Discriminación bilingüe en Andalucía

Carolina Gutiérrez

UPyD Roquetas

 

UPYD Roquetas recoge la queja del padre de un alumno de primaria del Colegio Arco Iris, apoyada por las firmas de 300 padres afectados que han sido desatendidos por la Delegación de Educación desde que denunciaran la discriminación hace dos años.

Imagine la siguiente situación: su hijo de seis años y estudiante de primer curso de Primaria guarda el libro de matemáticas al terminar la clase, al tiempo que saca el de Conocimiento del Medio, siguiente hora lectiva. Diez de sus compañeros hacen lo propio. El resto, los otros quince, cogen sus libros de Cono, se levantan y salen del aula en grupo: son “la sección bilingüe”, los privilegiados a los que se impartirá ésta y otras lecciones íntegramente en inglés durante todo el año, en otro aula, con otro maestro. Al acabar la clase volverán con su hijo y los demás, que han permanecido esa hora en su pupitre monolingüe porque… no fueron elegidos en el sorteo.

Según la Orden de 21 de julio de 2006, el bilingüismo se introduce en los colegios públicos y concertados andaluces siguiendo la norma de impartir a los alumnos hasta tres materias no lingüísticas íntegramente en una 2ª lengua, que suele ser Inglés. El centro ha de elaborar una propuesta de proyecto de bilingüismo donde se organicen horarios, profesorado, actividades relacionadas. Después la aprobará el Claustro y el Consejo Escolar y al final de la aplicación del proyecto una Comisión evaluará la experiencia. En la Orden se exige a estos órganos “el compromiso de facilitar el acceso en igualdad de condiciones a todo el alumnado del centro”. Por último, la Dirección General de Centros y Ordenación Educativa determinará el número de líneas que conforman la “Sección Bilingüe” en el Centro, esto es, los grupos que participarán en el programa bilingüe. Porque no participarán todos los alumnos: “En el caso de que la oferta de plazas sea menor que la demanda” – he aquí el escarnio- “se establecerá mediante sorteo público la asignación del alumnado a dicha sección.”

La publicidad engañosa sobre el número de “colegios bilingües” en Andalucía no especifica cuántos escolares de cada uno de esos colegios reciben ese tipo de educación, esto es, un porcentaje que no llega al 50 % en muchos casos. Percibiendo lo obvio, la Junta ha intentado justificarse alegando el carácter transitorio de esta situación y la no plasmación de diferencias en los currículos para el acceso a ciclos posteriores. Falso. Las Instrucciones de 3 de agosto de 2010 dejan claro que sólo se ampliará una línea bilingüe nueva comenzando en Primer curso de cualquier etapa: si un alumno no accede en primero de Primaria, no lo podrá intentar hasta primero de Secundaria. Además, “al acceder a un instituto donde exista modalidad bilingüe, los alumnos que provengan de un plan bilingüe quedarán exentos del sorteo”. Por lo tanto, aquel niño sin suerte volverá a quedar en desventaja y en desigualdad de oportunidades propiciada por la administración. En los Libros de Escolaridad de los participantes de planes bilingües aparecerá una diligencia sellada apuntando esta distinción.

UPyD Roquetas considera que recurrir al azar para determinar las secciones bilingües en los centros resulta perverso, y va a marcar negativamente toda la trayectoria educativa de la mitad de los niños andaluces en estas edades. Este planteamiento choca de frente con el propio Reglamento Orgánico sobre funcionamiento de los colegios andaluces, con la Ley Orgánica de Educación – ambos promulgan “el derecho del alumno a la igualdad de oportunidades y de trato”, con el artículo 7 de los Derechos del Niño y con el principio de Igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, derecho de especial protección. No en vano se pronuncia la Sentencia 19/1982 del TC que manifiesta que “el tratamiento legal desigual tiene su límite en la discriminación, es decir, en el hecho de que la desigualdad de trato esté desprovista de justificación objetiva y razonable”. No encontramos razonamiento alguno en una selección por sorteo.

En este sentido los padres del colegio Arco Iris manifestaron su disconformidad ante la Delegación en septiembre de 2008. Denunciamos aquí el silencio absoluto de la institución como respuesta. Asimismo consideramos cómplices de este silencio al Consejo Escolar y al AMPA del centro que conociendo el desacuerdo de hasta 300 padres, no han tomado el mando de esta batalla como era su deber. Conminamos tanto a la Delegación como a los órganos nombrados a trabajar conjuntamente para garantizar el ingreso en planes de bilingüismo a todos los escolares por igual, sea como sea.

