La restauración de los acantilados de Aguadulce

Jesús García Lozano

Exsecretario de Medio Ambiente del PSOE de Roquetas

Ante la grave agresión autorizada por el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar contra el patrimonio medio ambiental de todos los roqueteros, consistente en la construcción de al menos  440 viviendas en los acantilados de Aguadulce, se planteó el correspondiente recurso contra la licencia de obras.

La gran mayoría de los vecinos  consideraban  lo autorizado totalmente aberrante ya que, por beneficiar a intereses especulativos de unos pocos, no se dudaba en perjudicar al resto de los vecinos: el Gobierno del PP daba luz verde a la construcción de viviendas con una altura de 19 plantas, teniendo que derribar para ello una montaña costera con unas pendientes cercanas al 60 %, siendo realizadas las dotaciones para el “esparcimiento” de los vecinos (Parques, jardines etc.) a 150 metros de altura.

Las obras, en la actualidad

La tremenda agresión se podía observar desde cualquier punto del municipio dejando un aspecto visual nada agradable. Como consecuencia de ello se formó un colectivo vecinal  para protestar contra la “Barbaridad” ambiental autorizada  compuesto por asociaciones vecinales y partidos políticos.

Como punto final al recurso presentado por la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 23 de diciembre de 2013, ha dictado sentencia contra  Almeragua, S. L. (constructora) y el  Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde especifica que se vulneró el Plan General de Ordenación Urbana ya que en el Sector en cuestión se deberían realizar viviendas unifamiliares (dúplex) y no  moles de viviendas constructora.

Pero además también se vulneraba la Ley de Costas entre otros aspectos al invadir  la zona de servidumbre de protección donde están prohibidas (Artículo 25.1 de la Ley) las edificaciones destinadas a residencia o habitación. Por lo tanto, según la sentencia, en los Acantilados no se puede construir ningún tipo de edificación.

El asunto es tremendamente grave y el PP de Gabriel Amat, como en otras ocasiones, hace oídos sordos ante el cumplimiento de sentencias que le son desfavorables no realizando, hasta estos momentos, actuación alguna para la restauración de los acantilados de Aguadulce que se debería hacer a costa de aquellos que produjeron el daño, es decir, la constructora y los concejales del PP que con su voto autorizaron tal agresión.