Honradez y honestidad

Antonio Felipe Rubio

Periodista

El auto del juez deja un gran margen para dudar de la honradez y honorabilidad de los históricos dirigentes socialistas Chaves y Griñán. Honradez y honestidad son conceptos que emergen con fruición corporativista desde el bastión militante que, en el PSOE, siempre ha operado como un comando de aguerridos marines que jamás dejan a uno de los suyos abandonado. Y, por otro lado, no digamos de los favores dejados en el largo camino; pues es de bien nacidos ser agradecidos.

Griñán y Chaves (Caricatura: Igepcio)

La maquinaria clientelar en Andalucía se ha venido engrasando con generosidad desde decenios como instrumento consustancial a la permanencia en el poder. El lenguaje actual ha cambiado la percepción del clientelismo experimentado a través de paguicas, jornalillos, subvenciones, prebendas, trato de favor… y, actualmente, ERE, cursos de formación, contratos, convenios, misiones comerciales… En definitiva, una adecuación de la dádiva directa a otros procedimientos más alambicados y ajustados a la mercadotecnia actual. En cualquier caso, es más de lo mismo: ayudar, socorrer y empatizar a cambio de obtener cobertura electoral ante situaciones y adversidades que pudiesen debilitar al Partido que, llegado el caso, siempre apelaría a su demostrada generosidad, y advertiría de la cancelación del estatus de sus agraciados simpatizantes si sus benefactores perdiesen las riendas del poder.

Esto no es nuevo; Vespasiano ya lo practicaba con gran éxito. El problema radica en la capacidad de desparpajo de ciertos partidos y dirigentes para practicar estas anomalías democráticas y salir airosos con el aplauso de la crítica estipendiada, y con el pueblo esperando le llegue el turno del pan y circo.

Los tribunales tendrán la última palabra; pero, por favor, no digan más honradez y honestidad. La honestidad es una cualidad ligada a la rectitud, pudor y a la decencia en las relaciones de género. La honradez es la cualidad de la impecable rectitud en las obras y en el talante. Ninguna de estas cualidades adorna a los expresidentes de la Junta de Andalucía, exministros y expresidentes federales del PSOE. Y no sólo es un baldón personal residente en los dos encausados con casos nítidamente deshonrosos; la institución (la Junta) ha perpetrado obstrucción a la investigación, tendido tramas de interrupción en el proceso y silencio o manipulación informativa.

Ahora, con la campaña en ciernes, los tiempos de camaradería corporativista se tornan en rivalidad de baronías y ambición. Nadie espere la escena de Felipe despidiendo a Pepe Barrionuevo a las puertas de presidio. Tampoco creo que saquen a pasear en actos de campaña a los encausados como desagravio a la “insidia de la derecha que injustamente pretende mancillar la impoluta trayectoria de honradez y honestidad de tan probos dirigentes”. No. No espero hagiografías que otrora desviaron execrables comportamientos solapados desde la preeminencia del poder absoluto. Sólo hay que ver la taimada actitud de Pedro Sánchez a la hora de proclamarse “Don Limpio” para apartarse de la contaminación andaluza con gesto adusto y rechazo contenido.

Andalucía ha tenido lo que ha elegido merecer. Desde el procaz Guerrero (billetes para asar una vaca), hasta las sutilezas de la urdimbre institucional, Andalucía prefirió el “ande yo caliente” de Góngora antes que una profunda reflexión sobre nuestras potencialidades pervertidas, deshonestas y deshonradas.

Se robaba, y mucho, y ambos lo consistieron

José Fernández

Periodista

El juez instructor de la pieza del procedimiento específico de la macrocausa de los ERE ha decidido sentar en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por sendos y presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Es decir, que un juez considera que ambos altos cargos socialistas consintieron y permitieron que otros se apropiasen de dinero del contribuyente (suyo de usted y mío) y para ello dictaron arbitrariamente resoluciones a sabiendas de su injusticia.

Chaves y Griñán (Foto: Expansión)

Perdonen la espesura del párrafo, pero conviene para situar el terreno que pisamos. Estamos ante una decisión judicial que viene a confirmar lo que todo el mundo ya sabía por simple sentido común. En una administración tan jerarquizada, tan minuciosa y prescriptiva, es de todo punto im-po-si-ble que un grupo de funcionarios de segundo o tercer nivel (los famosos “cuatro gatos” que decía la presidenta heredera de los imputados, Susana Díaz) establezcan una red de saqueo sistemático de fondos públicos sin el conocimiento y/o consentimiento tácito o proactivo de los máximos dirigentes. Lo contrario sería pretender que tanto Chaves como Griñán padecían un severo nivel de discapacidad cognitiva.

Y sin dudar de la honestidad personal de ambos, lo que parece indiscutible es que los dos eran plenamente conscientes de que se robaba, y mucho, y que ambos lo consintieron. Y mucho. Resulta difícil no asumir ya de una vez que el PSOE ha instalado en la Junta de Andalucía un mecanismo delictivo destinado a favorecer intereses propios y/o de organizaciones y empresas afines. La clave está en las razones por las que este mismo tipo de fechorías ha provocado el merecido desplome del PP en Valencia y que en Andalucía llevemos sosteniendo ya tres décadas a toda esta panda de tremendos sinvergüenzas.

