La Junta confunde con la supresión del Impuesto de Sucesiones

Emilio Ruiz

@opinionalmeria

➤ El presidente de la Junta de Andalucía lleva muy pocos días en el cargo, pero los suficientes como para darse cuenta de que el capítulo de promesas de una campaña electoral lleva un ritmo mucho más acelerado que el que permite después la práctica real. Es extraño que no lo supiera, porque, como se sabe, Moreno Bonilla ha tenido responsabilidades administrativas en el Ministerio de Sanidad antes de ‘bajarse’ a Andalucía a disputarle la presidencia de la Junta a la socialista Susana Díaz.

La plataforma Stop Impuesto Sucesiones dice que ha sido suprimido, pero la realidad es que no es así

Durante la campaña electoral el ahora presidente reiteró hasta la saciedad que “cuando sea presidente de la Junta –la cita se entrecomilla porque es textual- la primera firma que estamparé en la reunión del primer Consejo de Gobierno será para quitar, de una vez por todas, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para todos y cada uno de los andaluces”. El pasado sábado, en Antequera, Juanma Moreno se enfrentó a ese momento tan deseado de presidir el primer Consejo de Gobierno del mandato del Partido Popular, en coalición con Ciudadanos. ¿Se suprimió el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tal como el candidato había prometido?

La realidad aquí y ahora es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue con las mismas bonificaciones que acordaron en su día PSOE y Ciudadanos

No, no se suprimió y, lo que es peor, se intenta hacer ver lo contrario, que sí se suprimió. La misma página web de la portavocía del Gobierno alimenta la confusión con este titular: “La Junta acuerda bonificar el 99 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.

¿Cómo ha resuelto el hoy presidente de la Junta de Andalucía este embrollo en el que él mismo se ha metido? De una manera un poco extraña: haciendo figurar en el orden del día de esa primera reunión del Consejo de Gobierno una propuesta de acuerdo “por el que se insta al Consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de bonificar al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía”. Digo que es una manera extraña porque para instar al consejero en ese sentido no hacía falta acuerdo alguno.

La plataforma Stop Sucesiones, cercana al Partido Popular, alimenta la confusión diciendo en su página de Facebook que “hoy, tal como se comprometieron con la ciudadanía y con la Asociación Nacional de Afectados Stop Sucesiones, la Junta de Andalucía en su reunión de Antequera HA SUPRIMIDO EL IMPUESTO DE SUCESIONES” (así, con mayúsculas, por si alguien no se había enterado). Pues no, no es así.

La página web de la Junta alimenta la confusión

Nadie tiene ninguna duda de que los compromisos del Partido Popular y de Ciudadanos son tan fuertes que en los próximos meses el dichoso impuesto será modificado. No eliminado, como dicen, porque es un impuesto de carácter estatal, pero sí bonificado en sus tipos impositivos para acercarlo a comunidades como Madrid o Murcia. Pero eso será en los próximos meses. La realidad aquí y ahora es que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue con las mismas bonificaciones que acordaron en su día PSOE y Ciudadanos. El mismo presidente ha reconocido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el acuerdo PP-Ciudadanos en esta materia se materializará dentro de “varios meses”.

¿Se podía haber hecho de forma distinta para que los beneficios de ese acuerdo recayeran hoy sobre los andaluces y no dentro de unos meses? Pues sí, se podría haber hecho de otra forma, pero no se ha visto conveniente. Por ejemplo, mediante un decreto-ley, como se hizo con la bonificación para el impuesto a las herencias del campo. Su aplicación es inmediata tras publicarse en el BOJA. Si finalmente el Gobierno adopta el camino de incluir la modificación en la Ley de Presupuestos de la Junta para 2019, entonces estaremos hablando del segundo semestre del año. Hasta entonces todo quedaría como está.

Que no te engañen: esto es un atraco

Jose Fernández

Periodista

El mejor momento de las clases de latín era poder entender algo sin tirar del diccionario (ya no sé si ahora se siguen empleando esos mismos recursos o hay aplicaciones móviles que lo resuelven todo) o repasar mentalmente las declinaciones. Por eso recuerdo bien cuando escuché por primera vez al padre Burló, índice en ristre, diciendo muy serio eso de Excusatio non petita, accusatio manifesta. Traduzca, Fernández. Balón centrado al área que servidor remató como por aquel entonces hacía Carlos Santillana en el Bernabéu. “Explicación no pedida, acusación manifiesta”. Muy bien, Fernández.

