Caso Poniente: falta de confianza en la justicia

Moisés S. Palmero Aranda

Educador ambiental y escritor

⏩⏩⏩ El Caso Poniente viene a incrementar la desazón social respecto a la justicia, la desconfianza en un sistema que entendemos que no es independiente y que está manchado por los intereses partidistas. La resignación se ha afianzado en cada uno de nosotros y ya nada nos sorprende. Han sido diez años para juzgar una trama que desde el primer momento vimos que no había mucho interés en aclarar. El principal objetivo era sacar del panorama político a determinados individuos que arrasaban en las urnas. Una vez conseguido eso, todo lo demás parece no tener importancia.

Foto: RTVE

El proceso comenzó con un gran despliegue policial que revolucionó toda la provincia. Había que dar ejemplo, había que demostrarle a la sociedad que contra los malos se actuaba contundentemente. A partir de ahí todo se ralentizó. Muchas justificaciones para explicarnos por qué se tardaba tanto en juzgarla, falta de personal en los juzgados, la complejidad de la trama, los cambios de jueces. Ahora, una vez comenzado el juicio, vemos que han prescrito muchos de los delitos y veremos que terminará con una sentencia simbólica, porque los verdaderos culpables ya no tendrán edad, o salud, para entrar en la cárcel, y con la certeza de que el municipio de El Ejido no recuperará los millones desaparecidos.

No interesa aclarar estos casos porque al final vienen a demostrar que nadie, sea el partido que sea, tiene las manos limpias. Enciso, Bárcenas, Urdangarin y Chaves son ejemplos de lo mismo. Ellos no han hecho nada diferente a lo que hicieron y siguen haciendo sus compañeros. Solo que a ellos los han pillado.

Todas las penas que le caigan serán pocas, porque más que por el dinero que nos han robado, y que nunca devolverán, deberían pagar por destrozar la confianza social en el sistema judicial, en el sistema político, en la democracia. Deberían ser juzgados por abuso de poder, por humillarnos, por reírse en nuestras narices, por hacernos sentir indefensos e inferiores.

Qué ha fallado en la Operación Poniente

Javier Pajarón

Periodista

⏩⏩⏩ Como el vaticinio de un vuelco en el destino del juicio del Caso Poniente, Jesús Gázquez cerró la segunda sesión de cuestiones previas con un ruego a los magistrados de la Audiencia Provincial de Almería. El fiscal anticorrupción de Almería solicitó más tiempo para pronunciarse sobre la avalancha de alegaciones presentadas por casi medio centenar de acusados. Las partes ponían sobre la mesa la legalidad de las escuchas telefónicas, los registros, la elección del juzgado instructor, errores de trascripción y, sobre todo, la posible prescripción de delitos. Una tarea hercúlea. El mayor caso de corrupción jamás juzgado en la provincia de Almería.

Tres semanas después, el fiscal Jesús Gázquez anunciaba la retirada de más de la mitad de los delitos fiscales (todos los anteriores a 2006) y abría la puerta a una rebaja sustancial de las hipotéticas condenas para la trama de Elsur (el juicio apenas ha comenzado). La noticia generó una enorme controversia. Aunque los magistrados Társila Martínez, Jesús Martínez e Ignacio Angulo aún no se han pronunciado sobre la prescripción (las defensas piden la prescripción total de los delitos contra la Hacienda Pública), la Fiscalía ya anunciaba una reducción notable de sus peticiones iniciales, lo que se interpretó rápidamente como una victoria parcial de los acusados.

En la causa de El Ejido, los delitos contra la Hacienda Pública estaban esbozados en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se imputaron inicialmente durante los arrestos en octubre de 2009

¿Qué falló en la causa de la Operación Poniente? Los delitos fiscales, grueso de las acusaciones, prescriben a los cinco años de cometerse. Si no se imputan durante la detención y no aparecen durante la instrucción del procedimiento, el reloj no para de correr. En la causa de El Ejido, los delitos contra la Hacienda Pública estaban esbozados en los informes de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se imputaron inicialmente durante los arrestos en octubre de 2009, donde ‘cayeron’ el exalcalde Juan Enciso y exinterventor José Alemán. La juez instructora, Monserrat Peña, no incorporó entre los delitos imputados los referentes a la Hacienda Pública. Tampoco lo hizo en el levantamiento del secreto de sumario (primero de forma parcial en el año 2010).

En cualquier caso, la investigación habría llegado tarde a las primeras presuntas ilegalidades. Las pesquisas hablan de supuestas irregularidades en la trama de Elsur en el año 2002, pero esos presuntos delitos fiscales habrían prescrito antes de las detenciones, entre 2007 y 2008 (el delito fiscal se comete el año siguiente, cuando toca presentar la declaración).

Para poder incluir un delito se necesita cierta concreción, esto es, indicios de los investigados, sus presuntas actividades y el periodo afectado. Esta situación solo se reflejó (como poco) a partir de junio de 2011

Por otra parte, los informes de los peritos de la Agencia Tributaria tardaron en aparecer de forma concreta en la causa. Para poder incluir un delito se necesita cierta concreción, esto es, indicios de los investigados, sus presuntas actividades y el periodo afectado. Esta situación solo se reflejó (como poco) a partir de junio de 2011. “Todas las partes tenían conocimiento de que se les estaba investigando por un delito contra la Hacienda Pública y es, desde este momento, cuando consideramos que se interrumpe la prescripción”, señaló el pasado viernes el fiscal anticorrupción Jesús Gázquez.

Dicho de otro modo, la investigación llegó tarde para evitar la prescripción y se retrasó otros dos años en identificar los delitos contra la Hacienda Pública, dada la complejidad de la causa, el volumen de procesados e incluso los cambios en el Juzgado de Instrucción número Dos de Almería durante el periodo de indagación. Precisamente la falta de recursos se hizo palpable en distintos momentos de la instrucción. En abril de 2013, el Caso Poniente esperaba a que tres peritos analizaran aproximadamente 1,3 millones de archivos.

