Las obras son necesarias,
y, por pequeñas que sean, siempre resultan molestas. Sin embargo, antes que
planificar su inicio, es preciso marcar su finalización, aplicar las medidas
necesarias para minimizar su impacto y nunca hacerlas a costa de hundir nuestro
delicado tejido empresarial. En Almería no es la primera vez que unas obras
municipales llevan a la ruina a comerciantes y hosteleros en calles completas
de la ciudad.
Lo vimos en Blas Infante, donde numerosos establecimientos se vieron obligados
a cerrar, y lo observamos también Artés de Arcos, donde las pérdidas fueron
cuantiosas.
¿Cuántos
pequeños establecimientos tienen que cerrar para que el Ayuntamiento actúe y
ponga a disposición de los afectados las ayudas que les permitan superar el
efecto de la pérdida de clientes? ¿Es justo cobrar a los propietarios de una
cafería por las mesas de la terraza que no puede poner o por un vado que no
puede utilizar? Obviamente no y otros muchos alcaldes de ciudades y pueblos de
toda España ya se hicieron en su día éstas y otras reflexiones al respecto.
Por eso, hay
Ayuntamientos donde los comerciantes y hosteleros pagan el IBI o la tasa de
basura en función de los perjuicios que las obras municipales han podido
ocasionarles. Pero en Almería, los mandatarios del PP se niegan a hacerlo,
dando la impresión de que viven en una realidad paralela donde el grito
desesperado de estos pequeños empresarios no llega.
Los 200.000 euros en bonos que ha concedido el Ayuntamiento, de los cuales se han consumido ya casi la totalidad, no sabemos a quienes habrán beneficiado, pero es seguro que a los afectados no. Ese dinero muy bien podría haberse empleado en conceder subvenciones específicas o bonificaciones en tasas municipales a los afectados.
Vaya desde esta página nuestra solidaridad hacia el colectivo y el ruego a la alcaldesa de que establezca las medidas oportunas para que las obras no se conviertan en el temido ‘golpe de gracia’ a la actividad comercial y hostelera en el centro.
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