Rebeca Gómez
Concejal de Almería por el Partido Popular
El asunto de los ERE se va complicando. Mientras Griñán, Recio y Moreno enarbolan la bandera de la colaboración “en detalle y con rigor” con la justicia, la juez instructora del caso de la presunta trama de los ERE incentivados por la Junta de Andalucía no parece compartir tal opinión. Los responsables autonómicos no deben terminar de creerse que la cuestión haya podido deshilvanarse como presuntamente lo ha hecho.
El gobierno de la Junta se negó el martes a enviar a la magistrada Mercedes Alaya todas las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad amparándose en el “secreto de las deliberaciones”. Pero la juez notificó ayer a las partes un auto requiriéndolas de nuevo argumentando que, por su parte, “no se están pidiendo las deliberaciones y votaciones, sino únicamente las actas con los acuerdos”, los cuales “no son secretos”. Tienen 48 horas para hacerlo. Pero los dirigentes socialistas siguen en sus posiciones de fuerza, sin terminar de creer que quién les exige información y actas de acuerdos, que quién les acusa de opacidad, esto es, obstruir la acción de la justicia, no es la oposición, sino la juez. Y se permiten decidir qué le envían y qué no. La magistrada debe tener algo que decir. Es de rigor que se le reconozca el derecho a solicitar cuantos documentos considere, en el ejercicio de su función esclarecedora, para concluir con la mayor veracidad hasta donde llega el alcance en el presunto uso fraudulento de los fondos públicos.
Una cosa son las responsabilidades políticas y otra las jurídicas. Las segundas se dirimirán con mayor o menor ayuda de Griñán, su antecesor Manuel Chaves, los exconsejeros y los actuales consejeros con toda la línea de mando hasta las instituciones provinciales, las empresas y los sindicatos de clase. De las primeras ya se debería haber tenido noticia. Pero el PSOE, que ya rechazara en innumerables ocasiones la creación de comisiones de investigación en el seno del parlamento, sigue rechazando ahora la celebración de un pleno extraordinario sobre las irregularidades en los ERE. Se escuda en que ya están colaborando con la justicia. Pero no parece que lo hagan con acierto. Mientras, el Consejero de Empleo, Manuel Recio, parece no cejar en el empeño de insistir en que el asunto carece de la importancia suficiente al tratarse de un porcentaje poco significativo a su juicio en comparación con todos los expedientes que la Junta ha tramitado en los últimos diez años. “No se puede –dice- actuar con mayor transparencia”. Griñán afirma que fue el Gobierno andaluz el que denunció los hechos. Pero lo que se desprende de la hemeroteca y de lo que se va conociendo es que se sumó con resignación al esperpento porque no le quedaba más remedio.
La gestión de un asunto tan serio requiere el rigor, la seriedad y la responsabilidad que no está teniendo. Como muestra un botón: uno cualquiera de los tantos intentos de fraude que fueron en parte destapados antes de materializarse pero que no derivaron en responsabilidad para nadie, como el de la base militar de Morón de la Frontera en Sevilla, no incluido entre los “fraudes” detectados tras la investigación interna de la Junta de Andalucía. La empresa que opera en la Base estadounidense, Vinnell-Brown and Root, y los sindicatos UGT y CCOO negociaron 150 despidos en el ERE solicitado a la Junta, rechazados por el sindicato USO alegando un “criterio de amiguismo a la hora de elegir a los despedidos”. Entre estos nombres había pensionistas por invalidez, jubilados, parados, personas que habían trabajado en la empresa pero ya no prestaban sus servicios en ella en ese momento. Al informar de ello a la Delegación de Empleo de Sevilla –que no había cotejado estos datos, como tampoco lo había hecho la Inspección de Trabajo-, la administración revisó el listado y aparecieron hasta 31 personas que ya no trabajaban en la Base. La Inspección recomendó entonces a la Consejería de Empleo que denunciara el caso ante la justicia. Pero lo único que hizo la Junta fue obviar los 31 despidos fraudulentos y dar el visto bueno a los otros 119, obviando informar de ello en la resolución del proceso. La delegada provincia resolvió “autorizar [...] la extinción de 119 contratos laborales a partir del 17 de diciembre de 2010, en base a los acuerdos alcanzados entre la empresa y la mayoría de los componentes del comité de empresa [...]”. En todo caso, lo que representan estas actitudes es, ora la implicación en los hechos, ora la falta de control que pretende ocultarse.