La justicia embarga a Martín Soler por el caso de los ‘Eres’

Juan Torrijos

Periodista

No lo debe estar pasando bien el exconsejero Martín Soler, convertido en noticia estos días por el embargo de coche, casas y plazas de garaje. Ante situaciones como la que está viviendo el almeriense salta una duda, no sé si razonable o no: en el campo de batalla en el que se ha convertido la política ¿qué responsabilidades tienen los soldados?

Martín Soler

En la trama de los ‘Eres’, salida de las más altas instancias del Gobierno andaluz, ¿se está haciendo justicia con los que sólo obedecían órdenes? En algún momento nos aclarará la justicia el papel jugado por Martín Soler en los ‘Eres’, pero mientras no sea así, la impresión es que cuando Martín llega al Gobierno andaluz los ‘Eres’ ya circulaban abiertamente por los pasillos del poder. ¿Qué responsabilidad podemos achacar entonces a Soler?

Alguna deberá tener o así lo verá la justicia cuando la jueza le pide una fianza de más de cuatro millones de euros, que se dice pronto. Vale, alguna debe tener, pero no es de lógica que los soldados estén pagando los platos, los rotos y los otros, mientras los jefes se escabullen torticeramente.

Los cuatro millones de fianza solicitados por parte de la jueza son un duro golpe para cualquier familia, también para la de Martín Soler Márquez. En el ejercicio de la política se pueden cometer errores, cacicadas y otras lindezas. Las hemos visto en todos los partidos y en todos los políticos. Martín no está libre, convencido estoy, de esos errores, algunas cacicadas y otras lindezas durante el tiempo en el que mandó en el PSOE almeriense y tuvo mando en plaza en Sevilla. Pero que se sepa no es el ideólogo de los ‘Eres’, él se encontró con una operación en marcha y no se bajó de ella, cierto es, pero entre sus errores no está el de haber montado ese tren de millones.

¿Cómo se podría haber bajado de ese caballo de hierro, o de qué manera él podía cortar una trama fraudulenta creada en el interior del Gobierno para favorecer situaciones? ¿Tenía poder para ello Martín? No lo creo. Más bien Soler era ante la trama de los ‘Eres’ un mando intermedio que recibía órdenes del general y que a su vez transmitía a sus subordinados.

El golpe de los cuatro millones de fianza impuesto por la jueza es duro para el cierre de una carrera política. No lo debe estar pasando nada bien el exconsejero Martín Soler. Lo siento por él y su familia.

Alaya impone a Martín Soler una fianza de cuatro millones de euros

Juan Folío

La Opinión de Almería

Las explicaciones de Martín Soler no terminan de convencer a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. En un auto dictado hoy mismo ha impuesto al exconsejero una fianza de 4.070.633 euros. Al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, el almeriense Joaquín Moya-Angeler, también le ha impuesto una fianza de 152.950 euros.

Martín Soler, con su abogado

En total, las fianzas de responsabilidad civil exigidas por la juez alcanzan los 40.317.001,21 euros para 24 imputados. La fianza más alta, de 10,7 millones de euros, ha sido impuesta al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez. A Braulio Medel, presidente de Unicaja, también le ha impuesto una fianza civil de 482.790 euros.

La juez da un día de plazo a los 24 imputados para que presten las respectivas fianzas impuestas, en cualquiera de las formas admitidas por la Ley y con apercibimiento que, de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente a cubrir las mismas.

Respecto a Martín Soler, la juez argumenta que fue consejero de Innovación desde el 25 de abril de 2009 hasta el 23 de marzo de 2010, por lo que “abarca un periodo en el que la Consejería de Innovación quiere eliminar cualquier apariencia de colaboración con la Consejería de Empleo: desde mayo de 2008 ya no se firman convenios con la Consejería de Empleo, pero siguen existiendo las ayudas sociolaborales cuyos fondos son adelantados por IDEA y en el presupuesto de 2010 desaparece el crédito de las transferencias de financiación a IDEA".

La juez también destaca "la expresa vulneración" por parte del exconsejero del contenido del artículo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad, "que impone que los créditos y presupuestarios son limitativos y vinculantes", pues el imputado "autorizó el abono de una subvención de 450.000 euros a Abantia Ticsa concedida por la Consejería de Empleo mediante resolución de 15 de marzo de 2010 con los fondos de la Consejería de Innovación".

Para cuantificar la fianza civil a imponer, la juez le impone el cinco por ciento del importe de las ayudas concedidas durante el ejercicio de su cargo, que ascendieron a 61,2 millones de euros, y le suma el tercio legalmente exigido.

Ni con los ERE mandó la Junta dinero a Almería

Juan Torrijos

Periodista

Según el auto de la juez, Almería se benefició de las ayudas de los ERE en cuatro casos durante ocho años mientras que Sevilla lo hizo en ciento ochenta y cuatro ocasiones. El balance es tan clarificador que no merece anotaciones al margen. Si de un partido de fútbol se tratara Sevilla le gana a Almería por 184 goles a 4. ¡Eso es una goleada!

Viñeta de 'La Opinión de Málaga'

Pondríamos cara de pena, de circunstancia y a olvidar el episodio. Pero no es un partido de nada, ha sido una estrategia de alguien, los jefes de la Junta dicen que ellos no, por la que se han repartido en ayudas a quienes ellos han querido y les ha dado la gana unos ochocientos y pico millones de euros. En pesetas ni les digo. La lógica conclusión que saca un almeriense es que de los 850 millones de euros repartidos Almería ha recibido más o menos cuatro, mientras Sevilla se ha llevado el resto hasta los casi novecientos.

