Edita: FIDIO (Foro Indalo de Debate, Ideas y Opinión) C. I. F.: G04253035 Presidente del Consejo Editorial: Emilio Ruiz

Caso Poniente: Fiscalía considera que el dinero se gastó en incremento de patrimonio personal y en lujo

Antonia Sánchez Villanueva
Subdirectora de La Voz de Almería

La presunta trama de corrupción que durante quince años se instaló en torno al Ayuntamiento de El Ejido estuvo operando como una confluencia de intereses particulares que, en última instancia, obtenían sustanciosos beneficios económicos ilícitos procedentes de un mismo origen: el Ayuntamiento de El Ejido, bien directamente bien vía Elsur, la empresa mixta de servicios municipales.

El informe de calificación que ha presentado esta semana el fiscal Anticorrupión concluye que el primer paso para orquestar esta presunta trama que durante siete años -entre 2002 y 2009 los únicos que ha podido cubrir la investigación- se apropió de más de 70 millones de euros de dinero público lo dio la multinacional Abengoa, socio privado de Elsur con más del 70% de sus acciones. La empresa de servicios, cuyo otro 30% correspondía al Ayuntamiento, recibía de este cada año un canon para prestar los servicios públicos de suministros básicos y mantenimiento, y debía hacerlo, según el pliego de condiciones, con sus medios propios, teniendo prohibida la subcontratación.

Juan Enciso: Fincas y una bodega

El fiscal Anticorrupción considera al que era alcalde durante todo el tiempo que actuó la trama perfecto conocedor de las actividades ilegales de los directivos de Elsur y de las subcontratas y le acusa de haber actuado en connivencia con ellas, obteniendo a cambio beneficios económicos, de los que también su esposa, Francisca Aguilera estaba al tanto. Enciso y su esposa habrían canalizado a través de su sociedad ganancial Enciso y Aguilera el cobro de comisiones ilegales pagadas por empresas contratistas con el Ayuntamiento o con Elsur a través de facturaciones por servicios inexistentes, según la tesis que sostiene la investigación. 
De los 253 empleados que llegó a tener Elsur, 53 eran “enchufados” del alcalde y de otros miembros de la trama
Así, por ejemplo, hay documentado en 2005 y 2006 el pago de 180.000 euros por parte de una de las sociedades patrimoniales de José Amate a Enciso y Aguilera por la compra de acciones de una mercantil sin ningún valor. También facturaron en varios años distintas cantidades a varias de las sociedades de Juan Antonio Galán. En total, el dinero así cobrado, de acuerdo con lo cotejado por los investigadores, asciende a 661.000 euros. Enciso también se prevalió de su condición de alcalde para obtener favores para terceros, como contratación de familiares, amigos y compromisos. Un documento intervenido durante los registros revela que de los 253 empleados que llegó a tener Elsur, 53 eran “enchufados” del alcalde y de otros miembros de la trama. 
Juan Enciso adquirió nueve fincas en El Ejido y dos más en Granada, además de una serie de terrenos en la Alpujarra granadina (zona del puerto de la Ragua)
El “cuidado” a la familia también se deja ver en los sustanciosos contratos que su cuñado, Francisco Javier Aguilera Callejón, hermano de su mujer, consiguió con el Ayuntamiento de El Ejido y con Elsur en este tiempo, y que ascendieron a 5,5 millones de euros. El destino que Juan Enciso dio al dinero ilegal que le atribuye el fiscal fue sobre todo en forma de patrimonio inmobiliario. Así, el ya exalcalde adquirió nueve fincas rústicas y urbanas en el municipio de El Ejido -algunas de ellas transmitidas a sus hijas- y dos más en Granada, por valor todas ellas de 613.000 euros. Pero, además, compró una serie de terrenos en la Alpujarra granadina (zona del puerto de la Ragua) para su gran sueño de plantar viñedos y crear una bodega. Esa propiedad, de 328.000 metros cuadrados, tiene una vivienda, bodega y almacén y está valorada en más de 200.000 euros. 