En aquella fecha la instrucción parecía casi terminada y, aún así, el juicio oral ha comenzado en enero de 2020. Este elemento anuncia con seguridad alegaciones sobre la aplicación de dilaciones indebidas (atenuantes en caso de una condena) en el futuro.  Un problema añadido. Y aún no han empezado las declaraciones.

Caso Poniente: Fiscalía considera prescritos la mitad de los delitos contra Hacienda

Javier Pajarón

Periodista

⏩ El futuro del denominado Caso Poniente sufre un vuelco a un mes y medio de la declaración en el juicio oral del exalcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL). Anticorrupción anunció este viernes la retirada la acusación sobre más de la mitad de los delitos contra la Hacienda Pública y asesta un tijeretazo a las peticiones de cárcel para los procesados en la presunto trama corrupta de Elsur.

Un momento del juicio (La Voz)

El fiscal Jesús Gázquez considera prescritos los delitos contra la Hacienda Pública en el periodo de 2002 a 2006 y solo presenta acusación contra las actuaciones de 2006 a 2009, según expuso la mañana del viernes en la Audiencia Provincial de Almería durante la cuarta sesión de “cuestiones previas” del juicio. La cuestión es compleja técnicamente. De forma simplificada, el reloj de la prescripción comienza a contar cuando se comete el delito. Solo se interrumpe cuando se produce la detención o la imputación judicial.

Las defensas creen que todos los delitos fiscales están prescritos, pero el fiscal Jesús Gázquez marca en rojo una providencia de junio de 2011

En el caso de los delitos fiscales juzgados, el tiempo de prescripción es de 5 años. Las partes llevan semanas debatiendo cuándo se paró el reloj. Las defensas creen que todos los delitos fiscales están prescritos, pero el fiscal Jesús Gázquez marca en rojo una providencia de junio de 2011 (luego hubo otros dos documentos). Y argumenta: “Esos escritos contienen la calificación jurídica del delito fiscal, identifican a los presuntos autores y se les advierte de que van a seguirse contra ellos por esos delitos”, aseguró Gázquez en su intervención del viernes. “No es una imputación genérica sino que se están concretando y los presuntos responsables están perfectamente identificados”.

Por tanto, como los delitos fiscales prescriben en un plazo de 5 años, el fiscal anticorrupción solo seguirá en sus peticiones respecto a los ejercicios fiscales de 2006 en adelante. El tribunal, compuesto por los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad, debe decidir si estima la versión de las defensas (todo prescrito) o la versión del fiscal (solo una parte prescrita). En cualquier caso, la modificación supone una victoria parcial para los procesados. En la práctica, decida lo que decida el tribunal, ya evitan gran parte de las hipotéticas condenas. 

Las cifras son esclarecedoras entre los principales acusados. La petición del Ministerio Público pasa de 64 años de prisión a 40 años para el exalcalde Juan Enciso y para el exinterventor municipal José Alemán (representados por Francisco Torres y Francisco Ferre respectivamente). Para el empresario José Amate la acusación fiscal pasa de 97 años de prisión a 37 años, para Juan Antonio Galán de 174 años de prisión a 94 años y para Ambrosio Cuevas de 73 años de prisión a 25.

Las cifras son igualmente llamativas en lo referido a las multas económicas, sometidas a un severo recorte. Entre los grandes beneficiados está también la empresaria Isabel Carrasco, esposa de José Alemán y representada por el letrado Carlos Ferre. La Fiscalía pedía antes 85 años de prisión por 21 delitos. En cambio, ahora se enfrenta a una solicitud de 9 años de prisión por solo dos delitos y evita todas las multas.

La acusación del Ayuntamiento de El Ejido (también representa al Partido Popular) arguyó que los delitos contra la Hacienda Pública se apuntaban ya en las diligencias de investigación del Ministerio Público de 2009, en un intento de atrasar el reloj de la prescripción.  Este debate jurídico es totalmente independiente del retraso en la celebración del juicio del Caso Poniente (las detenciones fueron en octubre del año 2009). De hecho, esto introduce otro matiz. Las dilaciones en la instrucción judicial del asunto lleva casi irremediablemente a que todos los acusados puedan beneficiarse en el futuro de una atenuante (¿muy cualificada?) ante una posible condena. El juicio se extenderá hasta finales del mes de julio, según el calendario de sesiones fijado por el tribunal de la Sección Tercera.

Cómo quedan las peticiones:

1. Juan Enciso El fiscal pedía 64 años de prisión por 19 delitos y 49 millones de multa. Ahora pide 40 años de prisión por 11 delitos y 23,2 millones de multa.

2. José Alemán Se enfrenta a las mismas condiciones que el exalcalde Enciso.

3. José Amate El fiscal pedía 97 años de prisión por 23 delitos y 65,9 millones de multa. Ahora pide 37 años de prisión por 10 delitos y 29,2 millones de multa.

4. Juan Antonio Galán El fiscal pedía 174 años de prisión por 42 delitos y 75,4 millones de multa. Ahora pide 94 años de prisión por 22 delitos y 40,2 millones de multa.

5. Jesús Aragón El fiscal pedía 85 años de prisión por 20 delitos y 43,2 millones de multa. Ahora pide 21 años de prisión por 4 delitos y 500.000 euros de multa.

Caso Poniente: día 2

Javier Pajarón

Periodista

⏩La segunda sesión del juicio oral del Caso Poniente cumplió con la agenda prevista y, a pesar de la multitud de abogados personados en el proceso, se convirtió en un monólogo. Las defensas en bloque hablaron con una sola voz para solicitar la prescripción de los delitos fiscales y, de este modo, atacar la línea de flotación de las acusaciones. Los delitos contra la Hacienda Pública constituyen el grueso de las peticiones de prisión de prácticamente todos los procesados en la macrocausa por el presunto saqueo de las arcas públicas de El Ejido.