Al Defensor del Pueblo

Y es que a diferencia de otros latinajos, aquello era como pescar en un barril. Y así de sencillo lo estamos viendo estos días, en los que la Junta del PSOE de Sevilla ha puesto en marcha otro ejercicio de blitzkrieg informativa, con anuncios, cuñas, tuits y artículos de opinión firmados por los líderes más representativos, conjurados para intentar convencer a los andaluces de que lo que la Junta les cobra en concepto de impuesto de sucesiones no es un robo, sino una mínima y justísima aportación ciudadana al bienestar común de todos los andaluces.

"La Asociación “STOP Impuesto Sucesiones” ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para acabar con este injusto impuesto, avalada por el testimonio de 31.600 andaluces afectados, que no pueden heredar porque doña Susana les obliga antes a volver a tributar por algo que ya fue satisfecho fiscalmente por sus padres"

Pero igual que pasa con el aforismo jurídico, este despliegue de edulcoradas explicaciones no es más que la autoacusación de la propia Junta. Ayer mismo, hubo manifestaciones por toda nuestra Comunidad –¡incluso en Almería!- para decirle a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que por mucho zafarrancho propagandístico que ordene hacer, a algunos no los van a conseguir engañar. De hecho, la Asociación “STOP Impuesto Sucesiones” acaba de interponer una petición de amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para acabar con este injusto impuesto, avalada por el testimonio de 31.600 andaluces afectados, que no pueden heredar porque doña Susana les obliga antes a volver a tributar por algo que ya fue satisfecho fiscalmente por sus padres.

Pero temo que a doña Susana eso ya le dé igual. Hoy está otra vez fuera de Andalucía, en sus cosas, en su campaña y en su mundo. Que no te engañen.

El PSOE de Almería se explica:

El PSOE de Almería ha lamentado que el vicepresidente de la Diputación provincial de Almería y secretario general del PP almeriense, Javier Aureliano García Molina, se haya colocado esta mañana al frente de la pancarta “de la mentira y la demagogia” durante la concentración por el impuesto de sucesiones que su partido ha organizado en pleno centro de la capital y, por lo tanto, que el número dos del PP en la provincia se haya erigido en líder de la “mentira y la manipulación” a la que el PP, desde Madrid y Sevilla, está sometiendo el debate de este impuesto. Una maniobra que debe obedecer a algún “espurio motivo que pronto lograremos conocer”, ha vaticinado el diputado nacional por el PSOE de Almería, Juan Jiménez.

Jiménez, que se ha mostrado sorprendido de la presencia y colocación en primera línea del líder popular en esta concentración vecinal, va a preguntar de manera inminente al Gobierno de España si dicha cita contaba con la preceptiva autorización que debe emitir esta administración, como así lo exige a la organización del resto de concentraciones que tienen lugar en la vía pública. Dicho permiso, entiende Jiménez, “debe haberse solicitado” puesto que la concentración “no ha sido espontánea”.

En este sentido, ha recordado que el propio subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, recientemente no ha dudado en “tomar personalmente cartas en el asunto” al solicitar a la Guardia Civil que identificara a quienes se concentraron contra las excavaciones que podrían haber dañado parcialmente el yacimiento arqueológico de El Chuche, y le pide la misma diligencia en el caso en el que la concentración de esta mañana no contara con el preceptivo permiso administrativo.

El Partido Popular ha emprendido una campaña contra el impuesto de sucesiones en la que utiliza “de manera inadmisible” argumentos “falsos” que enmascaran un “ataque a lo público para defender lo privado”, es decir a quienes, precisamente, no precisan de lo público

El Partido Popular ha emprendido una campaña contra el impuesto de sucesiones en la que utiliza “de manera inadmisible” argumentos “falsos” que enmascaran un “ataque a lo público para defender lo privado”, es decir a quienes, precisamente, no precisan de lo público. El PP está siendo “perverso” en su estrategia para desgastar al Gobierno andaluz puesto que buscan “atemorizar” a la ciudadanía y “confundirles para obtener una ventaja política”.