Alemán: propiedades y lujo

El informe de Anticorrupción acusa al que fuera interventor accidental del Ayuntamiento ejidense de aprovechar su condición de tal para cobrar comisiones ilegales a cambio de favorecer las relaciones de empresarios con el Ayuntamiento y de permitir acciones delictivas  como las de las subcontratas. Directamente o a través de familiares, constituyó empresas para ingresar los beneficios ilícitos, que destinó a crear un importante patrimonio inmobiliario y a gastos de lujo, de acuerdo con las conclusiones de la investigación.
La empresa de Alemán, Sistemas de Dirección, no tenía infraestructura ni trabajadores cualificados, pero ingresó en ese periodo casi 7,5 millones de euros
El principal mecanismo de obtención de ingresos de Alemán giraba en torno a la mercantil Sistemas de Dirección S. L., una sociedad pantalla o instrumental, bajo su absoluto control, que entre 2002 y 2009 generó un montaje de facturación por prestación de servicios ficticios de asesoramiento a otras sociedades de los implicados en la trama, entre ellos sociedades de Galán, de los Hermanos Lirola (adjudicatarios de servicios municipales), de José Amate, de Juan Julián Hernández Venzal (adjudicatario de servicios de apoyo a la recaudación con la mercantil Colaboradora de Gestión y Recaudación), de Jesús Aragón … Sistemas de Dirección ni tenía infraestructura ni trabajadores cualificados, pero ingresó en ese periodo casi 7,5 millones de euros. No obstante, el fiscal documenta más comisiones ilegales presuntamente cobradas por Alemán a través de otras sociedades con testaferros (su cuñada, Rosalía Gil del Valle, y su hermano, Enrique Alemán, además de su mujer, Isabel Carrasco) que sumarían 10,6 millones de euros de beneficio ilícito en siete años.

Y es que la investigación pone de relieve que la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, funcionaria del Ayuntamiento, era socia en dos de las mercantiles de Galán que subcontrataban con Elsur, a través de las cuales ingresaba una parte de las sobrefacturaciones. El fiscal la considera perfecta conocedora y partícipe de la distracción de fondos públicos a través de todo el entramado empresarial. De hecho, su patrimonio desde 2004 se incrementa por encima de los 600.000 euros. Carrasco adquiere en ese periodo un importante patrimonio compuesto por cerca de una decena de inmuebles en Almería capital y El Ejido, por valor de más de medio millón de euros.

Galán: varios pisos

El fiscal, en base a los informes periciales, documenta la actividad de tres sociedades de Juan Antonio Galán (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión) que sobrefacturaron a Elsur por subcontratas de trabajos de jardinería, con las que obtuvo unos beneficios muy elevados, que fueron desviados, mediante facturación injustificada o por otros medios, a sus sociedades patrimoniales, G.P. Santander, SL y Multi Gestión Nuevo Ejido, SL y a otras sociedades de otros acusados. 
Tres sociedades de Juan Antonio Galán facturaron a la empresa mixta municipal 37, 6 millones de euros, de los cuales los peritos consideran que la sobrefacturación se eleva a 15,6 millones
Las tres primeras sociedades facturaron a la empresa mixta municipal en los siete años investigados un importe de 37, 6 millones de euros, de los cuales los peritos consideran que la sobrefacturación se eleva a 15,6 millones, con un porcentaje de beneficio del 48,21 %. Estas empresas incluían indebidamente en sus declaraciones fiscales pagos no deducibles y que tendrían como objetivo desviar fondos procedentes de la sobrefacturación. También cree el fiscal que, así como José Amate solo repartía beneficios con los miembros de la familia, Galán distribuía el dinero entre familiares pero también entre sus “socios colaboradores”, a saber, Juan Enciso, José Alemán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. Y es que Galán poseía hasta 16 sociedades (aunque sólo 10 investigadas) con las que mantenía operaciones mercantiles con estos otros acusados, a través de participaciones de sociedades de estos en las suyas o, en el caso de la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, como socia de Jardines del Poniente. 

Así, mediante la facturación por servicios inexistentes, las distintas sociedades subcontratistas de Elsur pertenecientes a Juan Antonio Galán pagaron, según la acusación del fiscal, a las mercantiles de Enciso, Alemán, Cuevas y Aragón cantidades que en realidad encubrían comisiones ilícitas y reparto de los beneficios ilegales. Todo este reparto viene detallado año a año, sociedad por sociedad y persona por persona en el escrito final de calificación. En lo que se refiere a Enciso y Alemán, el fiscal concluye que los pagos obedecían al pago por permitir las actuaciones ilícitas que deberían haber evitado como alcalde y como interventor que eran. Además, Galán destinó importantes cantidades a comprar quince propiedades inmobiliarias en Santander, Madrid y Almerimar, con una valoración de más de 4,5 millones.


Amate: sueldos, pisos y gastos familiares

El que fuera jefe del área de Parques y Jardines de Elsur hasta 2003 y director de producción hasta 2006, José Amate Rueda, se valió de su posición para subcontratar servicios que la empresa mixta debía prestar al Ayuntamiento valiéndose para ello de empresas controladas por él al frente de las cuales figuraban testaferros y miembros de su familia. Amate, como el otro subcontratista de Elsur, Juan Antonio Galán, eran conscientes de las maniobras de Abengoa para obtener beneficios, y se prestaron a cambio de embolsarse las sustanciosas sobrefacturaciones. El grupo Amate funcionó con ocho sociedades instrumentales y otras dos patrimoniales, estas dos últimas para gestionar los beneficios ilícitos y para emitir facturas cruzadas por servicios inexistentes para justificar gastos y pagar menos impuestos. Para compensar el IVA que sus sociedades le repercutían a Elsur y que tendrían que haber ingresado a Hacienda, el grupo Amate recurrió a comprar facturas falsas. 

