Martín Cuenca vs. David Bravo

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

Nuestro paisano el cineasta Manuel Martín Cuenca y nuestro diputado nacional de Podemos David Bravo desempeñan un muy distinto papel en el mundo de la propiedad intelectual. El primero sufre en sus carnes los perjuicios de quienes se quieren aprovechar de forma gratuita de su creatividad, que es su trabajo y es su medio de vida. El segundo es un abogado que defiende las causas de quienes se consideran en el derecho de aprovecharse gratuitamente de la obra de los creadores.

David Bravo

Los diputados de Podemos en la Comisión de Cultura del Congreso, entre los que está Bravo, han criticado el acuerdo PSOE-Ciudadanos sobre la Ley Sinde, que pretenden reformar "con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural”. "No han entendido el cambio político –dicen los de Podemos- cuando proponen reforzar y ampliar los efectos de la Ley Sinde, que permite que el Ministerio de Cultura ordene el cierre de páginas web".

Martín Cuenca: “David Bravo es ‘lacayo’ (abogado) de las mafias de la piratería”.

David Bravo: “Cervantes era pobre y eso no impidió que escribiera El Quijote”

El director de ‘Caníbal’ se ha despachado a gusto contra el diputado. “David Bravo –ha acusado- es ‘lacayo’ (abogado) de las mafias de la piratería”, para, a continuación, añadir que Bravo “se ha incrustado en Podemos para servir desde allí a sus amos. Sinceramente, no entiendo cómo Podemos se deja llevar por este populista barato que lo que oculta es a un servidor de las mafias de la piratería. Claro, la culpa es nuestra, que no hemos entendido que nos tenemos que dejar robar y que no debemos aspirar a vivir de nuestro trabajo... Es mucho más ‘guay’ hacer películas sin pagar a la gente, explotando a los amigos, en low cost... y sentirnos orgullosos de que la gente vea nuestro trabajo gratis... porque como, al fin y al cabo, lo que hacemos es ‘guay’... Volvamos a la mendicidad cultural, a que la gente nos tire monedas si les gusta lo que hacemos. Eso es el futuro... Guay”.

El ejidense ha recibido muchas muestras de solidaridad, principalmente de miembros del partido para el que pidió el voto en las elecciones del 20-D, Izquierda Unida. La primera, de Rosalía Martín. El sevillano, por su parte, ha disfrutado de una fuerte movilizan en su favor en las redes sociales. “Siempre he defendido que aquello que las multinacionales consideraban piratería no lo era –dice-, y he defendido a la gente acusada de esas actividades que nunca he considerado delito”. Una vez más, David Bravo ha recordado que “Cervantes era pobre y eso no impidió que escribiera ‘El Quijote’”. Y a Martín Cuenca le manda este mensaje: “Su odio, nuestra sonrisa, aunque una denuncia de vez en cuando tampoco les vendría mal”. No llegará la sangre al río. Son casi camaradas.

David Bravo es el abogado de las mafias de la piratería

Manuel Martín Cuenca

Director de cine

El cineasta ejidense Manuel Martín Cuenca ha arremetido duramente en su página de Facebook contra el diputado por Almería de Podemos David Bravo por la defensa que éste hace de la piratería. Reproducimos a continuación el comentario de Martín Cuenca y el artículo que al respecto publica el digital eldiario.es. La Opinión de Almería ha pedido a David Bravo un artículo de respuesta al comentario de Martín Cuenca. Éstas son algunos de los comentarios de respuesta que el diputado ha publicado en su cuenta de Twitter: “En los casos que llevé, las absoluciones lo fueron porque lo que habían hecho los acusados y nadie discutía no era delito”. “Un político denunciado por corrupción es un simple "investigado". Un absuelto por piratería sigue siendo un pirata y su abogado su lacayo”. “Estos tipos deberían decirlo claro: los acusados de piratería no tienen derecho a abogado que pruebe su inocencia”. “Su odio, nuestra sonrisa, aunque una denuncia de vez en cuando tampoco les vendría mal”. Y éste es el comentario de Martín Cuenca al que hacemos referencia:

David Bravo, con Lucía Ayala

David Bravo es el "lacayo" (abogado) de las mafias de la piratería que se ha incrustado en Podemos para servir desde allí a sus amos. Sinceramente, no entiendo cómo Podemos se deja llevar por este populista barato que lo que oculta es a un servidor de las mafias de la piratería.

Claro, la culpa es nuestra, que no hemos entendido que nos tenemos que dejar robar y que no debemos aspirar a vivir de nuestro trabajo... Es mucho más "guay" hacer películas sin pagar a la gente, explotando a los amigos, en low cost... y sentirnos orgullosos de que la gente vea nuestro trabajo gratis... porque como, al fin y al cabo, lo que hacemos es "guay"...

