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Más presión a la Junta: Murcia suprime para 2018 el Impuesto de Sucesiones

María José Gil
La Opinión de Murcia

La Comunidad Autónoma de Murcia pretende suprimir el Impuesto de Sucesiones el próximo año, tal y como anunció el sábado el presidente Pedro Antonio Sánchez en el Congreso Regional del PP. El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, quiere elevar al 99% la rebaja de este tributo, dado que no es posible eliminarlo por completo para conservar los listados de los contribuyentes.

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El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se paga al recibir una herencia, fue rescatado en 2012 ante los estragos que la crisis provocaba en los ingresos de la Administración regional. Durante los últimos años ha sido uno de lo más cuestionados por las organizaciones empresariales, aunque el Gobierno regional ya lo eliminó en 2015 para la transmisión de empresas cuando se produce el relevo generacional. Si la economía regional mantiene el pulso a lo largo de este año, aunque lasprevisiones de crecimiento se sitúan por debajo de las de 2016, la cuota a abonar por los contribuyentes cuando hereden se reduciría de forma significativa.

Según los cálculos que maneja la Consejería, una familia que reciba bienes por importe de 350.000 euros, que ahora tendría que pagar 13.453 euros, solo debería ingresar 336 en 2018 con la rebaja, a repartir entre todos los herederos. La Comunidad ha introducido rebajas en el Impuesto de Sucesiones durante los dos últimos años. En principio rebajó este tributo al 99% en la transmisión de empresas, situando la bonificación para los contribuyentes en el 50%. Los presupuestos de este año han elevado la rebaja al 60%, además de aplicar también una exención del 99% para las familias numerosas especiales que tienen más de cinco hijos.

Aunque algunos sectores consideran que la aplicación de esta medida sin tener en cuenta el valor de los bienes que se reparten beneficiará a los contribuyentes con más recursos, que dejan de pagar por el hecho de tener más hermanos, Andrés Carrillo sostiene que las familias numerosas tienen más necesidades, por lo que deben recibir un trato especial. El Gobierno regional había tenido que elevar los tipos impositivos del Impuesto de Sucesiones en 2012, dentro del plan de ajuste que exigió el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para recortar el déficit, que en aquel momento estaba totalmente desbocado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo recuperó el Impuesto de Patrimonio, que hasta entonces era una especie de tributo ´zombi´, que seguía existiendo, aunque con tales exenciones que en la práctica liberaban del pago a la mayor parte de los contribuyentes.

El consejero afirma que «Murcia es la autonomía de toda España que más está bajando los impuestos». Destacó que otras regiones vecinas como Andalucía o Valencia «están subiendo impuestos»

El consejero afirma que «Murcia es la autonomía de toda España que más está bajando los impuestos». Destacó que otras regiones vecinas como Andalucía o Valencia «están subiendo impuestos». Como ejemplo, citó la revisión del mínimo exento para pagar el Impuesto de Patrimonio, que el Ministerio de Hacienda fija con carácter general en los 700.000 euros, el mismo que contempla Murcia. Esto supone que los ciudadanos con un patrimonio en propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo, embarcaciones, joyas u obras de arte que no alcanzan los 700.000 euros no están obligados a tributar. Sin embargo, en Valencia deben pagar los considerados ricos cuando alcanzan los 400.000 euros de patrimonio, lo que supone que el número de declarantes resulta más elevado.

Andrés Carrillo destacó que la Región, por el contrario, trata de reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes, aunque recordó que el margen de maniobra del Ejecutivo es muy limitado, dado que los ingresos de la Comunidad están totalmente aquilatados. De hecho, los presupuestos de 2017 han revisado a la baja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se paga por la venta de viviendas de segunda mano, dado que desde el inicio de la crisis la Administración regional no llega a alcanzar las previsiones de recaudación que computa en sus cuentas, lo que contribuye a acrecentar el desfase entre ingresos y gastos.