2ª sesión del juicio (La Voz)

La situación del ex alcalde de El Ejido es paradigmática. El fiscal anticorrupción de Almería, Jesús Gázquez, solicita 64 años de cárcel por la comisión de 19 delitos entre los años 2002 y 2009. De ellos, 16 son delitos fiscales y suponen una petición de 52 años de prisión, según el escrito de acusación. La anulación de estos delitos es, por tanto, vital para las defensas.

Pero, ¿en qué se basan las defensas? ¿Por qué hay un debate sobre la prescripción de delitos? La explicación pasa por una cuestión de fechas y acusaciones. Los delitos fiscales enjuiciados en el Caso Poniente prescriben a los cinco años. El reloj comienza a correr en la fecha obligada para la declaración de los impuestos, es decir, el año siguiente en la declaración de la renta y en el trimestre en la declaración del IVA, y se para cuando se produce una detención o imputación judicial.

Y aquí radica la controversia. El Juzgado de Instrucción número Dos de Almería mencionó las sospechas de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en una providencia de junio de 2011, pero no detalló años fiscales ni personas afectadas por los indicios de criminalidad. Las imputaciones concretas aparecieron posteriormente en la apertura de juicio oral, ya en el año 2017.

Así pues, los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad tienen que decidir si existían acusaciones formales para frenar el reloj de la prescripción o, por el contrario, las imputaciones aparecieron después de los mencionados cinco años.

Las consecuencias de la decisión son capitales para el devenir del Caso Poniente. Aceptar los argumentos de las defensas supondría una dura crítica a la instrucción y, más aún, sometería a los escritos de acusación a una severa dieta de adelgazamiento.

“Mi representada fue detenida el 20 de octubre de 2009 y presta declaración el día 21 pero nada se decía del delito contra la Hacienda Pública”, explicó Carlos Ferre, abogado de Isabel Carrasco (se enfrenta a una petición de 85 años de cárcel), esposa del ex interventor José Alemán. “Hay una resolución de junio de 2011 donde se nos invita a declarar, si lo tenemos a bien, por un delito contra la Hacienda Pública, pero sin ninguna concreción a quién se le puede imputar y por qué”.

“Hay una falta absoluta de imputación de unos hechos a lo largo del procedimiento”, añadió Miguel Ángel Torres, letrado del empresario Juan Antonio Galán (se enfrenta a una petición de 174 años de cárcel).

Por otra parte, durante la segunda sesión las defensas apuntaron también otras cuestiones previas que aludían a presuntas irregularidades en los registros domiciliarios (por ejemplo, en el caso de Ambrosio Cuevas) o en el tiempo de detención (por ejemplo, en el caso de Juan Antonio Galán).

El tribunal estudia una presunta malversación de caudales públicos entre los años 2002 y 2009 a través de la empresa mixta de servicios Elsur. La Fiscalía pide 1.500 años de cárcel para los procesados.

El fiscal anticorrupción Jesús Gázquez solicitó a la presidencia de la sala más tiempo para estudiar las cuestiones previas planteadas por los letrados de las defensas ante la posibilidad de introducir “modificaciones en el escrito de acusación”. La siguiente sesión prevista en el juicio oral del Caso Poniente está señalada para el viernes 31 de enero. En ella se estudiarán las pruebas planteadas y se argumentará sobre su pertinencia. El fiscal pide una cuarta sesión antes del inicio de las declaraciones de los acusados, previstas para el 31 de marzo. Gázquez apeló a la complejidad y el volumen de las alegaciones de los letrados y en el volumen de trabajo que supone estudiar y pronunciarse sobre el asunto, más aún cuando podrían producirse cambios sustanciales en el caso.

El juicio del Caso Poniente: día 1

Javier Pajarón

Periodista

⏩ Sin gritos y sin pancartas. Sin manifestaciones. Sin partidarios y sin detractores. Juan Enciso cruzó el umbral del Palacio de Justicia de Almería acompañado de su esposa y con aparente serenidad. La puesta en escena del primer día del Caso Poniente ofreció una imagen de austeridad muy distinta a las escenas de aquel mes de octubre de 2009, cuando la Policía Nacional irrumpió en el Ayuntamiento de El Ejido para destapar la presunta trama de corrupción más grande de la historia judicial de Almería.

Juan Enciso y José Alemán, durante el juicio (La Voz)

Los acusados compartieron sala con solo un pequeño grupo de periodistas y a las puertas de la Audiencia Provincial de Almería apenas esperaba una irreductible representación de Izquierda Unida (IU), promotora de la denuncia y personada en la causa. La cita respiraba incluso cierto ambiente de reencuentro en la antesala, con Juan Enciso recordando los años gloriosos de alcaldía de un corrillo a otro y los letrados compartiendo estrategias como universitarios antes de afrontar sus exámenes más exigentes.

Con tanta gente en la sala y tapados por la fila de abogados, los principales imputados del Caso Poniente parecían ocultos ante la avalancha de miradas

Las caras se tornaron más serias cuando los acusados y sus abogados ocuparon asiento frente a un tribunal compuesto por los magistrados Társila Martínez (presidenta), Jesús Martínez e Ignacio Angulo. Juan Enciso y José Alemán, ex alcalde y ex interventor municipal, colocados en la investigación como los cerebros de la presunta trama corrupta, quedaron ubicados paradójicamente en un extremo escondido del banquillo de los acusados.  Con tanta gente en la sala y tapados por la fila de abogados, los principales imputados del Caso Poniente parecían ocultos ante la avalancha de miradas.

