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El Mesón Gitano y los siete pecados capitales (del urbanismo)

Alicia Cifuentes Salazar
Miembro del GT Almería. UPyD. Corporación Local de Almería

Sorprende -como poco- al ciudadano que las instituciones encargadas de preservar el patrimonio histórico aprueben decretos y resoluciones con la intención de promover la conservación del entorno, y  al mismo tiempo favorezcan y fomentan actuaciones que vulneran esos mismos valores que dicen proteger. En este sentido, resultan incomprensibles las diversas acciones urbanísticas que en los últimos años han  invadido el entorno natural sobre el que se ubica La Alcazaba. Entre ellas destaca, por su magnitud, el proyecto de rehabilitación del Mesón Gitano.

El alcalde, en el Mesón Gitano
Para comprender mejor los entresijos de este complejo asunto es necesario acudir a la hemeroteca y revisar las diferentes medidas que se han tomado en materia de regulación del patrimonio local. Tras algún precedente en los años 90, en el año 2000 la Consejería de Cultura  lleva a cabo una iniciativa que pretende poner freno al desarrollo urbanístico de las décadas de los 60 y 70, y se interviene en la ladera suroeste del monumento, eliminando las construcciones que se ejecutaron por esos años.

Sin embargo, en los años 2003-2004, el mismo organismo, en un ejercicio de total incoherencia, autoriza dos planes especiales que promueven actuaciones de invasión urbana en la ladera de la Alcazaba.  Estos planes justifican su viabilidad en parte por el interés en la recuperación del Mesón Gitano, obra de un empresario de los años 60, a la que se le ha supuesto un valor histórico, y que muchos de los expertos en la materia consideran una de las mayores agresiones que se han realizado en la zona. Una edificación  hasta cierto punto comprensible teniendo en cuenta la época en la que se construyó, pero injustificable desde la perspectiva actual, en la que además se ha legislado sobre su idoneidad.

Esta actuación, a priori, es legal por enmarcarse dentro de unos planes legalmente aprobados (PGOU y Plan Especial PEDEI-05). El problema surge cuando, con posterioridad, y en una vuelta de tuerca más, la propia Consejería aprueba un decreto de delimitación del entorno de la Alcazaba. Entonces, en lugar de revisar los planes anteriores para su adaptación a los nuevos valores de protección, según marca la ley, se limita a mirar para otro lado.  Una forma de proceder que podría suponer la ilegalidad del proyecto.

Con todo, no obstante, la lista de irregularidades en el caso Mesón Gitano se extiende más allá. El siguiente punto lo protagoniza el Ayuntamiento y lo ocupa la ya conocida presentación de dos proyectos idénticos firmados por autores distintos y con precios muy diferentes. Una situación que  puede constituir una grave transgresión de la Ley de Contratos del Sector Público. A ello hay que añadir la reciente modificación que ha sufrido el proyecto ganador para resolver sus incumplimientos de la normativa, los cuales, según la ley, obligarían a repetir la licitación.

Además, y por si no fuera bastante, los responsables de la rehabilitación están incumpliendo con la debida transparencia a la ciudadanía. La ocultación de datos que sobre el tema está realizando la empresa Almería Urban, promotora del proyecto, así lo avala. Una opacidad informativa que ha sido puesta en evidencia a través de las denuncias de  asociaciones como  “Amigos de la Alcazaba” o la “Plataforma para la Revitalización del Casco Histórico”, del colegio de Arquitectos de Almería y de la formación política UPyD.

Este partido, además, viene manifestando desde hace tiempo su disconformidad con el proceso de adjudicación y con la selección del proyecto ganador, y advirtiendo sobre los graves problemas que se pueden derivar de las irregularidades cometidas en la licitación, entre ellos  el riesgo de que el Ayuntamiento tenga que devolver los fondos aportados por la Unión Europea para la rehabilitación.

Ilegalidad, irregularidades en la licitación, falta de transparencia, falta de ética, irresponsabilidad política, improvisación, falta de coherencia en las actuaciones, son los siete fallos que se han cometido. Los que precisamente no se deberían cometer cuando lo que se gestiona es patrimonio de todos y se lleva a cabo con unos presupuestos que son de todos también.

En estos momentos, el proyecto del Mesón Gitano se encuentra paralizado, a instancias de la Consejería de Cultura y pendiente de su autorización. De ahí la importancia de proyectar luz sobre el caso, de dar a conocer sus enredos, para que sean tenidos en cuenta antes de que se proceda a darle el visto bueno.

