Martín Gerez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Vera
⏩ Ha
pasado poco más de un mes desde que el equipo de Gobierno del PP convocara de
manera urgente ─tan urgente como para recibir la convocatoria pasadas las nueve
de la noche del 23 de junio y ser citado para la mañana siguiente─ un Pleno
para apuntarse un tanto que, finalmente, ha derivado en incompetencia y
embrollo. Esa premura del alcalde y su equipo invitaba a pensar que estuviera
provocada por una situación de emergencia sobrevenida, y que requería una
decisión transcendental e ineludible para la vida municipal. Pero, ¡oh decepción!,
solo se trataba de solucionar el resultado de su desidia en la ‘operación
Espíritu Santo’. Una desidia, por otra parte, que no se compadece, o no
debería, con los 3.000 o 3.500 euros al mes que cobran los miembros del equipo
de Gobierno, que seguro no habrán teletrabajado mucho durante el confinamiento
ni les ha afectado ningún ERTE.
Aprobar
la adquisición para el municipio de tres fincas rústicas (poco más de 4,5 has.)
sobre las que se encuentra el yacimiento arqueológico del Espíritu Santo, donde
están sepultados gran parte de los restos de la vieja ciudad árabe de Bayra, lo
que es sinónimo de gran parte de nuestra historia, es un proceso decisorio
complicado, hay muchas cuestiones que valorar. El equipo de Gobierno, de ser
más competente y menos entusiasta de la autopropaganda, lo debería saber. No es
tan simple como comprar tres fincas rústicas, en realidad, se trata de comprar un
Bien de Interés Cultural que ya cuenta con todas las protecciones y
salvaguardas públicas que la legislación tiene establecidas. Es curioso, hasta
las leyes franquistas obligaban a los Ayuntamientos a proteger los castillos y
ruinas históricas ubicadas en sus municipios, y las de la democracia han
establecido obligaciones para sus propietarios particulares y para la
administración pública, pero también derechos para ésta y para la ciudadanía en
general.
A
saber. Para comprarlo es necesario tasarlo y, en base a eso, acordar un precio
y una forma de pago. Como el Partido Popular, apresuradamente, decidió hacerlo
con la permuta de seis parcelas urbanas de propiedad municipal en una de las
mejores zonas residenciales y con dinero contante y sonante adicional, hay que cumplir
una serie de requisitos. Para ello, primero, y parece que se cae por su propio
peso, los concejales tienen que contar con la documentación. Y hay que tenerla
con dos días hábiles previos al pleno, antelación que marca la legislación como
derecho de los mismos para poder formarse una opinión libre sobre el tema y
votar con conocimiento y responsabilidad. Y no es un capricho, ni nada que se
pueda tomar a la ligera por quien preside la Corporación.
Como se
puede intuir, por las contrastadas y reiteradas formas de este Gobierno
municipal, en este caso se vulneró con absoluta impunidad ese derecho. Así lo pusimos
de manifiesto al inicio del Pleno, además de votar en contra a la “urgencia” y de
cada uno de los puntos tratados. De haberse hecho la convocatoria y el pleno
con esa formalidad imperativa, hubiera habido ocasión de descubrir graves errores
documentales y de la tasación existentes antes de votar y no una semana después, como
ha sucedido y cuando ya no hay remedio para los intereses municipales, en
definitiva para los intereses de toda la ciudadanía veratense.
La
impugnación que podríamos haber planteado los socialistas, con jurisprudencia
más que sobrada que nos avala, a buen seguro habría llevado a la anulación
judicial del propio Pleno. Hubiera sido un escándalo notable que, después de
haber pagado en efectivo más de 18.000 euros y entregado seis valiosas parcelas
de propiedad municipal (que a juicio del Grupo Municipal Socialista están infravaloradas) a
cambio de adquirir tres fincas rústicasmuy sobrevaloradas (baste decir que el 75%
de su superficie es incultivable, primero por ser un BIC y segundo por su propia
condición montuosa), todo se hubiera anulado. O eso, o bien que hubiera recaído
responsabilidad patrimonial sobre cada uno de los concejales (todos los del PP,
incluido el alcalde) que votaron a favor de la urgencia y de cada uno de los
asuntos.Y todo, como señalaba al principio, por apuntarse el tanto político de
ser quienes han comprado el Cerro del Espíritu Santo para el municipio, como
así se permitió presumir, en un insufrible y rancio discurso, todo sea dicho,
el portavoz del PP.
Pero
aquí conviene aclarar las medias verdades, o las verdades a medias. La prisa en
celebrar el Pleno obedece a que el equipo de Gobierno, mientras decía que no a
nuestras sugerencias para continuar las actuaciones previstas en el Plan
Director aprobado por el anterior equipo de gobierno, por cierto con el voto en
contra del PP entonces en la oposición, solicitó a principios de este año una subvención
del 1,5% cultural al Ministerio de Fomento. Hasta ahí, perdonable el ocultismo,
pero para acogerse a esta ayuda es “obligatorio” que el Ayuntamiento solicitante
sea el propietario de las fincas donde se realice la inversión subvencionable. Por
cierto, la normativa que regula este tipo de ayudas no es reciente, viene de
2014, y cada año con la correspondiente convocatoria se recuerda claramente
este requisito ineludible.
Incluso
siendo conscientes de ello, como debe ser la obligación de los gestores
municipales, han tenido hasta seis meses para resolver la adquisición en tiempo
y forma y a un precio razonable, y no dar lugar a tener que firmar las
escrituras y presentarla en el Registro el último día del plazo de subsanación
dado por el Ministerio. Si a eso se suman los tres meses que llevan sin hacer
nada la mayoría de ellos, resulta simplemente indignante. En síntesis, se han
pagado 249.000 euros para recibir aproximadamente 240.000. Y no es seguro que
la subvención se apruebe porque todo va cogido con alfileres. Además, la
legislación obligaba a los propietarios a preservar y conservar el yacimiento y
a permitir el acceso y visita de los ciudadanos libremente, y además permitía
que se hicieran prospecciones arqueológicas, y hasta obligaba a la Administración a realizar un documento técnico que definiera las actuaciones
públicas de protección y puesta en valor del yacimiento, en definitiva como así
ha sido hasta ahora sin objeciones.
En resumen,
el Grupo Socialista está de acuerdo en que el Cerro del Espíritu Santo sea de
propiedad pública, pero no había ninguna prisa en pagar lo que se ha pagado y,
sobre todo, hacerlo con “nocturnidad y alevosía” y pisoteando los derechos de
un tercio de la propia Corporación municipal. Tampoco hay prisa, si la
subvención no se recibe este año, el año próximo también puede llegar, habrá
convocatoria con toda seguridad, y por supuesto, el Ayuntamiento tiene fórmulas
alternativas para conseguir la plena propiedad distintas y menos costosas a la
utilizada.
Nuestra
decisión de no impugnar el pleno, y los acuerdos adoptados, responde a la
voluntad de evitar males mayores. Bastantes ha causado ya, y seguirá causando,
el afán propagandístico de un equipo de Gobierno que sustenta su gestión en la
autopromoción y el servilismo hacia las instituciones que gobierna su propio
partido.
