Carolina Gutiérrez
Coordinadora de UPyD de Roquetas de Mar
La anulación por la Audiencia Nacional de la orden de deslinde de 2.600 metros de costa en Las Salinas de Roquetas de Mar no es más que un toque de atención al Ministerio de Medio Ambiente que aún le da pie a incoar un nuevo procedimiento que se dibuja ya imprescindible para acabar con la agonía de unos y otros. Sobre el concepto, la Audiencia Nacional no se define. Es la prueba expresa de que otorga la razón, por omisión, al MARM, y de que el deslinde muy seguramente tendrá lugar.
Pero don Gabriel no parece haberlo entendido así, y está empeñado en su batalla contra la Administración Central, batalla “perdida”, aspecto que más nos preocupa en UPyD Roquetas: El informe que la Junta de Andalucía realizó para el ministerio ya en 2004 definía la zona que nos ocupa “de protección total” por ser objeto de aplicación del RD 1143/1998; además, se trata de la desembocadura de la rambla, una zona inundable donde los propietarios han ido vaciando tierras para elevar su nivel.
Por otro lado, es cierto que la Ley de Costas de 1988 deja incompleta la regulación de los terrenos que no estaban urbanizados pero sí eran urbanizables en aquella fecha; muchos de ellos posteriormente han resultado ser sospechosos de formar parte del dominio público marítimo-terrestre. Aquí el vacío legal. Y no entramos en el despropósito que supone mantener demarcaciones de línea de costas desfasadas y no revisadas y la consecuente imprecisión de lo que sería la servidumbre de paso. Sin embargo a todas luces la zona afectada por el deslinde en Las Salinas, cuando menos, se presta a la duda de pertenecer al dominio público.
Así sucedía también durante 2003, cuando un grupo de empresarios encabezados por Miguel Rifá presentaron su jugoso proyecto en Las Salinas al ayuntamiento de Roquetas, según ellos “con claro entendimiento mutuo”: Centros de ocio y deportivos de altas prestaciones y 20.000 viviendas – 5.000 en el aire- a añadir a la desoladora lista de viviendas vacías del municipio. En aquel momento, desde el ayuntamiento, algún responsable debió hacerles alusión a la posibilidad de estar tratando con un bien protegido, y que les advirtió de la probabilidad del deslinde, que por las características del lugar reflejadas en los informes autonómicos se podía al menos haber tanteado.
Pero la corporación no estuvo a la altura y no se cuidó de evitar la indefensión de los propietarios e inversores que se verían afectados hasta en 70 hectáreas de fincas costeras. En lugar de eso, el alcalde no ya amparó sino abanderó el plan de la urbanización en el que participaría el ayuntamiento con instalaciones municipales superfluas cuyo gasto se nos antoja inaceptable para nuestra hacienda local.
Tras el fallo de la Audiencia, con toda la leyenda que hay detrás, Gabriel Amat debe reflexionar y no caer en un error paralelo, ni pedir negociaciones incoherentes, para realizar “otro tipo de instalaciones como parque comarcal y espacios públicos”, al subdelegado de gobierno como antes de ayer anunció, pues la protección de nuestra costa no debe depender de trueques de intereses, propagados o secretos, entre las administraciones, sino de la conclusión veraz sobre si el terreno es digno de proteger, o no. Y después ajustarse al ordenamiento jurídico, que para eso está. Se hará lo que éste diga que se puede hacer, no es negociable.
En UPyD Roquetas creemos que la seguridad jurídica tanto de los afectados como de los terrenos susceptibles de declaración sólo puede aseverarse por una urgente incoación y desenlace de un nuevo procedimiento del MARM.
A nivel municipal, reclamamos la austeridad necesaria, apoderando proyectos que despierten nuestros barrios, que son nuestro valor añadido, desde el bienestar de las personas que los habitan; proveyendo de espacios de recreo y deportivos aquellos lugares que carecen de ellos y donde sí residen vecinos y las viviendas están ocupadas – véanse reivindicaciones por doquier de los vecinos de Las Marinas- y dejemos que las urbanizaciones lujosas y alrededores acordes se desarrollen en la medida en que el capital y el suelo privado lo permitan, con todas sus buenas consecuencias.
