Edita: Fidio (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) / X: @opinionalmeria / Mail: laopiniondealmeria@gmail.com
Mostrando entradas con la etiqueta miguel rifa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta miguel rifa. Mostrar todas las entradas

Hacienda siguió el rastro de Miguel Rifá hasta empresas de los Papeles de Panamá


Javier Pajarón
Periodista

El rastro empresarial de Miguel Rifá cruza el Atlántico hasta un pequeño archipiélago caribeño a 120 millas náuticas de Puerto Rico. Una investigación de la Agencia Tributaria sobre un presunto alzamiento de bienes en las sociedades del hotelero catalán halló presuntas conexiones con dos empresas radicadas en este paraíso fiscal caribeño.

Miguel Rifá (Loa)

Eskisir Limited y Solinger Limited aparecen al final de una cadena de transferencias de activos desde las matrices Hotel Almería y Predios del Sureste, según un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA. Ambas empresas off shore se hicieron con las acciones antes adquiridas por la británica Eskiling Investors LLP y antes por portuguesa Arembepe Sociedades de Empreitadas LTD. Como una muñeca rusa. Empresas dentro de otras empresas.

Hacienda cree que el objetivo era descapitalizar el Grupo Rifá para impedir el cobro de deudas multimillonarias mediante “la simulación de ventas de inmuebles”.  “Israel Martínez, utilizando la sociedad, Diakonia Hotelera y la sociedad domiciliada en Portugal G.I.H.L., ha simulado la compra de Inmuebles”, dice el documento.

“Como parte vendedora aparece Miguel Rifá, actuando en representación de las sociedades Hotel Almería y Predios del Sureste. Con estas operaciones simuladas, trata de ocultar los bienes que figuraban a nombre de sus sociedades, para evitar que se los embarguen”.  Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Almería, el grupo acumulaba deudas de más de 130 millones de euros al final de las operaciones sospechosas en marzo de 2011.

Eskisir Limited y Solinger Limited son, según la investigación firmada por Vigilancia Aduanera, el último escalón en el descenso. Ambas sociedades están domiciliadas en las mismas oficinas de Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas (Isla de Tórtola), refugio de capitales extranjeros.

Exactamente en la misma dirección están también un puñado de sociedades off shore descubiertas en los conocidos Papeles de Panamá (Panama Papers) y vinculadas a la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales internacional, según los documentos difundidos por la investigación la Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Más aún, Solinger Limited aparece en los Panama Papers con intermediarios y empresas gestionas por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, colocado en el centro de decenas de miles de clientes de todo el mundo interesados en evadir impuestos en empresas off shore.

La investigación rastreó las operaciones de Rifá con escuchas telefónicas, registros y requerimientos internacionales de información. Entre los documentos hallados en una oficina del empresario se encuentran una carta de IFG International donde se expone la nueva configuración de las sociedades con un gráfico desde Predios del Sureste (Spain) a las mencionadas Eskisir Limited y Solinger Limited (BVI).

Este documento, confirma la premeditación y planificación para la ejecución del delito que se le imputa”, explica un informe elaborado conjuntamente por Vigilancia Aduanera y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil. “Como se puede comprobar, en el escrito se le informa al señor Rifá de la estructura de las dos sociedades Eskisir Limited y Solinger Limited, domiciliadas en el paraíso fiscal en donde oculta el patrimonio”, añade la documentación consultada por LA VOZ .

Una carta decomisada a Rifá con la estructura empresarial (La Voz)

“Se informa al señor Rifá que, como titular debe designar a una persona de confianza, para que lo represente en la Islas Vírgenes. Además se dice que Miguel Rifá, su esposa e hijos son los beneficiarios”, concluye.

El Juzgado de Instrucción número Tres de Almería ha abierto juicio oral contra Rifá por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública por la supuesta descapitalización de las sociedades propietarias de 13 hoteles y más de un centenar de fincas e inmuebles.

La calificación de la fiscal Elena Fernández Lora pide para el empresario nacido en Arenys de Mar 30 años de prisión, mientras la Abogacía del Estado eleva la solicitud a 34 años. Las diligencias reflejan presuntas conexiones societarias en varios paraísos fiscales, más allá de las citadas Islas Vírgenes Británicas.

 La Fiscalía de Almería considera que el hotelero se apoyó en una compleja red de “sociedades interpuestas y negocios jurídicos simulados con la colaboración de diversos testaferros” para perseguir el doble objetivo de evitar impuestos y realizar un “vaciamiento patrimonial” de sociedades insignes del grupo como Hotel Almería o Predios del Sureste.

