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Los bomberos de Almería y los Ayuntamientos “amigos”


Laura Rodríguez-Carretero
Portavoz de UPyD en Almería

Nos vemos en la necesidad de denunciar, como hiciéramos en el último pleno ordinario del Ayuntamiento, que los bomberos de Almería se ven obligados a cubrir servicios en otros municipios. Se han dado casos en los que los bomberos han tenido que acudir a localidades como Abla, situada a 70 kilómetros de la capital, quedando la misma con la dotación mínima imprescindible para acudir a un único incendio en toda la ciudad.

Por otra parte, sólo el municipio de Níjar ya ha generado una deuda de más de 200.000 euros por los servicios prestados que el Ayuntamiento de Almería parece que no tiene demasiado interés en calcular ni en cobrar.

No nos parece serio que a raíz de nuestra de esta situación en el último Pleno se estén aireando soluciones improvisadas e incoherentes desde las distintas administraciones, como la propuesta que presentó hace varios meses el Ayuntamiento de Almería a la Diputación sobre esta situación. El problema se tiene que atajar de base, ya que Níjar, al ser un municipio de más de 20.000 habitantes, está obligado por la Ley de la Administración local a tener un servicio propio. El resto son chapuzas entre ayuntamientos dirigidos por el mismo partido, como se está demostrando.

Es otro nuevo ejemplo del doble rasero de este Ayuntamiento: a los ciudadanos nos embargan las cuentas por no pagar una multa de la zona azul, pero, cuando se trata de cobrar los servicios a un ayuntamiento amigo, no hay tanta prisa.

El paro se ceba con Almería


Emilio Ruiz
www.emilioruiz.es


Tras los catastróficos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre de 2013 y que nos dejaron en Almería 135.100 desempleados, había cierta esperanza en que los datos del INEM, correspondientes al paro registrado en el mes de abril, nos dieran un momento de alivio. Pues ha sido que no. El número de desempleados al finalizar el cuarto mes del año  el mes de abril de 2013 ha aumentado en 1.192 hasta situarse en 82.578 personas.  La mayor cantidad de parados se produce en el sector servicios, con 45.210, le sigue la construcción con 14.823, luego la agricultura con 8.926 y finalmente la industria con 5.469.

Oficina del SAE
Los datos son más preocupantes si los comparamos con los datos globales tanto de la comunidad autónoma como en todo el territorio nacional. A nivel nacional,  el paro ha bajado en 46.050 personas, por lo que vuelve a situarse de nuevo por debajo de los 5 millones, alcanzando la cifra total de 4.989.193 personas. En el mes de abril de 2012 el descenso fue de 6.632 personas.

A nivel regional, el paro registrado bajó en 18.430 personas y se situó en 1.108.022 parados. En el resto de provincias andaluzas el número de parados y su variación respecto al mes anterior son éstos:

Sevilla, 258.152 (- 5.891); Málaga, 214.609 (- 2.239); Cádiz, 206.702 (- 2.483); Huelva, 59.534 (- 4.261); Córdoba, 102.661 (- 1.198); Jaén, 73.031 (- 1.257), y Granada, 110.755 (- 2.293).

Según Javier Menezo, especialista en la materia, los datos de Almería “no hay por donde cogerlos: sube el paro más que en cualquier sitio, se intensifica la caída de afiliados a la Seguridad Social, se hunde la nueva contratación indefinida y baja aún más el total de personas cobrando el paro”.

Los cheques llegan al Parlamento


Iván Gómez
Jefe de Local de Diario de Almería
Ni rastro de los portadores de los cheques. Una cuenta oculta a la intervención, ajena a cualquier control y fiscalización, ha hecho posible la volatilización de cerca de 300.000 euros de los fondos públicos, de los impuestos de los ciudadanos, hacia un destino sin justificar y con destinatario no identificado, de momento. Decía William Shakespeare que ningún legado es tan rico como la honestidad. El actual delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, dejará cuando se marche la mejor de las herencias en un departamento en el que ahora ha quedado claro que durante los últimos años no se han hecho bien las cosas y desde un despacho al que no tenían que haber llegado nunca los sillones de piel ni las televisiones de plasma. Habrá puesto punto y final a una práctica habitual, al menos entre el 2 marzo de 2009 y el 28 noviembre de 2012, de malversación de los caudales públicos por la que se ha saqueado una cuenta destinada a los ingresos del Fondo de Mejora Forestal procedentes de las tasas cobradas a los pastores, agricultores y cazadores iniciadas en tiempos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
No vaciló ni un sólo instante y se personó ante la justicia sin ni siquiera llamar a los exdelegados anteriores, Clemente García y Sonia Rodríguez, para pedirles explicaciones por el hallazgo de una cuenta bancaria fantasma ante cualquier mecanismo de control. En el mismo momento en el que la secretaria general de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, María Rosa Plaza Olivares, llegó a su despacho con el informe de los últimos movimientos de una cartilla en la que aún figuraban como claveros un excargo político y un funcionario cesados hace años, Ortiz Bono tenía claro que tenía que llevar el asunto a los tribunales. Y así lo hizo. No pintaba nada bien. Estaba ante un fraude en toda regla. El descubrimiento fue posible gracias al proceso de fusión de consejerías, de la de Medio Ambiente con la de Agricultura y Pesca. Debido a esa decisión de Griñán se realizó un balance de todas las cuentas existentes y sus movimientos. Ortiz Bono pidió explicaciones a los responsables de la contabilidad sobre el ocultamiento de la cuenta y sobre los posibles destinatarios de los más de cien talones al portador que habían recibido fondos públicos y nadie quiso o supo despejar las incógnitas. Sólo silencio.