La realidad, no obstante, es “bien distinta”, ha añadido Juan Jiménez. En Andalucía “98 de cada 100 herederos directos no tienen que pagar nada, lo que indica el bajo nivel de repercusión de esta figura impositiva por la que la Junta recauda cerca de 400 millones anuales que se destinan a sanidad, educación y dependencia”.

Que no te engañen

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

Hace algo más de un año el Partido Popular de Andalucía se embarcó en una campaña contra la Junta de Andalucía que nadie pensaba que iba a tener tanto recorrido. Trataba –trata- sobre los tipos impositivos que el Gobierno de Susana Díaz tiene establecidos sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La campaña partía con una gran trampa, propia de estos casos: culpar al oponente de algo que el acusador puede solucionar. Si el PP consideraba que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una injusticia tenía y tiene en su mano la solución: suprimirlo, pues no es la Junta de Andalucía quien tiene la facultad legislativa para ello, sino precisamente el Gobierno central. Pero a veces resulta más rentable electoralmente la bronca política derivada de un problema que la solución del propio problema. Lamentable, pero es lo que hay. Así, hermano, que no te engañan.

Sucesiones, el impuesto de la polémica

La campaña que parecía de corto recorrido ha calado en la sociedad andaluza, y ahora la Junta se ha dado cuenta de el PP está ganando esta batalla. Y al cabo de los meses ha reaccionado poniendo en marcha una maquinaria propagandística carente de unificación y dando margen a los allegados -principalmente cargos institucionales- a que defiendan la postura de Andalucía, cada uno con los argumentos que considera adecuados, unos más afortunados que otros y algunos penosamente razonados. Hay quienes incluso justifican los altos tipos impositivos porque, al fin y al cabo, los afectados apenas superan el siete por ciento de los andaluces que heredan. Como si lo justo o injusto de una medida dependiera exclusivamente del número de afectados y no de la justicia o injusticia de la propia medida. Dicho de forma exagerada, la legalización de la pena de muerte es una brutalidad sean uno o sean mil los ejecutados.

"De las 17 comunidades autónomas, 16 tratan a sus contribuyentes por este impuesto de mejor forma que lo hace Andalucía"

Algunos defensores de la causa gubernamental autonómica están haciendo ejercicios malabares para defender lo indefendible, cual es el dato rigurosamente objetivo de que Andalucía y otras tres comunidades autónomas regidas por socialistas, además de Cataluña, se sitúan en cabeza en España de quienes más exigen a sus ciudadanos con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Éste no es un partido, como nos quieren hacer creer, que se disputa entre la comunidad de Madrid y la de Andalucía. De las 17 comunidades autónomas, 16 tratan a sus contribuyentes por este impuesto de mejor forma que lo hace Andalucía. Y éste es un problema que tienen en su mano resolver tanto el Gobierno de Susana Díaz como el de Mariano Rajoy.

"Pagar impuestos es necesario para la existencia de un Estado, pero es de justicia considerar que ningún ciudadano debe ser castigado fiscalmente por residir en un lugar u otro de España"

Pagar impuestos no es del agrado de nadie, o de casi nadie. Pero es necesario hacerlo porque no puede existir un Estado ni puede haber solidaridad sin que cada uno aporte la parte económica que le corresponde según su situación. La progresividad de la tributación es justa y necesaria. Pero de igual modo que esto es y debe ser así, también es de justicia considerar que ningún ciudadano debe ser castigado fiscalmente por residir en un lugar u otro de España. En 1998 el Gobierno de Aznar excluyó 665 medicamentos del recetario con cargo al Estado. La Junta de Andalucía, entonces, se apresuró a sufragar con sus medios esos medicamentos creando lo que popularmente se conocía como “la receta verde”. En 2012 la Junta suprimió ese beneficio. Eso es así, como así es que las tasas universitarias andaluzas son las bajas del Estado. Igual que es justo reconocer esto, en otras situaciones, cuando el Estado ha dado libertad impositiva a las comunidades autónomas, generalmente Andalucía ha situado en la banda alta sus tipos impositivos. Reconozcámoslo también. Y no me refiero solamente a los impuestos que ahora se debaten, sino también a otros como el IRPF, el céntimo sanitario, etc., etc. Esta es la pura realidad. Así, hermano, que no te engañen.