Que no es centralismo de la Junta, puñetas, es que en Sevilla hay más necesidades que en el resto de Andalucía. O que los amigos de los jefes de la Junta están en la tierra de María Santísima y eso manda mucho. En Málaga ponen el grito en el cielo, al igual que en Granada, Huelva, Jaén o Córdoba. Luego nos acusan a los periféricos de quejarnos del centralismo sevillano, pero, contra, si es que clama al cielo.

Se lo han llevado crudo, nos han dejado las migajas y encima se quejan de que nos quejemos. Ni en las golfadas tenemos suerte los almerienses. Y una golfada es lo de los ERE. ¿Se imaginan lo que sería 850 millones de euros repartidos entre los almerienses? Lo mismo nos habría tocado algún pellizco, y en los tiempos que corren no es que queramos “asar vacas” por las calles y plazas de la provincia, pero sí tomar alguna copita con gambas en los bares de Almería. Pues ni por esas, oiga.

Mala sombra es la que nos cobija desde el lejano Guadalquivir, y eso que dicen algunos que por estas tierras nuestras nace. En las ayudas a los cursos de formación parece que hemos tenido algo más de suerte. Esperemos que se acaben los informes judiciales y conozcamos las cifras repartidas y los afortunados que en Almería existen.

Si en los premios de los ERE no hemos tenido suerte, vamos a ver si en la pedrea de los cursos han conseguido un pellizquito que llevarse del infierno de la generosa corrupción.

Chaves y Griñán

Joaquín Abad

Exdirector de La Crónica de Almería

Pues parece que la juez Ayala por fin ha enviado al Tribunal Supremo la parte del sumario de los famosos "eres" para que tenga a bien imputar a los dos ex-presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A ver si se creen los lectores que sólo en Cataluña sus cargos, su honorable presidente, Jordi Pujol, se llevaba el por ciento de las obras y demás negocios. Porque me consta que en Andalucía también había que pasar por caja en casi todas las obras públicas y privadas. Y en muchos casos, como en el famoso hotel El Algarrobico, en la costa almeriense, la maleta con más del cuatro por ciento fue entregada como era costumbre.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves

La juez Ayala ha tardado lo suyo en argumentar como funcionaba la Junta a la hora de dar dineros a empresarios, sindicatos y otros que se lo repartían crudo sin control. Es más, se legisló para evitar los controles. Y de eso alguien tiene la culpa. O bien por haberlo autorizado o bien por no haberse dado cuenta de la ilegalidad. Pero se dice que la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento. Y me extraña muy mucho que Chaves y Griñán no estuvieran al tanto de lo que Magdalena Alvarez se trajinaba para que salieran miles de millones, de las antiguas pesetas, y cientos de millones de los nuevos euros, del control oficial a que está obligada la administración pública.

En Andalucía se vienen destinando miles y miles de millones de euros para el fomento del empleo y para que esa región salga del pozo y se industrialice. Si durante el franquismo fue marginada, con la democracia no pararon de llegarle cantidades millonarias que, como se ha comprobado, de poco ha servido. Y ha servido de poco porque los sucesivos gobiernos de la Junta, socialistas, han preferido repartirse el dinero entre los amiguetes y lo que sobraba destinarlo a subsidiar miles y miles de parados en lugar de buscarles trabajo. Por supuesto, por eso la zona rural de Andalucía siempre votará al pesoe. Para que le siga subsidiando.

Pues Manuel Chaves y José Antonio Griñán deberían purgar sus culpas de una vez por todas. Porque si Andalucía está en la cola de la cola del paro, del analfabetismo tecnológico, de la industrialización, de la corrupción, ambos ex-presidentes algo tienen que ver.  

El derecho de Martín Soler a no declarar

Juan Torrijos

Periodista

Si es un derecho el no declarar ante el juez supongo que no se le puede acusar de falta de colaboración con la justicia a Martín Soler. Pero sí deja ante la opinión pública la sensación de que si no quiere hablar es por algún motivo. ¿Está ocultando algo? Es lo primero que se le viene a la cabeza al ciudadano de la calle. ¿A qué preguntas no quiere contestar Martín Soler ante la juez Alaya? ¿Qué preguntas le incomodan o le preocupan de la jueza?

Martín Soler, con su abogado

A veces es mejor no dejar que el pueblo piense: futbol y toros, se decía en los tiempos de la dictadura. Creo que le hace más daño a Martín Soler en su prestigio personal no declarar ante la jueza que haberlo hecho. Ahora no sé lo que estaríamos escribiendo tras su declaración, pero no estaríamos especulando con el miedo a unas preguntas, con una negativa a declarar que le hace un poco más culpable ante los ojos de la sociedad.

No se han pedido medidas cautelares para el almeriense por las partes, por lo que asegura que se siente satisfecho como inocente que es. Uno se alegra de que así sea, satisfecho e inocente. Pero si es inocente ¿por qué no declaró, por qué no respondió a las preguntas de la juez Alaya?

Si tan inocente es y se siente, ¿a qué viene ese miedo a contestar? Si las acusaciones de malversación y de prevaricación que alega la jueza no son ciertas, según usted, sigo sin entender el acogerse al derecho a no declarar. Imagino que en situación similar lo que uno quiere es contar su versión sobre los hechos, poder gritar a los vientos de Almería y a todo aquel que quiera oírlo su inocencia ante la imputación de la jueza.

