Una trama para nada chusca

Juan Carlos Blanco

Director de El Correo de Andalucía

El exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y el exsindicalista de la UGT y comisionista Juan Lanzas tienen algo en común. Y no es sólo el hecho de que hayan entrado en prisión esta semana por orden de la jueza Mercedes Alaya junto al empresario de Vitalia Antonio Albarracín. Ambos, además, comparten un pronto chusquero, como de Torrente, como de pícaros. En fin, como el propio que se espera de esos “cuatro o cinco golfos” que, según la Junta, fueron los únicos que mangaron en el caso de los ERE irregulares.

Un extenso sumario

Pues bien, si nos atenemos a la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en este caso tan vergonzante, ambos serían todo lo chusqueros que se quiera, pero también demostraron durante casi diez años que, además de cochambrosos y rancios, eran listos. O, al menos, listillos, muy listillos, y con la suficiente inteligencia y habilidad espacial como para participar en una trama que saqueaba sistemáticamente y a lo grande fondos destinados a ayudas para el empleo en Andalucía gracias a un entramado letal en el que participaban también aseguradoras, bufetes de abogados, consultoras, intermediarios y testaferros interpuestos que se cobraban comisiones que parecían engordadas con clembuterol.

Hay quien se escandaliza cuando atiende a la espectacularidad de la macrorredada emprendida en varias provincias españolas este pasado miércoles. Yo no. Yo me alegro. Y por varias razones. La primera es muy obvia: ante la corrupción no valen ni las contemplaciones ni las miradas sesgadas. El que haya metido la mano, que pague, y da exactamente igual quién sea y a qué partido político pertenezca. Es lo mismo que se llame Bárcenas que se llame Guerrero, que haya sido tesorero del PP o haya dirigido las políticas de Empleo de la Junta durante diez años. Y en cuanto a la segunda razón es casi tan importante como la primera: gracias a esta operación, empezamos a saber de una vez qué cantidad se ha robado y quién, siempre con la presunción por delante, ha participado de este atraco a mano casi armada en las arcas de la Administración.

Ambos datos son importantes a efectos de la instrucción del caso, pero también a ojos de la opinión pública. En primer lugar, porque, como decimos, ya le podemos poner nombre y apellidos a los supuestos mangantes y ya sabemos cómo desviaban el dinero, siempre según la versión de la jueza Alaya y de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Guardia Civil. Y en segundo lugar, porque podemos dejarnos de tremendismos: lo de los 1.200 millones de euros robados podemos ya desecharlo, y el famoso fondo de reptiles es infinitamente inferior al que pensábamos.

Esto último tampoco resta un ápice de gravedad al escándalo, seguramente el más grave en la historia de la democracia en Andalucía junto al caso Malaya. No es lo mismo que se hayan desviado fondos públicos por valor de 50 millones de euros (o los que sean) a que se hayan hurtado 1.200, pero las responsabilidades penales y las políticas están ahí y son idénticas. En cualquiera de ambos casos, la investigación nos reafirma en la idea de que los controles administrativos fallaron de forma clamorosa y de que se terminó montando una trama delictiva delante de las narices de nuestros gobernantes durante nada menos que una década. Un misterio insondable que todavía estamos esperando que se nos explique sin entrar en farragosidades burocráticas.

Y una cosa más: hay a quien le ha sorprendido la fiereza con la que se ha empleado la jueza Alaya. Me extraña esa sorpresa. Cualquiera que haya seguido la instrucción del caso y el modo de trabajar de la señora Alaya podía esperar un devenir parecido al que hemos vivido esta semana y al que nos espera en los próximos días, semanas y meses. No ha hecho falta que el TSJA le reclamase celeridad después de aceptar que se quedara con las grandes causas que llevaba en detrimento de los jueces de refuerzo nombrados una semanas antes. La instrucción anterior a la baja conducía sin matices a la macrorredada del miércoles. ¿O es que alguien se pensaba que la jueza no iba a poner en fila en cuanto tuviera ocasión a toda la legión de comisionistas, testaferros, abogados y empresarios cuyos nombres han aparecido en la instrucción? Pues claro que sí. En cuanto ha podido, y los dolores de cabeza le han dejado, ha procedido a hacer lo que seguramente habría hecho después del verano si no se le hubiera cruzado de por medio una neuralgia del trigémino de la que, por lo que se atisba, anda ya completamente recuperada.