El Gobierno reconoce por vez primera a 63 víctimas de la Transición e
incluye el caso Almería y a María Asensio de Overa. Las primeras grandes manifestaciones
por el agua en los inicios democráticos trajeron tragedias. María Asensio de
Huércal Overa murió víctima de un pelotazo de goma. La primera
reacción la recogemos en exclusiva del actual secretario de Estado de
Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez López, uno de los
padres e impulsor de la Memoria, catedrático y exalcalde de Almería, quien
mostró su alegría por el avance de la comisión y la luz que se le abre a las
familias, víctimas de la violencia. Francisco Javier Mañas Morales, el
hermano de Juan Mañas, el almeriense de Pechina, una de las víctimas del caso
Almería, subrayó en exclusiva que celebran la resolución de la comisión que
lleva varios años trabajando: “Los familiares de las 63 víctimas de la
violencia policial y de la ultraderecha reconocidas por el Gobierno, nos hemos
enterado de la noticia por los medios de comunicación. El esperado reconocimiento
salda una deuda pendiente del Estado para con las víctimas, aunque no la deuda
de justicia. Permanecemos a la espera de que el Estado lo comunique de forma
oficial y directa a las familias”. Mañas pide que se acelere todo porque los
familiares directos de las víctimas que buscaron libertad y democracia van
falleciendo. Una vez concluido el trabajo de la comisión de estudio, el
Gobierno impulsará el “acceso a la verdad judicial mediante los instrumentos de
jurisdicción voluntaria que prevé la Ley de Memoria Democrática”.
El documento oficial que obra en nuestro poder se denomina “Informe de la
Comisión sobre las vulneraciones de Derechos Humanos acaecidas en el periodo
comprendido entre la entrada en vigor de la Constitución española (29 de
diciembre de 1978) y el 31 de diciembre de 1983”. Elaborado en aplicación de la
Ley de Memoria Democrática. Incluye a María Asensio Morales, de 29 años, madre
de dos hijos, casada con Baltasar Venancio Sánchez Alarcón, de 37 años,
vendedor de frutas ambulante, en la madrugada del 4 de marzo de 1981, junto a
las mujeres y niños de las casas de Los Menas, en la barriada de Overa, en el
término municipal de Huércal-Overa, salieron al camino para impedir que
Explotaciones Agrícolas Cuevas de Almanzora, Sociedad Anónima utilizara su
agua. Tras una asamblea celebrada en el cortijo de María Molina donde se
decidió que se continuaran las protestas ante una empresa que “venía a robarles
el agua. Todo con informes judiciales favorables y en contra de los
agricultores y jornaleros de la zona. En el transcurso de los incidentes,
protagonizados por 80 vecinas y las fuerzas de la Guardia Civil, murió María
Asensio. La vecina Mari Carmen Parra relató: “Estaba muy cerca de ella. Vestía
pantalones y un jersey oscuro. La reconocí porque su cabello era rubio. De
pronto, dio un brinco en el aire. Giró, como giran los protagonistas de las
películas de vaqueros, cuando son alcanzados por una bala. Todo estaba lleno de
humo de los gases. No se oía otra cosa que los disparos de las bolas de goma y
los gritos de las mujeres. Pensé que se había desmayado, me arrodillé junto a
ella, le tomé la cabeza y entonces me di cuenta de que tenía la cabeza abierta
como una granada. Estaba desangrándose. Desde la margen del camino un Guardia
Civil me apuntaba con el arma. Me dijo que la soltase. Quería llevármela.
Empecé a gritar: `Vámonos, que van a matamos a todos´. Durante todo el día la
Guardia Civil estuvo recogiendo los casquillos de bala y las pelotas de goma
del suelo. Aún ahora, de vez en cuando, entre los naranjales encontramos
algunas de aquellas bolas. Todo pasó en menos de 10 minutos”. A María Asensio
se la llevaron aquel 4 de marzo de 1981 Hospital de Huércal Overa y falleció 19
días después en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia. El director de LA VOZ Pedro Manuel de la Cruz tenía en dicho hospital
un amigo médico, natural de Albox, que desmintió la versión oficial. De la Cruz
y quien firma, visitamos al entonces teniente coronel de la Guardia Civil
pidiendo explicaciones para nuestros medios de entonces. Nos abrazó llorando y
nos entregó una cuartilla en la que explicaron que la mujer, me acuerdo
perfectamente, podría haberse golpeado corriendo de espaldas con un objeto
metálico que bien pudo ser una pieza de arado”. Ese jefe era Castillo Quero, el
mismo que dos meses y seis días después, estaba al frente del caso Almería y
nos dejó perplejos, llenos de dudas, hasta que se investigaron las mentiras.
El periodista José Antonio Martínez Soler (Almería, 1947) ha formado parte
de dicha comisión, presidida por su paisano Fernando Martínez. Este
lunes estará en el PITA con Cajamar y descansa varios días en Dalias con su
amigo Antonio Cantón para ir perfilando su nuevo libro La Transición
para jóvenes que saldrá en septiembre, según me adelantó el
viernes. ¿Descubrió algún caso que desconocía durante las sesiones de
trabajo de la comisión?, le preguntó en la contraportada de El País del pasado
lunes Natalia Junquera: “Sí. Y los detalles sobre las víctimas que luchaban por
consolidar la democracia me removían las tripas. También incluimos en otro
apartado las que, como en el caso Almería sufrieron violación de derechos
humanos a causa de los patrones de conducta antidemocrática, impunidad y
gatillo fácil de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha. El
informe es solo un primer paso. El Gobierno debería seguir avanzando para
reconocer y reparar el daño causado a todas las víctimas durante la Transición,
que no fue tan pacífica como algunos nostálgicos piensan”. Otro caso que le
conmovió fue el del asesinato de Javier Verdejo Lucas en su Almería natal en
1976. “Apareció un guardia civil y le atravesó la garganta con un fusil. El
gobernador civil lo tapó todo, dijo que el guardia tropezó y que se le había
disparado el arma. Se llamaba Roberto García Calvo y años más tarde el PP lo
promovió para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional. Que alguien que
tapa crímenes terminara ahí duele. ¿Cómo va a impartir justicia alguien así?”.
Martínez Soler sufrió torturas y secuestros en esos años de violencia
antidemocrática.
El exjuez de Instrucción de Almería, Baltasar Garzón, actual abogado y exjuez de la Audiencia Nacional, acaba de publicar La democracia amenazada (Planeta). En declaraciones a Leonor Mayor admite que la democracia está amenazada por la corrupción, “pero también por el negacionismo de la memoria democrática”. “Me duele que en este país cueste tanto asumir que hubo una dictadura feroz y que se sigan poniendo palos en el camino para reparar a las víctimas”. Con este informe se ha dado un primer paso valiente y necesario para fortalecer al Estado social y democrático, según el catedrático de Derecho Penal Landa Gorostiza.
