El paraíso de la picaresca

Isabel Morillo

Jefa de Andalucía de El Correo de Andalucía

Días atrás, un consejero de la Junta se preguntaba con quemazón cómo debió de ser tener ese mismo cargo cuando en la administración había dinero y no solo penas, deudas y agujeros que tapar. “Debía de ser la leche”, bromeaba. No hace tanto. Hubo un tiempo en el que los Presupuestos públicos eran un vergel y el dinero entraba a espuertas. Los programas electorales se hacían a golpe de talonario y así mismo se resolvían muchos problemas, sobre todo los conflictos que hacían más ruido y ocasionaban más desgaste a los gobiernos. Hasta 2008, cuando se quebró la curva de la felicidad, se gastó mucho y cinco años después los jueces empiezan a dejar constancia de que los controles sobre ese dinero público eran en muchas ocasiones laxos o casi inexistentes.

Había mucho dinero, el mismo que ahora
hace falta

Aquella abundancia presupuestaria fue el caldo de cultivo perfecto para determinados personajes, hoy caricaturas de la cultura del pelotazo que se impuso en España y en Andalucía, y que ahora, con seis millones de parados, millón y medio andaluces, patean el estómago. En esa década se produjo el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido Andalucía. Un rico pastel –millones y millones para ayudar a empresas en crisis, muchos procedentes de la Unión Europea– al que acudieron muchos presuntos corruptos: socialistas, sindicalistas y corredores de seguros venidos a más. Es el máximo exponente de aquella década de 2000, con presupuestos que encadenaban crecimientos, y donde había tanto que quizás algunos debieron de pensar que por sisar un poquito –más de cien millones de euros, van ya cuantificados de un fondo de más de mil– no pasaba nada. No es el único caso. Y ninguna administración se libra.

Esta semana la justicia ha avanzado en otros tres episodios en los que anida esa concepción de lo público muy alejada de la escrupulosa administración del dinero de los ciudadanos. El caso de la Zona Franca de Cádiz, el de Invercaria o el caso asesores de Pedro Pacheco ocupan la actualidad y los patrones son similares. Nada de ingeniería financiera ni de alambicadas operaciones para malversar dinero público -presuntamente aún en Invercaria– . Eran hasta cutres. Leer las sentencias o las declaraciones judiciales enerva por el desahogo y la caradura. Un portal de internet fantasma adjudicado a una empresa inventada, un concejal pagando a sus militantes aprovechando su manejo de las empresas municipales o un presidente de una sociedad pública metido a emprendedor y poniendo en marcha un experimento de internet que nunca despegó porque, según han declarado los propios socios, no había por donde cogerlo.

Sin olvidar otro caso en Atarfe (Granada), donde un empresario despechado ha denunciado también en estos días que pagó mítines al PP “a cambio de futuros favores”. La Fiscalía ha abierto diligencias. La versión política del timo del tocomocho: el empresario untando al partido de turno para que supuestamente después le llovieran contratos públicos. Nada raro. En la Zona Franca, dos exdelegados del PP de la etapa de Aznar han sido condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 4,32 millones de euros que gastaron en un portal informático llamado Rilco que nunca funcionó. La vía penal sigue su curso. Todo apunta a que el portal fantasma sirvió para derivar dinero público a Miami, a negocios de uno de los implicados.

En el caso de Invercaria, una sociedad pública de la Junta dedicada a financiar proyectos de capital riesgo, los imputados acaban de empezar a prestar declaración y aún queda mucho para conocer el fallo judicial. Sin embargo, lo oído hasta ahora desvela más de lo mismo: ayudas públicas sin control riguroso, dedazo y amiguismo en la contrataciones y proyectos fantasmas que tal y como surgieron se guardaron fracasados en un cajón. El exdirector financiero ha admitido que no tenía estudios universitarios ni sabía del mundo del capital riesgo y que fue contratado por amistad. El presidente de la empresa en cuestión, investigado por el Tribunal de Cuentas por el gasto de 25.000 euros con la VISA oficial, asegura que todo fue legal y amparado por sus superiores. Su idea fue otro portal de internet (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía) para las pymes andaluzas con una ayuda de la empresa que presidía y tres socios. Entre ellos, la empresa malagueña Novasoft, cuyo presidente ha declarado que ni los socios estaban a la altura ni la idea tuvo recorrido porque las pymes andaluzas no tenían infraestructura tecnológica. Aseguran que dijo literalmente que el portal era una “basura” pero su abogado pidió retirar la expresión. Costó un millón de euros de dinero público. Había mucho, era el paraíso presupuestario. Tanto como lo que hoy falta.