Sigue siendo inocente mientras la justicia no demuestre lo contrario, pero permita que le diga que ha perdido algo difícil de recuperar, una parte de la confianza del ciudadano almeriense, ese con el que se cruza cada mañana al salir de casa.

Algunos pensamos que con su declaración alguna nube se iba a despejar de las que se ciernen sobre su cabeza y queríamos que así hubiera sido. Es de temer, tras acogerse a su derecho a no contestar a la jueza, que esa nube se ha convertido para muchos en un nubarrón que amenaza tormenta en el futuro. Al tiempo.

Usted nos dice que se siente feliz y nos gustaría que así fuera. Ahora toca esperar los nuevos pasos de la lenta y a veces desesperante justicia.

Fernández Sevilla puede ser el segundo almeriense imputado por Alaya

Juan Folío

La Opinión de Almería

De los casi doscientos imputados por la juez Mercedes Alaya por el caso de los ‘eres’ solamente uno es almeriense. Hasta ahora. Porque dentro de pocos días, al exconsejero Martín Soler se le puede sumar el exsecretario general de la UGT Francisco Fernández Sevilla. Uno de Poniente, de Berja, y otro de Levante, de Cuevas del Almanzora, si bien es cierto que las actividades por las que la juez Mercedes Alaya acusa a estos dos almerienses no tienen nada que ver con sus municipios de procedencia, sino por sus cargos en el Gobierno de Andalucía y en la Unión General de Trabajadores.

Francisco Fernández Sevilla

En el caso del sindicalista virgitano, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a Alaya que investigue el ‘ere’ que promovió Altadis en sus fábricas andaluzas en 2005 y por el que la Junta de Andalucía abonó 22 millones de euros hasta 2010, “prescindiéndose”, dice, “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Por ello, la Fiscalía reclama que se impute y se citen a declarar a cinco personas, entre las que se encuentran Francisco Fernández Sevilla, entonces miembro de la dirección de UGT-A y luego secretario general.

Los fiscales Anticorrupción dicen que Altadis llevó a cabo un ‘ere’ nacional, aprobado por el Ministerio de Trabajo, para el que suscribió tres pólizas destinadas a los trabajadores andaluces, y en las que la Junta asumía como compromiso pagar 35 millones de euros. Según el Ministerio Público, el que era director general de la Junta Francisco Javier Guerrero confirmó el abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis tras un acuerdo alcanzado “por Blanca Uruñuela Aguado y Francisco Fernández Sevilla, por el sindicato UGT; por Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo, por CCOO; y por José Luis Relea Laso por Altadis”, además del propio Guerrero. La Fiscalía pide que todos ellos sean imputados.

La Intervención General llega a una serie de conclusiones, que la Fiscalía recoge, en las que se detallan una serie de irregularidades. Así, considera que la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa, como es el pago a los trabajadores, sin que conste la existencia de ningún análisis económico por parte de la Administración andaluza en el que se detalle si Altadis no tenía capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta.

“En la concesión de esta subvención”, dice el informe remitido a la juez Alaya, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, por lo que para la Fiscalía plantea incluso su nulidad. Además, “no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo”.

Manuel Recio, el consejero bombero que puede salir quemado

Emilio Ruiz

www.emilioruiz.es

La juez Mercedes Alaya, que instruye el sumario de los ‘eres’, apunta alto. Esta semana ha dado un paso más hacia la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al pedir que se acredite su condición de aforados. La misma petición ha hecho para cinco exconsejeros, entre ellos el último que los socialistas almerienses lograron colocar en Sevilla, Manuel Recio. Lo de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera y Francisco Vallejo se esperaba. No tanto lo de Manuel Recio, que fue consejero de Empleo entre 2010 y 2012, es decir, cuando ya el caso había estallado.

Manuel Recio

Es un poco chungo el caso de Manuel Recio. En las postrimerías del siglo pasado, este doctor en Ciencias Económicas y Empresariales se incorporó a nuestra Universidad, que pronto abandonó para embarcarse en una carrera política que le era prometedora. Pasó, en poco tiempo, de adjunto al Gerente del Hospital de Poniente a la gerencia del Idea, y de aquí a la delegación del Gobierno en Almería y a la secretaría general de Economía.

En 2010 Manuel Recio tomó una decisión de la que se va a arrepentir toda su vida: aceptar la titularidad de la Consejería de Empleo que no quiso aceptar su compañero Martín Soler. Lo llamaron para apagar el fuego que la estaba arrasando por el tema de los ‘eres’. Trabajó sin desmayo para apagarlo, pero, injusticias de la vida, el fuego posiblemente también le llegue a él. En todos los órdenes de la vida se cometen errores. Manuel Recio, por encima de todos, cometió uno: aceptar la titularidad de una consejería que era un polvorín.

El Congreso del OGT

Antonio Felipe Rubio

Periodista

Los continuados y abundantes escándalos de los ERE afloran un nuevo episodio con la Operación Heracles. Curiosamente, Heracles (Hércules) es el protagonista principal del escudo de Andalucía y, lejos de presentar una imagen fornida como antecede a su hercúlea leyenda, aparece lánguido, frágil y posturalmente sospechoso. Esta plasticidad heráldica resulta premonitoria. Hércules y los feroces leones, devenidos en gatuna mansedumbre, representan al pueblo andaluz, rodeado por las sólidas columnas del poder y rematado con un cielo blanquiverde (verde omeya y blanco almohade, tal como soñaba el “padre” de la patria andaluza) que deja muy poca perspectiva y escasa capacidad de movimiento dentro de esta onírica jaula de libertades. El saqueo sistémico sólo es posible desde el establecimiento de una casta duradera, amplia y connivente.