El tribunal estudia un presunto desfalco de 71 millones de euros en la gestión de fondos públicos en el municipio de El Ejido, especialmente a través de la empresa de servicios Elsur. La Fiscalía Anticorrupción solicita 1.500 años de cárcel para los 49 acusados. La primera sesión del juicio oral estaba reservada para la exposición de las cuestiones previas, sin embargo, la primera gran noticia llegó antes incluso de las alegaciones. El tribunal anunció la resolución de varios recursos presentados previamente. El trámite es farragoso, pero se resume en la prescripción del delito de negociaciones prohibidas para funcionarios públicos.

Esto supuso directamente la absolución de cinco procesados en el Caso Poniente. Son Antonio C. G., María Jesús M. M., Francisco Gabriel G. L., Emilio G. A. y María Natividad C. G., que abandonaron la sala de vistas visiblemente emocionados y entre gestos de apoyo de otros acusados. Se enfrentaban a peticiones de hasta 18 meses de prisión y a penas de inhabilitación, según el escrito de acusación del fiscal anticorrupción Jesús Gázquez Martín. Ahora quedan exonerados, aunque probablemente tendrán que comparecer en el futuro en calidad de testigos.

La segunda y tercera sesión del juicio oral están previstas para los dos próximos viernes y también abordarán cuestiones previas. El calendario fijado por la sala marca la última semana del mes de julio como fecha para la finalización del juicio. Casi seis meses de sesiones para dirimir si los encausados desviaron más de 71 millones de euros de dinero público a sus bolsillos entre los años 2002 y 2009.

Las acusaciones son ejercidas por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, Izquierda Unida, el Ayuntamiento de El Ejido y el Partido Popular (los dos últimos representados por el mismo abogado). La Fiscalía pide 64 años de prisión para el exalcalde Juan Enciso (PAL) y sitúa al exalcalde de El Ejido en el epicentro de un presunto sistema de malversación de fondos públicos mediante contratos y subcontratos de la empresa mixta de servicios  Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y el grupo Abengoa.

“El mecanismo básico utilizado en esta trama para justificar este canon ha sido la sobrefacturación efectuada a Elsur por las empresas subcontratadas de los grupos A. y G., y la facturación emitida por su socio mayoritario, grupo Abengoa”, explica la acusación fiscal. La próxima cita será el viernes 17 de enero, Segunda sesión del juicio oral del Caso Poniente.

Las portadas de los periódicos de Almería (11-01-20)

Aarón Rodríguez
@opinionalmeria

⏩ El comienzo de la celebración del juicio del Caso Poniente ocupa la mayor parte de las portadas de los periódicos de Almería. La Voz de Almería dice: "La tardanza del Caso Poniente 'absuelve' a cinco de los acusados". Diario de Almería titula: "Cinco absueltos en el inicio del juicio del Caso Poniente". Ideal destaca: "Cinco de los implicados en el Caso Poniente, absueltos en el primer día del juicio".

Caso Poniente: Fiscalía considera que el dinero se gastó en incremento de patrimonio personal y en lujo

Antonia Sánchez Villanueva

Subdirectora de La Voz de Almería

La presunta trama de corrupción que durante quince años se instaló en torno al Ayuntamiento de El Ejido estuvo operando como una confluencia de intereses particulares que, en última instancia, obtenían sustanciosos beneficios económicos ilícitos procedentes de un mismo origen: el Ayuntamiento de El Ejido, bien directamente bien vía Elsur, la empresa mixta de servicios municipales.

El informe de calificación que ha presentado esta semana el fiscal Anticorrupión concluye que el primer paso para orquestar esta presunta trama que durante siete años -entre 2002 y 2009 los únicos que ha podido cubrir la investigación- se apropió de más de 70 millones de euros de dinero público lo dio la multinacional Abengoa, socio privado de Elsur con más del 70% de sus acciones. La empresa de servicios, cuyo otro 30% correspondía al Ayuntamiento, recibía de este cada año un canon para prestar los servicios públicos de suministros básicos y mantenimiento, y debía hacerlo, según el pliego de condiciones, con sus medios propios, teniendo prohibida la subcontratación.

Juan Enciso: Fincas y una bodega

El fiscal Anticorrupción considera al que era alcalde durante todo el tiempo que actuó la trama perfecto conocedor de las actividades ilegales de los directivos de Elsur y de las subcontratas y le acusa de haber actuado en connivencia con ellas, obteniendo a cambio beneficios económicos, de los que también su esposa, Francisca Aguilera estaba al tanto. Enciso y su esposa habrían canalizado a través de su sociedad ganancial Enciso y Aguilera el cobro de comisiones ilegales pagadas por empresas contratistas con el Ayuntamiento o con Elsur a través de facturaciones por servicios inexistentes, según la tesis que sostiene la investigación. 

De los 253 empleados que llegó a tener Elsur, 53 eran “enchufados” del alcalde y de otros miembros de la trama

Así, por ejemplo, hay documentado en 2005 y 2006 el pago de 180.000 euros por parte de una de las sociedades patrimoniales de José Amate a Enciso y Aguilera por la compra de acciones de una mercantil sin ningún valor. También facturaron en varios años distintas cantidades a varias de las sociedades de Juan Antonio Galán. En total, el dinero así cobrado, de acuerdo con lo cotejado por los investigadores, asciende a 661.000 euros. Enciso también se prevalió de su condición de alcalde para obtener favores para terceros, como contratación de familiares, amigos y compromisos. Un documento intervenido durante los registros revela que de los 253 empleados que llegó a tener Elsur, 53 eran “enchufados” del alcalde y de otros miembros de la trama. 