Volvamos a la mendicidad cultural, a que la gente nos tire monedas si les gusta lo que hacemos. Eso es el futuro... Guay.

Podemos carga contra el "refuerzo de la Ley Sinde" que pretenden PSOE y Ciudadanos

eldiario.es

Que a Podemos no le agrada el acuerdo PSOE-Ciudadanos es una obviedad. Los miembros de su Comisión de Cultura del Congreso han mostrado concretamente su rechazo expreso hacia lo que interpretan como un refuerzo a la Ley Sinde. "PSOE y Ciudadanos no han entendido el cambio político cuando proponen reforzar y ampliar los efectos de la Ley Sinde, que permite que el Ministerio de Cultura ordene el cierre de páginas web".

"La aprobación de la Ley Sinde tras una gran movilización en su contra fue ejemplo de cómo las grandes multinacionales del entretenimiento hacen leyes a su medida y son capaces de sustituir a los árbitros cuando van perdiendo los partidos en los tribunales", subraya David Bravo, miembro de la Comisión de Cultura del Congreso y uno de los principales activistas contra la ley de Propiedad Intelectual antes de ser diputado.

Todo ello tuvo lugar "en un contexto en el que los jueces estaban dictando resoluciones contrarias a las grandes multinacionales del entretenimiento, que fueron las que presionaron para este cambio legislativo", indican en una nota de prensa los miembros del grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea representados en dicha comisión.

Los miembros del partido en la Comisión señalan que "el rechazo a la Ley Sinde fue uno de los detonantes de un proceso de movilización que culminó con el 15M" y del que, a su juicio, "parece que el PSOE no ha aprendido nada". "Se trata de regenerar la política, no de cambiar sus actores para interpretar el mismo papel", sentencian.

En su acuerdo, PSOE y Ciudadanos no hacen mención explícita a la Ley Sinde, aunque sí se refieren a una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual  "con el objeto de hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural. Al tiempo apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital".

En particular, en el documento ambos partidos acuerdan la "apuesta por la vía administrativa para luchar contra la piratería" y el establecimiento "de una fiscalía especializada en delitos contra la Propiedad Intelectual dotada de medidas" poniendo en marcha "procedimientos rápidos y eficientes para detectar violaciones reincidentes" en dicha materia.

También se refieren a la "puesta en marcha de una campaña educativa en los colegios con la colaboración" para "concienciar a los escolares de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y explicarles el valor de las industrias culturales"; promover la "digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales"; y la "modificación de los artículos 25 y 31.2 del TRLPI relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno".

Frente a las medidas de PSOE y Ciudadanos, Podemos asegura que quiere "devolver a los jueces la competencia exclusiva para decidir qué páginas web deben o no bloquearse por infringir la propiedad intelectual", por lo que "cumpliendo con lo previsto en su programa" el partido "llevará al Congreso la derogación de la Ley Sinde para su inmediata tramitación".

Los diputados de la coalición morada subrayan que sus propuestas van por un camino distinto: "En este callejón sin salida en el que se halla este conflicto desde la última década por políticas como la Ley Sinde, en Podemos apostamos por una solución que olvide la inútil deriva represiva y se centre en el equilibrio de dos intereses sociales: el interés de los ciudadanos por acceder a la cultura con libertad y el interés de los ciudadanos a que los creadores puedan sostenerse con el fruto de su trabajo para que sigan creando y así tener algo a lo que acceder".

En el test de compatibilidad que realizamos cuando todavía parecía que Sánchez e Iglesias podrían llegar a entenderse ya tratamos este punto. Y en este caso, su concordancia la consideramos de un 50% con "nubosidad variable", porque el PSOE no era del todo claro con este tema en su programa electoral y efectivamente dejaba entrever lastres de la Ley Sinde.

En diciembre, los de Pedro Sánchez apostaban por "hacer efectiva la necesaria protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con el mayor acceso posible al patrimonio cultural". Al tiempo, proponían "apoyar las medidas en defensa de los derechos de los creadores y las industrias de contenidos generados en la economía digital". No dejaban clara una posición sobre el conocido canon AEDE o la comisión Sinde-Wert que sustituye a la justicia.

En el documento que presentó Podemos hace diez días al partido de Sánchez ya indicaban que urgía "alcanzar y promover un nuevo pacto social que, respetando el marco de la normativa europea vigente, equilibre sus intereses sociales y configure un sistema de Propiedad Intelectual más equitativo, sostenible y justo".

