¿Qué pasa con la Función Pública?

Pedro Ruiz
Secretario Provincial del PA

Desde que la Junta de Andalucía decidió reordenar el sector público andaluz andan los ánimos muy revueltos entre los empleados públicos. Pero es una reacción lógica; en primer lugar porque estamos acostumbrados a que los decretazos de la Junta, llevados siempre a cabo sin negociación ni consenso, salgan perjudicando, no sólo a los trabajadores, sino a la sociedad en general. Y en segundo lugar, porque nadie ha explicado de qué manera las “agencias” que pretenden crear mediante el Decreto Ley 5/2010 van a convertir a la Administración de la Junta de Andalucía en algo más ágil, más eficiente y más eficaz y a la vez van a conseguir reducir el gasto.

Hagamos un poco de historia. Desde que se creó la Junta de Andalucía, el PSOE ha ido haciendo una Administración en función de cuáles eran sus intereses en cada momento. Comenzó como una pequeña administración compuesta por los funcionarios transferidos, que ha ido creciendo conforme se iban transfiriendo competencias desde el Estado. La gestión de los distintos consejeros y consejeras del ramo (no nos olvidemos de la pésima etapa “Carmeli Hermosín”) ha ido haciendo que la administración pública se convierta en un entramado muy complicado en el que conviven funcionarios de carrera, laborales fijos, laborales eventuales, interinos “patanegra”, interinos “jota”, eventuales de confianza, estatutarios y “externos”. Categorías todas que la política torticera de la Junta ha echado a pelear históricamente bajo la premisa de “divide y vencerás” tan usada por nuestros políticos.

A esto hay que añadir la construcción a lo largo del tiempo de una Administración paralela mediante Agencias, Empresas Públicas, Fundaciones y otros entes que, además de servir de instrumento para colocar a sus enchufados, consiguen eludir el control financiero previo que realiza la intervención de la Junta de Andalucía.

En este contexto y, teniendo en cuenta que la función pública necesita una reordenación a fondo, la Junta de Andalucía, en lugar de suprimir la administración paralela de las agencias, lo que se le ocurre es suprimir las Delegaciones. Es decir, cargarse el original y dejar la copia. ¿Qué es lo que esconde esta medida? ¿Por qué van a funcionar las agencias mejor que las delegaciones tradicionales? ¿Acaso lo que no funciona en la administración pública es el control del gasto previo y pretenden gastar lo que quieran sin que nadie los controle a priori?

Independientemente de cómo afecte este decreto a los funcionarios, que están en su derecho de defender su postura, la sociedad debería pararse a pensar cómo le va a afectar su entrada en vigor en sus relaciones con la administración. Quizá es el momento de salir a la calle a apoyar a los empleados públicos. Quizá, y aprovechando que el 4 de diciembre está a la vuelta de la esquina, es el momento de recuperar el espíritu del 77 y que los andaluces salgamos a la calle a reivindicar lo público. Yo, al menos, voy a ir el sábado a defenderlos y a defenderme.

Desde aquí, solo me queda animar a los empleados públicos en su lucha y ponerme a su disposición para acompañarlos en cuantas actuaciones pretendan emprender, porque, estoy convencido de que cuando Andalucía quiere, puede.

No a la reforma del sector público andaluz

Pedro Ruiz

Secretario Provincial del PA

La Función Pública de la Junta de Andalucía está viviendo la mayor crisis desde el inicio de nuestra autonomía. El intento de reordenación del sector público andaluz, mediante la publicación del Decreto Ley 5/2010 que, a su vez, modifica el Título III de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, que regula las entidades instrumentales de la Administración de la Junta, constituye un despropósito de consecuencias incalculables para la propia Administración Autonómica.

El intento de crear una tipología de agencias, de confuso régimen jurídico, se agrava con la ausencia del más elemental respeto a los funcionarios de la Junta, a sus condiciones laborales, a su carrera administrativa e incluso a su propia situación como ciudadanos en un Estado de derecho. Pretender crear una agencia en la que confluyan funcionarios, laborales y personal de fundaciones y organizaciones privadas, que han sido contratados sin el menor proceso de selección, es una de las mayores aberraciones que han tenido lugar en la, últimamente, triste historia de la Función Pública.

A la reciente agresión contra las retribuciones de los empleados públicos, se une ahora este proyecto, que tiene también como objetivo último disminuir la masa salarial de los funcionarios, pero que, además, se realiza machacando la propia naturaleza de la relación funcionarial, basada en la permanencia en el servicio a los intereses generales para garantizar la independencia de la Administración. Los andalucistas hemos apoyado y apoyaremos todas las movilizaciones que se convoquen contra el recorte salarial de los funcionarios o de sus derechos profesionales.

Los andalucistas queremos reivindicar una triple perspectiva para explicar nuestro apoyo a los empleados públicos de la Junta y a la irrenunciable reivindicación de la derogación del Decreto Ley 5/2010:

a) La defensa de la Autonomía andaluza, porque este intento de debilitar a la Junta de Andalucía, constituye una gravísima amenaza para la administración que la hace posible. Ya hemos visto cómo se han llevado Cajasur, cómo nos han timado pagando la deuda pública con solares, o incluso, cómo es probable que nos quiten las competencias sobre el Guadalquivir. Necesitan anular Andalucía para la contrarreforma del estado autonómico de la que participan tanto el PSOE como el PP.

b) La defensa del Estado Social. Sin una Administración fuerte es más fácil desmontar el Estado social: suprimir prestaciones sociales, como tramos del subsidio de desempleo, recorte en las pensiones, ayudas a la dependencia o la protección de los derechos de la mujer.

c) La defensa de los trabajadores. No podemos permitir que nos dividan. La reforma laboral, el decretazo contra los funcionarios, o este ataque a la Administración autonómica y a los derechos de los empleados públicos de la Junta, responden a la misma lógica. Quieren aprovechar la crisis para desapoderar a los empleados, sean públicos o privados.

Es por todo esto que desde el andalucismo, tenemos que decir claramente NO a esta reforma regresiva.