Juan Enciso adquirió nueve fincas en El Ejido y dos más en Granada, además de una serie de terrenos en la Alpujarra granadina (zona del puerto de la Ragua)

El “cuidado” a la familia también se deja ver en los sustanciosos contratos que su cuñado, Francisco Javier Aguilera Callejón, hermano de su mujer, consiguió con el Ayuntamiento de El Ejido y con Elsur en este tiempo, y que ascendieron a 5,5 millones de euros. El destino que Juan Enciso dio al dinero ilegal que le atribuye el fiscal fue sobre todo en forma de patrimonio inmobiliario. Así, el ya exalcalde adquirió nueve fincas rústicas y urbanas en el municipio de El Ejido -algunas de ellas transmitidas a sus hijas- y dos más en Granada, por valor todas ellas de 613.000 euros. Pero, además, compró una serie de terrenos en la Alpujarra granadina (zona del puerto de la Ragua) para su gran sueño de plantar viñedos y crear una bodega. Esa propiedad, de 328.000 metros cuadrados, tiene una vivienda, bodega y almacén y está valorada en más de 200.000 euros. 

Alemán: propiedades y lujo

El informe de Anticorrupción acusa al que fuera interventor accidental del Ayuntamiento ejidense de aprovechar su condición de tal para cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer las relaciones de empresarios con el Ayuntamiento y de permitir acciones delictivas  como las de las subcontratas. Directamente o a través de familiares, constituyó empresas para ingresar los beneficios ilícitos, que destinó a crear un importante patrimonio inmobiliario y a gastos de lujo, de acuerdo con las conclusiones de la investigación.

La empresa de Alemán, Sistemas de Dirección, no tenía infraestructura ni trabajadores cualificados, pero ingresó en ese periodo casi 7,5 millones de euros

El principal mecanismo de obtención de ingresos de Alemán giraba en torno a la mercantil Sistemas de Dirección S. L., una sociedad pantalla o instrumental, bajo su absoluto control, que entre 2002 y 2009 generó un montaje de facturación por prestación de servicios ficticios de asesoramiento a otras sociedades de los implicados en la trama, entre ellos sociedades de Galán, de los Hermanos Lirola (adjudicatarios de servicios municipales), de José Amate, de Juan Julián Hernández Venzal (adjudicatario de servicios de apoyo a la recaudación con la mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación), de Jesús Aragón … Sistemas de Dirección ni tenía infraestructura ni trabajadores cualificados, pero ingresó en ese periodo casi 7,5 millones de euros. No obstante, el fiscal documenta más comisiones ilegales presuntamente cobradas por Alemán a través de otras sociedades con testaferros (su cuñada, Rosalía Gil del Valle, y su hermano, Enrique Alemán, además de su mujer, Isabel Carrasco) que sumarían 10,6 millones de euros de beneficio ilícito en siete años.

Y es que la investigación pone de relieve que la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, funcionaria del Ayuntamiento, era socia en dos de las mercantiles de Galán que subcontrataban con Elsur, a través de las cuales ingresaba una parte de las sobrefacturaciones. El fiscal la considera perfecta conocedora y partícipe de la distracción de fondos públicos a través de todo el entramado empresarial. De hecho, su patrimonio desde 2004 se incrementa por encima de los 600.000 euros. Carrasco adquiere en ese periodo un importante patrimonio compuesto por cerca de una decena de inmuebles en Almería capital y El Ejido, por valor de más de medio millón de euros.

Galán: varios pisos

El fiscal, en base a los informes periciales, documenta la actividad de tres sociedades de Juan Antonio Galán (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión) que sobrefacturaron a Elsur por subcontratas de trabajos de jardinería, con las que obtuvo unos beneficios muy elevados, que fueron desviados, mediante facturación injustificada o por otros medios, a sus sociedades patrimoniales, G.P. Santander, SL y Multi Gestión Nuevo Ejido, SL y a otras sociedades de otros acusados. 

Tres sociedades de Juan Antonio Galán facturaron a la empresa mixta municipal 37, 6 millones de euros, de los cuales los peritos consideran que la sobrefacturación se eleva a 15,6 millones

Las tres primeras sociedades facturaron a la empresa mixta municipal en los siete años investigados un importe de 37, 6 millones de euros, de los cuales los peritos consideran que la sobrefacturación se eleva a 15,6 millones, con un porcentaje de beneficio del 48,21 %. Estas empresas incluían indebidamente en sus declaraciones fiscales pagos no deducibles y que tendrían como objetivo desviar fondos procedentes de la sobrefacturación. También cree el fiscal que, así como José Amate solo repartía beneficios con los miembros de la familia, Galán distribuía el dinero entre familiares pero también entre sus “socios colaboradores”, a saber, Juan Enciso, José Alemán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. Y es que Galán poseía hasta 16 sociedades (aunque sólo 10 investigadas) con las que mantenía operaciones mercantiles con estos otros acusados, a través de participaciones de sociedades de estos en las suyas o, en el caso de la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, como socia de Jardines del Poniente. 

Así, mediante la facturación por servicios inexistentes, las distintas sociedades subcontratistas de Elsur pertenecientes a Juan Antonio Galán pagaron, según la acusación del fiscal, a las mercantiles de Enciso, Alemán, Cuevas y Aragón cantidades que en realidad encubrían comisiones ilícitas y reparto de los beneficios ilegales. Todo este reparto viene detallado año a año, sociedad por sociedad y persona por persona en el escrito final de calificación. En lo que se refiere a Enciso y Alemán, el fiscal concluye que los pagos obedecían al pago por permitir las actuaciones ilícitas que deberían haber evitado como alcalde y como interventor que eran. Además, Galán destinó importantes cantidades a comprar quince propiedades inmobiliarias en Santander, Madrid y Almerimar, con una valoración de más de 4,5 millones.