En enero presentó la denuncia en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería y hace unos días, el pasado martes, ratificó todo lo expuesto ante la instructora del ya denominado como caso de los cheques, la jueza Alejandra Dodero. A Ortiz Bono le preocupa que esta retirada de fondos de una cuenta sin fiscalizar también se haya producido con anterioridad a las irregularidades detectadas en los últimos cuatro años. En eso ya está la justicia que tiene que revisar todos los reintegros de una cuenta que se remonta a la integración de un organismo estatal en la administración andaluza tras su desaparición en 1991. Eso sí, el delegado ordenó bloquearla. Quedaban poco más de 20.000 euros. Será también la jueza Dodero la que determine quién se ha llevado el dinero, el portador de los cheques, y no va a ser tan difícil porque la entidad bancaria debe tener registrados el listado de movimientos.

Los claveros de la cuenta son Clemente García, que fue delegado entre, y el exsecretario de la Delegación de Medio Ambiente, Augusto Ignacio Segura de Torres, conocido como Tito. Eran las únicas personas autorizadas para disponer los reintegros que se han venido realizando en los últimos cuatro años. Los dos ya fueron denunciados durante su gestión por la mercantil Círculo Agroambiental por presunta prevaricación administrativa al parar la construcción de un hotel en el Campillo de Cabo de Gata. A pesar de que habían dejado de formar parte de la estructura de la Delegación en verano de 2010, sus nombres seguían ligados a la cuenta fantasma, perteneciente a la sucursal del BBVA en la calle General Tamayo, a cinco escasos metros de las dependencias de Medio Ambiente.
Pero hay otras dos personas que han sido señaladas en esta trama, los funcionarios Miguel Gallardo y Javier Torres. El primero fue cesado en su día por Clemente García y cuando se marchó logró reincorporarse manteniendo sus responsabilidades en la gestión económica de las cuentas. Sus compañeros, un grupo de una veintena de profesionales, ha defendido estos días su inocencia dirigiendo el foco de una presunta malversación hacia los excargos políticos. “Lleva más de un cuarto de siglo llevando la contabilidady administrando esa cuenta y sólo se han registrado movimientos sin justificar en los últimos cuatro años. Esos son los hechos que la justicia debe aclarar”, precisaron a este periódico. Gallardo ha vinculado la fuga de capitales, a través de casi un centenar de talones inferiores a los 3.000 euros, a los claveros, Clemente y Tito. Su versión es que emitió los talones recibiendo órdenes de sus exjefes, mientras que el exdelegado niega la mayor y reitera que nunca firmó ningún talón, ni durante su gestión ni muchos menos después. Torres, que también ha sido citado para declarar por la jueza instructora, fue trasladado a la Delegación de Economía y todavía no ha dicho ni una sola palabra. Esta semana lo tendrá que hacer al comparecer ante la justicia, al igual que el exdelegado García Valera. Ha reiterado una y otra vez que no tiene nada que ver con la desaparición de los fondos, que no ha firmado ningún talón al portador e incluso se atreve a decir que al que haya metido la mano que se la corten.