La investigación liderada por la Agencia Tributaria lamenta la dificultad para acceder a información patrimonial tras el desvío de activos a paraísos fiscales, a pesar de los repetidos requerimientos judiciales. En los informes se detalla que “las Islas Vírgenes Británicas son un territorio dependiente del Reino Unido, tienen su soberanía fiscal propia y no dependen del Reino Unido para el intercambio de información”. “Negocian y firman sus propios acuerdos, no existiendo ninguno con España. En consecuencia, parte de la trama de sociedades interpuestas del Grupo Rifá nos lleva a dos sociedades situadas en paraísos fiscales, concretamente en las Islas Vírgenes Británicas, situadas en el Caribe, país con el que no existe ni acuerdo de doble imposición ni acuerdo de intercambio de información”, añade la investigación. De hecho, las diligencias judiciales sobre el caso Rifá reflejan la contestación de las autoridades británicas a un requerimiento internacional de España sobre la información de las empresas Eskisir Limited y Solinger Limited.

Hacienda estipula la deuda de Miguel Rifá en 118 millones de euros


Javier Pajarón
Periodista

⏩ La Abogacía del Estado supera la petición de la Fiscalía de Almería y solicita 34 años de prisión para el empresario catalán Miguel Rifá por presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública entre los años 2008 y 2011. El escrito de acusación asegura que el empresario hotelero trazó un plan para descapitalizar sus empresas y eludir el pago de impuestos y deudas contraídas.

118 millones

El Estado afirma que el entramado tenía como objetivo “traspasar todos los bienes a otras sociedades también del grupo Rifá, en este caso sin deudas”. “A través de estas operaciones han sustituido bienes susceptibles de embargo por pagarés no a la orden”, añade el escrito de acusación. 
La Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria en este caso, coincide esencialmente con la posición del Ministerio Fiscal. Sin embargo, eleva la solicitud de 30 a 34 años de prisión por la comisión de dos presuntos delitos de alzamiento de bienes y seis delitos contra la Hacienda Pública.
La Abogacía del Estado considera que Miguel Rifá y un grupo de presuntos testaferros intentaron eludir deudas millonarias traspasando activos a sociedades terceras
Más allá de la complejidad técnica del caso, con 29 tomos y 12 folios, la Abogacía del Estado considera que Miguel Rifá y un grupo de presuntos testaferros intentaron eludir deudas millonarias traspasando activos a sociedades terceras. Y esto, según el escrito, a pesar de que existían recursos para hacer frente al principal acreedor. “Tenían numerosas deudas con la Hacienda Pública, pero también numerosos bienes con los que podrían haber saldado la deuda con tal entidad”, indica la Abogacía del Estado.

Al inicio de las operaciones del grupo Rifá en 2008, la deuda con la Hacienda era de 84 millones de euros, según los informes incluidos en el sumario. La Fiscalía tasó el “vaciamiento patrimonial” en 98 millones de euros
Y si el empresario transfirió activos de unas sociedades a otras, ¿dónde iba a parar el dinero? La investigación apunta presuntamente a sociedades portuguesas y británicas.
Un informe elaborado por la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería sitúa la ‘fuga’ en un paraíso fiscal: las Islas Vírgenes Británicas
Un informe elaborado por  Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería, incorporado al sumario judicial, sitúa la ‘fuga’ en un paraíso fiscal: las Islas Vírgenes BritánicasEl documento ejemplifica el supuesto modus operandi. A saber, la sociedad Predios del Sureste (24 millones de euros de deuda en 2010) estaba participada por la portuguesa Arembepe Sociedade Empreitadas Ltd y ésta, por la sociedad británica Eskling Investor Llp.

“Y los partícipes de la sociedad británica son Skisir Limited y Solinger Limited, que tienen su domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas que, como se conoce, es un paraíso fiscal y, por lo tanto, ya no hay forma de averiguar qué personas son sus titulares”, expone Vigilancia Aduanera. Los activos pasaban presuntamente de unas entidades a otras hasta hacer perder el rastro.

Según la valoración de los técnicos de Hacienda, “la deuda de las sociedades al inicio de las operaciones de alzamiento (10 de noviembre de 2008) alcanzaba un total de 84.370.000 de euros”. 
En 2013 las “deudas de estas sociedades declaradas fallidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ascendía a un total de 118.790.000 euros”. Estas cifras no son absolutas para todos los problemas legales del entramado societario de Miguel Rifá y sus socios, ya que existen otros procesos judiciales abiertos y también acreedores privados.