UPyD Roquetas sigue este caso muy de cerca. En breve se reunirá con la Coordinadora de Bilingüismo de Educación y solicitará cuantas audiencias sean necesarias hasta la eliminación práctica de estas actuaciones discriminatorias en éste y otros colegios de Roquetas.

El deslinde de Las Salinas, urgente

Carolina Gutiérrez
Coordinadora de UPyD de Roquetas de Mar

La anulación por la Audiencia Nacional de la orden de deslinde de 2.600 metros de costa en Las Salinas de Roquetas de Mar no es más que un toque de atención al Ministerio de Medio Ambiente que aún le da pie a incoar un nuevo procedimiento que se dibuja ya imprescindible para acabar con la agonía de unos y otros. Sobre el concepto, la Audiencia Nacional no se define. Es la prueba expresa de que otorga la razón, por omisión, al MARM, y de que el deslinde muy seguramente tendrá lugar.

Pero don Gabriel no parece haberlo entendido así, y está empeñado en su batalla contra la Administración Central, batalla “perdida”, aspecto que más nos preocupa en UPyD Roquetas: El informe que la Junta de Andalucía realizó para el ministerio ya en 2004 definía la zona que nos ocupa “de protección total” por ser objeto de aplicación del RD 1143/1998; además, se trata de la desembocadura de la rambla, una zona inundable donde los propietarios han ido vaciando tierras para elevar su nivel.

Por otro lado, es cierto que la Ley de Costas de 1988 deja incompleta la regulación de los terrenos que no estaban urbanizados pero sí eran urbanizables en aquella fecha; muchos de ellos posteriormente han resultado ser sospechosos de formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Aquí el vacío legal. Y no entramos en el despropósito que supone mantener demarcaciones de línea de costas desfasadas y no revisadas y la consecuente imprecisión de lo que sería la servidumbre de paso. Sin embargo a todas luces la zona afectada por el deslinde en Las Salinas, cuando menos, se presta a la duda de pertenecer al dominio público.

Así sucedía también durante 2003, cuando un grupo de empresarios encabezados por Miguel Rifá presentaron su jugoso proyecto en Las Salinas al ayuntamiento de Roquetas, según ellos “con claro entendimiento mutuo”: Centros de ocio y deportivos de altas prestaciones y 20.000 viviendas – 5.000 en el aire- a añadir a la desoladora lista de viviendas vacías del municipio. En aquel momento, desde el ayuntamiento, algún responsable debió hacerles alusión a la posibilidad de estar tratando con un bien protegido, y que les advirtió de la probabilidad del deslinde, que por las características del lugar reflejadas en los informes autonómicos se podía al menos haber tanteado.

Pero la corporación no estuvo a la altura y no se cuidó de evitar la indefensión de los propietarios e inversores que se verían afectados hasta en 70 hectáreas de fincas costeras. En lugar de eso, el alcalde no ya amparó sino abanderó el plan de la urbanización en el que participaría el ayuntamiento con instalaciones municipales superfluas cuyo gasto se nos antoja inaceptable para nuestra hacienda local.

Tras el fallo de la Audiencia, con toda la leyenda que hay detrás, Gabriel Amat debe reflexionar y no caer en un error paralelo, ni pedir negociaciones incoherentes, para realizar “otro tipo de instalaciones como parque comarcal y espacios públicos”, al subdelegado de gobierno como antes de ayer anunció, pues la protección de nuestra costa no debe depender de trueques de intereses, propagados o secretos, entre las administraciones, sino de la conclusión veraz sobre si el terreno es digno de proteger, o no. Y después ajustarse al ordenamiento jurídico, que para eso está. Se hará lo que éste diga que se puede hacer, no es negociable.

En UPyD Roquetas creemos que la seguridad jurídica tanto de los afectados como de los terrenos susceptibles de declaración sólo puede aseverarse por una urgente incoación y desenlace de un nuevo procedimiento del MARM.

A nivel municipal, reclamamos la austeridad necesaria, apoderando proyectos que despierten nuestros barrios, que son nuestro valor añadido, desde el bienestar de las personas que los habitan; proveyendo  de espacios de recreo y deportivos aquellos lugares que carecen de ellos y donde sí residen vecinos y las viviendas están ocupadas – véanse reivindicaciones por doquier de los vecinos de Las Marinas- y dejemos que las urbanizaciones lujosas y alrededores acordes se desarrollen en la medida en que el capital y el suelo privado lo permitan, con todas sus buenas consecuencias.