La colaboradora de televisión Alba Carrillo ha vuelto a poner a TVE en el punto de mira. En su espacio de Ten ha criticado con dureza la participación en MasterChef Celebrity Legends de personajes como Paz Vega, que arrastra deudas conocidas con Hacienda, o Ofelia Hentschel, quien desde Dubái ha defendido públicamente posturas contrarias al pago de impuestos en España. “Los impuestos no son para que quien quiera haga programas de televisión con sus amigos”, ha sentenciado. Poco después, ha asegurado haber recibido una “llamada al orden” por parte de la cadena y, en un vídeo que se hizo viral, anunció que no acudiría al programa D Corazón. “A mí no me amordazan por cuatro perras”, remató.
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| Alba Carrillo, en una captura de su programa en Ten |
No es la primera vez que ocurre. Hace unos meses, tras su participación en Hasta el fin del mundo junto a Cristina Cifuentes, ya se mostró públicamente crítica con la edición del programa que ella misma protagonizaba, alegando que Producción no había recogido los momentos adecuados. Aquel episodio pasó sin mayor repercusión. Este, sin embargo, ha encendido todas las alarmas.
Es necesario separar dos planos bien distintos. En el fondo, Alba tiene razón. Como autónoma que cumple rigurosamente con sus obligaciones tributarias, tiene todo el derecho -y hasta el deber cívico- de cuestionar adónde va el dinero de todos los contribuyentes. Resulta difícil de explicar al ciudadano de a pie, que paga puntualmente su IRPF y su IVA, que sus impuestos sirvan para poner en prime time a quien debe a Hacienda o a quien ha sugerido que tributar en España no merece la pena. En este punto, el respaldo mayoritario que está recibiendo en redes sociales es comprensible y razonable. Exigir coherencia en el uso del dinero público no es demagogia: es elemental sentido de justicia.
Pero la forma elegida es discutible. Alba es colaboradora habitual de TVE. Cobra de la cadena pública. Y, en lugar de canalizar su queja a través de los mecanismos internos que toda relación contractual permite -una reunión con producción, un correo formal, una conversación discreta con los responsables-, ha optado por la vía más pública y estruendosa: el plató ajeno y las redes sociales. El resultado era previsible: tensión, amonestación y, finalmente, la ruptura visible.
Nadie discute su derecho a la libertad de expresión. Pero ese derecho no es absoluto cuando se ejerce desde dentro de una casa que te paga. Crear polémicas continuas con quien te contrata genera inestabilidad, erosiona la confianza mutua y, a la larga, acaba cerrando puertas que luego resulta doloroso volver a abrir. Existen formas más discretas y, probablemente, más efectivas de defender las mismas ideas sin quemar puentes.
La lealtad institucional no significa convertirse en un mero altavoz complaciente. Significa entender que la discrepancia puede -y debe- convivir con la profesionalidad. Criticar con dureza es legítimo; hacerlo de manera que parezca que se muerde la mano que te da de comer genera un espectáculo que, más que iluminar el problema fiscal, lo convierte en ruido mediático.
Al final, este episodio trasciende a Alba Carrillo y a TVE. Es un reflejo de cómo gestionamos hoy las diferencias: o todo se ventila en público y a volumen máximo, o parece que no cuenta. Quizá valga la pena recordar que la defensa más sólida de los principios -en este caso, el respeto al dinero de los contribuyentes- no siempre pasa por el enfrentamiento frontal, sino por argumentos consistentes transmitidos con inteligencia y cintura.
Alba tiene derecho a no callarse. TVE tiene derecho a esperar de sus colaboradores un mínimo de lealtad contractual. Entre ambos extremos debería haber espacio para una crítica valiente, pero también elegante y constructiva.
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