Agustín de J. Muñoz Soler
Comentarista político
'Vaya rachica que lleva el alcalde de Níjar', diría el castizo, porque en poco tiempo ha tenido que dirigirse a sus convecinos para hablar de la muerte de una niña de corta edad y de un agricultor, en el primer caso en un espacio público de ocio y responsabilidad municipal y en el segundo debido a la inseguridad ciudadana existente en la villa de la que es la primera autoridad pública.
Y en ambos casos la respuesta ha sido la misma: 'yo lo siento muchísimo, pero a mí que me registren'. Sin embargo, sus convecinos a los que teóricamente se debe y gracias a la mayoría de los cuales es alcalde, y que él debería saber que una vez tomara posesión como titular de la alcaldía debe gobernar para todas y todos, para las nijareñas y los nijareños que le han votado y para las nijareñas y los nijareños que no le votaron.
Y pongo especial énfasis en la responsabilidad de gobernar para todos porque el alcalde de Níjar está adquiriendo notoriedad por su sectarismo, es decir, por la discriminación que hace en el ejercicio de su cargo público en función, me consta, de la ideología política, es decir, por estrictos motivos políticos. Y esto, lisa y llanamente, es deleznable y rezuma polilla ideológica por estar albergada su ideología política más arraigada, pese a su edad pues en ello no implica absolutamente nada, en tiempos que todos deseamos olvidar y quienes no los vivieron y exclusivamente los han leído o escuchado tampoco apuestan por ellos, por lo que llegamos a la conclusión de que el alcalde de Níjar ha defraudado enormemente, principalmente por su sectarismo.
Pues sus más de tres años y medio como alcalde han sido catalogados como sectarios y mediáticos. En estos momentos, los gobernantes deberían ser un poco sensibles socialmente y reducir los gastos superfluos a la mínima expresión, por cuanto existen imperiosas necesidades como para dedicar un solo euro a hacer publicidad para pretender convencer con firmeza de las bondades de alcalde. Y la sensibilidad social es el primer principio que debería inspirar a los gobernantes y no cubrirse la piel con escamas y otear el horizonte desde la poltrona como si nada ocurriera a su alrededor.
En este contexto político jugaba una niña de corta edad en un parque infantil público dotado de elementos para ocio y disfrute infantiles cuando el estado físico de uno de ellos provocó un accidente que le costó la muerte. No cabe la menor duda de que los hechos tienen por su propia naturaleza una acción judicial pero también cuentan por las características del lugar una lectura exclusivamente política. Y lo primero que se me ocurre, tal vez porque sea elemental, es la responsabilidad gubernamental de poseer todas las instalaciones públicas bajo su responsabilidad en idóneas condiciones para su uso y disfrute, conduciéndonos esta línea argumental a la conclusión, según lo que se conoce públicamente, de que la muerte de la niña podría no haber acaecido.
Resulta triste, y ello ofrece un buen grado de competencia, que haya tenido que producirse una muerte por vigilar sus propiedades para no quedarse sin ellas o parte de las mismas para que los responsables de nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades hayan dispuesto medidas para salvaguardarlas. Es penoso, y evidencia el estado de la salud del sistema de libertades públicas de que gozamos, que se haga necesario vigilar la propiedad privada para conservarla. Dantesco resulta que surja la necesidad de vigilar una propiedad privada y este intento de salvaguardarla cueste la vida a su titular.
La muerte del agricultor mientras vigilaba su invernadero pone de manifiesto que se hace necesario no perder de vista la propiedad para conservarla, cuando la legalidad que nos hemos dado no implica eso sino que su déficit conlleva asumir este menester. El caso que nos ocupa es el rural, pero no es la primera vez que en el urbano se ha hecho necesario hacer lo propio. Llámesele como se desee pero se hace evidente la necesidad de patrullar zonas públicas por parte de titulares de propiedades privadas existentes en ellas. Suele alarmar a los gobernantes, pero en el Campo de Níjar se ha constatado que es la única forma de poder conservar sus propiedades.
Y hoy la seguridad privada casi está descabalgando a la seguridad pública casi de manera idéntica a como la sanidad privada está desplazando a la sanidad pública, y en ambos casos sería, en mi opinión, una atrocidad pensar que la situación económica que vivimos lo esté generando. Tanto la seguridad ciudadana ha gozado de elevados niveles durante etapas de la Historia Contemporánea y la sanidad pública también ha tenido momentos de esplendor, por lo que se hacen necesarias la adopción de medidas gubernamentales que permitan recuperar la confianza de las españolitas y españolitos de a pie en la seguridad ciudadana y en la sanidad pública.
La seguridad ciudadana es el recurso más fácil de utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno de turno, y baste recordar a modo de ejemplo señero y secular la acción política emprendida por el PP contra ZP desde que se conocieron los resultados electorales en 2004. Pero los que estamos alejados de la alta política y solo alcanzamos a constatar la realidad de nuestro entorno, llegamos a utilizar el más el sentido común para aplacar la ira que produce la pérdida por medios violentos pensando que la acción física represiva no es suficiente para combatir la delincuencia sino que se hace necesario complementarla de medios legales.
(La Gaceta de Almería)
