La piscina cubierta de Huércal-Overa

Domingo Fernández

Alcalde de Huércal-Overa

Ante los comentarios, versiones e informaciones interesadas que circulan sobre las circunstancias que rodean al asunto de la Piscina Cubierta he creído oportuno transmitir la información que sigue, para que los huercalenses se puedan formar una opinión sobre la base de información veraz, extraída del expediente administrativo que consta en el Ayuntamiento.

En junio de 2006 se firmaba el contrato con la empresa concesionaria Técnicas Reunidas, S. A., por el que ésta se comprometía a construir una piscina cubierta cuyo coste se estimaba en 7.374.454 euros y a gestionarla durante 50 años; a cambio la empresa recibía los terrenos necesarios y 2.292.846 euros a fondo perdido por parte del Ayuntamiento y de la Junta, por lo que, en realidad, venía a costarles 5.081.608 euros, que amortizarían mediante la explotación. El servicio se le adjudica a la oferta presentada por Técnicas Reunidas, S. A., según consta en el expediente, por ser la más favorable al Ayuntamiento al comprometerse a entregar el 75 % de los beneficios al Ayuntamiento y, en caso de perdida, el Ayuntamiento no tener que aportar nada.

A pesar de contemplar la posibilidad de tener que asumir pérdidas por contrato la empresa pretende hoy que las supuestas pérdidas (digo supuestas porque se ha requerido documentación por el Interventor y ésta no se ha entregado todavía) se asuman de alguna manera por el Ayuntamiento y/o los usuarios.

Como podéis entender mal servicio prestaría al pueblo el equipo de Gobierno que dirijo si se sometiese sin más a las pretensiones de la empresa en perjuicio del interés general del municipio y es por ello que se van a adoptar las medidas y resoluciones necesarias para que la empresa continúe prestando servicio tal y como se comprometió por contrato. Si ello fuese posible que no le quepa duda alguna a ningún huercalense que se va a luchar con todas las armas a nuestro alcance –en el terreno jurídico, se entiende- para que el coste sea el menor posible para el Ayuntamiento, se pueda reanudar el servicio con la mayor celeridad y el incumplimiento del contrato por parte de la empresa le suponga la perdida de la fianza, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados y la consecuencia de poder contratar durante los próximos cinco años con ninguna Administración Pública.

Mantener el servicio es evidentemente nuestro deseo pero no tenemos que olvidar que esto tiene unos costes que en estos momentos son imposibles de sufragar por este Ayuntamiento.