El personal de los diferentes programas y departamentos de la Delegación, aún teniendo la posibilidad de acceder al dinero de la cuenta investigada, nunca lo hizo creyendo que su uso tenía requisitos muy estrictos a la hora de poder justificar el gasto. Los percibían como fondos inaccesible, de obligada excepción. Nada más lejos de la realidad. El dinero se estaba diluyendo gota a gota sin que nadie acreditara para qué ni para quién. Y una segunda cuenta bancaria podría agrandar aún más el agujero negro encontrado en la gestión económica de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Fue creada para los intereses que generaba la cartilla que ha sido saqueada y tenía un ritmo de crecimiento de 1.400 euros cada trimestre. La salida fraudulenta de los fondos públicos, que debieran ser revertidos en la reforestación y mejora de los montes, sólo los podrá aclarar el personal de la oficina del BBVA dónde se retiraron los cheques y se creó la cuenta de los intereses. En el mes de septiembre de 2011 se produjo un movimiento que dejó la cuenta en cuestión a cero, pero posteriormente se anuló procediendo al reingreso. Los últimos cheques se retiran de la cuenta el 28 de noviembre de 2012 siendo inferiores a 3.000 euros, como venía siendo habitual, lo que permitía, según marcaba durante ese periodo la Ley Cambiaria, cobrar el dinero sin que fuera necesario presentar DNI, NIE o pasaporte a no ser que el empleado de la entidad financiera considere que existen indicios de fraude fiscal, blanqueo de capitales o dudas sobre la tenencia legítima del cheque.
El Partido Popular de Andalucía ha pedido explicaciones a la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, por el posible uso fraudulento de fondos públicos. El coordinador de Economía y Empleo del PP-A, Rafael Carmona, cargó en rueda de prensa este miércoles contra el “descontrol” de la tesorería e incidió en la mala práctica que conlleva el uso de talones al portador para realizar pagos con fondos públicos. “Es un medio de pago excepcional. El talonario debe estar custodiado en la caja fuerte del centro. ¿Por qué había uno sin ningún tipo de vigilancia en la Delegación de Medio Ambiente de Almería?”.

Los populares iban a presentar el miércoles una batería de preguntas a Martínez Aguayo, quien parecía que iba a comparecer a petición propia para explicar lo ocurrido mientras se avanza en la investigación judicial, pero finalmente lo hará el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas. El PP pide que se asuman responsabilidades políticas y su presidente regional, Juan Ignacio Zoido, rechaza cualquier paralelismo con las facturas localizadas en el Ayuntamiento de Tomares por gastos de protocolo denunciados por la oposición. Pondrán sobre la mesa datos preocupantes. El último informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía presentó el pasado año encontró incidencias en 28 de las 30 cartillas (93%) del aparato de la Junta en Almería. Peor imposible.

In memoriam: Mercedes de la Merced, política precoz, tolerante tertuliana y defensora de la igualdad


Emilio Ruiz
www.emilioruiz.es

Era uno de esos ratos en los que la magia de la radio más nos hacía disfrutar. Conducía las tardes de la Ser la periodista Gemma Nierga, y creo que eran los jueves el día asignado para los contertulios Mercedes de la Merced y Carlos Carnicero. Eran los tiempos de Aznar y los tiempos en los que Carnicero desprendía unos comentarios casi vejatorios hacia quien por aquellos tiempos regentaba la presidencia del Gobierno. Mercedes tenía una voz melódica, educada, enormemente reposada, y una paciencia y tolerancia difíciles de superar. Como política, la verdad es que poco supe de ella, pero como comentarista de la actualidad Mercedes de la Merced me ganó para siempre.

Mercedes de la Merced, en un acto en la
Plaza Gloria Fuertes de Almería
Ayer, fue víctima cruel de un cáncer. Tenía 52 años. Era Soriana, pero su carrera política la desarrolló principalmente en la capital. Fue una política precoz. A los 15 años ya era secretaria provincial de Juventudes de UCD en Soria. Formó parte del equipo de José María Aznar cuando éste era presidente de la Junta de Castilla y León. En 1990 fue nombrada secretaria nacional de Política Municipal y Autonómica del PP y, a partir de entonces, su carrera política fue meteórica: concejala de Madrid, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, eurodiputada tras las elecciones del 12 de junio de 1994 y hasta 1999.

En mayo 2000 fue nombrada primer teniente de alcalde y concejala de Coordinación General de Servicios, Cultura y Servicios Comunitarios con Álvarez del Manzano como alcalde. Desde aquí impulsó planes contra la violencia de género y festivales internacionales de música para favorecer la integración de los inmigrantes. En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 obtuvo el acta de diputada por Madrid, cargo al que renunció para dedicarse al partido.

Desde julio de 1997 era presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad y también miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid. En su calidad de consejera de la entidad bancaria declaró como imputada por el caso Bankia el 19 de noviembre de 2012.

Mercedes de la Merced apoyó la creación en Almería de la Asociación Provincial de Mujeres en Igualdad. Como presidenta nacional vino al acto de constitución, en 2009. En 2010, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, visitó por última vez nuestra ciudad. Asistió a un acto en el parque Gloria Fuertes, donde se plantaron cinco árboles, uno por cada una de las mujeres que habían fallecido ese año en la provincia a manos de sus parejas, y a la suelta de dos docenas de globos en señal de libertad. "Es un reconocimiento de la ciudad de Almería a esas cinco mujeres que no quedarán en el olvido porque tendrán un espacio privilegiado en la capital y no serán simples números", dijo.