De esta manera las mercantiles del Grupo Amate habrían obtenido unos ingresos desproporcionados. El importe total de las subcontratas de estas sociedades con Elsur entre 2002 y 2009 fue de algo más de 53 millones de euros, incluyendo IVA. Estas empresas solo poseían personal, el resto de los instrumentos necesarios eran propios de Elsur, por lo que conseguían un beneficio desproporcionado, que los peritos y la Fiscalía cifran en 24,6 millones, un 53,5% de margen comercial. 

En cuanto al destino que la familia Amate (esposa, tres hijos y dos yernos) dio al dinero obtenido ilícitamente, el informe de acusación determina que estuvo fundamentalmente destinado a la compra de patrimonio inmobiliario, al pago de gastos privados y de salarios para los miembros de la familia. Un entramado de operaciones financieras entre empresas del propio grupo (supuestas facturaciones, alquileres y préstamos) sirvió para canalizar el flujo de dinero desde las sociedades instrumentales a las patrimoniales. Finalmente el beneficio se empleó en: Retribuciones para la familia: 975.000 euros; 24 propiedades inmobiliarias en Sevilla, Carmona, Islantilla, El Ejido y Almerimar. Valorados en más de 5 millones de euros; Gastos privados de toda la familia.


Cuevas y Alemán: socios de provecho

Lejos de secundario, el papel que el fiscal Anticorrupción atribuye a los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón en la trama es principal. Ambos están relacionados societariamente con Juan Antonio Galán, uno de los principales subcontratistas de Elsur, y les señala como perceptores de beneficios ilícitos con una actividad de intermediarios.

En el caso de Cuevas, figuraba como administrador único y socio en Clabert Gestión (con su sociedad patrimonial ACG Consultoría y Gestión), junto a Juan A. Galán (socio mayoritario con su patrimonial GP Santander) y Jesús Aragón (con Sillar y Raíz). Según los datos que obran en la investigación, Clabert ingresó en siete años 6,2 millones de euros procedentes del propio Ayuntamiento de El Ejido, de Elsur y de otras empresas relacionadas, entre ellas Colaboradora de Gestión y Recaudación, que obtuvo en 2002 la concesión de todo el servicio de recaudación municipal (facturó por ello 22,4 millones en siete años) y se lo subcontrató a Clabert. Lo  mismo ocurrió con el cobro de recibos de Elsur. Pues bien, según la investigación de Fiscalía Anticorrupción, en ese momento entra en escena una empresa del Grupo Galán, Multi Gestión Nuevo Ejido, que, junto a las propias de Aragón y de Cuevas, empiezan a hacer facturaciones a Clabert (2,8 millones de euros) para que aumentara ficticiamente sus gastos que luego eran soportados por el Ayuntamiento de El Ejido con revisiones de precio anuales. Para ello era necesaria la connivencia de Enciso y Alemán. Posteriormente, Multi Gestión ‘repartía’ pagando facturaciones que le endosaban las empresas de Aragón, de Alemán y otras del propio Galán. 

En cuanto a Jesús Aragón, además de sus dos mercantiles, Sillar y Raíz y Laupa Gestión, participaba en sociedades con otros miembros de la trama, entre ellas Jardines del Alcor, una de las del Grupo Galán que presuntamente obtuvieron beneficios ilícitos, de los cuales una parte habría ido a parar a Aragón. También cree el fiscal que Laupa gestión estaba controlada en realidad por Galán quien, con la connivencia del acusado Jesús Aragón, la utilizó para el desvío de fondos procedentes de la sobrefacturación que las subcontratas Jardines del Poniente SL, Jardines del Alcor SL y Lobelia Gestión.

Abengoa, todo el beneficio para sí

Lo que el fiscal argumenta es que Abengoa, que tenía el control de Elsur, orquestó la creación de una trama de sociedades que subcontrataban con la empresa mixta. Estas sociedades, principalmente en manos de José Amate Rueda y Juan Antonio Galán, tenían un carácter meramente instrumental, carecían de medios propios y su papel se limitaba casi en exclusiva a ceder trabajadores a Elsur. Se trataba ni más ni menos del mecanismo que utilizaba Abengoa para inflar el canon que pagaba el Ayuntamiento a través de un incremento artificial de los gastos. El trabajo de los expertos de Hacienda ha conseguido levantar el velo jurídico, poniendo al descubierto las maniobrasy ha revelado que el mecanismo se utilizaba también para defraudar en el pago del Impuesto de Sociedades y en el IVA. Por si fuera poco, el fiscal relata que Abengoa también facturó a su propia empresa mixta por servicios inexistentes de asesoramiento. Por este procedimiento se apropió de 31 millones de euros en siete años.
(Autorizada su reproducción por La Voz de Almería para La Opinión de Almería. Prohibida la reproducción sin autorización del primer medio).