Desde Podemos, insisten en que "frente a la represión" apuestan por "la búsqueda de vías alternativas de remuneración para los creadores y el apoyo y fomento de nuevos modelos de negocio". Lo cual, en opinión del partido "se revela como la única salida posible en este choque de trenes en el que llevamos encallados más de una década". "El que haya seguido este conflicto legal y político, sabe que no son los nombres de Sinde ni Wert los que han conseguido reducir el número de descargas, sino los de Netflix y Spotify", concluyen.

No a la Ley Sinde

Laura R. Carretero

Candidata de UPD a la alcaldía de Almería

Aunque Los medios de comunicación no se hagan eco de la cuestión, UPD,  Unión Progreso y Democracia, es el único partido de carácter nacional que se ha opuesto a la ley Sinde;  sin duda esta posición nace del sentido “neutral” que ha de tener la red. Como afiliado a este partido entiendo que la lay Sinde no es más que otra concesión a los “artistas”, a las sociedades de autores (SGAE, entre otras) y a las empresas de producción audiovisual (generalmente extranjeras).

A los primeros porque aun a costa de un menor conocimiento de su obra obtendrán más beneficios por ella, y además con menos trabajo; esto de dar galas para ganar dinero es más pesado que cobrar por la reproducción de su obra. A los segundos y a los primeros por aumentar sus beneficios mas allá de los 28 millones de euros que el Estado recaudó en su nombre por el canon digital; que, dicho sea de paso,  ha criticado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, por  considerar que este tipo de gravamen indiscriminado no se ajusta al derecho de la Unión Europea. Y a los terceros, porque, aun con una difusión más reducida, aumentarán sus beneficios.

No obstante parece extraño que en España esta ley haya despertado tantas simpatías entre los “artistas”, extrañamente a lo que sucedió en Inglaterra donde una medida similar propuesta por el gobierno del Reino Unido recibió el rechazo de multitud de músicos y grupos, entre los que se encontraban Paúl McCartney y Elton John; lo sorprendente es que estos autores opinaban que la medida era “cara” para los ciudadanos, y que “además de anticuada, era inadecuada para un Gobierno que piense en el futuro".

Lo cierto es que en España la ley se aplicará y dejará en manos del gobierno de turno el cierre de páginas web cuyo contenido suponga vulneración de derechos patrimoniales; la modificación pactada no supone, según los juristas, garantía jurídica plena y deja en manos del poder político cercenar la libertad de expresión.

Desde UPD hemos ido más lejos en esta cuestión. No solo estamos a favor de la “neutralidad” en la red, sino que queremos que las sociedades generales de autores estén controladas por el Estado y no marquen sus precios o tasas libremente. Yo personalmente estoy a favor de que además se regule el tiempo de la propiedad intelectual. No es lógico que si alguien inventa un medicamento que salva vidas obtenga una patente por 20 años (a partir de los cuales, su medicamento puede ser copiado sin pagar) y las sociedades de autores (SGAE y otras) quieran cobrar por las realización en un colegio de una obra de teatro.

Solo espero que a esta medida le ocurra como a aquel ideólogo que argumentaba que no había que emitir los partidos de futbol en televisión. Su argumento era que si un espectador podía verlo cómodamente en su casa, para qué iba a pagar por ir al estadio. Lo cierto es que durante bastante tiempo los españoles dejamos de ver futbol y veíamos baloncesto. El resultado fue que el baloncesto comenzó a ser un deporte seguido y practicado por muchos; aunque me temo que esto solo aumentará el beneficio de las mafias de reproducción y un incremento en las ventas del “top manta”.

Le Ley Sinde: churras con merinas

David Uclés

Director del Instituto de Estudios de Fundación Cajamar

Anoche no podía dormir. Así que me acosté con el ordenador y me puse a repasar el twitter con detenimiento. La mal llamada Ley Sinde lo estaba petando. Desde su descalabro en el Parlamento la semana pasada, sigue siendo uno de los temas más comentados en la red de microblogging. Desvelado como estaba me leí algunos artículos sobre el tema. Varios de David Bravo, uno de Berto Romero en Público y otro de Ramoneda en El País. Como no lo tenía claro y no tenía sueño (o sea, tenía tiempo) me dio por ojear-leer el Proyecto de Ley de Economía Sostenible en el que aparece el elemento de disensión en forma de disposición final primera.

Y eso es lo primero que me llamó la atención. Una ley que intenta fomentar la competitividad e internacionalización de las empresas, una ley que aboga por la transparencia y la eficiencia en las Administraciones Públicas, una ley que favorece el desarrollo de la economía del conocimiento, una ley que se ocupa de la producción de energía primaria y que pretende reformar el mercado financiero se arriesga a quedar en la cuneta por culpa de una disposición adicional. Algo tan importante encallado por algo tan nimio, hasta el punto que la disposición adicional ha terminado por darle nombre a la ley, el famoso #leysinde. ¿Por qué el PSOE se la jugó tan tontamente con esta ley que se antoja tan vital para nuestro futuro? ¿Pensaban que la disposición pasaría desapecibida? Si es así, demuestran que no tienen ni idea de lo que va Internet. Primera crítica: mezclaron churras con merinas y ni unas ni otras entraron al redil.