Un acto de UGT

Algunas especies animales y vegetales han evolucionado hasta la tolerancia hacia sus parásitos, cuidando no sobrepasar la línea de coexistencia vital. Es decir, que la garrapata no puede ser más grande que el perro; si eso sucediese, el perro sucumbe. Y el “perro” andaluz, famélico y derrengado, ya no puede con su alma.

Los sindicatos UGT y CCOO, instrumentos de PSOE e IUCA, han comprado la paz social del Gobierno andaluz a un precio insultante, no ya por la cuantía, sino por la bochornosa connivencia y la perversión de supuestos principios que legitimaban su existencia.

Los más que presuntos casos de falsificación de facturas con dinero dirigido a los parados se han empleado en comilonas (de las barricadas… ¡A las mariscadas!), regalos, festivales… y un “Bote” que, como Dios manda, mantenía una contabilidad específica para llevar al día la mordida.

Recientes informaciones revelan el regalo de 200 maletas (trolleys) a los compromisarios del Congreso de la Federación de Servicios, celebrado en Jerez, y con dinero destinado a los parados. Lo que no ha trascendido es que el “set” incluía unas bolas chinas (juguete sexual para introducirlo “preferentemente” en la vagina) y que recibieron, del total, un 60% de hombres. La secretaria general de la Federación, autora de tan meti-culosa y sutil delicadeza obsequiosa, dijo: “Es por un tema, fundamentalmente, de género. En UGT también nos preocupamos por nuestras afiliadas. Hemos creído que era una buena ocasión para que tengan unas, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas siguen teniendo reparo a ir a comprarlas a una farmacia. Y es hora de romper este tabú que todavía existe”.

Magnífica explicación; sobre todo, por el histórico recato de los sindicalistas de izquierdas en asuntos como píldoras abortivas, condones… y bolas chinas. Ahora va a resultar que se avergüenzan al pedir según qué cosas en la farmacia, ¡hay que joderse! Por cierto, de aquel congreso (el de las bolas chinas) salió un gracioso que llamó Congreso del OGT (ojete). No perdamos el humor.

La jueza se ‘olvida’ del exconsejero Martín Soler

Juan Méndez

Andaluces.es

Tras haber conocido la opinión de expertos juristas de todo el Estado sobre la “peligrosa” decisión de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, y la posibilidad de que hubiera incurrido en prevaricación, una nueva duda se plantea ante el enrevesado, confuso y posiblemente nulo auto de 10 de septiembre: ¿Por qué no ha imputado aún al que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler Márquez, y sí ha incluido en el último auto a su predecesor Francisco Vallejo, y a su sucesor Antonio Ávila?

Los consejeros Fernández
y Soler

Fuentes judiciales próximas al caso han indicado que todo apunta a que la jueza ha tenido “un lapsus” en su relación de personas imputadas hasta el momento o relacionadas “en calidad de imputado” por su condición de aforados y ha dejado fuera a Martín Soler, quien no mantiene la condición de aforado ni tiene en la actualidad cargo público.

Martín Soler desempeñó el cargo de consejero de Innovación, Ciencia y Empresa durante la presidencia de José Antonio Griñán entre el 24 de abril de 2009, tras sustituir a Francisco Vallejo, y el 22 de marzo de 2010, cuando fue relevado por Antonio Ávila, ambos señalados en “calidad de imputados” por la jueza Alaya. Natural de Cuevas de Almanzora (Almería), Martín Soler fue anteriormente consejero de Agricultura y Pesca con Manuel Chaves como presidente andaluz. Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, Martín Soler fue también senador entre 2004 y 2008 en representación de la comunidad autonoma.

Al igual que Francisco Vallejo, y hasta hace unos días Antonio Ávila, Martín Soler presidió como consejero la Agencia IDEA, organismo utilizado por la Junta para repartir las ayudas sociolaborales que investiga la jueza. Curiosamente, en su auto de 28 de junio de 2013, en el que Alaya imputa a 20 exaltos cargos y cargos públicos de la Junta de Andalucía, la magistrada incluye a dos exviceconsejeros de Innovación (entre ellos al que gobernó junto a Martín Soler, Jesús M. Rodríguez Román) y a siete directores generales del IFA/Agencia IDEA, a los cuales atribuye el “conocimiento del déficit de financiación que existía en IDEA de las ayudas del programa 31L”, y añade que: “Por ejemplo en el año 2005 en la Memoria de Cuentas Anuales de dicha Agencia, figuraba que se adeudaban más de 95 millones de euros por las subvenciones concedidas por la dirección general de Trabajo”.

La jueza concluye: “Parece ser que desde el año 2002 al 2010, debido al déficit existente en la financiación de las ayudas, la Agencia IDEA tuvo que anticipar los fondos necesarios para realizar los pagos ordenados por la Consejería de Empleo”, e imputa a los cargos citados anteriormente, a los que se prevé tome declaración a lo largo de septiembre.

(http://www.andalucesdiario.es/politica/la-jueza-alaya-se-olvida-del-exconsejero-martin-soler/)

Un auto sin por qué ni para qué

Laura Blanco

Periodista / El Correo de Andalucía

En el mundo jurídico, el auto de Alaya no causó ayer menos extrañeza que entre los políticos. Con la cautela propia del colectivo al hablar de las decisiones de los órganos competentes, conceptos como “ambiguo” o “novedoso” servían para calificarlo.

