La expulsión de Maricarmen de su piso en Madrid ha puesto rostro a la emergencia habitacional que azota nuestro país. También en Almería un juez investiga por coacciones al propietario de un inmueble, tras cortar el suministro de agua y de luz a otra anciana para forzar su salida.
Son las dos caras de una misma moneda: la indefensión a la que se empuja a nuestros mayores cuando el derecho constitucional al techo se convierte en especulación. Tanto en Madrid como en Andalucía, los gobiernos autonómicos del PP han decidido atrincherarse en el boicot ideológico, negándose a desplegar la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Esta legislación brindaría un escudo, al exigir la mediación obligatoria, frenar los desalojos de personas vulnerables y permitir la declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres desorbitados, impidiendo que las familias deban destinar más del 30% de sus ingresos al pago de un hogar. En nuestra capital, el Ayuntamiento agrava el problema.
La empresa municipal Almería XXI se ha convertido en una promotora más, compitiendo con el sector privado. La alcaldesa apuesta por el modelo de «precio limitado», diseñado para rentas anuales de hasta 58.800 euros, sacando al mercado viviendas protegidas que superan los 220.000 euros. Las consecuencias son demoledoras: desde el año 2019, tres de cada cuatro adjudicatarios (el 75%) acaban renunciando a los pisos al no poder acceder a la hipoteca, provocando que la mitad de las viviendas terminen en manos de particulares que ni siquiera habían participado en el procedimiento.
Entretanto, el Plan Municipal de Vivienda duerme en un cajón, el prometido Observatorio de la Vivienda sigue sin activarse y las ayudas municipales al alquiler resultan ridículas. Las únicas promociones asequibles y en alquiler son las de Costacabana, con la ayuda del Gobierno de España. Entre el asedio a una anciana y el desahucio de Maricarmen media el mismo desprecio institucional. Almería debe aplicar ya la Ley de Vivienda para no expulsar a sus vecinos.
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