Secretario Provincial del PA
Desde que la Junta de Andalucía decidió reordenar el sector público andaluz andan los ánimos muy revueltos entre los empleados públicos. Pero es una reacción lógica; en primer lugar porque estamos acostumbrados a que los decretazos de la Junta, llevados siempre a cabo sin negociación ni consenso, salgan perjudicando, no sólo a los trabajadores, sino a la sociedad en general. Y en segundo lugar, porque nadie ha explicado de qué manera las “agencias” que pretenden crear mediante el Decreto Ley 5/2010 van a convertir a la Administración de la Junta de Andalucía en algo más ágil, más eficiente y más eficaz y a la vez van a conseguir reducir el gasto.
Hagamos un poco de historia. Desde que se creó la Junta de Andalucía, el PSOE ha ido haciendo una Administración en función de cuáles eran sus intereses en cada momento. Comenzó como una pequeña administración compuesta por los funcionarios transferidos, que ha ido creciendo conforme se iban transfiriendo competencias desde el Estado. La gestión de los distintos consejeros y consejeras del ramo (no nos olvidemos de la pésima etapa “Carmeli Hermosín”) ha ido haciendo que la administración pública se convierta en un entramado muy complicado en el que conviven funcionarios de carrera, laborales fijos, laborales eventuales, interinos “patanegra”, interinos “jota”, eventuales de confianza, estatutarios y “externos”. Categorías todas que la política torticera de la Junta ha echado a pelear históricamente bajo la premisa de “divide y vencerás” tan usada por nuestros políticos.
A esto hay que añadir la construcción a lo largo del tiempo de una Administración paralela mediante Agencias, Empresas Públicas, Fundaciones y otros entes que, además de servir de instrumento para colocar a sus enchufados, consiguen eludir el control financiero previo que realiza la intervención de la Junta de Andalucía.
En este contexto y, teniendo en cuenta que la función pública necesita una reordenación a fondo, la Junta de Andalucía, en lugar de suprimir la administración paralela de las agencias, lo que se le ocurre es suprimir las Delegaciones. Es decir, cargarse el original y dejar la copia. ¿Qué es lo que esconde esta medida? ¿Por qué van a funcionar las agencias mejor que las delegaciones tradicionales? ¿Acaso lo que no funciona en la administración pública es el control del gasto previo y pretenden gastar lo que quieran sin que nadie los controle a priori?
Independientemente de cómo afecte este decreto a los funcionarios, que están en su derecho de defender su postura, la sociedad debería pararse a pensar cómo le va a afectar su entrada en vigor en sus relaciones con la administración. Quizá es el momento de salir a la calle a apoyar a los empleados públicos. Quizá, y aprovechando que el 4 de diciembre está a la vuelta de la esquina, es el momento de recuperar el espíritu del 77 y que los andaluces salgamos a la calle a reivindicar lo público. Yo, al menos, voy a ir el sábado a defenderlos y a defenderme.
Desde aquí, solo me queda animar a los empleados públicos en su lucha y ponerme a su disposición para acompañarlos en cuantas actuaciones pretendan emprender, porque, estoy convencido de que cuando Andalucía quiere, puede.
Hagamos un poco de historia. Desde que se creó la Junta de Andalucía, el PSOE ha ido haciendo una Administración en función de cuáles eran sus intereses en cada momento. Comenzó como una pequeña administración compuesta por los funcionarios transferidos, que ha ido creciendo conforme se iban transfiriendo competencias desde el Estado. La gestión de los distintos consejeros y consejeras del ramo (no nos olvidemos de la pésima etapa “Carmeli Hermosín”) ha ido haciendo que la administración pública se convierta en un entramado muy complicado en el que conviven funcionarios de carrera, laborales fijos, laborales eventuales, interinos “patanegra”, interinos “jota”, eventuales de confianza, estatutarios y “externos”. Categorías todas que la política torticera de la Junta ha echado a pelear históricamente bajo la premisa de “divide y vencerás” tan usada por nuestros políticos.
A esto hay que añadir la construcción a lo largo del tiempo de una Administración paralela mediante Agencias, Empresas Públicas, Fundaciones y otros entes que, además de servir de instrumento para colocar a sus enchufados, consiguen eludir el control financiero previo que realiza la intervención de la Junta de Andalucía.
En este contexto y, teniendo en cuenta que la función pública necesita una reordenación a fondo, la Junta de Andalucía, en lugar de suprimir la administración paralela de las agencias, lo que se le ocurre es suprimir las Delegaciones. Es decir, cargarse el original y dejar la copia. ¿Qué es lo que esconde esta medida? ¿Por qué van a funcionar las agencias mejor que las delegaciones tradicionales? ¿Acaso lo que no funciona en la administración pública es el control del gasto previo y pretenden gastar lo que quieran sin que nadie los controle a priori?
Independientemente de cómo afecte este decreto a los funcionarios, que están en su derecho de defender su postura, la sociedad debería pararse a pensar cómo le va a afectar su entrada en vigor en sus relaciones con la administración. Quizá es el momento de salir a la calle a apoyar a los empleados públicos. Quizá, y aprovechando que el 4 de diciembre está a la vuelta de la esquina, es el momento de recuperar el espíritu del 77 y que los andaluces salgamos a la calle a reivindicar lo público. Yo, al menos, voy a ir el sábado a defenderlos y a defenderme.
Desde aquí, solo me queda animar a los empleados públicos en su lucha y ponerme a su disposición para acompañarlos en cuantas actuaciones pretendan emprender, porque, estoy convencido de que cuando Andalucía quiere, puede.
