Manuel León
Redactor-Jefe de La Voz de Almería
Desde 1993 -cuando aún gobernaba Felipe González- las autoridades españolas a través del Consejo de Seguridad Nuclear tienen conocimiento del alto nivel de plutonio existente en Palomares y no sólo en el subsuelo. Un informe del Departamento de Salud y Evaluación Ecológica del Gobierno de Estados Unidos con 200 muestras tomadas en Palomares en ese año revela que las partículas en suspensión de plutonio (ug/m3) detectadas en el aire arrojaban un promedio de 50 m3 UBQ, o lo que es lo mismo, de 100 a 300 veces más el promedio medio aconsejable.
El análisis fue realizado, por encargo del Gobierno norteamericano, al Laboratorio Lawrence Livermore dependiente de la Universidad de California con la colaboración del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Tras los resultados, el laboratorio comunica -en unos papeles sobre Palomares que han sido desclasificados por el Pentágono- que “nos agradaría seguir adelante con la investigación sobre el caso Palomares y completar del programa de análisis de plutonio en el terreno de manera oportuna”.
Otra comunicación del laboratorio californiano, fechado también ese mismo años (19 de julio) precisa que “no hay una oportunidad mejor en cualquier parte del mundo para estudiar una población con intensas actividades agrícolas con contaminación por plutonio sin control gubernamental”.
Para realizar el informe contactaron con numerosos directivos de área del Ciemat, entre ellas, Enma Iranzo, Asunción Espinosa, José Gutiérrez, Francisco Mingo, Emilio Mingo, Emilio Iranzo y Javier Martínez, según el propio laboratorio. El informe se congratula de que “ningún materia sensible o reservado sobre Palomares ha sido divulgado hasta ahora a los residentes o visitantes”.
Otros papeles desclasificados van más allá y explican algunos detalles más, siendo su emisor el Departamento de Sanidad. En este sentido revelan que “teniendo en cuenta que la forma primaria de ingresos para los ciudadanos de Palomares era el cultivo de tomate, el Gobierno de Estados Unidos, tras el accidente nuclear, decidió comprar todo el cultivo por un total de 250.000 dólares”.
Sigue relatando el escrito que “los tomates contaminados se lavaron, quedaron libres de contaminación y se consideraron seguros para comer. Y añade “los cultivos en campos altamente contaminados, con niveles superiores a 5 microgramos de partículas por metro cuadrado fueron desenterrados y quemados en incendios a cielo abierto, que incidió en la posible propagación de la contaminación a otros terrenos”.
Actividad en el Congreso
Aquí podría radicar la explicación de la zona radioactiva de 12 hectáreas perimetrada en la zona de Sierra Almagrera (Zona 6) frente a Villaricos, aunque no hay ninguna prueba que lo pueda avalar en su totalidad. El conocimiento del Gobierno español del problema de radioactividad residual en la pedanía cuevana no es de 2007, cuando se decide actuar en la zona con un estudio de caracterización del terreno: en la respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado Luis Carlos Rejón (Izquierda Unida), recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 7 de enero de 2004, el Gobierno reconoce que “tal como señala en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear relativo al año 2002, desde que tuvo lugar el accidente aéreo en 1966, se viene desarrollando en la zona de Palomares un programa de vigilancia radiológica”. Añade que “los resultados del programa de vigilancia del medio ambiente muestran que existe contaminación residual y que el inventario de plutonio remanente en la zona es superior al inicialmente estimado”.
En 2009 el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) decidió finalizar su colaboración económica a la investigación y análisis realizados a la población de Palomares, dejando abierta la puerta a una nueva asistencia técnica en el futuro.
(La Voz de Almería)