Para seguir recortando impuestos en 2018 el Ejecutivo cuenta con ver incrementados los pagos adicionales que recibirá del Estado a cuenta de la liquidación presupuestaria de 2016, ya que el ajuste contable definitivo se produce con una cadencia de dos años. Al haber sido 2016 un año con un crecimiento económico que puede rondar el 3,5%, Andrés Carrillo cuenta con que el saldo definitivo entre la Comunidad y el Ministerio de Hacienda será favorable a Murcia y él podrá destinar parte a rebajar la presión fiscal. A su juicio, la situación actual no permite hacer reformas fiscales «sin control». Por el contrario, entiende que la rebaja de impuestos debe contemplarse sin perder de vista la necesidad de «mantener el equilibrio presupuestario», teniendo en cuenta que la Región seguirá estando este año entre las comunidades incumplidoras. «Hay que hacerlo con cabeza», afirmó Carrillo.

El consejero considera que Sucesiones y Donaciones es un impuesto especialmente «injusto», que obliga a muchas familias a pagar cuando reciben un bien en herencia que no pueden vender, como ha ocurrido en los últimos años con las propiedades inmobiliarias. Añadió que cuando los herederos no tienen dinero para liquidar el impuesto se verían obligados incluso a pedir un crédito para pagarlo. Las bonificaciones introducidas antes de la crisis habían reducido la recaudación del Impuesto de Sucesiones a tan solo 27 millones. Como la subida introducida en el plan de ajuste se hizo efectiva en la práctica en el año 2013, los ingresos se elevaron entonces hasta los 45 millones. En 2014 esta cifra se duplicó y llegó a rozar los 100 millones.

En 2015, con las nuevas rebajas introducidas por el Ejecutivo murciano, que alcanzaba el 99% en el caso de las empresas y el 50% para los particulares, la recaudación bajó a 71 millones. Sin embargo el mayor impacto de esta medida se produjo en 2016, cuando bajó a 55 millones, casi la mitad que en el año 2014. Además de incidir en las posibilidades que permitan los ingresos en 2018 teniendo en cuenta la situación económica de la Región, el consejero de Hacienda recordó que la capacidad legislativa de la Comunidad no está solo en manos del Ejecutivo, dado que las reformas definitivas «dependerán de la Asamblea Regional, en la que el Gobierno no tiene mayoría».

Carrillo apuntó igualmente que «la Comunidad ha conseguido acabar con la lista de espera de la renta de inserción» y ha hecho un esfuerzo para crear 800 plazas destinadas a mayores y 600 para discapacitados, lo que se traduce en una mayor necesidad de gasto. Igualmente, apuntó que el Ejecutivo pretende «renovar todos los centros públicos» para corregir las deficiencias existentes en los colegios e institutos.

La evolución de los ingresos obtenidos por la Comunidad Autónoma en el año 2016 permiten albergar unas expectativas favorables para este año, aunque el crecimiento económico no llegue a alcanzar el porcentaje estimado para el año pasado. De acuerdo con los datos recogidos en el ´Boletín de coyuntura´ que dio a conocer la CROEM hace un par de semanas, los ingresos de la Administraciónregional habían aumentado en 203 millones en el mes de noviembre respecto al ejercicio anterior. Este aumento en las entradas que ha registrado la Comunidad el pasado año se debe en gran parte a las mayores entregas a cuenta que fue abonando el Ministerio de Hacienda con cargo a los fondos contemplados en la financiación autonómica (130 millones) y a la mayor recaudación de impuestos (96 millones).

La reforma de la financiación autonómica que debe corregir el trato discriminatorio que recibe Murcia en el reparto de fondos autonómicos no entrará en vigor hasta 2018. No obstante, el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, confía aún en que se pueda establecer también algún tipo de corrección en el sistema que se aplicará este año, con el fin de amortiguar los perjuicios causados por la falta de equidad en la distribución. El pasado febrero se constituyó el grupo de trabajo integrado por los expertos que han nombrado las autonomías para diseñar el nuevo modelo. El comité tiene el encargo de presentar un dictamen antes del verano, pero la negociación se prevé complicada, ante la resistencia de las comunidades que siempre han recibido más ingresos a  perder privilegios. Sin embargo, Murcia puede verse beneficiada si prosperan las reivindicaciones de las regiones mediterráneas gobernadas por el PSOE.