Amate: sueldos, pisos y gastos familiares

El que fuera jefe del área de Parques y Jardines de Elsur hasta 2003 y director de producción hasta 2006, José Amate Rueda, se valió de su posición para subcontratar servicios que la empresa mixta debía prestar al Ayuntamiento valiéndose para ello de empresas controladas por él al frente de las cuales figuraban testaferros y miembros de su familia. Amate, como el otro subcontratista de Elsur, Juan Antonio Galán, eran conscientes de las maniobras de Abengoa para obtener beneficios, y se prestaron a cambio de embolsarse las sustanciosas sobrefacturaciones. El grupo Amate funcionó con ocho sociedades instrumentales y otras dos patrimoniales, estas dos últimas para gestionar los beneficios ilícitos y para emitir facturas cruzadas por servicios inexistentes para justificar gastos y pagar menos impuestos. Para compensar el IVA que sus sociedades le repercutían a Elsur y que tendrían que haber ingresado a Hacienda, el grupo Amate recurrió a comprar facturas falsas. 

De esta manera las mercantiles del Grupo Amate habrían obtenido unos ingresos desproporcionados. El importe total de las subcontratas de estas sociedades con Elsur entre 2002 y 2009 fue de algo más de 53 millones de euros, incluyendo IVA. Estas empresas solo poseían personal, el resto de los instrumentos necesarios eran propios de Elsur, por lo que conseguían un beneficio desproporcionado, que los peritos y la Fiscalía cifran en 24,6 millones, un 53,5% de margen comercial. 

En cuanto al destino que la familia Amate (esposa, tres hijos y dos yernos) dio al dinero obtenido ilícitamente, el informe de acusación determina que estuvo fundamentalmente destinado a la compra de patrimonio inmobiliario, al pago de gastos privados y de salarios para los miembros de la familia. Un entramado de operaciones financieras entre empresas del propio grupo (supuestas facturaciones, alquileres y préstamos) sirvió para canalizar el flujo de dinero desde las sociedades instrumentales a las patrimoniales. Finalmente el beneficio se empleó en: Retribuciones para la familia: 975.000 euros; 24 propiedades inmobiliarias en Sevilla, Carmona, Islantilla, El Ejido y Almerimar. Valorados en más de 5 millones de euros; Gastos privados de toda la familia.

Cuevas y Alemán: socios de provecho

Lejos de secundario, el papel que el fiscal Anticorrupción atribuye a los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón en la trama es principal. Ambos están relacionados societariamente con Juan Antonio Galán, uno de los principales subcontratistas de Elsur, y les señala como perceptores de beneficios ilícitos con una actividad de intermediarios.

En el caso de Cuevas, figuraba como administrador único y socio en Clabert Gestión (con su sociedad patrimonial ACG Consultoría y Gestión), junto a Juan A. Galán (socio mayoritario con su patrimonial GP Santander) y Jesús Aragón (con Sillar y Raíz). Según los datos que obran en la investigación, Clabert ingresó en siete años 6,2 millones de euros procedentes del propio Ayuntamiento de El Ejido, de Elsur y de otras empresas relacionadas, entre ellas Colaboradora de Gestión y Recaudación, que obtuvo en 2002 la concesión de todo el servicio de recaudación municipal (facturó por ello 22,4 millones en siete años) y se lo subcontrató a Clabert. Lo  mismo ocurrió con el cobro de recibos de Elsur. Pues bien, según la investigación de Fiscalía Anticorrupción, en ese momento entra en escena una empresa del Grupo Galán, Multi Gestión Nuevo Ejido, que, junto a las propias de Aragón y de Cuevas, empiezan a hacer facturaciones a Clabert (2,8 millones de euros) para que aumentara ficticiamente sus gastos que luego eran soportados por el Ayuntamiento de El Ejido con revisiones de precio anuales. Para ello era necesaria la connivencia de Enciso y Alemán. Posteriormente, Multi Gestión ‘repartía’ pagando facturaciones que le endosaban las empresas de Aragón, de Alemán y otras del propio Galán. 

En cuanto a Jesús Aragón, además de sus dos mercantiles, Sillar y Raíz y Laupa Gestión, participaba en sociedades con otros miembros de la trama, entre ellas Jardines del Alcor, una de las del Grupo Galán que presuntamente obtuvieron beneficios ilícitos, de los cuales una parte habría ido a parar a Aragón. También cree el fiscal que Laupa gestión estaba controlada en realidad por Galán quien, con la connivencia del acusado Jesús Aragón, la utilizó para el desvío de fondos procedentes de la sobrefacturación que las subcontratas Jardines del Poniente SL, Jardines del Alcor SL y Lobelia Gestión.

Abengoa, todo el beneficio para sí

Lo que el fiscal argumenta es que Abengoa, que tenía el control de Elsur, orquestó la creación de una trama de sociedades que subcontrataban con la empresa mixta. Estas sociedades, principalmente en manos de José Amate Rueda y Juan Antonio Galán, tenían un carácter meramente instrumental, carecían de medios propios y su papel se limitaba casi en exclusiva a ceder trabajadores a Elsur. Se trataba ni más ni menos del mecanismo que utilizaba Abengoa para inflar el canon que pagaba el Ayuntamiento a través de un incremento artificial de los gastos. El trabajo de los expertos de Hacienda ha conseguido levantar el velo jurídico, poniendo al descubierto las maniobrasy ha revelado que el mecanismo se utilizaba también para defraudar en el pago del Impuesto de Sociedades y en el IVA. Por si fuera poco, el fiscal relata que Abengoa también facturó a su propia empresa mixta por servicios inexistentes de asesoramiento. Por este procedimiento se apropió de 31 millones de euros en siete años.

(Autorizada su reproducción por La Voz de Almería para La Opinión de Almería. Prohibida la reproducción sin autorización del primer medio). 

