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El éxito de los funcionarios

Rosario Soto
Portavoz del PP de Andalucía
 
Tengo una amiga que terminó el Bachillerato con Matrícula de Honor. En la Universidad se licenció en Filología Hispánica con un expediente calificado con sobresaliente. Tras dos años de intensos estudios aprobó, sin plaza, el examen de la oposición para profesores de secundaria. Su situación actual es de "aspirante a interina". En estos momentos, mi amiga compagina los estudios con un trabajo de dependienta en una librería en una céntrica calle de Sevilla. Ella sabe que las pruebas de acceso al empleo público están caracterizadas por la masificación y que sólo son unos pocos entre miles los que aprueban con plaza. También sabe que el acceso a la Administración Pública se ajusta a los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad y que esta última garantiza la publicidad y concurrencia. Por eso mi amiga está, y yo creo que con total justificación, absolutamente indignada con el presidente del la Junta, el socialista José Antonio Griñán, que sigue haciendo oídos sordos a las razonables protestas por su reciente e injusto decreto sobre la Función Pública. Y es que lo que dice mi amiga es absolutamente razonable: se trata de una decisión que destruye los principios con los que se rige (o al menos debería regirse) la Función Pública.
 
Estos días, miles de funcionarios repartidos por toda Andalucía, están tomando las calles para protestar por un decreto que pone en marcha unas medidas que no sólo son injustas, sino que también atentan a su dignidad profesional como funcionarios. Pero los mismos socialistas que llegaron al gobierno asegurando que iban a escuchar a la calle y que no iban a dar la espalda a los ciudadanos, ignoran el clamor de miles de personas que han intentado hacer del estudio, del mérito y del esfuerzo el eje de su vida profesional, y prefieren favorecer si rubor alguno a sus amigos, a sus conocidos, a sus afiliados. Francamente, me niego a permanecer callada ante esta nueva maniobra partidista y sectaria de una administración que es ya consciente de estar viviendo sus últimos meses en el poder y pretende, aún a costa de vulnerar sus propios principios, preparar el escenario del cambio de gobierno que propiciarán las próximas elecciones dejando bien situados a los suyos.Me parece lamentable que el gobierno andaluz, con José Antonio Griñán al frente, desprecie de este modo el clamor de más de 40.000 funcionarios que exigen la derogación del decreto y, lejos de admitir la prepotencia y sectarismo de su gesto, se limita a exigir tranquilidad y calma a los funcionarios, pero no acepta sentarse a negociar, estudiar o pactar una solución razonable. Griñán no quiere ciudadanos, sino súbditos que acepten y consientan en silencio sus ideas y ocurrencias.

No a la reforma del sector público andaluz

Pedro Ruiz
Secretario Provincial del PA

La Función Pública de la Junta de Andalucía está viviendo la mayor crisis desde el inicio de nuestra autonomía. El intento de reordenación del sector público andaluz, mediante la publicación del Decreto Ley 5/2010 que, a su vez, modifica el Título III de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que regula las entidades instrumentales de la Administración de la Junta, constituye un despropósito de consecuencias incalculables para la propia Administración Autonómica.

El intento de crear una tipología de agencias, de confuso régimen jurídico, se agrava con la ausencia del más elemental respeto a los funcionarios de la Junta, a sus condiciones laborales, a su carrera administrativa e incluso a su propia situación como ciudadanos en un Estado de derecho. Pretender crear una agencia en la que confluyan funcionarios, laborales y personal de fundaciones y organizaciones privadas, que han sido contratados sin el menor proceso de selección, es una de las mayores aberraciones que han tenido lugar en la, últimamente, triste historia de la Función Pública.

A la reciente agresión contra las retribuciones de los empleados públicos, se une ahora este proyecto, que tiene también como objetivo último disminuir la masa salarial de los funcionarios, pero que, además, se realiza machacando la propia naturaleza de la relación funcionarial, basada en la permanencia en el servicio a los intereses generales para garantizar la independencia de la Administración. Los andalucistas hemos apoyado y apoyaremos todas las movilizaciones que se convoquen contra el recorte salarial de los funcionarios o de sus derechos profesionales.

Los andalucistas queremos reivindicar una triple perspectiva para explicar nuestro apoyo a los empleados públicos de la Junta y a la irrenunciable reivindicación de la derogación del Decreto Ley 5/2010:

a) La defensa de la Autonomía andaluza, porque este intento de debilitar a la Junta de Andalucía, constituye una gravísima amenaza para la administración que la hace posible. Ya hemos visto cómo se han llevado Cajasur, cómo nos han timado pagando la deuda pública con solares, o incluso, cómo es probable que nos quiten las competencias sobre el Guadalquivir. Necesitan anular Andalucía para la contrarreforma del estado autonómico de la que participan tanto el PSOE como el PP.

b) La defensa del Estado Social. Sin una Administración fuerte es más fácil desmontar el Estado social: suprimir prestaciones sociales, como tramos del subsidio de desempleo, recorte en las pensiones, ayudas a la dependencia o la protección de los derechos de la mujer.

c) La defensa de los trabajadores. No podemos permitir que nos dividan. La reforma laboral, el decretazo contra los funcionarios, o este ataque a la Administración autonómica y a los derechos de los empleados públicos de la Junta, responden a la misma lógica. Quieren aprovechar la crisis para desapoderar a los empleados, sean públicos o privados.

Es por todo esto que desde el andalucismo, tenemos que decir claramente NO a esta reforma regresiva.