Desde 2018, más de 72.000 personas se han incorporado al mercado laboral almeriense. Es una buena noticia, sin duda, fruto de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, pero nuestra provincia no puede conformarse con crear más empleo. Ese crecimiento debe traducirse también en mejores salarios para la clase media trabajadora. No podemos seguir presumiendo de la fuerza de nuestra economía y mirar hacia otro lado cuando toca hablar de quienes la sostienen.
Almería sigue entre las provincias con las rentas más bajas de España y, ante esta realidad, la patronal debe asumir su responsabilidad y mejorar los salarios. Defender nuestra tierra también consiste en que los empresarios de la provincia defiendan a su gente. Lo saben bien las trabajadoras del manipulado hortofrutícola. En un sector que emplea a unas 30.000 personas, en su mayoría mujeres, el convenio colectivo sigue bloqueado mientras las empresas baten récords de ventas y ellas continúan cobrando el salario mínimo.
Tampoco lo tienen fácil las mujeres que prestan la ayuda a domicilio, un trabajo imprescindible para cuidar a las personas vulnerables, pero que sigue marcado por los sueldos bajos y la inestabilidad laboral. Ese no puede ser el camino. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado pasos muy importantes. El salario mínimo ha subido un 66% desde 2018, de 735 a 1.221 euros mensuales en 2026, y el Ejecutivo se ha comprometido a que siga sin tributar por IRPF tras la subida prevista para 2027.
Frente a ello, Feijóo ni siquiera aclara si lo aumentará si llega al Gobierno, como tampoco desvela qué piensa hacer con las pensiones. A los salarios bajos se suma una vivienda cada vez más cara. El alquiler se lleva en Almería buena parte de la nómina y obliga a familias y jóvenes a aplazar sus proyectos. Por eso son tan necesarias las medidas aprobadas por el Gobierno de España y que han sido rechazadas por PP y Vox. De Feijóo y Abascal poco se puede esperar cuando se niegan a intervenir en el mercado para frenar la especulación y dejan a las familias solas ante este problema.
Todo esto es lo que nos jugamos el 29 de noviembre. Podemos seguir avanzando en los derechos de los trabajadores o retroceder varias décadas con los de la tijera y la motosierra. Podemos apostar por la vivienda, el crecimiento económico y que el empleo llegue a los bolsillos de la mayoría o permitir que sigan enriqueciéndose quienes más tienen.
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