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El estudio de viabilidad de la línea Guadix-Baza-Lorca se encuentra en su última fase: ¿nueva “tomadura de pelo”?

Miguel José Ávalos
Ciudadanos por el Tren (CXT)

Con el inicio del año esperábamos una propuesta llegada desde el Ministerio de Fomento, ante el nuevo escenario que se presentaba con la no conclusión del informe técnico en 2016. Pero no precisamente en este sentido. Ha trascendido en prensa la afirmación que encabeza este artículo, tras la reunión que mantenían María José Martín (senadora por la provincia de Granada, natural de Baza) y Concha de Santa Ana (diputada nacional) con Manuel Niño.

Congreso de los Diputados

No podemos más que cuestionar la previsión de finalización del estudio durante el presente ejercicio de 2017. Primero, porque el propio secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento aseguraba en noviembre de 2016 (por resolución de consulta del Portal de Transparencia) que la elaboración del documento había sufrido suspensiones, tras haberse ejecutado tan sólo 90.000 euros del total consignado para estos dos últimos años. Y ahora, un trimestre después, desde el Gobierno central se habla de que está “muy avanzado y en fase final”, mensaje que transmitía el subdelegado del Gobierno en Granada a Pedro Fernández (alcalde de Baza, portavoz de Diputación de Granada y secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE de Andalucía) en su encuentro de este 7 de febrero.

Por otro lado, con la actual prórroga de los Presupuestos Generales –mientras no se aprueben las nuevas cuentas públicas- la Administración no podrá contar con dotación económica adicional. En ese sentido, insistimos en que la envergadura del proyecto de reconstrucción del “corredor ferroviario Lorca-Granada” requiere unos trabajos técnicos previos valorados en un total de 1.160.000 € (según la “Estimación de coste del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Murcia-Granada”, cuyo autor es Francisco Cañabate Domech, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos).

Así pues, esta nueva promesa carece de credibilidad, teniendo en cuenta que estos mismos representantes populares ya nos aseguraron que tendríamos estudio de viabilidad al acabar el año 2016. Mientras no se ejecute la citada cantidad, cercana al millón de euros, no se podrá contar con una documentación técnica adecuada. Y una vez se disponga del presupuesto señalado, se debería hablar de un plazo mínimo de seis a ocho meses para realizarlo convenientemente. Por tanto, el objetivo está ahora en el Parlamento, donde los grupos políticos deben dar el visto bueno su impulso en la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y en esa dirección deben dirigirse futuras acciones reivindicativas.