La juez Alaya

El análisis, desde el punto de vista procesal, está claro: las siete personas apuntadas no están imputadas, por la sencilla razón de que la jueza no tiene competencias para hacerlo, como ella misma indica en el escrito. Su situación, en lo estrictamente jurídico, es la misma antes y después del auto. La jueza sitúa la investigación “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos” y por ello ve “conveniente [...] abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan respecto de las determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatorio acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”.

Ni el fiscal ni sus superiores han elevado cuestión alguna a la jueza para que se pronuncie sobre los aforados. Y pese a sus insinuaciones, que no son nuevas, Alaya no aclara ni avanza ningún paso para elevar el expediente de motivación necesario para solicitar su imputación a los tribunales superiores (el TSJA en el caso de los parlamentarios andaluces y el Supremo en el de los diputados y senadores). Es un paso que solo puede dar ella. Ni el TSJA ni el Supremo actúan de oficio. Por eso el auto no tiene consecuencias procesales.

Solo las defensas de algunos imputados han criticado en sus recursos ante la Audiencia las “imputaciones selectivas” o la “demora de las decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de competencia y la jurisdicción” de Alaya. Es la respuesta que la Audiencia dio a estas críticas en un auto del 6 de agosto en el que rechazaba el recurso del abogado del administrador de Uniter, José González Mata, la que sirve de base a Alaya para indicar a las personas apuntadas un camino que ya apunto la propia Audiencia: la posibilidad legal de personarse voluntariamente como partes, designando abogado, y acudir a declarar a su juzgado de motu propio. Como señalaba la Audiencia en ese auto, el juez instructor sí puede “recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, recuerda la Audiencia en un auto de agosto al que se remite la propia Alaya. Lo que no puede es “realizar actos procesales” como el que conlleva un juicio formal de imputación que supongan “la sujeción a un aforado a un procedimiento penal”.

La imputación judicial protege el derecho a la defensa de una persona acusada de un delito al permitirle declarar en presencia de un abogado (y mentir, algo que los testigos no pueden) y acceder (salvo secreto) al sumario, así como que su letrado esté presente en los interrogatorios de otros imputados pudiendo hacer preguntas.Tanto la Audiencia como ahora Alaya aluden al art. 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido en una reforma de 2002, que extendió a diputados y senadores un derecho que ya el art. 118 reconocía a todo aquel que en virtud de denuncia o querella se viera vinculado en una causa a un acto punible. Cualquier puede hacer uso de ese derecho reconocido en la ley sin necesidad de que un auto judicial lo indique.

En el caso de los aforados, el objetivo del legislador era salvaguardarles de “querellas o denuncias maliciosas, que buscan la repercusión mediática” cuando trasciende que un juez eleva una causa al Supremo porque ve implicaciones para un aforado. Mientras el Supremo determinaba si lo imputa o no, el afectado no sabía los delitos que indiciariamente se le atribuían. La propia redacción del artículo habla de “toda persona a quien se imputa un acto punible” cuando en realidad prevé reservar el derecho a la defensa previamente a la imputación formal.

Alaya critica el artículo porque “no evita las denominadas denuncias maliciosas” ni “la presión mediática” sobre los aforados –que dice “lamenta” sabiendo que su auto de ayer tendrá “un efecto multiplicador” de la misma–. Denuncia que “produce consecuencias procesales extrañas” porque permite personarse en la causa sin estar sometido a procedimiento penal y con ello, pudiendo desvincularse a su voluntad mientras un tribunal superior no decida, “lo que ha ocasionado que en alguna ocasión se les denomine imputados provisionales”, figura que no existe.

Pero ayer la jueza dictó un auto de 13 páginas para decir a siete pesos pesados de la política andaluza que existe esa posibilidad que rechaza y ordena que se les comunique “en calidad de imputados” pese a admitir que no tiene competencias para imputarlos. Mientras, sigue su tarea de “apurar y depurar la instrucción” que le apuntó la Audiencia. Y el TSJA y el TS, a la espera.

LAS CONSECUENCIAS

¿Ha cambiado la situación procesal de los aludidos?

• No. El auto de Alaya no tiene ningún efecto en lo estrictamente jurídico. Las personas apuntadas no están imputadas (la jueza no puede hacerlo). Tampoco pide formalmente su imputación al TSJA o el TS. Para ello, debe elevar un expediente motivando los indicios de delitos encontrados contra ellos.

¿Qué ocurre si se personan voluntariamente ?

• Tras designar abogado, tendrán acceso a todo el sumario (desde el principio) y sus defensas podrán entrar en los interrogatorios de otros imputados y preguntarles. Pueden solicitar o no declarar ante Alaya, una declaración de la que la jueza puede extraer datos y conclusiones que la convenzan definitivamente de su inocencia o en la que vea más material para pedir su imputación al TSJA o el TS. Como partes también tendrían derecho a pedir la recusación de la jueza y solicitar que se inhiba para que los órganos superiores asuman la causa.

¿Y si no lo hacen?

• Es un derecho y no ejercerlo no carece de consecuencias penales. La jueza seguirá con su instrucción y cuando lo estime oportuno puede elevar el expediente de motivación al TSJA o el Supremo pidiendo su imputación en base a los indicios de delito encontrados durante la investigación.