Mercedes de la Merced aprovechó aquel acto de Almería para hacer hincapié en la importancia de las denuncias para erradicar el problema de la violencia de género y pidió que se modifique la Ley Integral de Violencia de Género para proteger también a los menores. Reivindicó más juzgados específicos de violencia de género, más formación para jueces y fiscales, así como apoyo a las víctimas y un protocolo común para los ayuntamientos y entidades locales en la atención a las víctimas.

Corrupción y política


Pedro M. de la Cruz
Director de La Voz de Almería

La corrupción forma parte de las debilidades en las que puede caer el ser humano y está integrada en el mapa del comportamiento personal de quienes aspiran a conseguir por medios ilícitos lo que no pueden lograr desde la dignidad de su esfuerzo y la moralidad de su comportamiento. En una sociedad dominada por la ambición siempre ha habido y habrá personas que traten de alcanzar beneficios sin actuar de forma socialmente ética y procesalmente legal.

El problema de la corrupción no es tanto su existencia -inevitable en quienes anteponen su ambición a las leyes- cuanto la inexistencia de voluntad de luchar contra ella, persiguiéndola allí donde se encuentre; y, lo que es aún peor, cuando, quien la comete, encuentra en quienes le rodean un clima de defensa tribal que los convierte en cómplices.

Los numerosos ejemplos de presuntos casos de corrupción en los que aparecen implicados representantes políticos de todos los partidos y que están aflorando en los últimos años son un ejemplo revelador, no sólo de comportamientos censurables, sino, también y a la par, de tácticas encubridoras, estrategias dilatorias y argumentaciones comprensivas, incompatibles en quienes, por mandato democrático, están obligados a ser ejemplo de ciudadanía como servidores de la gestión pública.

En las últimas semanas el líquido espeso de la corrupción ha aflorado en Almería. La desaparición de casi 300.000 euros de una cuenta dependiente de la delegación de Medio Ambiente y la petición por la Fiscalía de la imputación de cuatro personas vinculadas a la existencia de una presunta trama de facturas falsas en el Patronado de Turismo son síntomas inequívocos de que en la geografía de la corrupción no existen islas.

Los dos casos señalados ya están residenciados en sede judicial y serán los jueces quienes, tras los procedimientos procesales pertinentes, determinarán la existencia o no de comportamientos punibles en quienes hoy se ven inmersos en ellos en calidad de imputados. Dejemos por tanto trabajar a la justicia y mantengamos la presunción de inocencia como derecho constitucional hasta que un tribunal decida la licitud o ilicitud de los hechos.

Pero la desazón inquietante que genera descubrir casos de corrupción tan cercanos se aminora cuando hay circunstancias que demuestran la voluntad de combatirlos. La decisión inmediata de la delegación provincial de Agricultura de denunciar en el juzgado la desaparición de los 300.000 euros nada más tener conocimiento documental y testimonial de la posible existencia de irregularidades es una actitud coherente con el principio de luchar contra la corrupción, pero con más diligencia en aquellas que son más cercanas sin tener en cuenta la militancia política y las vinculaciones personales o profesionales de quienes puedan verse implicados en responsabilidades administrativas o penales a consecuencia de la denuncia.

Una vez detectado el caso, la actitud de la Junta ha sido impecable. Si a veces (y sin razón alguna que lo justifique) las administraciones torpedean, encubren o dificultan la investigación, en el caso que nos ocupa ha sido todo lo contrario. Circunstancia que debería aplicarse a otros comportamientos de ámbito provincial también recientes. Uno es el del caso de las presuntas facturas falsas de la Diputación; el otro la sentencia condenatoria al ex alcalde de Zurgena por delitos urbanísticos.

En el primer caso resulta indefendible la permanencia como portavoz del PSOE en Adra de quien el ministerio fiscal ha pedido su imputación por falsedad y malversación de fondos públicos. La sombra de la sospecha razonada (contenida en el escrito de la fiscalía) no obliga al abandono del cargo, pero el compromiso democrático impone el alejamiento de una responsabilidad que, hasta que no dicte sentencia un tribunal, ya no podrá ser ejercida desde la ejemplaridad.

En cuanto a la sentencia al ex alcalde de Zurgena resulta inaceptable que el PP mantenga su pacto de gobierno en aquella localidad mientras el concejal condenado continúe perteneciendo al equipo de gobierno. Cuando la policía detuvo a Juan Enciso el PP solicitó con vehemencia que el PSOE rompiera su pacto de gobierno en Diputación con el PAL, partido al que pertenecía el entonces alcalde ejidense. Ahora no es una detención, es una condena y, por tanto, los argumentos esgrimidos entonces por los populares se ven ahora acrecentados por las implicaciones que dimanan de la decisión de un tribunal.

Hay muchas formas de luchar contra la corrupción política. Denunciarla es una; ser coherente, otra.