Las verdades absolutas de la jueza Alaya

Juan Carlos Blanco

Director de El Correo de Andalucía

Mercedes Alaya no deja indiferente a los mortales que habitamos la tierra. O se la idolatra con una devoción rayana en el fanatismo o se la detesta con rabia. Es lo que hay. Y esta semana, lo hemos podido comprobar con toda su crudeza y extremos tras conocerse el auto en el que imputa a casi una veintena de altos cargos de la Junta en la instrucción que investiga el caso de los ERE irregulares.

Mercedes Alaya

Las filias y las fobias están torpedeando cualquier intento de aproximarse al juicio de esta instrucción con ecuanimidad. Se tira más de argumentarios que de argumentos y terminamos por pensar que esto más que un proceso judicial es una batalla política que se dirime en un juzgado de instrucción. Y no es así, aunque a veces lo pueda parecer. Tanto quienes defienden los autos de la jueza Alaya como quienes los ponen en tela de juicio tienen una parte sustancial de razón en lo que sostienen. Pero no hay verdades absolutas o rotundas.

Como cualquiera que se haya asomado a los pormenores de esta investigación, soy de los que cada día me asombro aún más con la impunidad con la que un grupo de pícaros y trincones pudo montar una máquina tan engrasada para desviar, según recoge la investigación de la Guardia Civil, más de 150 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía.

Repasemos: esta maquinaria se habilitó por una combinación letal de tres factores: 1. Se montó un sistema de transferencias de financiación que relajó los controles de fiscalización de ayudas por valor de más de 700 millones destinadas a los expedientes de regulación de empleo de las empresas en crisis. 2. No se tuvieron en cuenta las advertencias que se fueron haciendo repetidamente desde el cuerpo de interventores de la Junta Y 3. Hubo un grupo de exsindicalistas, empresarios, aseguradoras, bufetes y consultoras que, en connivencia con algunos altos cargos de la Administración, aprovecharon estos agujeros en los controles de seguridad para saquear los fondos públicos como si se tratara de una horda de vikingos al asalto del botín.

En esta tesitura, y a tenor de los datos recabados, a nadie le puede sorprender que se impute a algunos altos cargos del Gobierno por los delitos presuntamente cometidos. Hay responsabilidades penales y políticas muy graves y aún queda depurarlas. Ahora bien, el que considere de puro sentido común que se termine imputando a algunos cargos de la Administración no quita para que detecten datos chocantes en el último auto de la jueza de los ERE.

Ahí van. 1. Cuesta entender que se impute a esa veintena de altos cargos y, sin embargo, no se aclare qué delitos se les imputan; 2. Extraña también que se les impute a todos por cumplir con una ley que fue aprobada en su día por el Parlamento andaluz; 3. Es cuestionable que vaya a por todos los altos cargos con alguna relación con los hechos investigados, entre ellos la exconsejera y ministra Magdalena Álvarez, y se deje atrás a los aforados (el primero y más relevante, evidentemente, el hombre que relevó en Hacienda a Álvarez: José Antonio Griñán) y, cuarto y último, no deja de escamar ni la coincidencia con procesos electorales de trascendencia ni esa tendencia de la jueza a utilizar un tono editorializante y como de novela de misterio en cada uno de sus autos.

Decía Alaya en su último auto que había llegado el momento de dar un “salto cualitativo” en el caso. No lo dudo, pero abundaría más. Lo que ha llegado es el momento de darle el empujón definitivo y terminar de una vez con una instrucción que se encamina a los tres años.

A mi juicio, no se puede hablar en ningún modo de persecución o de causa general contra Chaves o Griñán, pero sí que se puede afirmar con rotundidad que algunos de los autos de la jueza de los ERE terminan por hacerle un flaco favor a la propia magistrada, pues extienden esas sospechas de una supuesta parcialidad y dan munición a quienes observan en ella un empecinamiento casi obsesivo en apuntar, y disparar judicialmente, a las más altas instancias del gobierno andaluz.