El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de
tres años y seis meses de prisión impuesta al antiguo director de una sucursal
de Cajamar en Águilas (Murcia), responsable de una estafa millonaria cometida
durante varios años contra clientes de la entidad financiera. La sentencia,
fechada el pasado 14 de octubre, desestima el recurso presentado por Cajamar y
mantiene las responsabilidades económicas fijadas por la Audiencia Provincial
de Murcia.
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Los hechos ocurrieron principalmente entre 2005 y 2011. Durante ese periodo, el director aprovechó la confianza de sus clientes para ofrecerles depósitos con intereses anuales de entre el 6% y el 9%, utilizando documentación bancaria que aparentaba acreditar la existencia de las inversiones. Sin embargo, buena parte de aquellas operaciones eran ficticias. El condenado manipulaba libretas, anotaba ingresos inexistentes y entregaba justificantes de cantidades que nunca llegaban a depositarse oficialmente. Cuando algún cliente reclamaba sus ahorros, recurría en ocasiones al dinero de otros para efectuar las devoluciones y evitar que se descubriera el fraude.
Entre las operaciones investigadas figuran
apropiaciones de 180.000, 285.000 y 150.000 euros. También desvió 90.000 euros
de una cooperativa que debían destinarse a cancelar un préstamo. Las
irregularidades terminaron saliendo a la luz tras una auditoría interna de
Cajamar.
La Audiencia Provincial de Murcia condenó al antiguo director en febrero de 2023 por estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida, apreciando las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas. La sentencia establece que el condenado deberá indemnizar a Cajamar con 7.524.949 euros, cantidad que la entidad había abonado a los clientes perjudicados. Además, deberá afrontar otras dos indemnizaciones de 163.950 y 116.950 euros, respecto de las cuales Cajamar ha sido declarada responsable civil subsidiaria.
Precisamente, la entidad recurrió distintos aspectos de la condena y de las indemnizaciones, pero el Supremo ha rechazado todos sus argumentos. El Alto Tribunal también pone el acento en la insuficiencia de los controles internos que permitieron prolongar el fraude durante seis años. Los magistrados destacan la necesidad de establecer mecanismos de supervisión eficaces para impedir que un directivo pueda disponer irregularmente del dinero de sus clientes.
La resolución confirma íntegramente la sentencia anterior e impone a Cajamar las costas del recurso de casación.


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