
Zapatero, de Mariano Rajoy o el actual han hecho algo en esa dirección, más allá de reclamar tímidamente a los
EE.UU. Solo se han movido arbitrariamente, pero para declararlo
secreto, como en tiempos de Franco, o para ahondar en el estigma social,
trayendo en secreto desde Madrid 3.050 kg. de residuos radiactivos.
La CE tiene poderes para instar a los
gobiernos a que sus ciudadanos gocen del derecho básico a vivir en un entorno
libre de radiactividad. El art. 35
de EURATOM deja bien claro la obligación de cada Estado de la observancia de
las normas básicas. ¿Eso qué significa? Pues que no puede haber
lugares donde la radiactividad supere la dosis al público de 1 miliSiervert/año
y si existe, se ha de remediar de inmediato. En las parcelas valladas (zonas 2,
2-bis, 3 y 6) se supera ese límite desde 1966. En algunas la contaminación es
superior al 600% de tal límite.
La funcionaria
que ha redactado la respuesta con ese tono chulesco sesga u olvida que la CE
tiene todas las competencias si el Gobierno incumple la ley. Se
obvia el art. 38, que permite a la Comisión dirigir recomendaciones específicas
a los Estados miembros en relación con los índices de radiactividad. En caso de
incumplimiento, puede emitir directivas y, si no hubiese otra salida, recurrir
al Tribunal de Justicia.
Como nuestros gobiernos parecen incumplir
sistemáticamente la legislación con respecto a Palomares y demás lugares
radiactivos (Huelva, Cartagena, Tarragona) parece que no queda otra alternativa
que la vía judicial en la jurisdicción nacional o internacional, mientras los
afectados de Vera y Palomares sigan con su silencio cómplice e insolidario con
sus descendientes.