Caso Poniente: Petición de cárcel para 50 implicados

Antonia Sánchez-Villanueva

Subdirectora de La Voz de Almería

La causa por el denominado Caso Poniente, el mayor escándalo de presunta corrupción institucionalizada puesto el descubierto hasta la fecha en la provincia de Almería, se encamina ya hacia la fase de juicio. El fiscal Anticorrupción, que inició la investigación en 2007, dos años antes de judicializarse, ha presentado sus conclusiones y calificaciones al Juzgado de Instrucción número 2. En total, acusa a cincuenta personas de haber orquestado una trama para apropiarse de dinero público procedente del Ayuntamiento de El Ejido vía sobrefacturaciones a la empresa de servicios Elsur y a través del cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos municipales.

El fiscal pide penas de cárcel que suman 1.545 años y responsabilidades civiles por un importe superior a los 100 millones de euros

El fiscal pide para todos ellos penas de cárcel que suman 1.545 años de cárcel y responsabilidades civiles por un importe superior a los 100 millones de euros. En su extenso escrito de calificación, de más de 200 folios, les atribuye la comisión de 362 delitos entre malversación, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho activo y pasivo, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales.

De acuerdo con su investigación, esta trama, compuesta por hasta seis grupos con relaciones entre sí, habría conseguido detraer fondos del Ayuntamiento de El Ejido de en torno a 71 millones de euros entre los años 2002 y 2009, periodo que abarca la instrucción judicial. Además, se habrían lucrado con otros 29 millones de euros por fraude a la Hacienda pública correspondientes a impuesto de Sociedades y al pago del IVA.

Entre los acusados figuran el exalcalde de El Ejido Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán cuya connivencia hizo posible la actividad delictiva de estos grupos

Entre los principales acusados figuran el exalcalde de El Ejido Juan Enciso y el exinterventor municipal José Alemán, cuya connivencia -sostiene el fiscal- hizo posible la actividad delictiva de estos grupos, a cambio de lo cual obtuvieron sustanciosas prebendas económicas. A ambos les imputa delitos que implican penas de prisión de 66 años de cárcel.

También están en la nómina de acusados una docena de directivos de Abengoa, multinacional que constituía la principal accionista de la empresa mixta Elsur, y a la que el fiscal señala como el origen de toda la trama para, presuntamente, engordar el canon que obtenía del Ayuntamiento a través de Elsur y, además, obtener también beneficio defraudando a Hacienda. Elsur facturó en siete años 232 millones de euros al Ayuntamiento, una cantidad que incluía además del canon anual, cantidades millonarias por asesoramientos ficticios que escondían otra vía para ingresar dinero procedente del Ayuntamiento, de acuerdo con la tesis del fiscal Anticorrupción. 

La lista de acusados incluye asimismo a los dos principales responsables de las sociedades que subcontrataban con Elsur, José Amate Rueda y Juan Antonio Galán, para quienes solicita penas de prisión de 97 y 174 años respectivamente. A ambos les considera responsables de malversación continuada, cohecho y de decenas de delitos contra la Hacienda pública `por su actividad con las subcontratas con las que, de acuerdo con la investigación, sobrefacturaban enormes cantidades a Elsur obteniendo con ello un beneficio ilícito que, después, ocultaban también a Hacienda.

A medida que la larga y compleja investigación del Caso Poniente iba poniendo en evidencia la presunta sustracción de dinero público a través de sobrefacturaciones de las subcontratas a la empresa mixta municipal Elsur, la pregunta se iba haciendo más clamorosa: ¿Por qué el socio privado de Elsur, Abengoa, con la propiedad del 70% de las acciones, no había intevenido para frenar lo que, en principio, le perjudicaba?

Abengoa no solo se benefició de la trama, sino que estuvo en todo momento detrás de ella

La tesis que sostiene el fiscal Anticorrupción es rotunda: porque Abengoa no solo se benefició de la trama, sino que estuvo en todo momento detrás de ella. El informe documenta cómo la multinacional de origen sevillano mantuvo siempre el control de Elsur a través de sociedades filiales que se iban transformando: Abensur , Befesa, Aygesa, Abensurasa y Aygesur, estas dos últimas los nombres mercantiles de la sociedad que constituía Elsur al 70%.

Pues bien, tanto al frente de todas ellas como en los cargos de dirección de Elsur y mayoritariamente en su Consejo de Administración figuraban directivos de Abengoa, una docena de ellos acusados en la causa. Lo que el fiscal sostiene es que fue este grupo el que orquestó la creación de las subcontratas con un doble objetivo: hinchar los gastos de Elsur para, por un lado, aumentar el canon anual que pagaba el Ayuntamiento de El Ejido y, por otro, pagar menos impuestos de Sociedades y de IVA.

Pero, por si fuera poco, también facturaba por servicios inexistentes de asesoramiento fuera de canon (los denominados Fee y Extra Fee, a través de los cuales se apoderaron de 31 millones). Entre canon y asesoramiento, las sociedades de Abengoa facturaron al Ayuntamiento vía Elsur 232,6 millones entre 2002 y 2009. 

La sobrefacturación de las subcontratas perseguía disfrazar los beneficios

La sobrefacturación de las subcontratas perseguía disfrazar los beneficios, por lo que Elsur eludía el pago de impuesto de sociedades, no repartía dividendos con el otro socio (el Ayuntamiento de El Ejido) y, además, pagaba menos IVA al deducirse el repercutido por las subcontratas. Con este mecanismo, Abengoa, según el fiscal, “se apropiaba del 100% de los rendimientos, lícitos e ilícitos, que generaba Elsur”.

