Miguel Ángel Vázquez
Periodista / Consejero de Cultura
No lo podían haber hecho peor. El Tribunal Supremo ha gestionado
rematadamente mal la crisis por el pago del impuesto de actos jurídicos
documentados al formalizar una hipoteca. El Poder Judicial no puede culpar a
nadie del descrédito y el estupor que ha generado en la opinión pública por sus
vaivenes. Varias sentencias a favor de los usuarios y obligando al pago del
tributo a las entidades financieras abrieron una espita de esperanza para mucho
ciudadanos. El frenazo en seco dado por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la desconcertante resolución de ayer del Pleno del alto
tribunal, fallando a favor de la banca por un ajustado 15 a 13, han precipitado
una corriente de malestar y desconcierto en muchos sectores de la población.
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| Una controvertida decisión |
Sin entrar en las razones de la
decisión, cuyos fundamentos de derecho aún no se han hecho públicos, el Supremo
ha causado un problema donde no lo había. El impuesto de actos jurídicos corría
a cuenta del usuario, muy a nuestro pesar, y de repente varias sentencias
cambian la doctrina del alto tribunal. Ante el revuelo provocado por esta nueva
jurisprudencia, Lesmes manda parar (como el comandante) pero dijo que "el
fallo era firme y no susceptible de revisión". Al final no ha sido así.
Otro motivo más para el enfado generalizado. Palabras que el viento se lleva y
deja al personal con la mosca detrás de la oreja. Entre otras razones, porque
anda la gente muy enfadada con el rescate financiero que hemos pagado entre
todos por más de 40.000 millones de euros.
Esta gestión calamitosa supone un menoscabo importante al prestigio de la justicia, máxime cuando el mismo día recibía también un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la falta de imparcialidad en la causa contra Arnaldo Otegi
Como no lo sé ni tengo pruebas no
voy a dar pábulo a supuestas presiones o injerencias del poder financiero en la
decisión final, denuncias que brotan sin estar acreditadas desde ciertas
tribunas políticas y de la sociedad civil, lo que sí resulta meridianamente
claro es que casi nadie comparte ese criterio y que el propio Supremo se ha
infligido un severo autocastigo. Esta gestión calamitosa supone un menoscabo
importante al prestigio de la justicia, máxime cuando el mismo día recibía
también un tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la
falta de imparcialidad en la causa contra Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales. Le toca al Poder Judicial
trabajar (y mucho) para recuperar la reputación y la confianza perdidas en esta
crisis.