Zasca de Cristina Cifuentes a Susana Díaz: “La Junta fríe a impuestos a los andaluces”

Juan Folío

@opinionalmeria

Explosivas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al diario Expansión. Tras la Conferencia de Presidentes ya dejó dicho que Susana Díaz le llama ‘armonizar impuestos’ a lo que realmente desea, ‘subir impuestos’. Pero ahora sido mucho más explícita: “El Gobierno andaluz está friendo a impuestos a los ciudadanos para enmascarar una mala gestión en Sanidad y Educación”.

Cristina Cifuentes

Sobre la armonización fiscal pedida por la presidenta de la Junta de Andalucía, declara: “Yo planeo que si vamos a hacer una armonización, armonicemos a la baja, bajando impuestos. Y vamos a armonizar también otras cosas, como la libertad de horarios. Lo que no tiene ningún sentido es que mientras en algunas comunidades autónomas estamos reduciendo la administración, tenemos solo siete consejerías, hemos reducido un 15 % los altos cargos y los puestos de libre designación, y más de un 25 % las empresas y los organismos públicos, otras comunidades como Andalucía han aumentado de once a trece consejerías y a partir de ahí han disparado el número de contratos de libre designación, altos cargos y asesores”.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido respuesta para quienes le acusan de hacer dumping fiscal. “Me parece una enorme falta de respeto que las comunidades socialistas acusen a Madrid de paraíso fiscal. El Gobierno socialista de Andalucía está friendo a impuestos a los andaluces para enmascarar una mala gestión en Sanidad o en Educación. Y en la gestión de sus impuestos, pues lo estamos viendo. Es contradictorio que el PSOE por un lado defienda el federalismo político y por el lado fiscal, el centralismo”.

Sobre la casi exención del Impuesto de Patrimonio Cifuentes lo tiene claro: “El impuesto de Patrimonio es una figura que grava doblemente las rentas y a quien perjudica de verdad es a la clase media y al pequeño empresario. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que también lo tenemos exento entre cónyuges y de padres a hijos, en su mayoría a quien perjudica es a las pequeñas herencias”.

El impuesto de sucesiones en Andalucía

Francisco Navarro Imberlón

Economista

El PP ha iniciado una campaña en Andalucía pidiendo la supresión del impuesto de sucesiones (IS), petición ampliamente replicada en las redes sociales. Como casi siempre, la simplificación y la simpleza acompañan al debate generado. Por si resultara de utilidad conviene despejar algunos conceptos básicos. La Ley 29/1987  que regula el impuesto es estatal, teniendo las comunidades autónomas capacidad normativa sobre reducciones en la base imponible, tarifa,  cuantías y coeficientes del patrimonio prexistente y deducciones y bonificaciones de la cuota. La supresión del impuesto correspondería por tanto al Gobierno central.

Uno de los muchos gráficos que se publican estos días en las redes
sociales en contra del impuesto de sucesiones en Andalucía

El IS  no ha sido suprimido en ninguna comunidad autónoma, si bien es cierto que el uso de la capacidad normativa, por parte de las comunidades, ha generado importantes desigualdades territoriales, siendo cada vez más las comunidades que mediante reducciones en la base imponible y/o bonificaciones en la cuota, dejan exentos de tributación a un elevado número de contribuyentes.

Las desigualdades afectan principalmente a  sucesores del grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y sucesores del grupo II, (cónyuge, descendientes, ascendientes y adoptados de 21 o más años), siendo la situación de este último grupo la siguiente:

Las Comunidades que, prácticamente, liberan de tributación a este grupo son, además de los territorios forales (en el País Vasco están exentos), Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana. Comunidades como Andalucía y Extremadura dejan casi sin tributación a los contribuyentes con bases menores de 175.000 € y con límite en el patrimonio preexistente.