Peticiones de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción:

1. JOSE MARIA MARAÑON MARTIN, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa.  71 años de cárcel.

2. ANTONIO RAMON BORRERO VILLALON, Vicepresidente Elsur. Directivo de Abengoa. 71 años de cárcel. 

3. MANUEL FERNANDEZ HERAS, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa. 55 años de cárcel. 

4. MIGUEL ANGEL ABAD CHAMON, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa. 55 años de cárcel.

5. JUSTO FERNANDO BOLAÑOS HERNANDEZ, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa. 55 años de cárcel. 

6. FRANCISCO JAVIER MOLINA MONTES, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa. 71 años de cárcel. 

7. ANTONIO MARIN HITA, Vocal Consejo de Elsur. Directivo de Abengoa. 71 años de cárcel. 

8. JOSE MARIA CABALLOS CABRERA, Vocal Consejo de Elsur. 23 años de cárcel. 

9. MANUEL CABALLOS PIÑERO, Director general de Elsur. 55 años de cárcel. 

10. JAIME RICO RODRIGUEZ, Director financiero de Elsur. 23 años de cárcel. 

11. MIGUEL ANGEL RUIZ BAENA, Director Producción de Elsur. 31 años de cárcel. 

12. JUAN ANTONIO ENCISO RUIZ, Alcalde de El Ejido. 66 años de cárcel. 

13. JOSE ANTONIO ALEMAN BRACHO, Interventor accidental Ayto El Ejido. 66 años de cárcel. 

14. JOSE AMATE RUEDA, Jefe producción de Elsur, empresario de subcontratas. 97 años de cárcel. 

15. AURORA AVILA RIVAS, Esposa de José Amate. Responsable sociedades grupo Amate. 19 años de cárcel. 

16. ALBERTO AMATE AVILA, Hijo de José Amate. Responsable sociedades del grupo. 27 años de cácel. 

17. MARIA LUISA AMATE AVILA, Hija José Amate. Responsable sociedades del grupo. 19 años de cárcel. 

18. IRENE AMATE AVILA, Hija de José Amate. Responsable sociedades del grupo. 19 años de cárcel. 

19. MANUEL CASTRO SANCHEZ, Yerno José Amate. Responsable sociedades del grupo. 15 años de cárcel. 

20. ALVARO TORIBIO MATIAS, Yerno José Amate. Responsable sociedades del grupo. 15 años de cárcel. 

21. FERNANDO MAQUEDA SANCHEZ, Testaferro de José Amate. 15 años de cárcel. 

22. MILAGROSA LARA SANCHEZ, Testaferro de José Amate. 15 años de cárcel. 

23. RAFAEL BARCO OYONARTE, Testaferro de José Amate. 15 años de cárcel. 

24. MARIA MERCEDES BARCO OYONARTE, Testaferro de José Amate. 15 años de cárcel. 

25. MARIA DEL ROSARIO BARCO OYONARTE, Testaferro de José Amate. 15 años de cárcel. 

26. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONTERO, Testaferro de José Amate. 7 años de cárcel. 

27. JAIME CABRALES MESA, Modulero de José Amate. 3 años de cárcel. 

28. DAVID MEDINILLA PADILLA, Modulero de José Amate. 3 años de cárcel. 

29. DIEGO MENDEZ ASENSIO, Modulero de José Amate. 6 años de cárcel. 

30. RAMON VADILLO ESTACIO, Modulero de José Amate. 6 años de cárcel. 

31. JUAN ANTONIO GALAN MARTINEZ, Principal subcontratista de El Sur. 174 años de cárcel. 

32. MARIA GEMA DE LA PEÑA MARTIN, Esposa de Galán. Responsable sociedades del grupo.8 años de cárcel. 

33. YOLANDA GALAN DE LA PEÑA, Hija de Galán. Responsable sociedades del grupo.8 años de cárcel.

34. ISABEL CARRASCO SIMON, Esposa de José Alemán. Socia de Galán. 85 años de cárcel. 

35. ENRIQUE FCO ALEMAN BRACHO, Hermano Alemán. Testaferro. 7 años de cárcel. 

36. ROSALIA GIL DEL VALLE, Cuñada de Alemán. Testaferro. 1 año y 6 meses. 

37. JUAN JULIAN HERNANDEZ VENZAL Colaborador de Alemán y Ambrosio Cuevas. 6 años. 

38. JOSE CARLOS LIROLA LOPEZ, Contratista del Ayuntamiento. 22 años de cárcel. 

39. FRANCISCO JAVIER LIROLA LOPEZ, Contratista del Ayuntamiento. 22 años de cárcel. 

40. GABRIEL LIROLA LOPEZ, Contratista del Ayuntamiento. 22 años de cárcel. 

41. FRANCISCA AGUILERA CALLEJON, Esposa de Juan Enciso. Responsable sociedades. 1 año y 6 meses de cárcel. 

42. FCO JAVIER AGUILERA CALLEJON, Cuñada de Enciso. Tráfico de influencias. 10 meses de cárcel. 

43. AMBROSIO CUEVAS GARCIA. Empresario. Colaborador de Galán y Jesús Aragón. 73 años de cárcel. 

44. JESUS ARAGON GARCIA. Empresario. Colaborador de Galán y Ambrosio Cuevas. 85 años de cárcel. 

45. AGUSTIN SANTAELLA RODRIGUEZ, Jefe Obras Públicas Ayto El Ejido. 7 años de cárcel. 

46. EMILIO GARCIA ALCANTARA, Jefe Unidad Administrativa Ayto El Ejido. 18 meses de cárcel. 

47. NATIVIDAD CASTILLO GUALDA, Esposa Emilio García Alcántara. 18 meses de cárcel. 

48. FRANCISCO GABRIEL GARCIA LIROLA, Arquitecto Ayto El Ejido. 18 meses de cárcel. 

49. MARIA JESUS MALDONADO MALDONADO, Arquitecto Ayto El Ejido. 18 meses de cárcel. 

50. ANTONIO CARA GALLEGOS, Ingeniero Ayto El Ejido. 18 meses de cárcel.

(Información exclusiva de La Voz de Almería. Autorizada su reproducción por La Opinión de Almería. Prohibida su reproducción por otros medios sin autorización expresa de La Voz de Almería)