¿Se puede recurrir?

• Sí, en reforma ante la propia Alaya o en apelación ante la Audiencia, pero solo pueden hacerlo la Fiscalía y las partes ya personadas.

¿Deben decir algo el TSJA y el TS?

• No. Los tribunales superiores no actúan de oficio. Solo si Alaya les remite formalmente un informe o si una parte afectada la recusa por causa de incompetencia.

El PP y la ley del ambudo

Manuel Recio

Consejero de Empleo

Como no puedo creer que la Portavoz del PP en Andalucía se prepare poco sus ruedas de prensa, se podría llegar a la conclusión de que existe un problema de comunicación entre ella y su grupo parlamentario. Ayer, sin ir más lejos, dijo que mi presencia en las redes sociales va en contra de mis deberes y obligaciones en el Parlamento de Andalucía. Nada más lejos de mi intención. La realidad es bien distinta. Se refería, como os podéis imaginar, al tema de los ERE.

He comparecido, a petición propia, en el pleno del Parlamento de Andalucía y en la Comisión de Empleo del mismo. He realizado otra comparencia en Pleno y respondido a una interpelación a petición del PP. He contestado a decenas de preguntas orales realizadas por todos los grupos parlamentarios andaluces. Además, he puesto a disposición de los parlamentarios toda la información que está disponible en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que, conforme al Reglamento de la Cámara, pueda ser consultada. Y estoy dispuesto a seguir contestando cuantas cuestiones se me quieran plantear en el Parlamento de Andalucía. Para dar fe de lo que estoy diciendo, en este enlace están publicados los vídeos de todas mis comparecencias en el Parlamento de Andalucía, tanto en Pleno como en Comisión, desde febrero hasta la actualidad: http://video.parlamentodeandalucia.es/video/ds.asp

• El 10 de febrero en comisión de empleo (Diario de sesiones comisiones 454).
• El 16 de febrero Comparecencia en Pleno (Diario de sesiones Pleno 108) a fin de explicar las prácticas seguidas en el seno del Consejo de Gobierno, en la concesión de subvenciones destinadas a financiar expedientes de regulación de empleo en los últimos años.
• El 17 de febrero 5 respuestas a preguntas orales sobre los ERE (Diario de sesiones Pleno 109).
• El 2 de marzo, interpelación relativa a política general en materia de expedientes de regulación de empleo  (Diario de sesiones Pleno 111).
• El 3 de marzo 8 respuestas a preguntas orales sobre los ERE (Diario de sesiones Pleno 112).
• El 10 de marzo comparecencia en comisión sobre la investigación realizada por la Administración con respecto a los ERE irregulares financiados con fondos públicos(Diario de sesiones Comisiones 470).
• El 16 de marzo comparecencia en Plano a fin de informar sobre las ayudas y los incentivos a ayuntamientos y/o empresas en situación de crisis, o en proceso de reestructuración, gestionadas, tramitadas o pagadas a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antiguo IFA) (Diario de sesiones Pleno 113).
• El 17 de marzo respuesta a 7 preguntas orales sobre ERE (Diario de sesiones Pleno 114).

Dicho esto queda claro que lo que subyace en la intervención de la portavoz del PP andaluz no es la falta de información que se está transmitiendo a la Cámara andaluza, sino el miedo que les produce que pueda existir un medio de comunicación como las redes sociales que no puedan controlar. Los dirigentes de la derecha de este país están presentes en las redes sociales, ¿por qué no las podemos utilizar los demás? ¿Qué hacen en sus wikiconvenciones Rajoy, Arenas y todos los dirigentes del PP, como se puede apreciar en la foto?

Siempre he amado la libertad y la transparencia. Las redes sociales plasman muchos de los aspectos que estos dos grandes valores encierran. En este siglo XXI que hemos comenzado, son la principal herramienta que los más débiles tienen para hacerse oir, organizarse y transformar una sociedad para conseguir un mundo mejor para todos.

Y también siempre me gustó la coherencia. ¿Cómo se puede explicar que el PP predique una cosa en Andalucía y en Valencia haga justamente la contraria? Según la noticia que os adjunto en este enlace, el PP valenciano va a denunciar a los que participen en una manifestación contra la corrupción http://t.co/Wn3s3x2. El PP siempre aplica la ley del embudo. La parte ancha para ellos, la estrecha para el resto de la sociedad.

Andalucía no es una chufla

Manuel Recio

Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía

El PP vuelve a bajar al terreno del tópico para demostrar, por enésima vez, el escaso respeto que le tiene a Andalucía y a los andaluces y andaluzas. Ante la genialidad parlamentaria del Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su ‘sin ti no soy nada‘, dedicado al parlamentario popular Gil Lázaro, la portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a menospreciar a Andalucía usando, además, un tema tan serio como el de los ERE.

Ayer, ante los medios de comunicación y con la absoluta incapacidad que han demostrado habitualmente para el ingenio, Sáenz de Santamaría ha dicho que mi partido “va a terminar cantando el Aserejé en los mítines”. Ese desgraciado juego de palabras, insisto, supone, en primer lugar, mofarse de un tema que el gobierno andaluz se ha tomado muy en serio y que ha preocupado mucho a la ciudadanía andaluza. Está claro, y Santamaría lo ha dejado en evidencia, que el PP no busca que el caso de los ERE se resuelva, sino que para ellos es un modo de desgastar a un gobierno que desde primera hora  ha demostrado querer solucionarlo denunciando y cooperando con la Justicia. El PP ha querido desprestigiar a Andalucía mintiendo en ese asunto y ha querido poner en tela de juicio la legalidad de unas ayudas que han sido estipuladas de forma regular en un 97% de los casos.