Por otra parte, la Abogacía del Estado solicita para Israel Martínez penas que suman 17 años y cuatro meses de prisión por la comisión de dos presuntos delitos de alzamiento de bienes y tres contra la Hacienda Pública. Estos últimos se refieren a supuestas irregularidades con el IVA en los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2012. Además, imputa como personas jurídicas a una decena de sociedades vinculadas al propio Miguel Rifá o a algunos de los supuestos testaferros utilizados para el “vaciamiento patrimonial”, en palabras de la fiscal Elena Fernández Lora en su escrito de acusación.
La investigación iniciada por la Agencia Tributaria indaga sobre la legalidad de la transferencia de 13 hoteles del grupo Rifá y más de un centenar de fincas en la provincia de Almería
La magistrada Ana Belén Vico, titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, dictó un auto el  pasado martes para la apertura de juicio oral. Las defensas tienen un plazo de 20 días para presentar sus escritos frente a las acusaciones vertidas por el Ministerio Público y Hacienda. La investigación iniciada por la Agencia Tributaria indaga sobre la legalidad de la transferencia de 13 hoteles del grupo Rifá y más de un centenar de fincas en la provincia de Almería, así como presuntas irregularidades fiscales.

“Con las investigaciones se pretende demostrar que con esta trama se han realizado una serie  de operaciones mercantiles a las que se les ha dado apariencia de legalidad, pero que han sido diseñadas y realizadas con el único fin de defraudar a la Hacienda Pública y al defraudar a la Hacienda Pública se perjudican a todos los ciudadanos que sí pagan sus impuestos”, expone un informe fechado el 31 de mayo de 2012 y aportado en el inicio del sumario del Caso Rifá.

El empresario catalán llegó a la provincia de Almería a principios de los años setenta y armó un auténtico imperio empresarial gracias a potentes inversiones en el sector hotelero. El Gran Hotel, adquirido a principios de siglo, era su buque insignia como parte de la historia de la ciudad de Almería.

La larga espera judicial de los casos de Enciso, Carmona y Rifá

Pedro Manuel de La Cruz
Director de La Voz de Almería

Entre las situaciones difícilmente injustificadas que soportamos los almerienses se encuentra la alarmante lentitud con que transitan por los juzgados algunas de las causas penales que más han conmovido la conciencia ciudadana, a veces por la perturbación social que han provocado determinados hechos y a veces por la personalidad de quienes los protagonizaron. Que el Caso Poniente no tenga aun fecha fijada para el inicio de la vista oral, casi ocho años después de las detenciones llevadas a cabo el 20 de octubre de 2009 en El Ejido, es una realidad imposible de justificar desde el sentido común.

Juan Enciso, exalcalde de El Ejido

Que la Operación Tres Reyes en la que está implicado el ex abogado del Estado en la provincia Demetrio Carmona se haya retrasado más de un año desde la fecha inicial prevista para su enjuiciamiento por una pirotecnia procesal en la que uno de los encausados renunció a su abogado el mismo día del inicio del juicio y, esta circunstancia garantista y legal, motivó que su señoría fijara la vista para catorce meses después, demuestra que existen demasiados desfiladeros por los que, si no escapar, sí retrasar, la acción de la Justicia.

Que un tipo como Miguel Rifá, acusado por Hacienda de un fraude superior a los ciento treinta millones de euros, no otee en su horizonte judicial una fecha en el calendario para aclarar la procedencia o no de esta gravísima acusación significa, no que algo no funciona bien, sino que hay mucho que funciona mal.

Una reflexión apresurada podría llevar a la conclusión fácil de que la causa de dilaciones tan desmesuradas es imputable a los fiscales o jueces encargados de gestionar los procedimientos o su dilucidación en el juicio oral. La negligencia y la torpeza forman parte del ser humano y ningún integrante del estamento judicial se encuentra a salvo de padecer sus efectos. Pero no creo que en los casos citados la exasperante lentitud con que se tramitan sus procedimientos judiciales sea imputable a ellos. No creo que estemos ante negligencias intencionadas o torpezas inevitables.

"El único poder por el que parece que no ha pasado el tren del cambio y, si lo ha hecho a veces ha sido para peor, es el de la administración de Justicia"

La causa habría que encontrarla en una realidad de la que muchos hablan pero sobre la que nadie hace nada. Desde la llegada de la Democracia el cambio experimentado en todos los poderes del Estado y sus entornos ha sido espectacular. Todo ha cambiado y casi todo a mejor. Pero curiosamente el único poder por el que parece que no ha pasado el tren del cambio y, si lo ha hecho, a veces ha sido para peor, es el de la administración de Justicia. Los diferentes gobiernos del PSOE y PP han sido capaces de reconvertir un sector tan resistente a los cambios como las fuerzas armadas. Sin embargo quienes pudieron, supieron y quisieron convertir un Ejercito cercano al golpismo franquista en una estructura militar al servicio de la Constitución democrática, no han podido, no han sabido o no han querido modernizar el poder judicial y la administración de justicia en nuestro país.