El Parque de las Familias y “la otra Almería”

Alicia Cifuentes Salazar
Miembro del GT Almería. UPyD, Corporación Local de Almería

“El mayor espacio libre dedicado principalmente a la infancia de toda Andalucía”. Con estas palabras se está promocionando el “proyecto estrella”, “niña bonita” y demás tópicos del urbanismo local, al que el Ayuntamiento ha acordado finalmente (tras una primera denominación, “Ciudad de los niños”) llamar Parque de las familias. Junto con la remodelación del “Mesón Gitano” (en la actualidad paralizado por supuestas irregularidades en la licitación y en la legalidad del proyecto), constituye la obra clave que, según sus responsables, contribuirá a moldear “otra Almería” y cambiará la imagen de buena parte de la ciudad.

Proyecto de Parque de las Familias

Una ambiciosa construcción, “la actuación de mayor envergadura de la actual Corporación”, en palabras de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Comprenderá la extensión de 95.045 metros cuadrados y supondrá la creación de un enorme espacio verde y una suerte de parque de ocio para el que se va a destinar solo en concepto de adquisición de juegos infantiles la nada despreciable cantidad de un millón de euros. Eso sí, un proyecto de tales dimensiones parece que no puede llevarse a cabo en su totalidad durante la presente legislatura, por lo que su culminación, irremediablemente, deberá posponerse a una próxima.

Mientras se distrae a la opinión pública con tamaña obra faraónica, no faltan los motivos para hacer una denuncia de “los proyectos olvidados” del consistorio. La construcción del centro de salud del 18 de julio, la segunda fase de la rehabilitación de la Casa Consistorial y la Plaza Vieja, la mejora de la Plaza Carabineros o de la plazoleta del Zapillo, por poner algunos ejemplos, en los que la desidia y falta de voluntad tanto de la administración local como de la Junta de Andalucía parece que están dando al traste con una recuperación de ciertos enclaves destacados de la capital.
  
La focalización de la política urbanística en un único gran proyecto como golpe de efecto ante la ciudadanía demuestra una falta de capacidad y, hasta cierto punto, una irresponsabilidad en la gestión de los recursos, pero también un incumplimiento de ciertos compromisos que se adquirieron cuando el actual gobierno local accedió al Ayuntamiento.

Presidencia de la Junta de Andalucía: hace falta que todo cambie para que todo siga igual

Alicia Cifuentes Salazar
Miembro del GT Almería. UPyD, Agrupación Local de Almería

Para los curiosos: el procedimiento de "cambiar algo para que nada cambie" tiene su origen en una frase de la novela (considerada como una de las obras maestras del siglo XX) El gatopardo, del escritor italiano G. Tomassi di Lampedusa (1896-1957). En el relato, ubicado en el contexto de la unificación italiana del siglo XIX y la revolución garibaldina, uno de los protagonistas la pronuncia con la intención de dar a entender la conveniencia de que la aristocracia acepte el nuevo régimen para poder conservar su influencia y poder. Desde entonces, esta expresión se viene utilizando, especialmente en el ámbito de la política, para hacer referencia a aquellos cambios en aparencia beneficiosos, pero que encierran un fondo cínico que busca que las cosas sigan igual. Los últimos acontecimientos en la política andaluza han determinado que de aquí a unos cuantos días, el próximo 5 de septiembre, haya un cambio, tengamos presidenta nueva. ¿Es esta la táctica que se ha seguido en el gobierno autonómico? 

Griñán y Díaz
Si hacemos un repaso de todo lo acontecido en los dos últimos meses quizá los hechos sean lo suficientemente elocuentes.

¿A qué venían tantas prisas? Haciendo un recorrido por la prensa, hay quienes las achacan a  la combinación de tres factores: la inminente amenaza de una imputación en el caso de los ERE, la dificultad en las negociaciones con su socio de gobierno, IU, para sacar adelante unos próximos presupuestos que se prevén complicados, y también la delicada situación política a nivel nacional.