Pero es más, la ‘bromita’ de Santamaría pone en evidencia que para los populares Andalucía es una chufla. Usa una canción de un grupo cordobés que en el año 2002 se convirtió en uno de los temas más importantes del panorama nacional musical.

No es la primera vez que el PP se ríe de Andalucía. Lo hizo Ana Mato; lo hizo Montserrat Nebrera…

Espero que el señor Arenas tenga tiempo, entre trama y trama, de reprobar a su compañera de partido. De no hacerlo, obviamente volverá a demostrar que su formación, sus compañeros y él mismo jamás se han tomado en serio a un pueblo como el andaluz.

El Consejero Recio

Emilio Ruiz

Director de La Cimbra

Sé de antemano que no es propio de los convulsos momentos que vivimos hacer una loa de la gestión de alguien que se dedica a la cosa pública, y menos aún si ese alguien es miembro del Partido Socialista, y aún menos todavía si el político en cuestión se halla inmerso en el feo fregado de los dichosos eres. Pero de nuevo voy a nadar contracorriente para romper una lanza en favor del consejero Recio por su actitud valiente y decidida para esclarecer todos los pormenores del asunto. Una actitud, por cierto, que no siempre es comprendida por todos.

Desde el mismo momento del estallido del caso, Recio fue más que explícito: “Ni temo ni dejo de temer”, contestó a los periodistas cuando le preguntaron si temía que el caso salpicara judicialmente a alguno de sus antecesores. Lo que algunos puritanos del socialismo andaluz entendieron como una postura insolidaria con los exconsejeros Fernández y Viera no era más que la manifestación de una actitud decidida para llegar al esclarecimiento del asunto, con todas las consecuencias. Desde entonces, la máxima del consejero se ha movido dentro del esquema del “caiga quien caiga” en un empeño personal por conseguir, por una parte, que el peso de le lay caiga sobre los usurpadores, y por otra, que el erario público recupere lo que ilegalmente le ha sido sustraído.



Blog de Manuel Recio



Esta honesta actitud de Recio ha llegado incluso a crear desconcierto en algunos de sus oponentes políticos, quienes un día le piden la dimisión por ocultación de datos y al siguiente se la piden por exceso de transparencia. Este último es el caso tras conocerse que el consejero está ofreciendo información del desarrollo de la investigación a través de las redes sociales. Dentro del circuito de las nuevas tecnologías de la comunicación, todo el mundo sabe que Recio es uno de los pioneros. Su blog personal www.manolorecio.es  es un ejemplo de eficacia y modernidad. Es cierto que el mundo de la política se mueve a menos velocidad que el mundo real y que tal vez Recio debió reservar al Parlamento algunas de las explicaciones que ha dado por la red. Es el debate pendiente. Pero es un disparate pensar que, por esta actitud, el consejero es un friki, como dice Valderas, o un quinceañero, como dice Oña. Y es que para algunos la revolución tecnológica acabose con el teléfono móvil.

El presunto fraude

Kayros

Periodista

Vengo siguiendo con meticuloso interés los avatares relacionados con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que ahora investiga la Justicia. No deseo adelantarme al veredicto final pero creo que merece alguna atención el comportamiento de los contendientes. Como dos ejércitos en disposición de batalla. PP y PSOE se disponen a echarse mutuamente paletadas de mierda incluso reconociendo en público que los dos llevan sucios hasta los calzoncillos más íntimos.

El asunto lo conocen ustedes: a varios protagonistas se les acusa de colocar a familiares y amigos en los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis. Los infiltrados hasta el momento son 7O y… lo que te rondaré morena. El PP afirma que es casi imposible que de estas irregularidades no estuvieran enterados Chaves y Griñán para quienes piden la dimisión. La Junta, por su parte, niega la presunta responsabilidad de sus dirigentes y alega que se trata de unos cuantos desalmados a titulo individual, nada de fraude generalizado, aunque Javier Guerrero lo calificara con el abrupto nombre de “fondo de reptiles”.

Extrañamente, entre alegatos de querer colaborar con la justicia, la Junta se niega a la creación de una comisión de investigación, tal como exigen el PP e Izquierda Unida. Y por otro lado, conforme pasan los días, los socialistas se enfurecen hablando de “calumnias”, “mentiras” y otras lindezas del diccionario para casos de emergencia moral. Bien, dejemos, como suele decirse, que trabaje la justicia.

A mi personalmente toda esta bronca entre partido acusados de corrupción como arma arrojadiza, me produce una desviación de tipo metodológico, y es irme, como haría el Teniente Colombo, por otros derroteros detectivescos. Por ejemplo, me interrogo una y otra vez qué estaba haciendo Canal Sur cuando estas presuntas irregularidades se cometían. De haber informado a tiempo, ¿no hubieran sido menos los reptiles? Un Canal Sur que goza de tan buenos profesionales y que vive sin miedo de pasarse de presupuesto, bien pudo adelantarse al horror de esta noticia con unas gotas de periodismo de investigación. Pero no, parece que interesa más el folklore, la procesión y los toros. Parece que la corrupción solo es útil cuando la vergüenza cae sobre el vecino de enfrente.