Nadie me va a encontrar en el argumento recurrente de que un gobierno que se enfrente a los jueces se sitúa en una posición de extremada incomodidad ante cualquier hecho sobrevenido en futuro; tampoco voy a recurrir al argumento, tan real, de que en España es más fácil juzgar a un ladrón de gallinas antes que al presidente de un banco como Rato y la banda que saqueó Bankia. Tampoco me voy a abandonar al pesimismo aldeano de pensar que los retrasos judiciales son solo imputables a nuestra geografía delictiva provincial. Que en todas partes las habas judiciales se cuecen lentamente y aquí no somos una excepción.

"Faltan jueces, faltan fiscales, faltan funcionarios, faltan medios técnicos…la Justicia almeriense está en inferioridad de condiciones a la hora de enfrentarse a la realidad penal que le rodea"

Pero en lo que sí tal vez formemos parte de esa excepción es en la situación de carencia de medios con que trabajan los administradores de la Justicia en nuestra provincia. Ese es un diagnóstico en el que coinciden todos los agentes judiciales. Almería está infradotada de medios con que administrar con diligencia y rapidez la acción de la Justicia. Faltan jueces, faltan fiscales, faltan funcionarios, faltan medios técnicos…en fin, la Justicia almeriense está en inferioridad de condiciones a la hora de enfrentarse a la realidad penal que le rodea. Quien ponga en duda estas carencias que se pregunte por qué nadie cumplió una orden de busca y captura durante seis meses del asesino de la chica víctima de la violencia machista en Huércal de Almería. Que quien fue su asesino esté seis meses en su casa y nadie lo busque y lo capture en cumplimiento de una orden judicial es una situación que revela unas carencias y una forma de actuar que no necesita comentario.

Nadie sabe cómo acabarán las causas penales pendientes de Juan Enciso, Demetrio Carmona o Miguel Rifá; eso lo decidirán los tribunales en su día. Lo que sí sabemos es que su tardanza en comparecer en la Sala de la Audiencia Provincial son un insulto a la inteligencia de los que piensan, de los que pensamos, que la administración de Justicia -preservando todas las garantías de los procesados- o es rápida o corre el riesgo de generar en los ciudadanos el peligrosísimo virus de la incredulidad.

El Gran Hotel Almería, en concurso de acreedores

Manuel León
Redactor-Jefe de La Voz de Almería

El Gran Hotel Almería, el establecimiento más emblemático de la capital, atraviesa por una delicada situación financiera tras entrar en concurso de acreedores y acumular un pasivo de 54,4 millones de euros. Treinta y cinco firmas se han declarado como acreedores de la compañía que preside Miguel Rifá, destacando el Banco Sabadell y el Banco Popular. 

El Gran Hotal
La sociedad Hotel Almería, S. L,. ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona por insolvencia, así como su Administrador Único, Predios del Sureste, que preside Miguel Rifá Soler. Aunque se encuentra aún en fase preliminar, según auto de abril de 2013, el deudor -Predios del Sureste- ha sido intervenido en sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio. Ha sido nombrado administrador concursal la sociedad Gran Thomton, según disposición del magistrado José María Fernández Seijo.

La empresa Hotel Almería tiene ahora domicilio social en la calle Melcior de Palau, 135, de Barcelona y asiste a Rifá el letrado Leandro Martínez Zurita.

Ocho fincas registrales del administrador Predios del Sureste y su representante Miguel Rifá, en fase de embargo, han sido inmovilizadas por el  juez: Paraje el Molinillo (Felix), terrenos en los pagos La Mojonera (2), Pinteño, Matutero y el Cerrón, en Sorbas, San Agustín, en El Ejido, y parcela del Sector 21, en Roquetas. Los hechos de los que se deriva la situación de insolvencia han sido explicados por el letrado de Rifá en “la crisis inmobiliaria en general, la imposibilidad de acceder al crédito bancario y agotamiento de la capacidad financiera”. La valoración de los activos de Predios es de 48,5 millones de euros y la tesorería es inexistente.

Múltiples sociedades
Rifá adquirió en octubre de 2004, por 22 millones de euros, el Gran Hotel Almería que fue parada y fonda de todas las estrellas de la época dorada del cine en Almería. La operación de compraventa se realizó al 50 % a través de las sociedades Predios del Sureste y Corporación Cipsa. En 2007 se constituye la sociedad Alvari Multiservicios que muta a Albari Hotelera. Antes había absorbido a Gestonur, Groprosguín y se convierte en Hotel Almería en 2009 teniendo como socio único a Predios del Sureste y a su representante, Miguel Rifá, administrador también de Vogues y Portocarrero Resort.

Al empresario de origen catalán le crecen los problemas con la detención la pasada semana de su socio Josep María Morros en Vita Hoteliers. Desde principios de 2013, la gestión y comercialización de los hoteles de Rifá están en manos de esta compañía.