Otras opiniones se decantan por aseverar que la precipitación viene de que Griñán tiene trazada ya una hoja de ruta perfectamente sincronizada que terminaría con la convocatoria de elecciones anticipadas la próxima primavera. Probablemente se trate de ambas cosas. Lo cierto es que parece que la estrategia está funcionando, porque ha pillado desprevenido al PP andaluz, que pensaba elegir a su candidato tras las elecciones europeas, y apenas ha conseguido proferir unas leves críticas en lugar de la airada reacción que un asunto semejante habría suscitado en otro momento. Tal vez sea por eso, o tal vez porque no encuentran la suficiente legitimidad para arremeter teniendo en cuenta que el relevo de Esperanza Aguirre y de Ruiz Gallardón en Madrid tuvo lugar en las mismas circunstancias. No sería muy conveniente levantar ciertas alfombras precisamente en este momento, con la que está cayendo.  Aunque lo peor del asunto, es que en todas estas maniobras no se puede hablar de fraude, porque, aunque reprobables desde el punto de vista ético, tal y como está montado el sistema de partidos en nuestro país, resulta que es completamente legal, ya que se vota a un partido, no a un candidato. Ante hechos como estos, que solo son uno de tantísimos casos, cómo no va a ir en aumento la desafección de la sociedad hacia la política y los que la llevan a cabo.

El relevo generacional no consiste en cambiar al candidato o al cargo por una persona de menor edad, como lo entienden nuestros políticos. Esta práctica solo conduce –con toda la intención- a mantener en las estructuras a los que ya están: las cúpulas eligen a los nuevos basándose en lazos de amistad y clientelismo, con lo cual se aseguran de que estos seguirán contando con ellos cuando tengan el poder. Así no hay cambio, ni relevo de políticas. El auténtico relevo pasa por cambiar, entre otras cosas, el funcionamiento interno de los partidos, y sobre todo, por la existencia de listas abiertas. Solo de esta manera se podrá dar paso a los que tengan auténtica vocación política, ideas nuevas y capacidad para dar respuestas a las demandas y problemas de aquellos que los han elegido.

La regeneración democrática que necesita la sociedad de nuestro país se consigue así, cambiando todo lo que no funcione. De esta manera podrán los ciudadanos sentir que vuelven a tener las riendas y que son parte activa de la política. Si no, la desafección política será solo el principio.

A vueltas con El Algarrobico

Alicia Cifuentes Salazar
Miembro del GT Almería. UPyD, Agrupación Local de Almería

Parece que las últimas declaraciones del Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acerca del coste que supondrá la demolición del hotel, recordemos que considerado como el paradigma o icono del “urbanismo salvaje” que desde hace décadas viene campando a sus anchas en las costas de nuestro país, han reactivado el “caso  Algarrobico” ante la opinión pública. Aunque es cierto que apenas ha dejado de ser noticia en los últimos años. Su nombre  lleva apareciendo con cierta frecuencia en los titulares de prensa y han pasado  escasamente dos semanas desde que se ha conocido que el anterior alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, el actual, Salvador Hernández (de distinto signo político), y los seis concejales que votaron en su momento a favor de declarar los terrenos como urbanizables han sido imputados por presunta prevaricación en relación al asunto.

El Algarrobico
Según cuenta la historiografía periodística reciente, en 2003 se aprobó la normativa respectiva y se iniciaron las obras. Dos años después la construcción quedó paralizada, y en 2009 se adaptó el reglamento municipal para que pudiera definitivamente acabarse. La ley de costas vigente en todos esos años (de 1988), impedía que un proyecto semejante se llevara a cabo. Y sin embargo, como en otros casos menos conocidos, tanto el municipio como la Comunidad Autónoma se saltaron la legalidad y, contraviniendo una disposición general de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, adaptaron la normativa municipal con una más que evidente intención espuria. Es decir, un claro ejemplo de lo que en no pocos casos supone la descentralización de determinadas competencias, con actuaciones en las que no se puede asegurar el cumplimiento de la ley, y también de la arbitrariedad y la impunidad que ha existido, y continúa existiendo, en la gestión de los asuntos públicos.

Por eso es necesaria la existencia de un Estado centralizado para los asuntos fundamentales, que cuente con los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de las leyes de carácter general, y que pueda evitar que se produzcan episodios tan lamentables como la historia de El Algarrobico. En este sentido, llama la atención que, ante la reciente aprobación de la nueva Ley de costas, las mayores críticas hayan venido por parte de algunas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Asturias),  que consideran que la ley invade las competencias autonómicas y pretende debilitar el actual modelo competencial.

El hecho de que esta nueva normativa reduzca la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, lo que algunos han calificado como un coladero que legaliza todo lo que se ha construido al margen de la ley, parece ser una cuestión menor, que se deja para que solo los grupos ecologistas la denuncien.  Tal vez sea porque esos 80 metros de diferencia todavía pueden dar mucho juego en manos de regulaciones municipales y autonómicas.

¿Asistiremos pronto a la demolición de El Algarrobico? Quién sabe. Lo que por ahora sí sabemos es lo que se calcula que va a costar, nada menos que 7.320.000 euros.