Pero es que hay más. Antes de entrar en el fondo del asunto, uno de los principios que debe guiar la labor del legislativo de acuerdo a la ley es el principio de transparencia. Dice el proyecto textualmente: "En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su justificación deben ser definidos claramente y consultados con los agentes implicados". Cosa que, evidentemente, aquí no se ha hecho o se ha hecho parcialmente. Segunda crítica: no se hace lo que la Ley exige que se haga.

Finalmente, la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, "como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley". Aquí hay que hacer notar que no tiene el rango de regulador del mercado, como en los casos de la comisión de la energía o la comisión nacional del mercado de valores. El párrafo que creo yo ha suscitado la controversia dice:

(...) podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial. La ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Es decir, hasta ahora los jueces entraban en el fondo del asunto, escuchando a las partes y tomando la decisión. Ahora es una comisión integrada por mayoría de representantes de las entidades de gestión y de la administración quien puede tomar la decisión, correspondiendo a los jueces corroborarla o no, pero no entrando a juzgar la posible vulneración de derechos de propiedad. El objetivo es evidente: las páginas que publican enlaces de torrents o similares. La clave, el lucro indirecto: si tiene publicidad  hay un ánimo de lucro indirecto. Sin embargo, se vuelve a mostrar  un amplio desconocimiento del tema, ya que la mayor parte  de las aplicaciones PeerToPeer pueden prescindir de intermediarios, pudiendo buscarse los archivos desde esas mismas aplicaciones, sin necesidad de recurrir a webs de enlaces. O sea, que no tendrán los resultados esperados, aunque la ley se apruebe con el actual articulado. Tercera crítica: no tienen ni puta idea.

Posiblemente, este asunto requiera de un debate exclusivo y público, en el que unos y otros expongan sus argumentos. España no es ni de lejos el país más pirata del mundo, pero también es cierto que se vulneran los derechos de propiedad con gran facilidad. Hay que poner en la palestra muchos asuntos, tales como la duración de los derechos de propiedad intelectual (no tiene sentido que duren más que los de una patente), la nueva estructura del mercado de la distribución de contenidos, el derecho de los creadores a cobrar por su obra y los intereses de los usuarios. En este sentido, lo que actualmente quieren los creadores es seguir manteniendo el status quo previo al surgimiento de Internet. ¿Alguien se imagina a los minilabs que hace 10 años poblaban las zonas comerciales de España exigiendo un canon por cada cámara digital o por cada impresora vendida y proteger así su fuente de ingresos (el revelado de negativos fotográficos)? Algo así es lo que plantean la SGAE y otras entidades gestoras de derechos. Internet ha permitido que el mercado sea más global y transparente (se han eliminado intermediarios, se han eliminado los soportes físicos, el consumidor puede acceder a unidades de producto más pequeñas -canciones en lugar de LP completos- y ha permitido una importante reducción de los costes de transacción). En realidad, los creadores deberían verlo como una oportunidad y no como una amenaza, ya que se multiplican los puntos de venta (uno por cada pantalla conectada) y los clientes potenciales. Los verdaderos perdedores son los distribuidores del siglo XX: las tiendas y las distribuidoras tradicionales. La solución no pasa por eliminar contenidos de la red, sino por aportar más cantidad y más valor en ellos para poder cobrarlos.

Siempre ha existido y existirá el consumidor parásito, pero la mayor parte de los compradores se comporta de forma honesta si tienen la posibilidad de hacerlo. No soy un ejemplo, pero desde que existe la iTunes Store en España y Spotify no descargo música ilegal. Ahora que ya hay algunas iniciativas de videoclub a la carta con calidad de visionado estimo que mis descargas de películas ilegales desaparecerán y lo mismo ocurrirá con los libros y las series en cuanto haya una oferta solvente y razonable en precios. Mientras, el consumidor se buscará la vida como siempre lo ha hecho: si en el mercado oficial no encuentro lo que busco, acudo al mercado negro.

El problema es que cuanto más tiempo pase el consumidor en ese mercado negro, más complicado será que vuelva a pagar por algo que puede conseguir gratis, pero la manija de ese reloj la tienen las distribuidoras y los creadores. ¿Serán capaces de darse cuenta?

(http://capeandoeltemporal.blogspot.com/)