Aragón establece una reducción de 150.000 € para patrimonios preexistentes de menos de 402.678 €. En Asturias no se gravan estas herencias cuando la base imponible no supera 150.000 € y el patrimonio preexistente no supera 402.678,11 €. En Murcia se aplica reducción del 99 por 100 con una base límite de 450.000 € y en Galicia la tarifa para estos familiares tiene tipos del 5 al 18 por 100, muy por debajo de la estatal que llega hasta el 34 por 100.

Ante esta situación de desigualdad, algunos estudios sostienen que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones vulnera los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica y no confiscatoriedad, proclamados en el artículo 31 de la Constitución Española y artículos 3.1 y 3.2 de la Ley General Tributaria.

La situación descrita parece contraria a la tendencia en la Unión Europea de homogeneizar la tributación en todas las herencias, siguiendo las propuestas del Libro Verde de Sucesiones de la UE. A este respecto, en Alemania  ya iguala en beneficios fiscales hasta el cuarto grado. La tendencia en Europa es, precisamente, la desaparición del Impuesto de Sucesiones. Los Estados pueden seguir recaudando por otros tributos a lo largo de la vida de los herederos (IRPF, Sociedades, etc…).

Se trata pues de una cuestión compleja con efectos recaudatorios y redistributivos que habrá que valorar. En cualquier caso, nada que ver con las consignas que emanan desde el PP de Andalucía.

Casi 500 almerienses renuncian a la herencia por los altos impuestos de la Junta

Simón Ruiz

Periodista

Casi 500 familias almerienses renunciaron el año pasado a recibir herencias al no poder hacer frente al Impuesto de Sucesiones que han de pagar a la Junta de Andalucía. Al menos esa es la interpretación que realizan desde las filas del Partido Popular, formación política que viene defendiendo de manera insistente la eliminación de ese impuesto autonómico. La parlamentaria almeriense Carmen Crespo considera que ese afán recaudatorio de la Administración andaluza ha llevado a renunciar a sus herencias a casi 6.000 andaluces, de los que 478 residen en la provincia de Almería. Este último dato ha sido corroborado desde el órgano colegial que agrupa a los notarios de toda España.

El impuesto de sucesiones es muy distinto
de unas comunidades autónomas a otras

Crespo Díaz ha concretado que la Junta ingresó en sus arcas 24,6 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a lo largo del año 2013 y el año pasado, en 2014, esa cifra se acercó a los 28 millones. En lo que respecta a la provincia de Almería, se ha producido un progresivo aumento de renuncias de herencias coincidiendo en plena época de crisis económica. En el año 2010, las renuncias contabilizadas en la provincia fueron 162. El año siguiente la cifra llegó hasta las 186 y se alcanzaron las 247 en 2012. En 2013 hubo 358 renuncias y en 2014, 478.

Desde el Consejo General del Notariado se recuerda que tanto en el caso de la herencia como de la donación, la persona que recibe los bienes gratuitamente está obligada a pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, si bien hay comunidades que han optado por eliminarlo o han ido reduciendo las tasas que se pagan de manera progresiva.

¿Qué motivos hay para renunciar a una herencia? Los profesionales apuntan, además del no poder pagar el citado impuesto, las actuales circunstancias de crisis económica y las posibles deudas del fallecido que tienen que asumir los herederos. Con datos referidos al año 2013, el diario ‘El País’ informa de un aumento del 21 por ciento en las renuncias a herencias. Andalucía es una de las comunidades donde más incrementos se han registrado en los últimos años. La demanda del PP andaluz de eliminar el impuesto en la comunidad llegó hace unos días hasta la mesa del Consejo de Gobierno.

El pasado 4 de agosto, el Ejecutivo que preside Susana Díaz acordó mostrar su criterio contrario a la toma en consideración y a la tramitación de la proposición de Ley de Medidas Tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía, presentada por el grupo del PP-A, ya que supondría de facto la eliminación de este impuesto en la comunidad y conllevaría la disminución de los ingresos presupuestarios.

“El objetivo del Ejecutivo andaluz es garantizar un sistema tributario justo, en el que todos contribuyan en función de su capacidad económica. Por ello, y en el caso concreto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde 2002 se han aprobado diversos beneficios fiscales dirigidos a las rentas bajas. El programa de Gobierno para la actual legislatura incluye medidas de reforma de este impuesto, dirigidas a mejorar su equidad sin perder progresividad”, se señaló.